El rápido derrumbe del cristinismo - 07.02.2016 - LA NACION

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Héctor Recalde, sobre el pago a los holdouts: "La derogación de la Ley Cerrojo encarna un peligro" - 07.02.2016 - LA NACION

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Piden investigar a la Tupac Amaru por el cobro de $ 75 millones

Piden investigar a la Tupac Amaru por el cobro de $ 75 millones

Morales sospecha que hubo sobreprecios en la construcción de casas; De Vido, en la mira


N SALVADOR DE JUJUY. Lejos de terminar, la batalla entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, apenas comienza. Mientras aísla políticamente a la diputada del Parlasur sumando acuerdos con cooperativistas y dirigentes que supieron ser sus aliados, el mandatario radical ordenó rastrillar expedientes y documentos provinciales para ampliar las denuncias por asociación ilícita y fraude a la administración pública que mantienen detenida a Sala en el penal de mujeres de Alto Comedero.

La mira de Morales está puesta en los 75 millones de pesos que la Red de Organizaciones Sociales, que también lideraba Sala, habría cobrado entre 2014 y 2015 en concepto de "adendas", esto es, por la redeterminación de precios en la construcción de viviendas. Lo irregular, explicó Morales a LA NACIÓN, es que esas adendas por aumentos de costos no se otorgaban mientras se realizaban las construcciones, sino después de que las cooperativas habían terminado de construir las viviendas y de haber cobrado el final de obra.

Para explicar la operatoria, funcionarios provinciales dijeron que las casas se hacían, se certificaban y se pagaban en cuatro etapas, por un valor de entre 350.000 y 390.000 pesos. Eso se hacía entre enero y julio, pero en agosto las cooperativas pedían una adenda por redeterminación de costos de 96.000 pesos por cada vivienda. Pese a que supuestamente las casas estaban terminadas (y que ya se había pagado el final de obra), se otorgaba la adenda. "Milagro cobró 35 millones de pesos por adendas en 2015, otros 40 millones en 2014 y reclama otra deuda de 144 millones", dijo Morales a este medio.

LA NACIÓN consultó a la Tupac Amaru por las denuncias y pidió entrevistar a Sala, pero respondieron que no harían comentarios para no entorpecer el pedido de cese de detención que realizaron.

A Sala se la investiga por el cobro de $ 1,5 millones por obras que no tienen certificado de inicio ni final. En otro expediente, se la acusa de cobrar $ 29 millones por un anticipo de obras que no se iniciaron. En esas dos causas están imputados los titulares de otras 13 cooperativas y tres ex funcionarios del Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ), de la gestión de Eduardo Fellner, que autorizaron los pagos. Dos de ellos están detenidos.

La nueva investigación no sólo disparará los montos a $ 75 millones (más los $ 144 millones pendientes de pago), sino que también está destinada a traspasar las fronteras provinciales y cuestionar el rol del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ya que se trataría de pagos hechos a través del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, que coordinaba esa cartera a través de la Secretaría de Obras Públicas, que encabezaba José López.

En la gobernación descuentan que, una vez avanzada la investigación sobre construcción de viviendas, se rastrillarán los beneficios sociales que durante el kirchnerismo recibió la Tupac del Ministerio de Desarrollo Social. En otras palabras, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, también podría quedar en la mira.

"Yo no voy a parar con nada. Voy a poner todo para que la Justicia investigue y que llegue a donde tenga que llegar, sea a De Vido, a López o a quien sea", se envalentona Morales. Y deja en claro que su disputa contra Sala recién comienza



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El bloque del FPV se rompió y dejó al Gobierno más cerca del quórum

El bloque del FPV se rompió y dejó al Gobierno más cerca del quórum

Un grupo de 12 diputados decidió formar una bancada separada por sus diferencias con el kirchnerismo duro; podrían sumar a otros legisladores para negociar leyes con el oficialismo, que no tiene mayoría


nos de dos meses después del inicio del gobierno de Mauricio Macri y 26 días antes del comienzo de las sesiones ordinarias, el Frente para la Victoria (FPV) sufrió ayer su primera ruptura en el Congreso: 12 diputados confirmaron su alejamiento de la bancada que preside Héctor Recalde y armaron un bloque propio, ajeno a la conducción política de Cristina Kirchner.



Más acotado de lo que pretendían sus impulsores, el desprendimiento podría extenderse a 15 diputados, cuando se defina la situación de tres legisladores cuya posición está en duda. Al margen del número final, el portazo expone las diferencias en el espacio que fue oficialismo hasta el 10 de diciembre. Significa además un triunfo político del gobierno nacional, que verá facilitada la tarea en un Congreso al que el frente Cambiemos llegó en franca minoría.


Cuando se formalice la ruptura, el oficialismo pasará a tener más diputados que el FPV. El kirchnerismo seguirá siendo, de todos modos, el bloque más numeroso, dado que Cambiemos es un interbloque compuesto por tres bancadas. El FPV pasará a tener 83 diputados (91 sólo si se cuentan sus habituales aliados, buena parte hoy en duda), frente a 90 del oficialismo: 43 de la UCR, 42 de Pro y 5 de la Coalición Cívica.



El quiebre del FPV fue impulsado por el ex titular de la Anses Diego Bossio, por el gremialista de Smata Oscar Romero y por los tres diputados que responden al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el más lejano a Cristina Kirchner. Ellos son Pablo Kosiner, Javier David y Evita Isa.


"Vamos a ser oposición. Pero una oposición responsable", dijo Kosiner a LA NACIÓN. "Consideramos que éste es el momento adecuado para formar el nuevo bloque porque ahora se define la identidad del PJ", agregó, para justificar la ruptura. Sin un conflicto puntual que haya operado como disparador, el grupo rebelde dejó trascender sus diferencias con La Cámpora y la necesidad de "tender puentes" con el gobierno nacional para atender las necesidades de los gobiernos provinciales en manos del peronismo.



En el bloque del FPV cuestionaron los alejamientos y acusaron a los disidentes de ser "funcionales" a Macri. "Es un grave error lo que han hecho estos compañeros. Ninguno vino a dar la cara y a plantear sus diferencias. El Gobierno está desesperado por el quórum y este grupo le va a dar lo que necesita", declaró, rodeado de micrófonos, el ex ministro Julio De Vido.


Desde temprano, el tercer piso de la Cámara de Diputados, sede de una reunión de bloque que juntó a 80 legisladores, se convirtió en un hervidero. Con la presencia de Máximo Kirchner y del vicepresidente primero de la Cámara baja, José Luis Gioja, la bancada del FPV se mostró satisfecha ante lo que temían que podría haber sido un desprendimiento mayor. Además de Gioja, para limitar la ruptura fue clave Daniel Scioli.


Palabra de Máximo


Minutos antes de las 15.30, después de casi cuatro horas de reunión, desde el pasillo se oyeron aplausos. Eran para el discurso que a puertas cerradas dio Máximo Kirchner. "Me gustan las discusiones internas. Pero que no nos confundan con boludeces. Esto no se trata de una pelea por comisiones. Los que se van son funcionales a Macri. Nuestro lugar es el de la defensa de las provincias y de la gente", dijo el jefe de La Cámpora, según el relato de diputados presentes.


La nueva bancada, a la que intentarán llamar Bloque Justicialista, estará integrada también por los jujeños Guillermo Snopek y Héctor Tentor, que responden al ex gobernador Eduardo Fellner, y por los diputados Pedro Miranda (Mendoza), Carlos Rubin (Corrientes), Néstor Tomassi (Catamarca), Gustavo Martínez Campos (Chaco) y Teresita Madera (La Rioja). Los tres cuya participación quedó en duda son el ex gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera, Emilia Soria (Río Negro) y Oscar Macias (Corrientes).


"Nuestro objetivo fundamental será defender la vida en democracia, bregar por la paz social, arbitrar los medios para lograr acuerdos sociales, políticos e institucionales para la gobernabilidad de las provincias y el país", dice un párrafo del comunicado que difundió el grupo disidente, luego de la reunión que mantuvo en el sindicato de peones de taxi.


Sin un presidente de bloque definido, la nueva bancada va a sumar al ex massista Alberto Roberti y a los peronistas de La Pampa Gustavo Fernández Mendía y Sergio Ziliotto, por lo que tendría entre 15 y 18 integrantes. Con representantes de al menos ocho distritos , el grupo cuenta con el aval de un mínimo de dos gobernadores y un máximo de cuatro, según las lecturas que hace cada lado.


Los 12 díscolos que se fueron


Los diputados David, Kosiner, Madera y Romero, que rompieron ayer el FPV

Los diputados David, Kosiner, Madera y Romero, que rompieron ayer el FPV.Foto:DyN/Alberto Raggio

D. Bossio (Bs. As.)


O. Romero (Bs. As.)


C. Rubin (Corrientes)


E. Isa (Salta)


P. Kosiner (Salta)


J. David (Salta)


G. Snopek (Jujuy)


H. Tentor (Jujuy)


N. Tomassi (Catamarca)


P. Miranda (Mendoza)


G. Martínez Campos (Chaco)


T. Madera (La Rioja)


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El Gobierno emitirá bonos para pagar la deuda con acreedores en default

El Gobierno emitirá bonos para pagar la deuda con acreedores en default

Pagarán así a los bonistas italianos y a los que negocian en Nueva York; en Hacienda destacaron que no se usarán reservas del BCRA, como hacía el kirchnerismo


 la negociación por la deuda en default, el equipo económico tildó esta semana el primer casillero al sellar un acuerdo con el grupo de bonistas italianos. La deuda, sin embargo, sólo se cancelará en algunos meses, cuando la Argentina pueda volver a los mercados de capitales para financiarse. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Hacienda, que señalaron que, a diferencia de lo que se venía haciendo en el gobierno anterior, no se usarán reservas del Banco Central para cancelar las deudas en dólares, sino que se piensa "colocar un bono en el mercado al momento de cerrar el acuerdo".

Según dejaron trascender los propios acreedores, la Argentina se comprometió a pagarles en efectivo US$ 1350 millones, que responden al 100% del capital reclamado más un interés del 3% anual (equivalente a un pago del 150%). El grupo de bonistas italianos ya tenía un fallo a favor en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por US$ 2500 millones, del que desistió como parte del acuerdo.

"Aunque el acuerdo no debería tomarse como referencia para las negociaciones con el grupo más grande de acreedores que litigan en las cortes de Nueva York, claramente envía una señal positiva con respecto a la voluntad de la administración de regularizar cuanto antes la situación de la deuda externa", dijo Mauro Roca, economista de Goldman Sachs, en un informe difundido ayer.

Para poder concretar cualquier pago, no obstante, el Gobierno debe primero conseguir que se levante la denominada "ley cerrojo", que impide que el país haga a los acreedores cualquier oferta que supere las de los canjes de deuda de 2005 y de 2010, y la ley de pago soberano. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dijo en reiteradas ocasiones que someterá al Congreso cualquier oferta por la deuda en default.

Pero además quienes siguen de cerca la negociación señalan que es probable que el equipo económico también busque antes que el juez de Nueva York Thomas Griesa, que lleva las demandas de los acreedores más duros, reponga el stay (la suspensión del fallo) para así poder emitir nueva deuda sin arriesgarse a embargos. O que se intente llegar a un acuerdo con el resto de los acreedores y a cambio exigirles que levanten sus demandas contra el país.

"Es un proceso muy complejo", dijo Sebastián Maril, editor de Inversor Global. "Primero hay que llegar a un acuerdo con los acreedores. Después, publicar solicitadas para informarles a todos los acreedores y además identificar a todos los bonistas no identificados. Por otro lado, hay muchos que iniciaron demandas y que no tienen sentencia firme. Y hay que negociar con todos. Los fondos como NML Capital y los llamados me too (los bonistas que se sumaron más tarde al juicio en contra del país) finalmente tienen que dar de baja las demandas. Que no exista una sola demanda contra la Argentina en el mercado, cosa que no es fácil. Y después de todo esto, si tenés que emitir bonos, hay que ver cuáles, registrarlos, presentar un prospecto y ofrecerlos", detalló el especialista.

Según Maril, el propio Jay Newman, de Elliott Management (la gestora dueña del fondo NML), estimó el año pasado en un desayuno en Washington que desde que los acreedores se den el apretón de manos con el Gobierno hasta que se concrete el pago con bonos podría llevar entre 8 y 12 semanas. El plazo sería menor en caso de que la deuda se pagara en efectivo.

Si bien no trascendieron detalles de la oferta que el Gobierno haría esta semana al resto de los acreedores, que suman unos US$ 9000 millones, según cifras del equipo económico, en los últimos días ganó fuerza la versión de que también para ellos existiría un pago en efectivo. Al menos así lo estaban exigiendo los acreedores.

"NML presentó en agosto pasado un escrito ante el juez Griesa que dice que está dispuesto a acatar el fallo en contra de la Argentina. Esto significa que cada vez que el país pague a quienes ingresaron a los canjes de deuda debe hacer un pago equivalente a los que no entraron en el canje", dice Maril. "NML le dijo a Griesa en agosto que no le hace falta cobrar con bonos. La Argentina debería pagarle en cuotas en efectivo lo que le corresponde hasta que venzan los bonos que tienen los holdouts en cartera. El problema es que los me too que están en el fallo prefieren bonos, para salir a venderlos rápido. Hay una diferencia entre los más pequeños y los más grandes", explicó.

En cualquier caso, el equipo económico deberá acceder al mercado de capitales, y para ello debe garantizarse que no existe posibilidad de sufrir embargos. La idea sería saldar en la misma operación todo el pasivo relacionado con la reestructuración de la deuda en default.

Para el Gobierno es clave recuperar el acceso a los mercados de deuda, ya que sólo un ingreso fuerte de dólares le permitirá seguir con el ajuste gradual de la economía, además de financiar muchas de las grandes obras de infraestructura prometidas en la campaña.


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Acorralada por la inflación, Venezuela importa toneladas de billetes en jumbos

Acorralada por la inflación, Venezuela importa toneladas de billetes en jumbos


RACAS-En los últimos meses, millones de kilos de provisiones llegaron en tres docenas de Boeing 747 desde diversos países para dar alivio a la paralizada economía venezolana. Sin embargo, no eran alimentos ni medicamentos, sino otra cosa que a menudo escasea aquí: billetes de la moneda de Venezuela, el bolívar.

Esos cargamentos fueron parte de una importación masiva de al menos 5.000 millones de billetes autorizada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el segundo semestre de 2015, con la que intenta apuntalar la oferta de una moneda que vale cada día menos, según siete personas al tanto.

Esto no es todo. En diciembre, el Banco Central de Venezuela inició negociaciones secretas para encargar otros 10.000 millones de billetes, dijeron cinco de estas personas, lo cual duplicaría la cantidad de efectivo en circulación. El número es muy superior a los 8.000 millones de billetes que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo imprimen respectivamente cada año, con la diferencia de que dólares y euros se utilizan en todo el mundo.

Cuatro voceros del banco central no respondieron a llamadas y correos electrónicos solicitando comentarios.

Los economistas advierten que estas importaciones podrían agravar la crisis económica de Venezuela. La inyección de grandes cantidades de billetes podría atizar la inflación, que el Fondo Monetario Internacional estima alcanzará 720% este año, la tasa más alta del mundo. Los datos del banco central muestran que en 2015 Venezuela más que duplicó su masa monetaria, una medida utilizada para medir el dinero en circulación en la economía, incluyendo depósitos bancarios.

La impresión de más bolívares debilita aún más la moneda. Esta semana, en el mercado negro cruzó por primera vez el umbral psicológicamente importante de 1.000 unidades por dólar. El país tiene varios tipos de cambio, incluyendo uno de 6,3 bolívares por dólar.

Los 30 millones de habitantes de Venezuela parecen no poder obtener efectivo lo suficientemente rápido, dice Steve H. Hanke, un experto en monedas en problemas de la Universidad de Johns Hopkins. "La gente quiere efectivo porque quiere deshacerse de él tan rápido como sea posible".

Aunque ha aumentado el uso de tarjetas de crédito y transferencias bancarias, los venezolanos deben llevar fajos de billetes debido a que muchos comerciantes tratan de evitar las tarifas por las transacciones. Una cena en un buen restaurante puede costar un fajo de billetes del tamaño de un ladrillo. Una arepa con queso se vende a casi 1.000 bolívares, o 10 billetes de 100 bolívares, la denominación más alta, cada uno de los cuales vale menos de 10 centavos de dólar.

Según los economistas, los rígidos controles de precios sólo han empeorado la situación y han generado un floreciente mercado negro para casi cualquier producto, desde neumáticos de autos a pañales de bebé, en el que el efectivo es la forma preferida de pago.

La compra de billetes le está costando al gobierno izquierdista, acuciado ya por la falta de dinero, cientos de millones de dólares, según las siete fuentes, que fueron informadas oficialmente de los acuerdos de Venezuela con los productores de billetes.

El alto costo de la impresión de billetes constituye una carga especialmente pesada para Venezuela, que todavía sufre por la caída de los precios del petróleo y por 17 años de un dispendioso gobierno socialista, cuyos gastos han dejado las arcas públicas en ruinas.

La mayoría de los países ha tercerizado la impresión de billetes a empresas privadas que ofrecen sofisticadas tecnologías contra la falsificación, como marcas de agua y tiras de seguridad. En el caso de Venezuela, sin embargo, su motivación ha sido la urgencia y el gran volumen de sus necesidades de divisas.

Las imprentas que el banco central posee en la ciudad industrial de Maracay no tienen suficiente papel de seguridad para imprimir más que una pequeña porción de los billetes del país, dijeron las fuentes. Las dificultades se derivan de la misma escasez de dólares que ha afectado a toda esta economía centralizada. El gobierno tiene dificultades para pagar las importaciones de todo, desde medicamentos contra el cáncer al papel higiénico y el repelente de insectos para combatir el virus del zika.

Esto significa que Venezuela tiene que comprar bolívares en el exterior a cualquier precio. "Es plata fácil para muchas de estas compañías", dijo una de las personas.

El enorme pedido de 10.000 millones de billetes no puede ser satisfecho por una sola imprenta, según las personas al tanto de los acuerdos, lo cual ha generado interés entre varias de las firmas de impresión más grandes del mundo.

Entre ellas, según las fuentes, se encuentran la británica De La Rue, Canadian Bank Note Co., la francesa Oberthur Fiduciaire y una filial de Giesecke & Devrient, con sede en Múnich, que imprimió el marco alemán de la República de Weimar durante la hiperinflación de la década de 1920, cuando la gente transportaba carretillas de efectivo para comprar pan. Más recientemente, Giesecke & Devrient fue la proveedora del papel de seguridad para Zimbabue cuando el país sufrió una hiperinflación en 2008 en el que los precios se duplicaban a diario.

La imprenta canadiense no respondió a pedidos de comentarios, en tanto que las otras no quisieron hacer declaraciones.

Los expertos en divisas dicen que los retos logísticos de importar y guardar grandes cantidades de billetes ponen de relieve una verdad innegable: Venezuela está gastando mucho más de lo que necesita porque el gobierno no ha impreso un billete más grande. Esto, dicen los analistas, es un reconocimiento implícito de hiperinflación por parte de un gobierno que públicamente niega el problema.

"Los grandes billetes no causan inflación. Los grandes billetes son el resultado de la inflación", señala Owen W. Linzmayer, un experto en monedas con sede en San Francisco y autor que cataloga las divisas del mundo. "Billetes de mayor denominación en realidad pueden ahorrarle dinero al banco central, porque en lugar de tener que reemplazar 10 billetes deteriorados sólo se necesitan cinco, o uno".

Los últimos encargos del Banco Central de Venezuela han sido exclusivamente de billetes de 100 y 50 bolívares, porque los de 2, 5, 10 y 20 valen menos que el papel en que están impresos, según las siete fuentes.

Maduro y sus aliados dicen que el aumento galopante de los precios al consumidor es parte de una conspiración capitalista para desestabilizar su gobierno. A finales de diciembre, el presidente hizo cambiar una ley para darse a sí mismo control total sobre el banco central, despojando a esta institución de la supervisión de la Asamblea Nacional justo cuando sus oponentes políticos tomaban el control del poder legislativo por primera vez en 17 años.

"Para frenar la impresión excesiva, tenemos que cambiar esa ley y restaurar la autonomía del banco central", dijo Elías Matta, un legislador opositor que se centra en las finanzas del Estado.

La inundación de dinero ha llevado a algunos sectores de la economía, como el inmobiliario y el automotor, a fijar sus precios en dólares, aunque lo hacen a escondidas debido a que es ilegal realizar transacciones en dólares. Incluso los secuestradores exigen rescates en dólares, dicen expertos en seguridad.

Una fotocopia en color de un billete de 100 bolívares cuesta más que el billete. En una imagen que se difundió en los medios sociales, un comensal aparece sosteniendo una grasosa empanada con un billete de 2 bolívares, que es más barato que una servilleta.

Algunos cajeros automáticos limitaron los retiros a alrededor de 6.000 bolívares por día, menos de US$6 en el mercado no oficial. Incluso entonces, las máquinas funcionan a menudo con poco efectivo. Y en una señal de la rapidez con la que los bolívares recién impresos circulan en la economía, los números de serie de los billetes nuevos dispensados por los cajeros automáticos están a menudo en orden secuencial.

Lo que está claro es que hay poco respeto por el asediado bolívar, no importa la forma que adopte.

Mario, un poblador de un barrio pobre de 46 años, caminaba hace poco con un megáfono por las calles de un barrio rico de Caracas, pidiéndoles a los residentes que le vendieran sus monedas, que luego guardaba en un enfriador agua con ruedas. Su idea era fundirlas.

"Puedes hacer un anillo arrechísimo con eso", explicó Mario, que no quiso dar su apellido, pero dijo que prefiere que lo llamen por su apodo: "Moneda".


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