La AFIP confirmó las maniobras con Hotesur

Domingo 19 de julio de 2015 | Publicado en edición impresa
Lavado
La AFIP confirmó las maniobras con Hotesur
Por Hugo Alconada Mon |  Para LA NACION

s negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadio hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

En ese expediente, que se inició un año antes que la causa de Bonadio, los expertos de la AFIP presentaron tres informes -uno de avance, otro complementario y el final-, basados en la contabilidad de las empresas de Báez. Es decir, analizaron la verdad "formal" -si lo declarado estaba en regla con los tributos-, pero no "material" de la operatoria.

Pese a eso, desde la AFIP confirmaron varios puntos. El primero, que entre los Kirchner y Báez intermedió la firma gerenciadora Valle Mitre, que en los papeles se vincula al empresario. El segundo, que siete de sus empresas firmaron convenios: La Estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto Construcciones, Alucom Austral, Badial y Austral Construcciones.

Sin embargo, algunas de esas empresas, según la AFIP, no alquilaron habitaciones de hotel, sino que sellaron otro tipo de acuerdos, como Alucom, para la prestación de supuestos "servicios de asesoramiento" para "promoción y marketing" o la constructora Badial, para desarrollar un presunto "emprendimiento hotelero", que no especificó. O Austral Construcciones, que firmó un contrato para "el desarrollo de un complejo turístico" sin precisar cuál.

Otros convenios sí dijo que se ciñeron a las habitaciones del hotel. Como los firmados por las constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, con 16 y 20 habitaciones por mes. O las estaciones de servicio La Estación y Don Francisco, ambas de Río Gallegos -a 300 kilómetros de El Calafate-, para usar un salón del hotel durante seis días al mes durante un período de cinco meses, "espacios comunes" y cuatro habitaciones por mes.

Por último, destacó López Biscayart al derivar copias de su expediente al fuero federal, "hay un contrato suscripto con Austral Construcciones el 27 de agosto de 2009 que se relaciona con la prestación de servicios de consultoría integral en materia hotelera y gastronómica, pero que, además, prevé la posibilidad de que se solicite al consultor -Valle Mitre SA- «la utilización de un máximo de 500 noches de hotel por parte de los empleados y/o sujetos designados por el cliente, en los establecimientos hoteleros gerenciados y/o de propiedad de la consultora»".

El propio López Biscayart aclaró, no obstante, que "en ese convenio no se deja constancia de que Valle Mitre SA detenta la titularidad de la explotación del hotel Alto Calafate y si bien incluye la provisión de habitaciones en hoteles gerenciados por la firma, no se menciona expresamente la utilización del hotel Alto Calafate". Es decir, que esas reservas podrían darse en los otros establecimientos de los Kirchner que operaba la gerenciadora, ya fuera Las Dunas o Los Sauces.

Según los técnicos de la AFIP, las siete empresas de Báez "que contrataron los servicios de Valle Mitre SA estarían adeudando intereses resarcitorios y además deberán aplicarse las multas correspondientes por no practicar las retenciones" por los impuestos.

Desde la AFIP determinaron entonces ajustes en el impuesto a las ganancias por más de $ 190.000 entre 2010 y 2011, y le impugnaron créditos fiscales por $ 570.000 durante ese mismo período, que el grupo Báez protestó, pero al final optó por pagar.

Sin embargo, sin opción de avanzar por la vía tributaria porque ninguna empresa superaba el umbral legal de los $ 400.000, López Biscayart cerró ese expediente. Pero el 27 de mayo pasado derivó las copias al fuero federal, donde por sorteo se giró al juez Sergio Torres y al fiscal Carlos Rívolo, que ahora evalúan los pasos por seguir. Por ejemplo, sobre otra operatoria cuestionada: el ingreso de $ 254 millones en las cuentas de Austral Construcciones provenientes de dos sociedades que en Curazao figuran como disueltas.

Tanto en esta tercera e incipiente pesquisa como en la que instruyó Bonadio y ahora quedó en las manos de su colega Daniel Rafecas el desafío es cruzar el análisis técnico formal con lo que pasó en realidad, según indicó a LA NACION un experto con décadas de investigaciones judiciales sobre sus espaldas.

"En definitiva, si no se investiga más allá de la formalidad de los papeles es como que [desde la AFIP] sólo vieron desde que estaba facturado y declarado. De ese modo, podría avalarse una factura que diga que se vendió el Obelisco: la factura está bien [cumple con los requisitos formales, se hicieron las retenciones, etcétera] y se constata que se pagó... pero es una estupidez lo que dice [que se vendió el Obelisco]. Ahí está el tema."ß

Una semana después de afirmar que la Argentina "es un país de tránsito y no de producción de droga", en alusión a expresiones del papa Francisco en Paraguay, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, propuso ayer crear "una agencia de lucha contra el narcotráfico".

Lo hizo al encabezar un acto partidario en San Nicolás, en su condición de precandidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria (FPV), donde se mostró convencido de poder "garantizar la seguridad de los bonaerenses".

Fernández se reunió con los intendentes de San Nicolás, Ismael Pasaglia; de Baradero, Aldo Carosi, y de San Pedro, Fabio Giovanettoni, junto con su compañero de fórmula, Martín Sabbatella, en el sindicato Luz y Fuerza. Firmaron un acuerdo por el cual el Gobierno se comprometió a aportar fondos para instalar recipientes para la disposición selectiva de residuos.

"El primer tema que ponemos sobre la mesa es el de la seguridad. Podemos garantizar la seguridad de los bonaerenses", dijo el jefe de los ministros, al proponer armar "una agencia de lucha contra el narcotráfico", sin especificar las características que tendría el organismo. "Yo no miro para atrás y ya lo dije cuando presenté mi candidatura: no vamos a romper nada y a partir de lo que tenemos vamos a poner ladrillos para arriba", expresó.

En su visita, Fernández fue recibido también por el obispo de San Nicolás, monseñor Héctor Cardelli.

En un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina sobre el tráfico de drogas, la Iglesia denunció un aumento en el registro de venta de drogas en los barrios. Esa percepción está presente en el 45% de los hogares urbanos, índice que hace cinco años llegaba al 30 por ciento, según el informe.

El documento considera que "la expansión de la venta de drogas en los barrios más vulnerables, particularmente en villas de emergencia y asentamientos, está asociada tanto al déficit en la presencia estatal como también a las pocas posibilidades que presenta el mercado de trabajo a sus poblaciones".



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Muerte digna: un debate lejos de estar resuelto

Editorial I

Muerte digna: un debate lejos de estar resuelto

La Corte Suprema de Justicia ha dado un paso con apoyo en la ley actualen el particular caso del joven Marcelo Diez, pero la discusión no está cerrada


 7 del corriente mes falleció de muerte natural el joven Marcelo Diez, quien se encontraba postrado desde hace más de 20 años, cuando el 23 de octubre de 1994 sufrió un grave accidente en Neuquén mientras conducía su moto. Desde entonces, permaneció en estado vegetativo, recibiendo hidratación y alimentación artificial.

Su muerte se produjo cuando habían pasado pocas horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara sobre su caso en un recurso extraordinario impulsado por el defensor de menores e incapaces y el curador a cargo, en el que se autorizaba suprimir los cuidados que lo mantenían con vida.

El juicio había sido promovido por las hermanas del joven, quienes sostenían que se encontraba en estado vegetativo permanente, sin conexión con el mundo exterior y sin posibilidades de mejoría, es decir, con diagnóstico irreversible. Pero, además, declararon bajo juramento que su hermano les había manifestado que, si alguna vez le ocurría lo que de hecho le sucedió, no quería que se prolongase artificialmente su vida.

Si bien, por esos misteriosos designios superiores, la muerte se llevó en forma natural a Marcelo Diez, por lo que no llegó a aplicarse la sentencia de la Corte, sus fundamentos y conclusiones abrieron una fuerte e interesante polémica.

En la causa iniciada por las hermanas de Diez, el Cuerpo Médico Forense, a solicitud del máximo tribunal de la Nación, había dictaminado que el joven "tenía un estado de conciencia mínima", pero que, después de 20 años, ese proceso era irreversible.

Según determinó la Corte Suprema, la ley actualmente en vigor otorgaba solución a este caso. Sostuvo, además, que cuando tratamientos que resultan desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría y que tienen como único efecto prolongar en el tiempo un estado terminal e irreversible, cabe aplicar la "abstención terapéutica".

La Corte distinguió esa abstención de la eutanasia, por ser uno un procedimiento activo para quitar la vida y, el otro, meramente pasivo.

Aclaró, además, que ello es claro cuando hay voluntad expresada en tal sentido por la persona afectada, pero que, en el caso de Diez, su omisión expresa no podía tomarse como indicativa de voluntad alguna -en rigor, una negativa a la abstención terapéutica porque al tiempo del accidente que lo dejó en estado vegetativo no había práctica en redactar documentos en tal sentido.

En cuanto a la manifestación de las hermanas, la Corte dijo que no lo representan, ni deciden por él, ni en lugar del paciente, sino que comunican su voluntad. No bastan ni la compasión, ni la escasa calidad de vida, ni los factores económicos o prácticos para decidir en la materia. No hay pues discriminación entre vidas dignas y vidas indignas, sino máximo respeto por la autonomía del causante. No es que los parientes deciden, sino que declaran sobre la voluntad de quien ya no puede expresarla.

El tema es delicado. No es fácil extraer presunción alguna, en sentido negativo a no autorizar la supresión de la hidratación y alimentación, del hecho de que la persona que dio motivo al juicio no lo hubiera expresado por no ser costumbre hacerlo.

La presunción es excesiva, tal vez sea más fuerte la presunción "pro vida", en procura de una esperanza de mejoría.

Tampoco resulta contundente la interpretación de la voluntad del paciente por la declaración jurada de los parientes de que éste así lo hubiera manifestado. Mil motivos podrían, en teoría, sin que sea necesariamente éste el caso, dirigir la voluntad interpretativa de los familiares.

La Corte ha dicho también que no es necesaria la autorización judicial previa, pero siempre en la medida en que no existan controversias respecto de la expresión de voluntad del enfermo. En esto de interpretar pareciera que la función del juez es imprescindible.

También recogió el más alto tribunal el tema de la eventual objeción de conciencia de los médicos, al señalar que debía preverse un protocolo que les permitiera expresarla, sin que se demorara la atención del paciente.

El obispo de Neuquén, monseñor Virgilio Bressanelli, a cuya comunidad pertenecía Marcelo Diez, discrepó en una carta pública con los argumentos de la Corte.

El prelado rescató el estado de "conciencia mínima" del joven, y consideró todo un "signo" su fallecimiento natural antes de que tuviera que llevarse adelante la aplicación de la sentencia.

La Corte ha dado un paso, con apoyo en la ley actual, pero el tema está lejos de estar resuelto


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El país "normal" de los Kirchner al desnudo

Domingo 19 de julio de 2015 | Publicado en edición impresa
El país "normal" de los Kirchner al desnudo
Por Fernando Laborda | LA NACION


mo en aquel reino del revés inmortalizado por María Elena Walsh, en el que un ladrón es vigilante y otro es juez, en la Argentina kirchnerista hemos llegado al colmo de que los delincuentes puedan perseguir y echar a los magistrados en lugar de ser investigados y condenados por éstos.

Poco antes de asumir la presidencia de la Nación, en 2003, Néstor Kirchner había proclamado su objetivo de convertir a la Argentina en "un país normal". Doce años después, no hay dudas de que ese país que imaginaba se parecía mucho a la Santa Cruz de la que fue amo y señor, donde el Poder Judicial local se transformó en un apéndice del Ejecutivo y quien osara desafiar al poder kirchnerista podía ser sancionado con el destierro, como ocurrió con el procurador general de la provincia Eduardo Sosa.

Los últimos seis meses en la Argentina, transcurridos entre la muerte del fiscal Alberto Nisman un día antes de su presencia en el Congreso para ampliar su denuncia penal contra la Presidenta y el desplazamiento del juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur después de que allanara la oficina de Máximo Kirchner, dieron cuenta de esa "normalidad" que dejaría anonadado a cualquier observador que resida en un país serio.

Alguna vez Carlos Zannini expresó: "A la Presidenta no se le habla; a la Presidenta se la escucha". El mensaje es también para los jueces: a Cristina Kirchner no se la interroga ni se la indaga; sólo se la obedece. De acuerdo con esta particular concepción, el Poder Judicial no está para ponerle límites al gobierno elegido por el pueblo, sino tan sólo para refrendar sus actos. En la doctrina del kirchnerismo, no existen los jueces independientes; o éstos son esclavos de su jefa política o son enemigos de la patria.

La causa Hotesur, basada en supuestas prestaciones de servicios hoteleros que encubrirían coimas del próspero empresario y contratista del Estado Lázaro Báez a la familia presidencial, es por lejos la que más preocupa a Cristina Kirchner. Por eso, el propósito de la primera mandataria es cerrar esa investigación judicial cuanto antes. Sabe que corre graves riesgos si la Justicia "duerme" la causa hasta que asuma el nuevo presidente. Nadie puede descartar que si este trámite judicial pasa a un estado vegetativo durante los próximos meses, no pueda ser reactivado al promediar la gestión de su sucesor en la Casa Rosada. Definitivamente, la Presidenta ni siquiera confía en Daniel Scioli.

La posibilidad de que, a través de las pericias contables ordenadas por el juez Bonadio y de la documentación secuestrada días atrás en las oficinas santacruceñas, se develara la trama oculta detrás de facturaciones por servicios que no se prestaban y habitaciones de hoteles que no se ocupaban fue el desencadenante de la presión kirchnerista para forzar el apartamiento del magistrado de la causa Hotesur.

Cualquier conjetura sobre la posición que adoptará el nuevo juez de la causa, Daniel Rafecas, resulta prematura. Es cierto que este magistrado fue determinante para el cierre de la investigación promovida por Nisman contra la Presidenta. Tampoco podría ?desestimarse que el propio Rafecas pretenda alguna vez reivindicarse ante la sociedad luego de quedar ante la opinión pública como uno de los "enterradores" del fiscal de la causa AMIA. La primera pregunta es si podrá hacerlo bajo la presión que suponen las denuncias en su contra que se hallan en el Consejo de la Magistratura y cuyos miembros kirchneristas intentarían agilizar en la medida que la causa Hotesur siga mostrando signos vitales. Rafecas podría estar al menos condicionado.

Otra pregunta, sin embargo, se impone antes. Guarda relación con la posibilidad de que los documentos y registros informáticos contables recogidos días atrás en Santa Cruz por orden de Bonadio -entre ellos, el back up de la computadora de Máximo Kirchner- sean alcanzados por la controvertida medida de nulidad dispuesta por el voto de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, y deban ser devueltos a sus dueños.

Más allá de estas peripecias judiciales, los negocios de la empresa hotelera que tiene a la Presidenta y a sus hijos como accionistas ponen de manifiesto graves irregularidades que sólo precisan del sentido común de cualquier ciudadano para ser comprobadas. El eje del escándalo no sólo pasa por el alquiler de habitaciones de hotel que no se ocupaban, sino por el hecho de que éstas hayan sido alquiladas por compañías vinculadas a un contratista del Estado, como Lázaro Báez. Algo que está prohibido por el Código de Ética de la Función Pública y que resultaría violatorio del Código Penal.

El citado Código de Ética señala que un funcionario público no puede prestar servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean proveedores de éste. Establece, además, que el funcionario no debe involucrarse en situaciones incompatibles con sus funciones. Del mismo modo, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.

El Código Penal prevé una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva.

El presunto poder de un gobierno capaz de remover jueces a su antojo encubre una debilidad: la que exhibe una Presidenta que luce desesperada e incapaz de explicarle a la sociedad por qué sería inocente. Un funcionario público de primer nivel convencido de que no es culpable de un delito debería ser el primero en ponerse a disposición de la Justicia para despejar toda sospecha.

Paradójicamente, buena parte de la sociedad parece adormecida e indiferente ante la fase final del asalto a la Justicia que protagoniza el kirchnerismo. No es una buena noticia para Mauricio Macri, quien desde esta noche podrá dedicarse con más tiempo a su campaña presidencial, una vez conocido el resultado del ballottage de la extenuante contienda electoral porteña, que tantas energías le restó.

El postulante presidencial de Pro ya sabe que, aunque en el clima social prevalece un deseo de cambio, éste es más acotado del que muchos opositores esperaban. Su desafío está planteado por un segmento clave del electorado, que busca una combinación de cambio y continuidad, y que podría conformarse con una mera variación en las formas o el estilo de gestión que podría garantizarle Scioli.

Macri, sin embargo, puede ostentar un dato positivo para él en los últimos días: la confirmación pública por parte de Bonadio de que, en los últimos meses, por lo menos dos allegados a Scioli se acercaron a ofrecerle algún tipo de reunión con el gobernador bonaerense, cuando la causa Hotesur se hallaba en pleno trámite. Es un hecho que no deja bien parado al candidato presidencial del oficialismo, quien debe vencer al gran fantasma de su campaña electoral: la percepción social de que, con él en la Casa Rosada, todo seguirá igual.



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Secuestros virtuales: las bandas de gitanos ya actúan en 11 provincias

Inseguridad

Secuestros virtuales: las bandas de gitanos ya actúan en 11 provincias

En los últimos dos años, se multiplicaron los casos en el país; llevan recaudados más de $ 1,2 millones

Por   | Para LA NACION


SARIO. - Una falsa promotora pedía en la puerta del cine Village de la ciudad de Neuquén datos personales a los espectadores. La credulidad los convertía inmediatamente en potenciales víctimas de un secuestro virtual. Porque la información que esa joven obtenía con una sonrisa, sin despertar sospechas, servía para que durante la madrugada actuara la "banda de los gitanos", que en un año recaudó más de $ 1,2 millones tras concretar 20 secuestros virtuales.

En los últimos dos años, esta modalidad de intento de extorsión se multiplicó en por lo menos once provincias, con la particularidad de que los autores son integrantes de distintas comunidades gitanas. Aunque no está escrito ni existe un manual, estas bandas -que entre ellos hablan en romaní, por lo que dificulta las investigaciones- usan el mismo método y guión. Desde La Quiaca hasta Comodoro Rivadavia explotan un viejo recurso: la simulación.

Hacen los llamados de madrugada para generar mayor desconcierto en la víctima, que generalmente está durmiendo, y en pocos segundos ensayan el drama. Mientras un hombre explica de forma tranquila pero segura que un familiar está cautivo, se empiezan escuchar llantos y gritos desesperados: son las denominadas "lloronas".

"Mamá, entregales la plata, por favor, porque me van a arrancar la cabeza", se escucha en la grabación de un caso en Rosario. Es sólo un instante; si la persona que está del otro lado de la línea de teléfono descree, cortan la comunicación. Y hacen otro intento hasta dar con alguien que primero dude y después crea. En Mar del Plata, en la zona norte de Buenos Aires o en Rosario, estas bandas llegaron a realizar entre 150 y 200 llamadas por noche.

La efectividad de la extorsión es baja, pero si solo una persona cae en la trampa representa 50.000 dólares o joyas, a cambio de una mínima logística: teléfonos celulares con chips descartables para entablar las comunicaciones y un auto o una moto para ir a buscar el botín, que la víctima dejará en la calle, entre la basura o detrás de un árbol, según ordenen los falsos captores.

Anteayer, cayó la banda de La Llorona que actuaba desde Villa Devoto. Tras cinco meses de investigación, por orden del fiscal del Área Criminal de San Fernando, Alejandro Musso, la policía bonaerense y la Prefectura Naval detuvieron a seis personas de la comunidad gitana. El grupo pretendía instalar una especie de call center para tramar las extorsiones en el conurbano. Realizaban unas 150 llamadas por noche y el resultado se trasluce en los 35 vehículos de lujo -valuados en 20.000.000 de pesos- que les secuestró la policía.

TÁCTICAS

En Rosario, el fiscal Nicolás Foppiani detectó, tras un año de investigación, que se concretaron entre el 3 de abril de 2014 y el 8 de junio pasado 136 secuestros virtuales. Entre enero y abril de este año el servicio de emergencias 911 recibió 700 llamadas que alertaban sobre falsos secuestros. Están imputados por asociación ilícita 18 miembros de la comunidad gitana de Rosario, que viven en la zona sur; entre ellos, el presunto líder Gustavo Miguel, conocido como Mazacote, quien cumplía distintos roles, como el de blanquear el dinero que obtenían con los falsos secuestros. Otro alfil detenido es Pablo Miguel, quien tenía pedido de captura de la justicia de Junín por el mismo delito.

Foppiani calculó que el rédito económico que acumuló la banda fue de 2.250.189 pesos. Se secuestraron 21 autos de lujo. Este grupo no hacía inteligencia previa, sino que buscaban el perfil de las víctimas -mujeres de edad avanzada- con otros artilugios. Se orientaban por los nombres. Por ejemplo, una noche, según contó el fiscal a LA NACION, llamaron a todas las personas de nombre Irene. Las llamadas las realizaban desde un departamento céntrico, donde estaba quien entablaba la comunicación y la "llorona"; en un auto había más cómplices, a los que guiaban por un GPS para ir a buscar el botín. Entre ellos, como se repite en casi todas las bandas, hablaban en romaní. Foppiani confió que no lograron aún encontrar un traductor o alguien que sepa ese dialecto para saber el contenido de las comunicaciones interceptadas. "Es una comunidad muy cerrada, con códigos internos muy estrictos", apuntó un investigador policial.

En Neuquén, los secuestros virtuales comenzaron a sembrar pánico entre la población. Hace tres semanas, el departamento de Delitos Económicos de la policía provincial realizó ocho allanamientos en el barrio Bajo, donde está asentada desde hace décadas la comunidad gitana. Seis personas quedaron detenidas acusadas de realizar 20 secuestros virtuales, con los que habrían recaudado -según detalló el jefe del área, Ricardo Caro- 1,2 millones de pesos y 15 vehículos de alta gama.

Este grupo realizaba tareas de inteligencia para seleccionar a la víctima, mediante dos recursos: la recolección de datos por una falsa promotora en la puerta del cine Village y con los perfiles de Facebook. Caro explicó que, en Neuquén, esta banda tenía en un principio una gran efectividad. En una noche lograron cobrar cinco falsos secuestros. El titular del departamento de Delitos Económicos cree que esta organización se movía también por otras ciudades, como Plottier, Cipolletti y Bariloche. "Notamos que cuando los integrantes del grupo se fueron de vacaciones a Mar del Plata no descansaban y realizaban las mismas estafas", reveló.

En Comodoro Rivadavia, la fiscal Camila Banfi imputó en marzo de 2014 por extorsión a cinco miembros de la comunidad gitana oriundos de la provincia de Buenos Aires. Llamaban a comerciantes con hijos que, sabían, estaban estudiando en otras ciudades, como la Capital o La Plata. Una banda similar, integrada por siete personas, fue desarticulada en octubre pasado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires; les imputaron 13 falsos secuestros.

Un mes después, en Mar del Plata, cayó la banda de los "simuladores", que realizaban 40 llamadas por noche y en pocos meses lograron reunir 375.000 pesos, 102.000 dólares y 11.000 euros. En los últimos dos años se multiplicaron casos en Chaco, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe


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Robots vs. humanos: la pelea que viene en el mundo laboral

 comedia es igual a tragedia más tiempo", decía el personaje interpretado por Alan Alda en Crímenes y pecados, la película de Woody Allen. Días atrás, la hipótesis se cumplió a rajatabla con la muerte de un operario en una planta de la automotriz Volkswagen, en Alemania, por el accionar defectuoso de un robot. Una noticia trágica, que provocó centenares de chistes en Twitter horas después, cuando se viralizó que una de las periodistas que la difundió era Sarah 0'Connor, del Financial Times, con nombre casi igual al de la protagonista de la famosa película Terminator -estrenada en 1984 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger), Sarah Connor.

La película narra un futuro terrorífico, en el que las máquinas se adueñaron del planeta y buscan extinguir a la raza humana. "[Sarah O'Connor] estuvo toda su vida esperando a escribir esta nota", se burló un tuitero, entre miles que le sacaron el cuero a la periodista.

Noticias de este tipo comenzaron a aparecer en 2015 con mayor frecuencia. En marzo, una ciudadana coreana se despertó de la siesta cuando un robot-aspiradora le estaba comiendo el pelo. Y a fines de abril, un robot fue "preso" en Suiza luego de comprar pastillas de éxtasis por Internet.

¿Novedades de países del Primer Mundo, alejadas de la realidad argentina? No tanto. El 20 de junio pasado, los operarios de la Línea C de subte hicieron un paro sorpresa en protesta contra la implementación de máquinas expendedoras de boletos. Intentan evitar que los reemplacen autómatas.

Y dos semanas atrás, hubo un grave accidente en la planta de una empresa siderúrgica de las grandes: un operario perdió una pierna en una línea de producción que fue automatizada recientemente.

No podía ser de otra manera: la discusión por las derivaciones del avance de la tecnología y de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo está que arde entre los economistas.

En un debate que mantuvieron en la Universidad de Buenos Aires (UBA), los economistas Daniel Heymann (director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política) y Lucas Llach (profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y candidato a vicepresidente de la UCR) mostraron posturas contrapuestas. Heymann, preocupado por un futuro de alto desempleo. Llach, con una visión más optimista, resaltó que la incorporación de máquinas sube la productividad, pero no afecta tanto al empleo como postulan algunos.

El tercer participante del debate de la UBA, el físico ruso Andrei Vazhnov, destacó: "La evidencia histórica está unánimemente del lado de la idea de que nadie termina extrañando los puestos que reemplazan las máquinas y que surgen nuevas ocupaciones".

"Si una máquina puede hacer por cinco pesos el trabajo que una persona hace por 10pesos, el trabajador tiene dos opciones: trabajar por cinco pesos [una reducción de 50% de su salario] o buscar otro trabajo. Por eso, la máquina que sustituye trabajo aumenta la productividad [y el ingreso del empresario], pero reduce el salario [y el ingreso del trabajador], profundizando la inequidad", explica Eduardo Levy Yeyati, quien abordó este tema en su reciente libro PorVenir, de Editorial Sudamericana.

"El desplazamiento de trabajadores de calificación media en países desarrollados ocurre desde hace 30 años -prosigue el director de la consultora Elypsis y presidente del Cippec-, no sólo por la mudanza de puestos industriales a emergentes, sino también por la sustitución por la máquina. De hecho, el empleo industrial en China cayó aproximadamente un 25%, no muy lejos de la marca en economías desarrolladas. Así, la globalización de empleos sería apenas una parada intermedia hacia la automatización."

Para Guillermo Cruces, especialista en temas sociales y laborales del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) de La Plata, en los países desarrollados se observa cada vez más un reemplazo de tareas rutinarias por computadoras (rutinarias cognitivas) o trabajadores y máquinas en otros países (rutinarias manuales). "Esto empezó con las fábricas y el Made in -agrega Cruces-, pero avanza cada vez más en tareas cognitivas, como lo puede atestiguar cualquiera que haya marcado un 0800 para un servicio local y haya obtenido una respuesta en otro lugar del planeta", dice.

En la recuperación de la última crisis sólo crecieron en los Estados Unidos los trabajos no rutinarios, aquellos que no pueden ser reemplazados simplemente. Pero no se recuperaron las capas intermedias, que son las que más sufren la automatización, en una tendencia que David Autor, economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT), describe como "polarización del empleo".

Ya hay consultores en los Estados Unidos y en Europa que publican listas de los "Diez empleos en peligro de extinción" (como si fuera un especial de National Geographic en especies en riesgo).

Y en cualquier polémica de este campo surge la cita obligada al trabajo de los profesores de Oxford Carl Frey y Michael Osborne, quienes relevaron la tasa de sustitución de máquinas por humanos en cada una de las 702 ocupaciones que releva la secretaría de empleo de los Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que el 47% de los puestos podrían ser desafiados por robots o inteligencia artificial en los próximos veinte años.

Entre los más sustituibles están las posiciones más rutinarias (como decía un titular de The Economist recientemente: "Si usted está aburrido porque en su trabajo hace lo mismo todos los días, empiece a preocuparse"). Entre los puestos de trabajo más seguros, aparecen aquellos que requieren habilidades de creatividad y empatía, inherentemente humanas.

MAD MEN, RICARDO Y LOS ETRUSCOS

El debate sobre el futuro del empleo y la incidencia del reemplazo de humanos por robots es muy pantanoso, en buena medida porque el presente de este fenómeno está en discusión y no hay consenso entre los economistas en que el estancamiento del empleo en los Estados Unidos y en las principales economías del mundo se deba al factor tecnológico.

Hay un tono "sombrío" en el debate económico global actual, que tiene un emergente en los libros de moda (El capital en el siglo XXI, del francés Thomas Piketty; La gran división, de Joseph Stiglitz, o las compilaciones de Lawrence Summers sobre el "estancamiento secular").

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que la desigualdad nunca fue tan alta en la mayor parte de sus 34 países miembros, un fenómeno que se explica en principal medida por la caída del poder de compra del 40% más pobre de la población. Cuánto de todo este marco se debe a la automatización es lo que está en discusión.

De cualquier forma, no se trata de una cuestión nueva. En la tercera temporada de la serie Mad Men, que transcurre en Nueva York en la primera mitad de los años sesenta, Peggy Olson (el personaje que interpreta Elizabeth Moss) sale a tomar algo a la noche y conoce a un estudiante avanzado de ingeniería, que le cuenta que se cambió desde abogacía. "Si nos van a reemplazar las máquinas de todas formas, por lo menos quiero ser de los que las hacen", se justifica.

La "angustia por las máquinas" recrudece tanto en períodos de disrupción tecnológica como en los de estancamiento del empleo. En 1821, un tiempo después de las protestas de los luditas que rompían las máquinas de la Revolución Industrial, el economista David Ricardo advertía sobre las consecuencias de la automatización sobre el empleo, al igual que John Maynard Keynes en 1930, cuando acuñó el término de "desempleo tecnológico".

En sus charlas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Lucas Llach, Heymann y Vaszhnov coincidieron en llamar a no dejarse seducir por "distopías excesivas" sobre la desaparición del empleo en manos de las máquinas. Como el "auto volador", que, según el sitio PaleoFuture (que recopila visiones del futuro de décadas pasadas), viene siendo anunciado desde una década y media "para dentro de dos años", la disrupción laboral podría tardar más tiempo en llegar o lo haría de otra forma.

Cruces, del Cedlas, da un ejemplo al respecto: "Estas sustituciones también tienen sus límites. Es un clásico, ya que se anuncia cada tanto una «nueva revolución en la construcción», que generalmente implica algún tipo de prefabricados: casas que se arman en containers, fábricas chinas de rascacielos, habitaciones adicionales empacadas y despachadas en cajas chatas por IKEA.. Sin embargo, y después de décadas de promesas de prefabricados, seguimos construyendo, más o menos, como los etruscos".

Sin embargo, son muchos los economistas que piensan que "esta vez es diferente". Según cuenta Levy Yeyati a LA NACION, esta vez es distinto porque la automatización reemplaza también tareas en el sector servicios, donde hasta ahora recalaban los trabajadores desplazados de la industria: "Y en la medida en que las máquinas ganen en flexibilidad y capacidad de aprendizaje, podrían sustituir empleos menos automatizables, hoy protegidos: el auto sin conductor reemplaza al chofer; el robot, al repositor e incluso al personal de limpieza".

Para los profesores del MIT Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, autores de La segunda era de las máquinas, los avances en la tecnología digital son a nuestra capacidad mental lo que la máquina de vapor fue, hace doscientos años, a nuestra capacidad muscular.

Por eso, dicen, es el mejor momento para ser un trabajador especializado con la educación adecuada, con la capacidad para usar la tecnología para crear valor, y es el peor momento para ser un trabajador estándar con aptitudes medias fácilmente replicables por computadoras y robots. "Pero el progreso en la digitalización podría poner en jaque a todo el espectro laboral. Incluso al médico, gracias al perfeccionamiento del diagnóstico digital, o al profesor, cortesía de los MOOC [la sigla en inglés de los cursos online masivos y abiertos]", agrega Levy Yeyati


http://www.lanacion.com.ar/1811492-robots-vs-humanos-la-pelea-que-viene-en-el-mundo-laboral

Bonadio avanzó sobre De Vido con operativos en Planificación e YPF

Tensión judicial / Contragolpe al gobierno

Bonadio avanzó sobre De Vido con operativos en Planificación e YPF

Un día después de ser apartado de la causa Hotesur el juez dispuso un amplio procedimiento que también incluyó a Enarsa; es para investigar supuestas irregularidades en la importación de gas

Por   | LA NACION


 día después de haber sido apartado del caso Hotesur, el juez federal Claudio Bonadio impulsó otro expediente contra el Gobierno: ordenó operativos en las oficinas de la Secretaría de Energía, de YPF y de Enarsa.Se llevó pilas de documentos bajo la amenaza de que si no se los daban, allanaría. Este caso, donde se investigan presuntos sobreprecios en la compra de gas por parte del Estado, apunta contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, que es uno de los imputados.

Y esto no fue todo. LA NACION supo anoche que esta misma semana Bonadio allanó además la sede del PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige la cuñada de la Presidenta, Alicia Kirchner, en el marco de otras dos causas diferentes (ver aparte).

El caso por la compra de gas que motivó los operativos de ayer investiga compras multimillonarias. Tiene la característica peculiar de que apunta contra un ministro que, a pesar de ser un funcionario clave que maneja un presupuesto gigantesco, suele tener mejor suerte en los tribunales que muchos de sus colegas: De Vido nunca fue procesado ni se le conocen citaciones a indagatoria.

Lo que dispuso Bonadio ayer por la mañana fueron órdenes de presentación "con allanamiento en subsidio", pero finalmente no hubo allanamientos; se hizo de los papeles sin necesidad de recurrir a la fuerza. Buscaba documentación relacionada con "irregularidades en las contrataciones de los barcos regasificadores", informaron fuentes del caso. "Estados contables, licitaciones y todo lo vinculado a compras de gas", explicaron. Los operativos duraron desde el mediodía hasta las 17 y fueron encomendados a agentes de la Policía Metropolitana. Otra vez, como en el caso Hotesur, Bonadio recurrió a la asistencia de la policía que depende de Mauricio Macri. Lo mismo que en los allanamientos al PAMI y a Desarrollo Social.

¿Los operativos en la causa contra De Vido fueron una respuesta de Bonadio a la decisión de anteayer de la Cámara? Él dice que no. "No, no, obvio que no, es una decisión tomada la semana pasada", afirmó el juez (ver aparte). En su juzgado sostienen que las órdenes llevan al menos siete días firmadas, pero su ejecución se demoró, entre otros motivos, porque la Metropolitana estaba ocupada con los procedimientos del Sur.

No es la primera vez que Bonadio parece contraatacar. Algo parecido había pasado el año pasado. El mismo día que el Consejo de la Magistratura, con los votos kirchneristas, lo citó a declarar acusado de mal desempeño, él mandó a juicio oral a Guillermo Moreno, a quien tenía procesado por haber multado a consultoras que medían la inflación. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, acusó ayer a Bonadio de estar "jugando en política". Esta nueva causa que investiga a De Vido se inició el año pasado y su objetivo, según detalla el fiscal Carlos Stornelli en su requerimiento, es investigar "las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad".

En este expediente se reunieron tres denuncias diferentes, dos de un abogado particular y una de los diputados de Pro Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Los legisladores basaron su presentación en una entrevista hecha por LA NACION a Roberto Dromi, que contó que había asesorado a De Vido y que en operaciones de compra de gas licuado por parte de la Argentina los contratos no tuvieron "los códigos de transparencia que la ley exige a Enarsa". Los diputados citaron también un comunicado de YPF que, en referencia al procedimiento de compra de gas que regía antes de la actual gestión, hablaba de "un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país", dijeron los legisladores en su denuncia. Ellos afirmaron que como funcionarios estaban obligados a denunciar los "eventuales delitos que conocieran" y pidieron que se investigara "si no constituye delito la manera en que la empresa estatal Enarsa adquirió gas licuado para proveer dicho fluido al sistema energético nacional". Puntualmente, solicitaron averiguar si hubo comisiones indebidas, "dádivas o sobornos".

Ayer, después de los procedimientos, YPF dio a conocer un comunicado en el que afirmó que se había puesto a disposición del juzgado. Informó que a partir de noviembre de 2012 había brindado "asesoramiento" y contribuido "a la gestión de los procedimientos de compras" de gas que lleva adelante Enarsa, cumpliendo con las normas aplicables. Según el documento de YPF, el nuevo procedimiento estableció un sistema transparente para elegir a los mejores proveedores con los precios más competitivos y eso "le permitió al país un importante ahorro".

Antes de los operativos de ayer, Bonadio había tomado declaraciones testimoniales a ex funcionarios de la Secretaría de Energía con el objetivo de entender cómo funcionó y cómo funciona el sistema de compra de gas. Los investigadores dicen que hoy, su primer objetivo en este caso es entender con precisión el negocio.

OTROS DOS ALLANAMIENTOS

  • Fue una semana de hiperactividad en el juzgado de Claudio Bonadio. Además de los operativos por el caso Hotesur del lunes y los procedimientos en la causa del gas de ayer, el juez allanó dos dependencias más del Gobierno: el PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Alicia Kirchner.
  • Los allanamientos fueron en dos causas por denuncias de Graciela Ocaña, informaron fuentes judiciales, que relataron que en Desarrollo Social Bonadio secuestró documentos de una licitación de más de $ 1000 millones en artículos para bebes. Del PAMI, anteayer, se llevó documentación vinculada a una causa por quejas de prestadores por incumplimientos en los pagos. En el juzgado dijeron que las medidas etaban dispuestas desde la semana pasada.

LA NUEVA CAUSA QUE COMPLICA AL GOBIERNO

La orden judicial autorizaba a realizar allanamientos

Otro expediente

El juez federal Claudio Bonadio le dio ayer impulso a otra denuncia que salpica al Gobierno, un día después de haber sido apartado de la causa Hotesur

Responsabilidad

La investigación por presuntas irregularidades y pagos indebidos en la importación de gas apunta al ministro de Planificación, Julio De Vido

Seguridad

El ministro Julio Alak le ofreció ayer reforzar su custodia. Ya cuenta con autos y efectivos de las policías Federal y MetropolitanaMinisterio de Planificación

LAS INSPECCIONES ORDENADAS POR EL MAGISTRADO

La Policía Metropolitana participó de los operativos

El operativo dispuesto por el juez Bonadio incluyó la Secretaría de Energía, ante denuncias del pago de dádivas o sobornos en la importación de gas

Enarsa

El magistrado investiga si en las operaciones de compra de gas licuado se cumplieron los códigos de transparencia que la ley exige a Enarsa

YPF

El operativo se extendió a la sede de la petrolera en Puerto Madero. La empresa informó que se puso a disposición del juzgado



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A seis meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, aún no se sabe cómo murió

A seis meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, aún no se sabe cómo murió

Faltan terminar medidas; en la fiscalía de Fein estiman que el dictamen estará listo en octubre

Por   | LA NACION


y se cumplen seis meses de la muerte de Alberto Nisman y los investigadores todavía no saben qué fue lo que pasó con él.

No tienen en el expediente ninguna prueba concreta que hoy sostenga la hipótesis del homicidio, dicen. Pero tampoco creen que haya sido un simple suicidio. La hipótesis que parece cerrarles mejor es que Nisman se haya pegado el tiro, tal como dice el dictamen de los peritos oficiales, pero que lo haya hecho por alguna razón que todavía no salió a la luz. Posiblemente, obligado.

La fiscal Viviana Fein sigue diciendo, no obstante, que no descarta ninguna hipótesis. Que faltan los resultados de algunas medidas de prueba y que cuando los tenga firmará un dictamen que declare si, a su juicio, Nisman se suicidó o fue asesinado.

Mientras tanto, avanza en paralelo el otro expediente relacionado con este caso: el que investiga por presunto lavado de dinero al entorno del fiscal. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral mantuvo intervenidos durante 20 días los teléfonos de los acusados en este expediente, informaron a LA NACION en los tribunales.

Ellos son la madre de Nisman, Sara Garfunkel; su hermana, Sandra Nisman; su ex empleado Diego Lagomarsino (dueño del arma con la que el fiscal apareció muerto) y el empresario Claudio Picón, propietario del Audi que Nisman usaba y tenía en su edificio. Según declaró Picón, se lo prestaba porque eran amigos.

Los investigadores relataron que sospechan que, si Nisman tenía dinero negro, podría haber utilizado las empresas de Picón para blanquearlo. No obstante, no pueden descartar aún que el dinero que movían Nisman y su entorno no proviniera, por ejemplo, de actividades o herencias desconocidas de su madre. De ser así, la causa caería. A pedido del juzgado, Garfunkel entregó esta semana un cheque de Picón por 200.000 dólares que había sido encontrado en el departamento de Nisman.

Los cuatro imputados fueron escuchados, pero los investigadores no encontraron nada de interés para su causa, según informaron. Esta semana se levantó la intervención.

Mientras tanto, el expediente que investiga la muerte de Nisman acumuló ya 32 cuerpos (unas 6400 hojas). Lo último que se incorporó fueron las largas declaraciones testimoniales que la fiscal les tomó esta semana a los peritos criminalísticos que trabajaron en el caso.

Fein citó a los oficiales, el de la querella y el de la defensa de Diego Lagomarsino para repreguntarles sobre sus informes. Las conclusiones de la querella tienen diferencias enormes con lo que sostuvieron los expertos oficiales y el de Lagomarsino. El grupo mayoritario dijo que no hay rastros de que hubiera habido alguien más con Nisman en el baño donde murió; que el fiscal agarró el arma con las dos manos y que se disparó de frente al espejo. Pero la querella sostuvo, en soledad, que el fiscal estaba arrodillado y que alguien lo mató.

Ahora, con las declaraciones de los peritos en su poder, Fein decidirá si es necesario convocar a algún experto más.

LAS PRINCIPALES PRUEBAS AÚN PENDIENTES

  • El informe final de los peritos informáticos sobre las computadoras y demás aparatos tecnológicos de Nisman. Los expertos ya le informaron a la fiscal que el extraño ingreso de pendrives del 18 de enero, después de la muerte, fue una falla sin intervención humana.
  • Las respuestas finales de Google y Yahoo para investigar otro ingreso registrado en la PC de Nisman ese mismo día, pero cerca de las 8 de la mañana. Fein quiere saber desde qué lugar (qué IP) fue ese acceso para confirmar que no haya sido remoto. A esa hora la computadora se conectó a Internet, revisó tres diarios y el mail personal del fiscal, y buscó en Google la palabra "psicodelia". Hasta ahora creen que fue un acceso local. Refuerza esta teoría que las imágenes de las cámaras del edificio mostraron que el diario recién llegó a su puerta pasadas las 9, informaron esta semana fuentes de la causa. Llamaba la atención que no lo hubiera agarrado y hubiera visitado los diarios vía web.
  • El informe de la división Fraudes Bancarios sobre los cruces de llamadas pendientes. A los investigadores les sorprende el incremento de comunicaciones cruzadas las horas posteriores a la muerte de Nisman. Todavía falta identificar a los titulares reales de algunos Nextel. Entre los que hablaron ese día estuvo Antonio Stiuso, ex director de la SIDE y hombre cercano a Nisman, que no le atendió las llamadas el día previo a su muerte. Se analizan, además, listados históricos de cruces del mes de enero.
  • Algunas declaraciones testimoniales, entre ellas, las de los prefectos que custodiaban Le Parc.
  • La repetición del disparo, medida que la querella pidió varias veces, pero que la fiscal no resolvió si ordenará. Para decidirlo, le preguntó al laboratorio salteño que trabajó en el caso cuán confiable sería el resultado de un nuevo disparo. Le contestaron que no pueden garantizar que sea determinante para saber si el arma debió o no haber dejado restos de fulminante en la mano del fiscal.

Según los tiempos que manejan en la fiscalía, antes de fines de octubre la fiscal podría tener listo su dictamen final. Creen que puede terminar de reunir las pruebas en agosto. Después, Fein repasará toda la causa. Redactar el dictamen podría llevarle un mes más.



http://www.lanacion.com.ar/1811558-a-seis-meses-de-la-muerte-del-fiscal-aun-no-se-sabe-como-murio