Separan a jefes policiales por el uso de patrulleros de la policía bonaerense

Separan a jefes policiales por el uso de patrulleros de la policía bonaerense

El ministro bonaerense decidió desplazar a los miembros de la fuerza que presuntamente habrían utilizado unidades móviles "para tareas ajenas a las dispuestas operativamente"



El Ministerio de Seguridad bonaerense relevó hoy a un jefe policial y pasó a disponibilidad a seis comisarios por una denuncia sobre posibles irregularidades administrativas en la utilización de patrulleros policiales.

Según se informó, la medida la adoptó el titular de la cartera de Seguridad, Alejandro Granados , quien instruyó al superintendente general de la Policía, comisario general Hugo Matzkin, "que disponga el pase a situación de retiro del comisario General Carlos Greco a cargo de la zona conurbano oeste".

También ordenó el relevo de sus funciones y pase a disposición de Personal del Jefe Departamental Moreno, comisario Mayor Fernando Cunial y del jefe departamental La Matanza, comisario Inspector Walter Golia.

La misma medida adoptó con los jefes distritales La Matanza Norte, comisario Inspector Gustavo Rubbo, del jefe distrital Moreno, Comisario Inspector Jorge Quintana, y de los titulares de la Comisaria segunda de la Matanza, comisario Fabio Reyes y de la primera de Moreno, comisario Raul Godoy.

Granados adoptó la decisión tras "haberse tomado conocimiento de la posible existencia de distintas irregularidades administrativas vinculadas a la utilización de recursos logísticos tales como móviles policiales para tareas ajenas a las dispuestas operativamente".

Además, se inició una Investigación sumarial administrativa con intervención de la Auditoria de Asuntos Internos, hallándose ese organismo investigativo abocado a los fines de determinar las responsabilidades de dichas irregularidades, se consignó en un comunicado.


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El viceministro de Justicia anticipa que a la empresa de Cristina le aplicarán "la multa más severa, que es de 3000 pesos"

El viceministro de Justicia anticipa que a la empresa de Cristina le aplicarán "la multa más severa, que es de 3000 pesos"

Además, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, confirmó que denunciará a Claudio Bonadio en el Consejo de la Magistratura; "Usa los expedientes para defenderse", dijo


El Gobierno redobla su embestida contra el juez federal Claudio Bonadio, luego del allanamiento ordenado el jueves pasado en una empresa de la Presidenta. El secretario de Justicia, Julián Álvarez , anunció esta mañana que el oficialismo denunciará a Bonadio en el Consejo de la Magistratura y advirtió que se le aplicará "una multa de 3000 pesos" a la firma presidencial Hotesur por no tener los papeles en regla.

"No lo vamos a denunciar por la investigación que está haciendo sino por la acción sistemática para generar un escudo para que no se lo investigue. Si uno analiza las fechas en las que sesionó el Consejo y las actividades de Bonadio, se da cuenta de que él no usa los expedientes con criterios de imparcialidad, sino para coaccionar a través de sus medidas", aseguró el funcionario, en diálogo con radio Vorterix.

Según Álvarez, el juez toma decisiones judiciales cada vez que sesiona el Consejo de la Magistratura para "defenderse" de los nueve expedientes de destitución que tramita en su contra el organismo. "Hay un objetivo claro de ser noticia en contra del Gobierno, un mensaje de que va a ir en contra del Gobierno. Eso es claramente montar un escudo, usar expedientes en contra del Gobierno cuando se están investigando cuestiones de extrema gravedad como Once, Tandanor, Yoma", indicó el secretario de Justicia.

Bonadio ordenó el jueves pasado el allanamiento en la sede de Hotesur, la empresa donde la presidenta Cristina Kirchner es accionista y que administra Alto Calafate, uno de sus hoteles. El magistrado investiga supuestas anomalías registrales en Hotesur y la falta de presentación de balances de la empresa. Pero además investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, estén o no ocupadas, según reveló LA NACION el año pasado.

En un comunicado, Hotesur admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Tras anticipar que el kirchnerismo harán una presentación contra Bonadio en el Consejo de la Magistratura, Álvarez negó que haya una persecución del Gobierno a los jueces que investigan causas que involucran a funcionarios de la Casa Rosada.

"Ariel Lijo procesó al vicepresidente de la Nación [ Amado Boudou ] y no lo estamos tratando en el Consejo de la Magistratura, ahí no hay un escudo. Las denuncias contra Bonadio las estamos tramitando desde principios de año, no es cierto que se persigue a jueces por las causas", señaló.

"Se aplicará una multa de $ 3000 a Hotesur"

Durante la entrevista radial, el funcionario minimizó que la empresa vinculada a la Presidenta no haya presentado su balance ante IGJ, organismo dependiente del Ministerio que encabeza junto con Julio Alak.

"Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP", indicó.

Sin embargo, aseguró que la cartera tiene "la potestad de aplicar una multa a Hotesur" y que "será la más severa". "La multa es de 3 mil pesos, pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así. Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", sostuvo.

"En la IGJ hay un problema estructural, hay 40 mil sociedades que no tienen regularizados sus balances, 40 mil, tenemos un problema en la IGJ, y una de las 40 mil es Hotesur, que hace tres años que no presenta su balance", admitió el funcionario



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Las revelaciones de William Rodríguez Abadía, el "heredero" del cartel de Cali

Las revelaciones de William Rodríguez Abadía, el "heredero" del cartel de Cali

William Rodríguez Abadía se autodefine como "el hijo del cartel de Cali", uno de los emporios criminales más temidos de Colombia que, en las décadas de 1980 y 1990, manejaron su padre Miguel y su tío Gilberto Rodríguez Orejuela antes de ser arrestados y eventualmente extraditados a Estados Unidos


Mientras su padre y su tío pagan condenas de 30 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, William Rodríguez negoció con la justicia estadounidense una significativa rebaja en la pena de 20 años que le habían impuesto, y la posibilidad de permanecer en ese país con su familia después de salir de prisión en 2010. En total estuvo cinco años en la cárcel.

Pudo haberse cambiado el nombre aprovechando su estatus de protegido del gobierno estadounidense, pero no lo hizo, aunque mantuvo un bajo perfil, lejos de los medios de comunicación.

En días recientes, ha regresado a los titulares de las noticias colombianas por el lanzamiento de un libro donde ofrece su versión sobre los hechos que involucraron al cartel y sacudieron a Colombia a finales del siglo pasado.

William Rodríguez compartió con BBC Mundo partes de su historia, desde el "punto de no retorno" en el enfrentamiento de su familia con Pablo Escobar y su cartel de Medellín, hasta el efecto benéfico que considera que tuvo para el fútbol colombiano la injerencia de los dineros del narco en el deporte.

El enfrentamiento con Pablo Escobar

¿Quién era usted dentro del Cartel de Cali?

Yo era miembro de familia, era hijo de Miguel Rodríguez y sobrino de Gilberto. Yo era un niño, un muchacho, que después asumió algunas obligaciones que mi papá me delegó cuando cayó preso en el año 1995. Asumí el liderazgo político y jurídico de esta organización.

¿Cuál fue el momento más próspero de cartel de Cali?

El año 1986-1987 fue el de mayor esplendor del Cartel de Cali. Estaban pensando seriamente en retirarse del narcotráfico pero tuvimos un pequeño problemita que se llamó Pablo Escobar.

[En el cartel de Cali] no querían ser presidentes de Colombia, ni senadores. Ellos confrontaron a este tipo (Pablo Escobar) que era lo contrario: quería ser presidente de Colombia, quería ser y fue representante a la Cámara

¿Cuál era la diferencia entre el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín?

Mi papá y mi tío comenzaron este negocio más que todo por dinero, a ellos realmente no les interesaba si otra persona estaba haciendo igual de dinero que ellos; su afán era enriquecerse, salir de la miseria. No querían ser presidentes de Colombia, ni senadores. Ellos confrontaron a este tipo (Pablo Escobar) que era lo contrario: quería ser presidente de Colombia, quería ser y fue representante a la Cámara. Al no lograr su objetivo decide atentar contra las instituciones, comienza a poner las bombas, a asesinar a personalidades de Colombia, a secuestrarlos. Nunca les perdonó que lo desafiaran.

Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, acaba también de publicar un libro en el que dice que su padre se suicidó. ¿Qué puede decir usted al respecto?

Yo creo que el único que realmente puede descifrar este enigma es mi padre. No lo digo yo, es públicamente conocido que el Cartel de Cali auxilió a las autoridades por mucho tiempo tanto económicamente como con información. Fueron un bastión importante en la caída del señor Escobar.

Mi papá fue el primer hombre en Colombia que supo que Pablo Escobar estaba muerto, lo llamaron del operativo. La versión que tengo yo me la dijo mi padre, era que uno de los hombres del Bloque de Búsqueda (la unidad militar que perseguía al jefe del cartel de Medellín) había disparado el último impacto de bala contra Escobar.

La entrega

Hay muchas versiones sobre la muerte de Pablo Escobar. La versión oficial indica que cayó en un operativo de inteligencia del gobierno de Colombia.. Foto: BBC Mundo

¿Qué pasó con toda la fortuna que tuvo el cartel de Cali, quién se quedó con todo eso?

En el 2006, luego de que yo me entrego, comenzamos un acercamiento con la justicia de EE.UU. y con la colombiana. Llegamos al acuerdo familiar de entregar todas nuestras acciones dentro de todo nuestro emporio y ahora están en manos del gobierno colombiano.

¿En qué momento decidió entregarse?

Fue un proceso largo, no era fácil. No vengo aquí a excusarme, yo soy responsable de todo lo que hice. Pero ya pagué por ello y merecí todo lo que me tocó porque me equivoqué en la vida. Comencé a salirme el día en que me pegaron los ocho tiros, cuando sufrí el atentado en mayo de 1996.

Pero fue mucho después de 1996 que usted estuvo prófugo, entre 2002 y 2006.

Estuve esos cuatro años prófugo esperando que mi padre y mi tío tomaran una decisión. Ellos tenían temor, sabían que si los cogían aquí (en Estados Unidos) iban a morir en una cárcel.

Y bueno, ahora si mi padre tiene fortuna, saldría a los 86 años.

Sí, y en cambio usted consiguió una condena de cinco años. ¿Usted negoció sus beneficios para su libertad hundiendo a su tío y a su papá?

Eso especula la gente. Fueron cuatro años de un problema que en un 90% ciento no era mío. Yo nunca mandé droga a EE.UU., mi parte era una conspiración, la corrupción y el lavado.

Yo les decía que teníamos que arreglar pero ellos querían seguir con sus viejas costumbres, tratar con sus relaciones políticas de quedarse en Colombia. Vino la primera extradición de mi tío en diciembre de 2004. Después viene la de mi papá en marzo de 2005.

Esperé hasta que subieron a mi papá amarrado con un bluejean gris y una camisa azul. Ya tenía que pensar en mí, en mis dos hijas. Además, fue un acuerdo al que llegamos con él en (la cárcel colombiana de) La Picota.

Mafia y fútbol

Cuénteme del América de Cali, el equipo profesional de fútbol colombiano que por años manejaron su padre y su tío Gilberto. Su papá se volvió mecenas del equipo y ganó por lo menos cinco campeonatos nacionales.

No fueron cinco estrellas, fueron 13 mientras nosotros estuvimos al manejo de esa institución. Es innegable que el narcotráfico se metió en el fútbol colombiano, pero a Colombia antes le metían seis goles Brasil, Argentina, Uruguay, y ahora tiene la capacidad de igualar a esas potencias mundiales.

Es innegable que el narcotráfico se metió en el fútbol colombiano, pero a Colombia antes le metían seis goles Brasil, Argentina, Uruguay, y ahora tiene la capacidad de igualar a esas potencias mundiales.

Se trajeron grandes jugadores, el fútbol colombiano fue muy competitivo en los años 80 y fue a raíz de esta inyección de capital. Hay que analizar el equipo de 1980, era casi la selección Suramérica en el América: Willington Ortiz, Cabañas, estaba Gareca. ¿Realmente crees que necesitábamos comprar todos los partidos?

La vida en Miami

¿Cómo es ahora su vida en Miami? ¿De qué vive?

Vivo como cualquier persona de clase media. Vivo en un townhouse, con mis dos hijas y mi mujer. Vivo de mi trabajo, dedicado al mundo de la construcción. Es una vida normal. Tuve una empresa que hacía sistemas de impermeabilización para techos, para terrazas, para parqueaderos.

¿Y mantiene su nombre? ¿El sistema de protección de testigos de EE.UU. nunca se lo cambió?

A mí me hicieron la propuesta para cambiar mi identidad pero primero fui responsable con la identidad que tienen mis dos hijas, no podía cambiar su vida por mis errores y mis pecados.

Y nunca fui a un juicio en contra de nadie, realmente no tengo enemigos tan grandes en este país como para temer por mi vida. Ahora soy William Rodríguez Abadía, por mucho tiempo fui "el hijo de", ahora tengo mi identidad propia, soy un hombre libre.

Pero su libro se llama "Yo soy el hijo del Cartel de Cali"

Se llama ese libro así porque yo soy hijo de los dos, uno es mi padre biológico y el otro que es Gilberto, mi tío, que me crió desde los 13 hasta que tenía 28 años.

Yo no quería tanto este nombre, era mi tercera opción, lo escogió la editorial.

Natalia Guerrero

- BBC Mundo


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La causa Lázaro Báez ya es la causa Kirchner

El escenario

La causa Lázaro Báez ya es la causa Kirchner

Por  | LA NACION

Los opositores de Cristina Kirchner pueden seguir distrayéndose en el pelotero de su autodestrucción. Ella se encarga de hacerles el trabajo. Los factores que determinan la crisis del Gobierno no derivan de factores externos. Son consecuencia de su propia actividad. La principal estrategia de Axel Kicillof para resolver los problemas económicos es programar una recesión. Según el Indec, en 12 meses se destruyeron 450.000 puestos de trabajo.

Contra el telón de fondo de este malestar, la corrupción se vuelve más visible. Es la otra arma con la que el kirchnerismo acostumbra a lastimarse. El vínculo entre las empresas hoteleras de los Kirchner y los negocios del contratista de obra públicaLázaro Báez colocó a la Presidenta en el centro de una trama de irregularidades.

Según información procedente de tribunales a raíz del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio , la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, aún no ha presentado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de los últimos tres años. El último es el de 2010, pero carece de la firma de profesionales o de los responsables de la empresa.

En el domicilio porteño declarado por esa sociedad, Lavalle 975, 4ºA, hay una oficina que desde hace cuatro años pertenece a un abogado que la ha dado en alquiler. Por lo menos no hay un médano.

Ayer Hotesur SA emitió un comunicado en el que admitió sus contravenciones, pero explicó que son triviales. Consignó que la documentación que no está en la IGJ está en la AFIP y cumple las exigencias reglamentarias.

Aclaró también que su domicilio está en Santa Cruz, pero que ha habido demoras para registrarlo. La empresa de la Presidenta también dictaminó que, si fuera sancionada por el gobierno de la Presidenta, le correspondería una multa de 3000 pesos. ¿Aparecerá el valiente que le aplique otro castigo?

El anónimo redactor de la declaración demuestra que además de los secretos de la actividad turística domina los de la vida institucional. Por ejemplo, describe los antecedentes disciplinarios del juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura. Y advierte, como si fuera un pecado, que fue secretario de Carlos Corach: innecesario desaire a Daniel Scioli, que tiene hoy en Corach a uno de sus consejeros más cercanos.

Ayer Hotesur SA emitió un comunicado en el que admitió sus contravenciones, pero explicó que son triviales. Consignó que la documentación que no está en la IGJ está en la AFIP y cumple las exigencias reglamentarias

El parte denuncia también una persecución contra la empresa orquestada por medios de comunicación, dirigentes de la oposición, y "vaya a saber qué otra apoyatura externa", para atacar a la Presidenta y sus hijos. Nació la hotelería militante.

Los incumplimientos detectados por la Justicia quizá serían triviales, si no fuera porque Hotesur SA es sospechada de formar parte de una operación gigantesca y sistemática de lavado de dinero que habría organizado Báez. Esa sociedad controla Alto Calafate, el hotel cuyas habitaciones alquiló Austral Construcciones durante años a precios que llegaron a duplicar los de mercado.

Son acuerdos muy extraños, sobre los que todavía no hay un comunicado. Durante los períodos en que Báez reservaba todas las habitaciones para su compañía, en el sitio Tripadvisor seguían apareciendo brasileños, italianos, franceses y alemanes recomendando ese paraíso. ¿Serían empleados de Báez? Hay un detalle que lleva a pensar que sí. Casi todos se quejan de que Alto Calafate quede lejos de la ciudad. Es otra rareza: Báez premiaba a sus abnegados albañiles con un alojamiento lujosísimo, pero ubicado muy lejos del trabajo.

Modus operandi

El alquiler de hoteles a contratistas de obra pública parece ser un modus operandi de los Kirchner para enriquecerse. En 2006 el matrimonio rentó Los Sauces, otro de sus emprendimientos en El Calafate, a Juan Carlos Relats, quien en aquel momento construía un acueducto en la provincia y un tramo de la autopista Córdoba-Rosario, ambos adjudicados con la anuencia del ex presidente.

Si bien en Harvard la Presidenta explicó su fortuna en su carrera de abogada exitosa, las declaraciones juradas de ella y de su esposo justificaron su progreso patrimonial en actividades mucho menos productivas: la renta de los hoteles y la tasa preferencial con que remuneraban sus ahorros los Eskenazi, propietarios del Banco de Santa Cruz que hoy están cerca de Sergio Massa.

Relats, el benefactor de los Kirchner, murió en diciembre del año pasado. Dos años antes, en Corrientes, se había suicidado su socio, Raúl Clebañer. Sin embargo, el Gobierno sigue asignando negocios a JCR SA, la empresa de Relats. Por ejemplo, el 5 de agosto pasado la señora de Kirchner concedió a su antiguo inquilino patagónico el primer tramo del Gasoducto del Nordeste. JCR SA se asoció para esa licitación con Servicios Vertúa. Es la firma de Raúl Vertúa, a quien en el mercado suponían desahuciado por dramas financieros que parecen ahora superados por la intervención de una mano bondadosa. Un caso sui géneris de empresa recuperada. Vertúa ganó notoriedad hace unos años en Neuquén porque se lo acusó por la quiebra fraudulenta de una empresa de transportes. En enero pasado la señora de Kirchner le adjudicó la ampliación de otro gasoducto, el Cordillerano, también en combinación con los Relats.

La licitación de estas obras estuvo a cargo de Julio De Vido, gracias a quien Relats conoció a Kirchner en el año 2001. La gestión del concurso estuvo a cargo de Roberto Barata, mano derecha del ministro. Barata es tan decisivo en la organización de estas iniciativas que en las grandes constructoras a las obras públicas del kirchnerismo se las denomina "baratijas".

Además de la familia Relats, en el Gasoducto del Nordeste intervendrá otro viejo conocido de De Vido, Carlos Mundín, quien se hizo famoso con su firma BTU por los sobreprecios que se pagaron para las ampliaciones de gasoductos. El célebre caso Skanska, cuyas primeras investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Carlos Stornelli y del entonces juez federal Guillermo Montenegro.

Ambos magistrados prefirieron abandonar las pesquisas después de unas gestiones de De Vido. Montenegro se incorporó al gabinete de Mauricio Macri como ministro de Seguridad. Y Stornelli fue contratado por Daniel Scioli para el mismo cargo, pero en la provincia. Fue Stornelli quien el jueves pasado solicitó el allanamiento de Hotesur SA. Es la segunda vez que a este fiscal le toca investigar a un presidente en las postrimerías de su mandato. El anterior fue Carlos Menem, en la causa por el contrabando de armas a Ecuador, por la que estuvo preso en Don Torcuato.

Los Kirchner y Menem son los presidentes que, desde la restauración de la democracia en 1983, más sospechas han inspirado en la justicia penal.

En el caso de la señora de Kirchner, las evidencias de los expedientes son reforzadas por el desopilante tratamiento que sus subordinados dan a los escándalos. Por ejemplo: el primer encargado de explicar lo que ocurre en Hotesur SA no fue el ignoto autor del comunicado de ayer, sino el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. De modo que no sólo Cristina Kirchner desarrolla una actividad comercial mientras ejerce la primera magistratura, sino que la contabilidad de su empresa es defendida por el ministro más importante de la Nación. Y sus comunicados son difundidos por la agencia oficial Télam. No está del todo mal: los hoteles familiares parecen haber formado parte, por una vía indirecta, del presupuesto del Estado. Pero convendría disimularlo.

Tesis oficial

La tesis oficial, inaugurada por Capitanich, es que el interés del juez Bonadio y del fiscal Stornelli por la sociedad Hotesur es una manifestación de golpismo activo. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, esgrimió el mismo argumento. De Álvarez depende la Inspección General de Justicia, que está a cargo de Rodolfo Tailhade, que debería controlar la documentación de Hotesur. Álvarez y Tailhade pertenecen a La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, el dueño de Hotesur.

Por si el razonamiento según el cual investigar una empresa presidencial es conspirar contra la estabilidad de las instituciones no fuera del todo malo, el kirchnerismo agregó dos declaraciones. Luis D'Elía pidió que la cabeza del juez Bonadio sea exhibida en una pica en la Plaza de Mayo. En nombre de los derechos humanos pidió que el empalamiento se limite a algo simbólico.

En auxilio de D'Elía apareció el senador Aníbal Fernández, quien prestó otro servicio catastrófico a la defensa de su jefa. Dijo que "en ningún país serio la justicia allana una empresa que pertenece a la presidenta".

Es verdad: en ningún país serio los presidentes hacen negocios particulares, menos aún con empresas sospechadas de lavar dinero en combinación con contratistas de obra pública.

La reacción del Gobierno hace juego con otras anteriores. Ningún fiscal que se haya asomado a un caso de corrupción fue tan hostigado como José María Campagnoli cuando quiso reconstruir el circuito de dinero negro montado por el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Este constructor soportó casi en silencio las denuncias sobre sus operaciones. Pero el día en que Hugo Alconada Mon detalló en este diario la lista de cheques librados por Austral Construcciones a favor de las empresas hoteleras de la Presidenta, el estoico contratista santacruceño recurrió a la Justicia para pedir censura previa.

Ahora los funcionarios hablan de golpismo. Hay que entenderlos: la causa Báez está empezando a ser la causa Kirchner


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Hubo 9800 denuncias por maltrato y violencia infantil en un año

Minoridad

Hubo 9800 denuncias por maltrato y violencia infantil en un año

Las estremecedora cifra corresponde a un relevamiento realizado sólo en la provincia de Buenos Aires; una madre, condenada a 10 años de prisión

Por   | LA NACION



Hay episodios que confirman que la historia de Mía, la beba de un año y medio a quien su padre metió en el lavarropas porque estaba cansado de escucharla llorar, no se trató de un caso aislado, sino que forma parte de un contexto de violencia infantil que se agrava año tras año.

Algunos hechos trascendieron y causaron conmoción. Otros no tomaron estado público, pero resultan igual de dramáticos. Como por ejemplo el caso en el que el tribunal oral de San Isidro condenó a 10 años y ocho meses de prisión a una mujer por el intento de homicidio de su hija de cinco años, ocurrido en la localidad de Manuel Alberti, del partido de Pilar.

Ambos hechos, sumados a los de las tres menores que eran sometidas y esclavizadas por un pai umbanda en Monte Chingolo, forman parte del universo de 9800 menores que fueron víctimas de maltrato infantil durante un año y sólo en territorio bonaerense. Según la estadística elaborada por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, ese organismo atendió a 9800 chicos que fueron víctimas de violencia y maltrato en sus hogares.

Por la agresión a Mía, ocurrida a mediados de julio pasado, su padre fue detenido acusado de intento de homicidio. El imputado fue identificado por la policía como Lucas Dogliotti, de 33 años, quien en su haber ya tenía 10 años de reclusión por distintos delitos. La última vez que salió de la cárcel fue a su casa, situada en la esquina de 802 y 893 en Solano, y, según denunció su mujer, metió a la beba de un año y medio en el lavarropas.

Episodios de maltrato infantil se repiten en territorio provincial cada una hora, según consta en la estadística correspondiente a la cantidad de casos en los que tuvo que intervenir durante 2013 la Secretaría de la Niñez y Adolescencia bonaerense.

También se produjeron más homicidios. En agosto, una niña de siete años fue asesinada en el barrio Los Troncos, de General Pacheco, por su padre, molesto porque la madre de la niña se había separado.

Por un episodio tan dramático como el que sufrió Mía, los jueces María Coelho y Eduardo Lavenia, que integran el Tribunal Oral Criminal N° 7 de San Isidro, condenaron a 10 años y ocho meses de cárcel a Daniela Alzamendi por el intento de homicidio de su hija, de cinco años, a quien sólo se identificó como N. por cuestiones legales que resguardan la identidad de los niños en medio de procesos penales. La pena fue impuesta luego de que la acusada acordó con la fiscalía que se hacía cargo de su responsabilidad a cambio de evitar un juicio oral.

En la sentencia, los magistrados expresaron que cuando le propinó la paliza a su hija "la imputada tuvo la clara intención de darle muerte y aplicó un brutal y sádico castigo con numerosos golpes de puño, de hebilla de cinturón y un palo de amasar". Según consta en el fallo, la agresión ocurrió el 13 de mayo pasado en la casa situada en Yatay 147 de la localidad de Manuel Alberti, en el partido de Pilar. Luego de la paliza, la mujer llevó a N. al hospital de Del Viso, pero debido a las graves lesiones que tenía fue derivada al hospital Sanguinetti, de Pilar.

"La niña llegó en estado de coma. Presentaba múltiples heridas en glúteos, piernas, pies y una lesión en el cerebro. Todo esto configuraba un caso de maltrato infantil severo. En principio, la madre les dijo a los médicos que le había pegado con una ojota y un cinturón y que era la primera vez que le pegaba", expresó la médica que recibió a la niña en la sala de guardia del hospital de Del Viso.

Dos vecinas de la acusada dijeron que la tarde de la agresión escucharon que la pequeña gritaba "me duele, me duele" y que una voz masculina le ordenaba: "Callate, callate". Al mismo tiempo se podía oír que dentro de la casa subían el volumen de la música para ahogar los gritos de la niña, según declararon las vecinas.

En el proceso se determinó que la voz masculina correspondería a Gustavo Gómez, pareja de Alzamendi. Según los testigos, "la madre de la niña habría conocido a Gómez en la cárcel a la que iba a visitar el padre de la pequeña, porque estaba preso".

Los dos testimonios coincidieron con las declaraciones de los hermanos de N., quienes afirmaron ante una psicóloga que "el novio de su madre le daba cachetazos y empujaba a su hermana mientras los insultaba a ellos y los trataba mal En tanto que su madre los trataba peor y se ensañaban con su hermana porque era la más chica y la más débil. Durante toda la entrevista expresaron llanto, bronca y tristeza por la confusión creada en sus psiquis frente al ataque de la única persona de la que a esa edad esperaban amor y protección".

Con tales argumentos, los jueces condenaron a la madre de la niña por el intento de homicidio de la pequeña, agravado por la alevosía, el vínculo y el ensañamiento.

En tanto, el novio de la acusada fue investigado en otro expediente.

Hubo 295 casos de femicidio

Según un informe elaborado por la ONG La Casa del Encuentro, en 2013 fueron asesinadas 295 mujeres en episodios de violencia de género. En el informe, también se incluyó la cantidad de niños y hombres que resultaron víctimas colaterales de los femicidios. Hubo 39 femicidios vinculados de hombres y niños. Esa cifra refleja los hechos en los que las víctimas fueron muertas al intentar impedir el femicidio.


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La deuda con Venezuela por el fueloil supera US$ 1000 millones

La crisis energética / Herencia para el próximo gobierno

La deuda con Venezuela por el fueloil supera US$ 1000 millones

Los pasivos corresponden al combustible que se le compró entre 2012 y 2013 para hacer frente a la falta de abastecimiento local; crecen los reclamos de pago del gobierno de Nicolás Maduro

Por   | LA NACION

El martes 29 de marzo de 2011 Hugo Chávez llegó a la Casa de Gobierno poco antes del mediodía. Comenzó la reunión con Cristina Kirchner a las 12.03 y al final del encuentro ambos atendieron a la prensa. "Te ves muy bien, seguirás siendo la líder de esta nación", le dijo. Fue un halago premonitorio.

La Presidenta atravesaba un momento difícil. No habían pasado todavía cinco meses desde la muerte de su marido, como indicaba el luto absoluto que guardaba. Pero Chávez, de gesto animado todo el tiempo, le arrancó una sonrisa.

Cristina Kirchner tenía otros motivos para mostrar felicidad: el bolivariano fue cultor de una enorme paciencia con la Argentina, que mostró problemas para pagar las importaciones de fueloil y gasoil que el país comenzó a recibir en 2004 para compensar la caída en la producción local de gas y el incremento de la demanda, tanto en industrias como en hogares. Los barcos que enviaba el venezolano evitaron que la crisis energética fuese aún peor. Pero algunos envíos aún hoy permanecen impagos.

La deuda con Venezuela, en dólares y sobre la que siguen corriendo intereses, es uno de los misterios mejor escondidos por el Gobierno. LA NACION tuvo acceso a un documento privado oficial elaborado por Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, encargada de realizar las operaciones con Pdvsa, -la compañía estatal venezolana- que le pone un número preciso al rojo: hasta enero de este año, el país le debía a Venezuela más de 1000 millones de dólares. Fuentes familiarizadas con la operación diaria del sistema estimaron que es muy difícil que la Argentina haya reducido de manera importante esa deuda en los últimos meses, debido a los problemas cambiarios que enfrenta la economía local.

Las obligaciones más antiguas que están contempladas en los pasivos con Venezuela datan de 2007. Es una deuda externa oculta que deberá pagar el próximo gobierno. Implica, por caso, un 15% de lo que reclaman los holdouts amparados en la sentencia del juez Thomas Griesa, o 3,5% de las reservas del Banco Central hasta el viernes.

Según el informe de la compañía, que ahora responde al ministro de Economía, Axel Kicillof, pero estuvo mayormente bajo el mando del ministro de Planificación, Julio De Vido, la Argentina le debe a Venezuela 1001,2 millones de dólares sólo por las importaciones de fueloil y gasoil que se hicieron en 2012 y 2013, de los cuales la mayor parte, US$ 784,1 millones, correspondían a operaciones vencidas. Eso, pese que había pagado 715,6 millones por compras hechas en 2012.

También está en discusión otra parte sustancial de la deuda con Pdvsa. Al 31 de enero de este año se habían pagado 987 millones de dólares en seis cuotas de US$ 140,7 millones desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013, por embarques que se habían recibido entre 2010 y 2011. Pero aún faltaban cuatro cuotas por US$ 562,7 millones.

"El importe total refinanciado ascendió a la suma de 1406,8 millones de dólares. Éste debe abonarse en 10 cuotas trimestrales iguales y consecutivas", explica el documento oficial. Y advierte: "Con cada cuota de amortización se deberán abonar intereses a calcular sobre el saldo pendiente de amortización, a tasa Libor de tres meses de plazo más 6% anual", siempre sobre una deuda contraída en dólares.

La incertidumbre con respecto a los pagos está dada por la dinámica cambiante que adquirieron las transacciones con Pdvsa. Por ejemplo, hasta el primer mes de este año faltaba hacerse cargo de un pagaré por 56,3 millones de dólares que había vencido el 15 de noviembre de 2011, más sus intereses. Con eso se cancelaría toda la deuda de los años 2007 y 2008. Pero el desembolso fue suspendido por órdenes conjuntas del entonces secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, "en virtud de una negociación integral desarrollada por ambos ministerios con Pdvsa por las obligaciones pendientes de pago".

La fecha de pago era problemática: pocas semanas antes del vencimiento del pagaré, la AFIP había puesto en práctica el Programa de Consultas de Operaciones Cambiarias, origen formal del cepo cambiario que luego se fue endureciendo.

La importación de energía fue el gran portón de salida de divisas que condujo a las restricciones para sacar dólares del país.

Fuentes familiarizadas con las importaciones sostienen que, hasta la muerte de Chávez, Venezuela tuvo enorme paciencia con las demoras. Cuando asumió Nicolás Maduro, en cambio, crecieron los reclamos. Es comprensible: Venezuela, aquejada por problemas similares a la Argentina, con inflación alta y dificultades para atraer divisas, sufre aprietos cambiarios.

La importación de fueloil y gasoil es uno de los puntos más cuestionados de la política energética del kirchnerismo. En 2004, cuando la Argentina comenzaba a salir de la crisis, Chávez cerró con Néstor Kirchner un acuerdo para enviar al país todo el combustible que necesitara.

Al principio, ambos países acordaron la conformación de un fondo fiduciario donde se depositarían los fondos para pagarle a Venezuela, que podría cobrarlos o utilizarlos para comprar alimentos locales. Pero de a poco la cuenta se fue inclinando a favor de LA NACION bolivariana.

 
Del editor: por qué es importante. Los números de la relación del kirchnerismo con Venezuela nunca fueron claros. Ahora empiezan a saberse los alcances de una pesada carga.


http://www.lanacion.com.ar/1746511-la-deuda-con-venezuela-por-el-fueloil-supera-us-1000-millones



El Gobierno redobló sus críticas a Bonadio y lo acusó de "extorsionar"

El Gobierno redobló sus críticas a Bonadio y lo acusó de "extorsionar"

Aníbal Fernández apuntó contra el juez y minimizó la denuncia; reclamo de sanciones del Consejo

Por   | LA NACION



El Gobierno redobló ayer sus acusaciones contra el juez Claudio Bonadio y lo acusó directamente de "extorsionar" a la Casa Rosada por su decisión de allanar el jueves de la semana pasada la sede de una de las empresas de Cristina Kirchner.

La molestia del oficialismo por los pasos que dio el magistrado crecieron durante el fin de semana y promete tener otro capítulo en el Consejo de la Magistratura.

Después de que el viernes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que las medidas de Bonadio respondían a una "estrategia de golpismo activo" contra el Gobierno, ayer fue el senador Aníbal Fernández el que se sumó a las críticas y consideró una "falta de decoro" por parte del magistrado allanar la empresa de los Kirchner.

"En ningún país serio del mundo, si es una empresa del presidente de LA NACION, hacen este gesto", se quejó el senador, y minimizó las irregularidades que se detectaron en el funcionamiento de Hotesur, la compañía que administra el hotel Alto Calafate y que está en la mira de Bonadio. Aníbal no descartó que existieran tales fallas en los balances, aunque las consideró menores, en sintonía con el comunicado que ayer por la tarde emitió la compañía y que difundió la agencia Télam.

"¿Cuál es la documentación o la complicación tan severa que hay?", se preguntó durante una entrevista en el programa El fin de la metáfora, de Nacional Rock. Agregó que la causa "no es demasiado grave" porque, explicó, se trata de "falta de balances o de notificaciones sobre la composición de su directorio".

Según la investigación del juez, existen inconsistencias en las presentaciones societarias de Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Su último balance fue presentado en 2010, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, y la sospecha del magistrado es que se aprobó en una presunta asamblea en la que habría participado Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta y heredero de la mitad de los bienes junto con su hermana Florencia desde la muerte de Néstor Kirchner. Ese balance se habría realizado en la sede de Hotesur en la Capital allanada por Bonadio, en Lavalle 975, 4° piso, departamento A, oficina que estaba vacía.

"Es una estupidez, se reclama la composición del directorio, se presentan y se da por terminado el tema", desestimó Aníbal Fernández, admitiendo que, en todo caso, hubo algún tipo de irregularidad.

Al Consejo

Más allá del impacto mediático de la pelea con el juez, ayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez, acusó a Bonadio de "extorsionar y hacer política" y anticipó que plantearán algún tipo de sanción en el Consejo de la Magistratura.

"Vamos a plantear que no se puede ejercer justicia a través de la coacción. Haremos una presentación donde vamos a demostrar la conexidad que existe en las convocatorias al Consejo y las medidas que dispone Bonadio", abundó el funcionario, integrante del cuerpo que elige y remueve a los jueces como representante del Poder Ejecutivo.

Álvarez agregó, en una extensa entrevista con Página

12, que el kirchnerismo pedirá volver a tratar en la Comisión de Disciplina las denuncias que ya existen contra el juez, como una manera de acorralarlo con posibles sanciones.

Pero el oficialismo no puede hacer mucho. Para poder abrirle un juicio político necesita contar con mayoría de dos tercios del plenario, imposible de lograr sin acuerdo con la oposición. Hoy, el Gobierno cuenta con seis votos propios de un total de 13, y suma como aliada a quien preside el Consejo desde la semana pasada, una de las representantes de los jueces, Gabriela Vázquez. En un reportaje en LA NACION, la camarista calificó como "una barbaridad" las palabras de Capitanich.

"Vamos a pedir el tratamiento de los expedientes que se están tramitando en los que hay sobradas pruebas de lo que se le imputa", aseguró el secretario de Justicia.

Bonadio tiene nueve causas abiertas en la Magistratura, pero ninguna avanzó. Aunque ya fue citado por el oficialismo, no llegó a abrirse un jury porque el Gobierno no tenía, ni tiene ahora, tras la jura de los nuevos integrantes, los votos necesarios. En línea con la estrategia que abrió Capitanich, ayer Álvarez insistió en vincular a Bonadio con el Frente Renovador de Sergio Massa. Y relató que cada vez que el oficialismo imponía alguna medida contra el juez en el Consejo, el magistrado tomaba alguna decisión contra la Casa Rosada.

A pesar de la nueva crítica al juez, el funcionario se despegó de las declaraciones de Luis D'Elía, que llamó a poner simbólicamente en una pica la cabeza de Bonadio en Comodoro Py. Ayer, el ex piquetero redobló la apuesta. "Cuando alguien comete un error como Bonadio, cortarle la cabeza es una figura. Lo que estoy diciendo es que debe recibir un castigo ejemplar. Debe ser destituido ya", amenazó.


http://www.lanacion.com.ar/1746504-el-gobierno-redoblo-sus-criticas-a-bonadio-y-lo-acuso-de-extorsionar