Las reformas monetarias de Julio A. Roca

Las reformas monetarias de Julio A. Roca

Por   | Para LA NACION



Se cumple este año el centenario del fallecimiento de quien fue presidente de la Nación en dos oportunidades, el general Julio A. Roca. También fue senador nacional, ministro y, quizá, la figura que en mayor grado definió la llamada generación del 80.

Los debates sobre su figura siempre han sido intensos, incluso entre sus contemporáneos y ha abarcado terrenos tan diversos como las relaciones exteriores, los problemas de la defensa nacional, el orden público interno, la promoción de la educación pública y laica, el matrimonio civil, el afianzamiento de las fronteras de la Nación. También habrá siempre un debate sobre el sistema de organización política, "el unicato" y sus prácticas, que aseguraron durante un tiempo la preservación del poder por parte de la elite que tanto influyó en el último cuarto del siglo XIX y la primera parte del XX.

Un tema menos enfatizado en los debates sobre Roca se refiere a las importantes reformas monetarias de su gobierno, que tuvieron un impacto decisivo, tanto para la unidad nacional como para la prosperidad de principios del siglo XX.

La primera norma de orden monetario fue la ley 1130 de 1881, de unificación monetaria, que dio lugar a la primera moneda nacional. Por esa emisión se buscaba superar el problema de billetes de orden provincial y unificar nuestro signo monetario. Permitió crear las condiciones para eliminar las monedas locales y, en consecuencia, facilitar el intercambio sin obstáculos, como estipulaba la Constitución Nacional al abolir las aduanas interiores.

La segunda norma importante de la administración Roca fue la ley de conversión 3871, de 1899, dictada para aprovechar la caja de conversión creada en 1890 y que tendría el monopolio de la emisión de dinero. Esa ley buscaba superar el problema de la no convertibilidad y, por lo tanto, las trabas que tal situación generaba al desarrollo económico y a la consolidación de un sistema financiero y de un mercado de capitales.

En este caso la paridad se estableció en 11,4545 en relación con la libra esterlina y en 2,3537 con el dólar, al cambiar los pesos moneda nacional a una relación de 0,44 por peso oro. Esto implicaba una devaluación respecto de la otra ley, debido a los desórdenes fiscales y monetarios de la década de 1880 y su consecuencia, la crisis política, económica y financiera de 1890.

El dictado de esta ley procuró superar tanto la no convertibilidad que presagiaba, al decir de Carlos Pellegrini, los peores vicios gubernamentales como la valorización del peso, que imponía la severa disciplina fiscal y monetaria surgida como colofón de la crisis mencionada. Esa tendencia a la revaluación afectaba la competitividad de la producción nacional y la solvencia del sistema financiero, al ser más gravoso cancelar deudas en términos de bienes.

La ley 3871 preveía un fondo de conversión que fue sumando respaldo a la emisión inorgánica previa. El respaldo de la conversión alcanzaría el 31% en 1904, al concluir el segundo mandato de Roca; al 72,6%, en 1913, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, y al 84%, en el período de Marcelo T. de Alvear.

En los hechos, a partir de Roca se congeló la creación de crédito al gobierno de la autoridad monetaria. La economía vivió así una enorme expansión que llevó a nuestro país a ser, en la década del 20 del siglo XX, uno de los diez más ricos del mundo.

La disciplina que este sistema impuso, continuada en algún modo por el Banco Central luego de 1935 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, generó un enorme prestigio de la moneda nacional. La inflación, entre 1900 y 1944, llegó apenas al 1,7% anual como promedio. Con estas reglas, el sistema financiero llegó a intermediar activos monetarios por más de 40% del PBI.

El abandono de estas sabias reglas de comportamiento financiero luego de la Segunda Guerra produjo como consecuencia que la inflación argentina alcanzara al 27,3% anual entre 1944 y 1974, y se desbocara al 265,4% entre 1975 y 1988. En 1989 y 1990 vivimos la tragedia de dos hiperinflaciones.

Recordar un sano orden monetario, sus resultados favorables y los costos pagados por su abandono nos permite tener una valoración adecuada de esta parte de la actuación pública e institucional del presidente Julio A. Roca. El momento no puede ser más oportuno para poner de relieve su gestión en tan delicada materia.

Los embajadores argentinos, con sueldos en dólares que duplican al de Cristina Kirchner

Los embajadores argentinos, con sueldos en dólares que duplican al de Cristina Kirchner

Cobran en promedio US$16.000 mensuales en más de 90 sedes diplomáticas; el embajador en Venezuela es el que más gana: US$22.000

Por  y   | LA NACION



Puede ser Uruguay o Kuwait; Estados Unidos o Azerbaiyán. Los embajadores argentinos gozan de sueldos que alcanzan hasta los 22.000 dólares por mes: más del doble de lo que cobra Cristina Kirchner . Ya sean funcionarios de carrera o embajadores políticos, la mayoría tiene salarios más altos que sus pares de Chile, Brasil y Estados Unidos que residen en la Argentina. Incluso, los diplomáticos argentinos superan a algunos presidentes de la región.

Más de 90 embajadores que representan al país en todo el mundo perciben, en promedio, un sueldo de 16.885 dólares mensuales, de acuerdo a los datos oficiales que obtuvo LA NACION a través de un pedido de acceso a la información.

Carlos Cheppi, embajador argentino en Venezuela, es el más que más cobra: 22.500 dólares por mes, sin contar los descuentos, según informó Cancillería. Lo siguen sus pares en Suiza, Antonio Trombetta, y Japón, Raúl Dejean, que perciben 21.300 dólares. Están lejos de la Presidenta: Cristina Kirchner informó en enero que su sueldo es de casi 10.000 dólares (79.000 pesos). También superan los salarios de Michelle Bachelet (15.900 dólares) y Dilma Rousseff (11.700 dólares).

El caso de Carlos Bettini, embajador con residencia en Madrid, es paradigmático: cobra más de 17.000 dólares. El diplomático, hombre de confianza de la Presidenta, cuenta con haberes superiores a los funcionarios más importantes del gobierno español. Mariano Rajoy, presidente de gobierno español, percibe 8200 dólares mensuales.

 

Los embajadores argentinos también ganan más que sus pares de la región con residencia en la Argentina. Por ejemplo: la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón, cobra 16.682 dólares, mientras que el embajador norteamericano en Buenos Aires -todavía no designado- recibirá 15.000 dólares. Ginés González García, embajador en Chile, tiene un sueldo de 15.300 dólares, pero su par trasandino Marcelo Díaz (según datos públicos de ese país), cobra 3157 dólares en Buenos Aires. En Brasil, Luis María Kreckler gana más de 19.000 dólares; el embajador brasileño apenas supera los 13.000 dólares.

El sueldo

Dos factores inciden en la composición del sueldo: el tipo de cambio y el costo de vida donde se desarrolla la misión diplomática. El salario base (unos 40.000 pesos) se convierte a dólares al tipo de cambio oficial y luego se le adiciona el llamado "costo de vida en destino", que toma como referencia cálculos de la ONU. Venezuela, por ejemplo, figura entre los primeros lugares del "índice Big Mac", que mide el nivel de precios, junto con Noruega y Suiza.

Los embajadores reciben más beneficios: cuentan con gastos de representación para las funciones que deben cumplir, como traslados, cenas y otros rubros, que están sujetos a la rendición de cuentas mediante un sistema informático. El monto se fija todos los años en una negociación que hace cada sede diplomática. Cuentan con un auto oficial y una residencia considerada territorio argentino en el exterior.

También disponen de una caja chica para el funcionamiento de la embajada. Para este ítem no hay un límite determinado porque se destina a distintos rubros, desde gastos de librería hasta refacciones de la sede diplomática, explicaron desde el Servicio Exterior de la Nación.

El manejo financiero de las embajadas quedó el mes pasado bajo la lupa. La Auditoría General de la Nación denunció graves irregularidades en las cuentas de 127 embajadas y consulados argentinos alrededor del mundo. La entidad acreditó en sus informes la existencia de presupuestos incompletos, desvíos de fondos millonarios, gastos sin rendición de cuentas, contrataciones de personal cuestionadas y alquileres sin comprobantes, entre otras irregularidades.

 

Quejas

A pesar de regirse por la política salarial del Poder Judicial, a diferencia de los jueces, entre los embajadores hay malestar porque deben pagar Ganancias, un descuento que sumado a los aportes previsionales y patronales puede alcanzar "hasta casi el 40% del salario", aseguró una fuente de Cancillería.

Para un diplomático de carrera, llegar a ser embajador puede demandar una antigüedad de más de 30 años. El sistema de ingreso es estricto y una vez en el Servicio Exterior de la Nación deben sortear evaluaciones para ascender, por mérito, los siete escalafones que tiene el sistema.

Distinta es la situación de los embajadores políticos, nombrados a dedo por la Casa Rosada. Según la ley 20.957, el Gobierno puede designar hasta 25 embajadores de manera extraordinaria, que deben dejar sus funciones cuando el presidente termina su mandato.

Entre los nombres más conocidos aparece el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que se desempeña en Montevideo como representante ante el Mercosur. Su salario es 16.600 dólares. También aparece el ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, representante ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, que percibe 17.600 dólares.

También la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, que fue nombrada como representante ante la OEA, con sede en Estados Unidos. Lo mismo sucedió con el ex ministro de Salud, Ginés González García (Chile), la ex diputada Patricia Vaca Narvaja (México), el ex secretario de Cultura, Torcuato Di Tella (Italia), Juan Pablo Cafiero (El Vaticano), Sergio Basteiro (Bolivia) y Martín Balza (Costa Rica), entre otros.

iruiz@lanacion.com.ar / @iruiz

mjastreblansky@lanacion.com.ar / @maiajastre.

Aun sin la RUFO, Cristina dice que no pagará el fallo de Griesa

La situación económica | El plan del gobierno

Aun sin la RUFO, Cristina dice que no pagará el fallo de Griesa

La banda de jefes policiales que vivíacon lujos y ostentación

En la Matanza

La banda de jefes policiales que vivíacon lujos y ostentación

De los 11 detenidos, tres son subcomisarios; uno de ellos tenía tres vehículos valuados en $ 1.000.000

Por   | LA NACION



"En la jerga policial, el cortito es el secuestro en el que se hace bajar a la comisaría a una persona que camina por la jurisdicción y que se sabe que anda en cosas turbias. Entonces, bajo la amenaza de armarle una causa penal en su contra, se le cobra una suma de dinero o en especies. Sólo después que pagó se lo dejó en libertad. De esta forma recauda la policía."

Así, uno de los uniformados que declararon como testigo ante la Justicia, describió cómo operaba la denominada banda de los subcomisarios acusada de secuestrar personas con antecedentes penales y cobrarles una coima para no falsificar una causa penal en su contra o desvincularlo en un expediente en que aparece involucrado.

Para tener una magnitud del dinero que recaudaba la banda se puede tomar como ejemplo que sólo en la casa de uno de los tres subcomisarios apresados, los funcionarios judiciales secuestraron más de $ 200.000 en efectivo que estaban guardados en una caja fuerte portátil.

Según fuentes de la investigación ese dinero fue encontrado durante el allanamiento realizado en la vivienda del subcomisario Hugo Daniel Salas. La cómoda casa sobresale en una zona humilde de Laferrère, a un costado de la ruta 21.

A este subcomisario, que hasta su detención se desempeñaba como jefe de la comisaría de Virrey del Pino, una localidad del partido de La Matanza, los funcionarios judiciales le secuestraron una camioneta 4x4, un Volkswagen Vento y un cuatriciclo Honda, valuados en más de un millón de pesos, entre los tres rodados.

Además de Salas, entre los once sospechosos detenidos, acusados de integrar el grupo delictivo figuran otros dos subcomisarios, cuatro suboficiales y cuatro civiles. Los dos jefes policiales se desempeñaban en la Delegación de Investigaciones de La Matanza.

Anoche los investigadores judiciales y de la auditoría general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense buscaban a dos uniformados prófugos: un subcomisario y un suboficial. Hasta ayer, la única identidad de los acusados que había trascendido era la de Salas, mientras que los nombres de los otros imputados eran mantenidos en reserva por el juzgado federal de Morón.

Durante la pesquisa se determinó que los civiles eran los que apuntaban a los delincuentes con antecedentes que habían llegado a la jurisdicción; los suboficiales actuaban como la mano de obra que los llevaba detenidos a la comisaría o la brigada y los subcomisarios se encargaban de comunicar el mensaje extorsivo y amenazaban con armarles una causa penal.

LA QUEJA POR UNA COIMA

La banda de los subcomisarios quedó al descubierto el 28 de julio pasado cuando los agentes de la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia (SI) alertó a la justicia federal de Morón de una conversación telefónica en la que se escuchaba al vendedor de droga de la zona de Virrey del Pino quejarse con un cómplice por los casi 100.000 pesos que tuvo que pagarle al jefe policial de la zona para poder traficar cocaína.

Ni el vendedor de droga ni su interlocutor sabían que la conversación estaba siendo grabada debido a que el celular receptor de la llamada aparecía vinculado con una banda de secuestradores.

En ese momento, los investigadores judiciales comenzaron a buscar el listado de comunicaciones de ambos celulares. Así, descubrieron la existencia de varias llamadas entre el vendedor de drogas y algunos de los subordinados del subcomisario.

Ante la sospecha de que los policías hubieran estado involucrados en un secuestro extorsivo, la denuncia fue radicada, en principio en el juzgado federal de Morón y en la fiscalía federal de ese distrito, a cargo de Sebastián Basso.

Hace una semana, a pedido del representante del Ministerio Público, el juez Rodríguez ordenó una serie de allanamientos que terminaron las detenciones de siete policías y de cuatro civiles.

Dos de los operativos se realizaron en la casa de Salas, situada cerca de la ruta 21 a la altura de la rotonda de Laferrère y en la vivienda de un familiar. No fue objeto de los operativos la casa de un familiar político de Salas, que también es subcomisario y se desempeña en una seccional de la zona.

Según fuentes de la investigación, además del dinero en efectivo, los funcionarios de la auditoría general de Asuntos Internos, a cargo de Liliana Arcidiacono, secuestraron diez pantallas LCD en la vivienda del ex jefe de la comisaría de Virrey del Pino.

Dos días después de los allanamientos, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, decidió separar en forma preventiva a dos comisarios mayores que se desempeñaban como jefes de la Departamental La Matanza y de Dirección de Investigaciones, debido a que no podían ignorar las maniobras de recaudación ilegal que les atribuyeron a los subcomisarios que tenían bajo sus mando.

INDAGADOS Y DETENIDOS

  • Los siete policías apresados fueron indagadas como presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita, cuatro casos de extorsión y falsificación ideológica. Hace dos días, el expediente pasó desde la justicia federal de Morón a la fiscalía de instrucción de La Matanza debido a que no se pudo probar la participación de los acusados en los secuestros. Hasta el momento, todos los policías seguían presos en el penal de Marcos Paz y serían procesados en los próximos días y buscaban a dos prófugos.

os miedos del Gobierno y el rechazo opositor a convalidar la impunidad

Domingo 24 de agosto de 2014 | Publicado en edición impresa

El escenario

Los miedos del Gobierno y el rechazo opositor a convalidar la impunidad

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION






ocializar la adversidad que viene. La oposición debería hacerse cargo no sólo de los errores del oficialismo en el manejo de la deuda en juicio; también de sus próximas y pésimas consecuencias en una economía ya en declive.

Por senderos distintos, las parcelas de la oposición están llegando a un lugar común: decirle que no al Gobierno en su intención de desacatar al sistema judicial norteamericano. El proyecto enviado al Congreso, que declara de interés público el manejo de la deuda, podría esconder también el propósito de lograr impunidad judicial sobre los descuidos y las impericias durante el juicio en el despacho del juez Griesa. Esa certeza es la que terminó de abroquelar a la oposición, con sus diferencias, en el rechazo al proyecto.

Cristina Kirchner tomó dos decisiones en las últimas semanas. La primera fue abortar el acuerdo entre los bancos nacionales y los holdouts para postergar una solución definitiva hasta enero. Esa negociación fue promovida por la propia Presidenta. "Estuvimos a 20 minutos del acuerdo", contó el presidente de un banco. Eso sucedía en Nueva York. En Buenos Aires, Cristina descubrió, en la soledad de Olivos, que podía optar entre terminar debiéndoles un favor a los bancos o levantando la bandera contra los fondos buitre. Se quedó con los buitres, aunque significara el default parcial de la deuda y la posibilidad de un default generalizado. No frenó antes del abismo. Y después del abismo ya no hay límites.

Vale la pena detenerse en esa decisión política de la Presidenta. Antes de la refriega con los fondos especulativos, la economía venía mal, Cristina conservaba un lugar módico en las encuestas y se evaporaba cualquier ilusión de una sucesión consentida. "Patria o buitres" le dio no sólo una consigna para vivir el otoño de su poder, sino también una esperanza para los tiempos por venir, cuando ya no tenga poder. Una cosa es, no obstante, un sueño político; otra, la administración de sus consecuencias.

La segunda decisión fue la del martes pasado, que ese mismo día envió al Congreso. El proyecto cambia el lugar de pago, que será Nación Fideicomisos en Buenos Aires en lugar del Bank of New York, en los Estados Unidos. La aceptación del cambio es supuestamente voluntaria para los bonistas. Pero, al mismo tiempo, removió al banco norteamericano como agente de pago. Ahora bien, ¿dónde cobrarían entonces los bonistas que no aceptaran el cambio? Si no fuera Buenos Aires, ¿dónde? ¿Será realmente voluntaria la decisión si los acreedores no tendrán opción?

El envío al Congreso fue una decisión muy sugerente. En lo que va del año, la Presidenta anunció un acuerdo con Repsol por la confiscación de YPF por un valor total, cuando se terminen de pagar los bonos, de unos 13.000 millones de dólares. Tres mil millones más que los que pedía Repsol. Pactó con el Club de París el reconocimiento de una deuda por cerca de 10.000 millones de dólares, que no existió nunca. Aceptó pagar un 50 por ciento más de la deuda nominal por punitorios con la única condición de que no participara el Fondo Monetario. Hizo todo eso sin ninguna consulta con el Congreso.

Nación Fideicomisos no tiene ni la estructura ni la experiencia para manejar los papeles y pagos de miles de bonistas diseminados por todo el mundo. ¿Qué llevó al Gobierno a ese acto desesperado? Nadie en el Ministerio de Economía quiere firmar el próximo vencimiento, el 30 de septiembre, para depositarlo en el Bank of New York. El pago del 30 de julio pasado, unos 540 millones de dólares, quedó en un limbo jurídico y financiero. Los bonistas no cobraron por decisión de Griesa, pero tampoco ese dinero volvió al Estado argentino. Un segundo pago en esas condiciones, y ya con el conocimiento previo, podría disparar denuncias penales contra los funcionarios.

La segunda razón consiste en tratar de evitar el default generalizado. El trámite debería iniciarse cuando un 10 por ciento de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 le pidieran al Bank of New York una asamblea, que podría realizarse por Internet. Si el 25% de los bonistas estuviera de acuerdo en reclamar el adelantamiento de todos los pagos acordados, que son pagaderos en décadas, el banco norteamericano deberá pedir al gobierno argentino el giro del dinero por el valor del total de la deuda. Eso sería imposible. A partir de ese momento, el banco declararía de hecho el default generalizado de la deuda argentina. Eso haría el Bank of New York, pero ¿qué hará Nación Fideicomisos? Lo que le ordene Axel Kicillof. Esa es la diferencia entre un lugar y otro.

La Presidenta buscó un paraguas protector en la oposición. La primera novedad que leyeron los opositores es que en el proyecto hay párrafos duros y despreciativos contra el juez Griesa y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Una jurisdicción judicial que decidió sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos la eligieron. El artículo primero del proyecto declara, además, de "interés público" el manejo de la deuda. ¿No significaría eso que el Congreso avalaría todos las torpezas del Gobierno en el manejo del conflicto judicial con los holdouts? Desaciertos que incluyeron mantener el mismo estudio de abogados norteamericanos durante los últimos veinte años. Estos abogados sólo han sido presurosos y eficientes ante Griesa para desligarse de lo que hace el gobierno argentino. Son también los mismos abogados que asesoraron a Domingo Cavallo en el megacanje, que está siendo investigado por la justicia argentina.

La oposición reaccionó de acuerdo a sus diferentes historias. El primero en manifestarse en contra fue Mauricio Macri, a pesar de que sus asesores de marketing le aconsejaban que no nadara contra la corriente del nacionalismo cristinista. Prevaleció el consejo de sus asesores económicos, que le describieron la condición impracticable del proyecto oficial y sus consecuencias en la economía. Macri ya había dicho, al principio de todo, que el Gobierno debía sentarse frente a Griesa, acatar la sentencia y negociar el pago. Eso sucedió antes de que Griesa nombrara al facilitador, Daniel Pollack, que abrió la posibilidad de acordar formas y tiempos más amplios de pagos. Luego, Macri apoyó una negociación a través de Pollack, que es la forma de negociar con Griesa.

El radicalismo, que controla los principales bloques opositores del Congreso, también tomó una decisión rápida y de rechazo al proyecto. Más de cincuenta legisladores nacionales se reunieron en Córdoba para escuchar a Alfonso Prat-Gay y a Martín Lousteau. Después de oírlos, decidieron decir que no. "Esa ley es inviable", dijo el presidente del partido radical, Ernesto Sanz. A pesar de que existen sectores internos del radicalismo más cercanos a las teorías nacionalistas, se impuso la tesis, expresada sobre todo por Prat-Gay, de que la decisión de Cristina Kirchner no necesita la aprobación del Congreso. Preexisten facultades delegadas por el Parlamento al Poder Ejecutivo para la administración de la deuda. El radicalismo llegó a la certeza de que lo estaban metiendo en una ratonera. Debía bendecir los estropicios judiciales del Gobierno en Nueva York y, encima, hacerse cargo políticamente del default y de sus consecuencias.

Sergio Massa debió zigzaguear entre obstáculos: quería diferenciarse del Gobierno, pero no podía dejar desairado a su principal asesor económico, Roberto Lavagna, que propuso, antes que el Gobierno, el cambio a Buenos Aires del lugar de pago a los bonistas. Lavagna había pensado en la Caja de Valores, que tiene más experiencia que Nación Fideicomisos en el manejo de bonos. El proyecto de Massa, con el que trata de seducir al resto de la oposición, consiste en cambiar el lugar de pago para llevarlo a París o Basilea. Es la manera que encontró de tomar distancia del Gobierno sin apartarse de Lavagna.

El proyecto de Massa tiene un problema, que consiste en que ningún banco francés o suizo aceptará ser agente de pago y convalidar un desacato al sistema judicial norteamericano. Casi todos los bancos europeos tienen sucursales en Nueva York. Radicales y macristas anticiparon que no participarán de la idea de Massa. ¿Y si se lo aceptara el oficialismo? El Gobierno anda buscando acuerdos en el Congreso, por primera vez en mucho tiempo.

Busca, sobre todo, ser algo más que un oficialismo en decadencia a cargo de la desgracia. Los trabajadores perdieron casi el 7 por ciento del salario real en lo que va del año. La economía podría caer un 3 por ciento durante 2014. La actividad industrial se derrumbó un 3,2 por ciento entre enero y julio. A fin de año podría haber 200.000 desempleados más que en enero. La inflación de este año está prevista en un 39 por ciento, según analistas privados.

Al default se le sumó una sanción de la Organización Mundial del Comercio por los zafarranchos de los últimos años con las importaciones. El próximo gobierno deberá vérselas con la cesación de pagos de la deuda y con la necesidad de normalizar las relaciones económicas internacionales. Igual que en 2003. Nada habrá quedado después de Cristina Kirchner. Los próximos tendrán que empezar de nuevo.




Argentina Is Going Rogue

Thu, Aug 21, 2014, 11:00pm EDT - US Markets are closed

Argentina Is Going Rogue



 
By Linette Lopez16 hours ago

Reuters

Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner

Muted headlines about bond swaps aren't doing justice to the announcement Argentina's president made last night.

With her attempt to pass a law nullifying a U.S. Court's ruling that the country pay all its creditors, Argentina is effectively turning its back on the rules governing international finance.

If Argentina's congress passes this law, the country could enter a place where rules no longer matter and negotiation with the hedge funds to which it owes over $1.3 billion in sovereign debt are all but impossible.

What this law does is put debt that was once legally governed by the United States in Argentine jurisdiction.

It's the international markets equivalent of taking your ball and going home.

"So every government can just wave a magic wand and make their problems go away? [If that were the case] everyone would be doing it," said David Fernández, a public finance lawyer at Buchanan, Ingersoll & Rooney. "They're not fixing a problem, they're actually deflecting the issue."

The issue is that Argentina was declared in default for violating a U.S. Court's ruling that said it had to pay all bondholders of its sovereign debt maturing in 2033 together.

A portion of those bondholders — a bunch of hedge fund holdouts known as collectively as NML Capital — had refused to restructure that debt for almost a decade, and for almost a decade Argentina responded to that by refusing to pay NML while others (the exchange bondholders) were paid.

The U.S. Court said that Argentina had to pay the holdouts and the exchange bondholders equally. Essentially — you pay everyone or no one.

On July 30th, Argentina, remaining steadfast in its refusal to pay the holdout "vulture" hedge funds, chose the "no one" option.

Of course, making that choice doesn't mean Argentina wants to deal with the consequences. The purpose of this law is to avoid paying the holdouts while still being able to argue that the country is not in default, as the body governing such decisions, the International Swaps and Derivatives Association, declared.

So here's how Argentina wants to do it. It's going to change the jurisdiction of these bonds from the United States to Argentina, and then change the custodial bank from Bank of New York Mellon to Argentina's Banco Nacion Trust.

That way, it won't have to deal with any pesky American laws. And as the country's Economy Minister, Axel Kicllof said in a speech today, if any investor wants to get paid, they can go to Argentina and get the money under Argentina's rules.

Now, this plan should sound familiar because it was outlined in a memo from Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Argentina's attorneys, to The Republic back in May. At that time, of course, attorney Carmine Boccuzzi said Argentina would never do such a thing.

"There is no secret plan to evade," he said.

So will it work? Can a country just snap its fingers and dissolve a contract? Can it just fire its custodial bank while it's technically in default?

Fernandez says: Not really. Or at least, it's very messy.

"They're literally playing with fire," said Fernandez. "The fact of the matter is, where's the money? It's in the U.S., under our jurisdiction ... This will turn into a high profile situation between the U.S. and Argentine governments."

And who wants that? Certainly not the market, and at the end of the day it is the market that will determine how affective this tactic is. Its verdict to investors is 'get the heck out of Dodge' —Argentine bonds are already falling on the news.

"The execution risk [of this new law] should be high and initial participation quite low as real money investors are discouraged from participating at risk of violating the pari passu judgment," said a note released by investment bank Jefferies.

We'll know more about how much investors trust Argentina on September 2nd, when the International Swaps and Derivitives Association will hold an auction for some of Argentina's defaulted debt. The original date for the auction was August 21st, but this new development is throwing things for a loop.

Worse for Argentina, it's making the holdouts sound like they were right in saying that the government never intended to pay them this entire time. Argentina had been playing the victim, but this law will likely be seen as an incredibly aggressive act in the eyes of the international community.

The way President Fernandez told it last night, though, she is simply guarding one of the greatest economic miracles of our time — her country's recovery from its 2001 default.

"I really feel that we're living through a moment of real injustice being done to The Republic of Argentina," she said. "And I believe that a new world order [supports us], because we've been supported the world over, since the organization of bodies like MERCOSUR, like CELAC, like UNASUR, like 100 academics have presented to the U.S. Congress, like... many articles have said all over the world, for simple logic we are being supported. But they are not supporting a government, they are supporting the end of something so crazy that it wants to topple the most successful debt restructuring in recent memory. And it's not only the most successful because it happened, but because it happened during a time of social inclusion for all Argentines. This is missing in many parts of the world in a similar situation."

Now, thanks to this law, there is no similar situation. Never has been

Murió el actor Robin Williams

Murió el actor Robin Williams

Fue encontrado sin vida en su casa al norte de California; la policía sospecha que se trataría de un suicidio


OS ANGELES.- El actor Robin Williams fue encontrado muerto ayer en su hogar en el norte de California, tras un aparente suicidio, dijo la Comisaría del Condado de Marin. El comediante tenía 63 años.

El forense de la comisaría sostuvo que sospechaba de un suicidio por asfixia, pero que la causa de su muerte aún se investiga.

En un comunicado, la policía del condado de Marin, explicó que un "hombre fue declarado muerto a las 12.02, identificado como Robin McLaurin Williams, 63 años, residente de California" y que la presunta causa del deceso sería "un suicidio por asfixia".

El intérprete estaba inconsciente y no respiraba cuando fue encontrado en su casa de la localidad de Tiburón, muy cerca de San Francisco, por los equipos de emergencia que se trasladaron hasta allí en torno al mediodía de hoy, tras recibir una llamada de socorro.

Los médicos confirmaron la muerte de Robin McLaurin Williams, de 63 años, poco después de llegar y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las causas de su repentino fallecimiento.

Los primeros indicios apuntan a que el célebre protagonista de películas como Buenos días, Vietnam, La sociedad de los poetas muertos, y Jumanji se suicidó asfixiándose.

La última vez que se vio al actor con vida fue en su casa el domingo alrededor de las 22.

Su cadáver será examinado el martes por el forense, quien también encargará las pertinentes pruebas toxicológicas, según confirmó la oficina del alguacil.

Su familia difundió una nota en la que pidió respetar la privacidad.

Agencias: Reuters y DPA