Gobierno de Kirchner: Pobreza en Argentina

El Banco de Alimentos, cada vez más demandado
Alerta por el recorte que sufren las donaciones
Miércoles 14 de octubre de 2009

Victoria Russo
LA NACION


Alfredo Kasdorf, presidente de la Red Argentina de Banco de Alimentos, dijo a LA NACION que "en los últimos seis meses el 81 por ciento de las organizaciones que reciben donaciones a través de la Red han observado un incremento de la demanda de alimentos. Como contrapartida, han bajado las donaciones el 65 por ciento".

En la Semana de la Alimentación, instituida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Kasdorf participó en Buenos Aires de la reunión del directorio de la Red Global de Bancos de Alimentos, una asociación sin fines de lucro que tiene por fin la reducción del hambre.

La conferencia, que se realizó ayer en el hotel Sheraton Retiro, fue el prólogo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebrará pasado mañana con el lema "Conseguir la seguridad alimentaria en época de crisis".

Las cifras mundiales y locales del hambre resultan alarmantes. Directivos globales de la Red sostuvieron que "cada cinco segundos muere un niño por desnutrición en el mundo". Además, la Argentina fue definida como "una nación con la capacidad para alimentar a 300 millones de personas, pero con graves problemas de mal nutrición y hambre".

Los datos proporcionados por la Red y por estimaciones de consultoras privadas se contraponen a las cifras oficiales dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese organismo oficial acaba de situar en el 13,9 por ciento el nivel de pobreza en el país. Hace un año, ese porcentaje era del 17,8, según el Indec.

Kasdorf precisó: "El año pasado distribuimos 4,5 millones de kilos de alimentos entre mil instituciones. Alimentamos a un total de 150.000 personas, en su mayoría niños. Este año estamos alimentando a 160.000 personas y estamos al límite con la comida disponible. Necesitamos que más empresas se unan a esta causa".

Mediciones realizadas por la Red sobre la base de datos proporcionados por la consultora SEL, señalan que 452.000 niños menores de 14 años se encuentran bajo la línea de indigencia en el Gran Buenos Aires.

En tanto, el Banco de Alimentos de Buenos Aires atiende al 10,8% del total de esa población. "Con el gobierno nacional tenemos poco contacto, pero algo tenemos", dijo el presidente de la Red en la Argentina.
Convocatoria

"Desde que se crearon los bancos de alimentos en 2001 siempre la necesidad ha sido superior a las donaciones de mercadería que recibimos", dijo Kasdorf, y precisó que "el norte del país y el conurbano bonaerense son las zonas más comprometidas por el hambre, según encuestas realizadas entre las organizaciones a las que se abastece".

La construcción de una agenda nacional de acciones y propuestas únicas para solucional el hambre está en marcha. "Convocamos a todas las organizaciones sociales que nos quieran acompañar, como también a todos los credos e instituciones que estén comprometidos con este grave problema. La agenda vamos a hacerla pública", dijo Kasdorf.

Quien quiera colaborar con el Banco de Alimentos en la Argentina puede comunicarse al 4393-3411 o escribir a dbarrera@redbdea.org.ar


La cuestión social, pesadilla de Kirchner
Carlos Pagni
LA NACION

Lunes 5 de octubre de 2009

Hacía un mes que había llegado a la presidencia. Néstor Kirchner tomó del brazo a un ministro y lo llevó hasta la ventana de su despacho. Le mostró una columna de piqueteros que se acercaba por la avenida Leandro Alem y le dijo: "Eso que ves ahí es el principal problema de mi gobierno. Desmontarlo es dificilísimo. Duhalde no lo pudo hacer y debió irse. Por eso jamás voy a reprimir".

Al cabo de seis años, volvió la pesadilla. La cuestión social es el desvelo principal del kirchnerismo. Apareció con la ocupación violenta de Kraft, pero no va a disiparse cuando se resuelva ese conflicto. Según la AFIP, se destruyeron 400.000 empleos en los últimos 12 meses; los estudios más conservadores calculan la pobreza en un 35%; la actividad industrial y la construcción caen hasta para el Indec; la economía está en recesión. Es comprensible que la política social del Gobierno sea puesta en tela de juicio, por primera vez. Y es posible que no pase el examen.

El caso Kraft no es un buen espejo. Hay varios gremialistas denunciados ante la justicia penal por amenazar a sus compañeros de trabajo con facas y tajearlos con cutters . Cuando la policía desalojó la planta, encontró bombas molotov, tanques con thinner , gomeras y tuercas. Por eso en la próxima audiencia del Ministerio de Trabajo, mañana, la compañía seguirá rechazando la reincorporación de los delegados que cometieron delitos comunes.

El conflicto en Kraft fue leído como una experiencia piloto por toda la dirigencia del país. Los empresarios están alarmados por la ocupación de numerosos establecimientos. En 2008, a Arcor le coparon su planta de Salto durante 20 días. Con la fábrica de pinturas Tersuave, en San Luis, pasó lo mismo hace tres meses. El ingenio San Martín del Tabacal fue tomado por militantes del Partido Obrero. Una procesadora de gas de Panamerican, en Tartagal, fue reducida por desocupados, que incendiaron dos autos en un patio. En Santa Cruz y Neuquén la violencia gremial no cesa desde hace tres meses.

Hugo Moyano y sus muchachos contemplan estas escenas con una mezcla de inquietud y expectativa: la amenaza de la izquierda es el argumento con que les han arrancado a todos los gobiernos conquistas corporativas. Moyano empezó reivindicando a los trabajadores de Kraft y se sumergió después en un sospechoso mutismo, del que regresó hace horas para denunciar que esa protesta pretende desestabilizar a la Presidenta. La CGT acaba de formar su propia organización de piqueteros, el Frente de Organizaciones Sociales Peronistas.

El temor a las críticas de izquierda llevó a Aníbal Fernández a suspender la audiencia con Vilma Martínez, la embajadora de los Estados Unidos. Simple: cuando gente que se pretende "progre" debe reprimir un brote trotskista en una multinacional norteamericana, no hay compañía más inadecuada que la de la representante del imperio. Así pensó Fernández.

Kirchner mira al trotskismo con la animadversión de cualquier peronista formado en la ortodoxia de Diego Ibáñez, jefe de su cuñado Armando Mercado, en el SUPE. Matiza ese desprecio con bastante miedo: los fantasmas de Kosteki y Santillán merodean la quinta de Olivos. Por primera vez desde su asesinato, en 2003, la policía recibió la orden de impedir un piquete, el viernes pasado, al lado de Kraft.

El Gobierno teme que estalle su política de seguridad. Pero lo que está en jaque es su política social, corroída por varios problemas estructurales. El primero es su carácter faccioso. Con tal de retener la base electoral del conurbano, Kirchner se ha convertido en esclavo de los intendentes. Ya lo traicionaron, pero él los sigue alimentando. Los $ 1500 millones para crear 100.000 puestos de trabajo se repartirán a través de las cooperativas que indiquen esos caudillejos. Para los piqueteros que no están amparados por el PJ, es una invitación a cortar calles y rutas, como está ocurriendo. El favoritismo partidario lleva en su seno el germen de la revuelta.

El segundo límite de los Kirchner es que carecen de una estrategia inteligente para enfrentar el desempleo y la pobreza. Los programas que administra Alicia Kirchner no disponen de estímulo alguno para reinsertar a los marginados en el mercado laboral. Ni siquiera pueden ser auditados por el Banco Mundial o el BID: una vez que se otorga un beneficio, se pierde de vista al beneficiario. Además, la inflación ha logrado que los subsidios ya no cubran la canasta básica.

La tercera fisura de la política social es que, al ser Estado-céntrica, se está volviendo inviable por la crisis fiscal. Vale la pena citar algunos pasajes de un estudio del presupuesto 2010 realizado por el diputado electo Alfonso Prat-Gay. De los $ 15.000 millones de ingresos adicionales que se prevén por encima del crecimiento vegetativo del PBI, 2000 serán aplicados al gasto público y sólo 1000 a la asistencia social. En cambio $ 13.000 millones irán al pago de la deuda. "Es la evidencia más contundente -dice Prat-Gay- del costo que paga el país por tener un gobierno que no está en condiciones de endeudarse en el mercado de capitales."

El presupuesto prevé también la creación de 85.000 nuevos puestos de trabajo (caen 85.000 planes Jefes y Jefas y se crean 100.000 empleos por cooperativas, 50.000 por el plan Familias y 20.000 por capacitación). Sin embargo, en los últimos 12 meses hubo 350.000 familias que cayeron debajo de la línea de la pobreza. Es decir: en su máximo esfuerzo, el Estado no puede cubrir más que al 25% de los nuevos pobres.

La composición del gasto social para 2010 esconde algunas perlas negras. Por ejemplo: los fondos para la extensión de la red de agua potable serán 3,6% menos que en 2009. Excelente noticia para el dengue. Los recursos para viviendas aumentarán 0,9%. Si la inflación es, como quiere Amado Boudou, del 8%, la suma se reducirá en 7% respecto de este año.

El financiamiento del BID y el Banco Mundial estará restringido mientras el Gobierno se siga negando a que el Fondo Monetario Internacional revise sus cuentas en los términos del artículo 4º. Boudou está ansioso por retirar esa valla. Pero Kirchner demora la orden. Quiere negociar los términos del informe y que los funcionarios del Fondo no pisen la Argentina. Una pretensión insólita: en Buenos Aires hay una delegación de ese organismo en trato permanente con los funcionarios, sobre todo con los del Banco Central.

Con una política económica que desalienta la creación de riqueza y de empleos, no hay programa social que alcance. La inversión privada está cayendo este año un 15% -aun así, Boudou promete que en 2010 se recuperará un 8%-, a pesar de lo cual el Gobierno analiza la posibilidad de prohibir los despidos. A cada rato hay novedades sobre empresas que se alejan del país. Las últimas llegaron desde Chile. Allí estuvo la semana pasada el secretario de Comercio de Barack Obama, Gary Locke, para asistir a un seminario regional de compañías norteamericanas. El caso Kraft le fue informado al detalle. En Santiago también se comentó que el grupo chileno CMPC, dueño de Papelera del Plata, compró una firma brasileña por US$ 1430 millones, con la posibilidad de desembolsar otros US$ 1500 millones. Ese proyecto estaba destinado a la Argentina, donde CMPC forestó 100.000 hectáreas. Los chilenos optaron por Brasil después de que, en mayo pasado, les bloquearon sus plantas de Wilde, Zárate y San Luis. Quienes tomaron las fábricas no fueron los trotskistas de Kraft o Tartagal. Fue Pablo Moyano, hijo de Hugo, el principal aliado de Kirchner.

La Nacion


Conflictos sociales / Plan del Gobierno para contener los reclamos
Cristina Kirchner le respondió a Bergoglio por la pobreza
"Algunos hablan y otros nos ocupamos", dijo, en alusión a los dichos del cardenal

Viernes 2 de octubre de 2009


La presidenta Cristina Kirchner aprovechó la puesta en marcha de su nuevo plan de empleos para contestarle de manera elíptica al cardenal Jorge Bergoglio por sus críticas contra la pobreza. "En la vida y en el mundo, hay dos clases de personas: las que hacen declaraciones sobre la pobreza y las que nos dedicamos a ejecutar acciones concretas para combatirla todos los días", replicó ayer desde Merlo.

La presentación de los primeros 10.000 puestos de trabajo que lanzó el Gobierno a través de la creación de cooperativas con los intendentes del conurbano a la cabeza sirvió de escenario para el reproche presidencial. "Ojo: para combatir la pobreza, no hace falta tener un puesto en un gobierno", expresó la Presidenta, lo que se interpretó anoche como una respuesta a las declaraciones de la autoridad máxima de la Iglesia argentina.

Bergoglio había denunciado anteayer la deuda social y la "extrema pobreza", a la que consideró una violación de los derechos humanos.

Con la tensa relación que el kirchenrismo mantiene con el cardenal desde hace años, la respuesta no tardó en llegar. La Presidenta agregó: "[Para] combatir la pobreza, hace falta, sobre todo, una actitud de vida", y apuntó: "Hay que tener solidaridad y compasión, pero no la compasión de la lástima: la compasión del que ayuda al que le falta algo".

Cristina Kirchner sostuvo, sin embargo, que tienen mayores responsabilidades quienes gobiernan, pero enseguida amplió: "Se puede combatir la pobreza siendo un buen ciudadano; esa también es una forma de combatir la pobreza con acciones concretas".

La Presidenta presentó en Merlo la primera parte del plan de inclusión social que había lanzado en agosto, en respuesta a las crecientes cifras de pobreza que denunciaba la Iglesia.

Rodeada de unos 800 militantes en el estadio Ferrocarril Oeste, la presentación del plan incluyó 10 municipios: Ezeiza, Lanús, Berazategui, Tigre, Merlo, Moreno, Hurlingham, Lomas de Zamora, Avellaneda y Florencio Varela. Cada jefe comunal, por pedido de la Casa Rosada, debió disponer de cuatro micros con militantes.

El club se mostró colmado de personas con pecheras verdes y azules, y cascos blancos.

Durante la presentación, la Presidenta destacó que los trabajadores cobrarán a través de una tarjeta de débito para evitar el clientelismo político y dijo que su gobierno podía dar "cátedra" con medidas para salir de la crisis. "Nos hundieron durante décadas, haciéndonos creer que el mercado todo lo resolvía y que el Estado todo lo complicaba. Finalmente, el mercado complicó todo y el Estado tuvo que venir a resolver todo. De eso podemos dar cátedra."

El plan de empleo comenzó ayer con las primeras jornadas de capacitación. En total, el Gobierno aspira a crear unos 100.000 puestos de trabajo en obras públicas en los municipios. Cada cooperativa estará integrada por 60 trabajadores que cobrarán $ 1200 por mes, durante seis meses.

"Siempre creímos que contra la pobreza no hay mejor antídoto que el trabajo", agregó la Presidenta, y sostuvo que se ven "signos claros" de recuperación económica.
$ 1200
Por mes

    * Es lo que se pagará a los beneficiarios del nuevo plan de empleo en cooperativas municipales.


La Nacion

La preocupación por el hambre en la Argentina vuelve a medios internacionales
La Radio y Televisión Española publicó en su sitio en Internet un documental sobre la situación social del país; aseguran que la pobreza opacó el escándalo por el incremento patrimonial de los Kirchner; acceda al video


Miércoles 30 de setiembre de 2009

 13 millones de pobres.  Con este revelador título, la Radio y Televisión Española (RTVE) , el sistema de medios públicos de ese país, publicó en su sitio en Internet un documental que muestra la situación social del país.

Allí, se destaca que la Argentina "es uno de los países potencialmente más ricos" de América latina, pero que pese a ello en Chaco, "la desnutrición afecta a una tercera parte de la población infantil".

Según indica RTVE, los "titulares escandalosos" que hablan del hambre "dejan en segundo plano el patrimonio de los Kirchner, que en los últimos seis años ha aumentado más de un 500 %".

"Las estadísticas más fiables Hablan de 13 millones de pobres, con cinco millones de indigentes. La Iglesia Católica eleva la pobreza hasta el 40% de la población, y el Gobierno admite que al menos uno de cada cuatro argentinos sufre grandes privaciones", indica el cronista en el video.

La Nacion

Gobierno de Kirchner: Control de pago de depósitos

El Estado, otra vez a la caza de fondos
Por Jorge Oviedo

Viernes 25 de setiembre de 2009


Muchos empresarios temían que si el kirchnerismo ganaba las elecciones se sancionarían unas leyes que tendrían ruinosos efectos en la economía del país. La sorprendente política argentina muestra que esas leyes llegarán tal vez como consecuencia de que el Gobierno perdió en los comicios. Uno de los proyectos en danza está referido a las entidades financieras y en muchos aspectos retrotrae la situación a la década del 70, cuando todas las entidades operaban por cuenta y orden del Banco Central. Es decir, el Gobierno podría decidir cuánto se paga por los depósitos y a quiénes se les paga y también direccionar el crédito y su costo, según sus propios intereses.

Si la historia se repite, todo terminará mal. Los amigos habrán recibido dineros que nunca deberán devolver y la sociedad deberá pagar las cuentas, pagando más impuestos o sufriendo, como mínimo, altísima inflación. Hubo "soluciones" todavía más dolorosas que mejor por ahora no recordar.

El problema para varias jurisdicciones gubernamentales es que comienzan a quedarse sin dinero. En Economía hay quienes cuentan que cuando todas las piezas del proyecto de presupuesto 2010 fueron cuadradas y consolidadas apareció un déficit primario de unos 22.000 millones de pesos. La solución habría sido, según los informantes, "la gran Indec". Se dibujaron las cifras de ingresos, sobreestimándolos groseramente.

Las provincias también están en problemas. Scioli ha tenido que asumir el costo político de aumentar los impuestos en plena recesión. No quiere, por ahora, confrontación alguna con Néstor y Cristina Kirchner. Con las cuentas complicadas, perder línea directa con los dueños de la caja podría ser desastroso. Mientras, debe hacer malabares. Como hacer que el Banco Provincia le compre bonos por unos $ 244 millones para auxiliar al Tesoro. Ahora intenta que el BCRA le permita valuarlos a poco más de 710 millones, casi el triple de su valor de mercado, para poder seguir mostrando un balance saludable. Las estrecheces se multiplican.

joviedo@lanacion.com.ar

La Nación

Gobierno de De La Rúa: La caída del gobierno de de la Rua









La odisea del helicóptero que sacó a De la Rúa
Por Hugo Alconada Mon
Domingo 18 de diciembre de 2011


Con el ruido de las aspas a pleno, le ordenaron a Fernando de la Rúa que agachara la cabeza. "¿Qué dijo?", le replicó al edecán, Gustavo Giacosa, que lo tomó de la nuca y lo empujó hacia abajo y adelante. Corrían por la azotea de la Casa Rosada y a su lado iba el subjefe de la custodia presidencial, el subcomisario Marcelo Lioni, el calvo al que muchos tomaron, al verlo por televisión, por el ya renunciado Domingo Cavallo.

Eran las 19.52 del jueves 20 de diciembre de 2001 y el suboficial de la Fuerza Aérea José Luis Orazi abrió la puerta del helicóptero. Entraron los tres pasajeros y dio la señal para que despegara el Sikorsky S76B. Todo transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo. De allí en más enfilaron hacia la Quinta de Olivos, aunque llegaron a manejar dos opciones más: Campo de Mayo y Uruguay, si el peligro aumentaba.

Allá, en las alturas, De la Rúa era aún presidente. Los pilotos ignoraban que acababa de renunciar. Sólo sabían que algo ocurría. Un rato antes, el padre de uno de ellos, Carlos, había atinado una pregunta antes de callar: "Claudio, ¿vos hoy estás de turno?" Nada más. Y tras un breve silencio, su madre, Erika, tomó el teléfono y completó: "Suerte".

El mayor Claudio Zanlongo y el vicecomodoro Juan Carlos Zarza volaban entonces rumbo a la Plaza de Mayo. Fueron tres minutos y medio desde el Aeroparque, donde habían esperado durante horas para la misión: sacar a De la Rúa de la Rosada, sin descargar las 3,5 toneladas, por el riesgo edilicio.

"Corríamos el peligro de que vibraran el techo y las paredes del Salón Blanco, y se fisurara todo. Otra vez", recuerda el entonces coordinador del Departamento Técnico de la Casa Militar, el arquitecto Mario Casares. Fueron años de restauración y hasta de un balde naranja en el despacho presidencial por goteras. Y ningún deseo de que el helipuerto volviera a usarse, como con Isabel Perón, en el 76 y Raúl Alfonsín, en las Pascuas del 87. Un guiño del destino: Zarza, más joven y teniente 1°, había sido también el piloto de aquella Semana Santa.

Para las 9 del jueves 20, Casares había recibido la orden de llevarle los planos de la azotea al jefe de la Casa Militar, el vicealmirante Carlos Carbone, con menos de 48 horas en su cargo. "Acá no se puede aterrizar", le retrucó. Al final, llegaron al acuerdo de posarse sin descargar el peso. Y fueron hasta el techo con el jefe de operaciones de los helicópteros, el comodoro Sergio Castro, que dibujó un croquis, con las antenas de la zona y otros riesgos posibles durante la aproximación.

Zarza y Zanlongo ya habían volado por la mañana desde la quinta de Olivos para dejar a De la Rúa frente a la Rosada, en el helipuerto de la avenida Huergo. La Plaza de Mayo era el foco de los incidentes. Pero desde arriba, todo parecía calmo. "Recuerdo que cuando esa mañana pasamos por la Plaza de Mayo, rumbo a nuestra base en Moreno, pensé: ?¡Qué exagerados estos periodistas!' Todo se veía tranquilo", cuenta Zanlongo, retirado ya como vicecomodoro y en la Aviación Civil de Salta, donde se encarga de vuelos sanitarios. Más de una vez trasladó a Cristina Fernández de Kirchner cuando ella fue a Salta o a Jujuy.

En la VII Brigada de Moreno, Zarza y Zanlongo completaron la revisión del Sikorsky y los mandaron a la zona militar de Aeroparque. "Van a llegar órdenes", fue el mensaje. En Aeroparque los recibió el brigadier Sergio Mayor, que les dijo "tengan cuidado" y les cedió la oficina, donde Castro les comunicó el plan por teléfono. "Nos dijo que quizá no podríamos sacar al Presidente de manera normal." Segundos después, les mandó el croquis por fax. A Aeroparque llegó algo más. La orden de evaluar tres destinos: Olivos, Campo de Mayo y Uruguay. Y cruzar el Río de la Plata fue una opción real, aun cuando el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, puso a disposición de la familia De la Rúa todas las guarniciones militares del país.

Los pilotos revisaron las condiciones del tiempo. En particular, el viento. El derrumbe político se aceleraba con el correr de las horas. Hasta que el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini pidió una hoja con membrete presidencial. Eran las 19.37: De la Rúa redactó a mano su renuncia y se fue al baño. Solo.

"Gracias por todo, Víctor", le dijo al fotógrafo de la Presidencia, Víctor Bugge. Y lo abrazó. "Vení, vamos a hacer la última foto", le dijo, y Bugge registró la histórica imagen de De la Rúa acomodando sus últimas cosas. Pero habría otra foto más.

A metros de allí, entre los llantos del primer piso ya semivacío y los funcionarios que guardaban sus cosas en cajas, una voz gritó: "¡Lo acompañamos todos!" Pero el secretario privado Leonardo Aiello paró la movida. "No, de ningún modo. El presidente se va con el edecán."

De la Rúa tomó su copia privada de la Constitución y firmó el último decreto: 1682/2001. Según el CELS, para regularizar las acciones de la Policía y enmarcarlas dentro del contexto de "conmoción interior".

Entonces sí, De la Rúa entró en el ascensor más privado de la Rosada, junto a Rodríguez Giavarini y al teniente coronel Giacosa, también en su segundo día como edecán. "Fernando, hiciste todo lo posible", le dijo el canciller. Y llegaron al helipuerto y a la última foto de Bugge, al que un custodio intentaba sacar de la terraza.

Durante los 4 minutos y medio de vuelo hasta Olivos, De la Rúa no habló. Sólo se calzó sus anteojos, los mismos que se quitó la víspera, en gesto teatral, para anunciar por cadena nacional el estado de sitio. Se limitó a mirar por la ventanilla.

Ya en tierra, el intendente de la quinta recibió a De la Rúa junto al jefe del Regimiento de Granaderos, coronel Roberto Fonseca, que esos días reforzó la guardia. En vez de los 120 efectivos del Escuadrón Chacabuco, desplegó a 300. Allí los pilotos Zarza y Zanlongo supieron que eran testigos de un drama histórico: De la Rúa había caído.

En la Rosada, el arquitecto Casares completó su última tarea: verificar, despacho por despacho, que los salientes no se hubieran llevado nada que no fuera de ellos. "Había muchas cosas empaquetadas -rememora-. El clima era de velorio."

La Nación





Después de 32 años entregan fotos de desaparecidos arrojados al mar


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos las guardó desde 1979; se darán a la Justicia


Por Paz Rodriguez Niell 


Jueves 15 de diciembre de 2011

Habían pasado muchos días bajo el agua, pero las uñas de sus pies seguían pintadas cuando le sacaron la foto en la playa La Floresta, de la costa uruguaya. Las piernas tenían quemaduras, marcas de torturas y una soga se ataba todavía, con cuatro vueltas, a su pie derecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) guardó durante 32 años ésta y otras 130 fotos de cuerpos que, de acuerdo con los informes que las acompañan, fueron encontrados entre 1976 y 1979 en distintas playas de Uruguay. La CIDH las recibió durante la inspección que hizo a la Argentina en 1979 y las archivó desde entonces en una carpeta amarilla que dice, escrito en birome, "observation in loco". Hoy, la entregará a la Justicia. Es parte de un proceso de desclasificación de documentos de esa comisión.

La carpeta tiene, además, descripciones del estado de 20 cuerpos, copia de legajos de inteligencia elaborados entonces por las autoridades uruguayas y mapas de las playas donde habrían aparecido los cadáveres.

Los funcionarios de la CIDH desconocen el origen de los documentos. Sólo saben que alguien los entregó en 1979. Suponen que pudo haber sido el ex marino uruguayo Daniel Rey Piuma, que integraba los servicios de inteligencia de la Prefectura y en 1980 huyó a Brasil llevándose archivos oficiales.

En el caso de la mujer encontrada en La Floresta, las fotos están acompañadas por un informe que dice que presenta "fractura de muñecas, como si hubiera estado colgada de ellas; quemaduras en ambas manos; derrame sanguíneo interno provocado por la rotura de vértebras" y "zona pubiana, anal y perianal destrozada con objetos punzantes". Quien lo elaboró relata: "Dos intentos míos de calificar el caso como violación y homicidio fueron descalificados". Cuenta además que el hallazgo se hizo público y que, como consecuencia de "el cuerpo muy cuidado y las uñas pintadas", se tejieron "versiones novelescas" sobre que "la occisa frecuentaba lugares nocturnos y estaba vinculada a una banda de narcotraficantes".

En otros casos, relata que se pretendió hacer pasar las muertes como consecuencias de "orgías de alta mar" y "motines a bordo".

En la CIDH no saben si los cuerpos son de desaparecidos de la ESMA, pero creen que es posible. Casi todos tienen marcas de torturas y ataduras. Y algunos aparecieron con billetes y monedas argentinas.

La carpeta se adjuntará a la causa de los llamados "vuelos de la muerte", en los que desaparecidos fueron arrojados al mar durante la última dictadura. Es parte de la megacausa por los crímenes de la ESMA. La instruye el juez Sergio Torres, que fue quien pidió abrir los archivos.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, viajó a la Argentina para entregarle la carpeta a Torres. "Estos documentos pueden servirle para identificar a personas -dijo Cantón en una entrevista con LA NACION-, pero además muestran la existencia de las torturas, las violaciones, las ataduras. Hasta ahora, las pruebas que había de los vuelos de la muerte eran todas testimoniales. Estas son clave por la inmediatez; son de aquel momento."

Los documentos que hoy recibirá Torres no son los primeros que le entrega la CIDH. Este año, el juez viajó a Washington y revisó 60 cajas con legajos sobre denuncias recibidas por la Comisión durante la última dictadura. Gran parte de ese material (el vinculado a la ESMA) fue escaneado y ya forma parte del expediente.

Para preservar a los denunciantes, la CIDH guardaba con estricta reserva todos los documentos de su visita a la Argentina, pero ahora el criterio cambió. Cantón explicó que se debe al tiempo transcurrido, la democracia en la Argentina y la firme determinación de la Comisión de colaborar con las causas de derechos humanos. "Estamos analizando abrir muchos más documentos", anunció Cantón.
Los vuelos de la muerte

    La causa. El juez federal Sergio Torres investiga los llamados "vuelos de la muerte" como parte de la megacausa por los crímenes cometidos en la ESMA.

    Los acusados. Siete acusados están procesados: cinco son pilotos; uno, abogado, y otro un técnico aeronáutico que confesó a civiles haber tirado a gente al mar.

    Las nuevas pruebas. La CIDH entregará hoy a Torres fotos y documentos que serían de desaparecidos arrojados al mar y hallados en playas uruguayas.

    Su valor . Las pruebas son clave porque son de aquel momento y muestran cuerpos torturados y atados. Es posible que permita identificar a desaparecidos.


La Nación




De la Rúa: "El peronismo instrumentó un golpe y conspiró con el FMI"


El ex presidente reveló cuáles fueron para él los factores que provocaron su renuncia al Poder Ejecutivo en diciembre de 2001; además, negó haber recibido sobornos de la multinacional alemana Siemens


Jueves 15 de diciembre de 2011

A diez años del final de su mandato, Fernando De la Rúa reflexionó sobre las causas que motivaron su renuncia en medio de una profunda crisis política, económica y social. El ex presidente se mostró sereno y apuntó con dureza contra dos actores que, según su visión, provocaron su salida en helicóptero de la Casa Rosada aquel 20 de diciembre de 2001: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Justicialismo.

Durante una entrevista con el programa Con Voz Propia , que emite la señal de cable América 24, De la Rúa aseguró que el peronismo orquestó en aquel entonces un asalto al poder a través de un "golpe civil", impulsado por Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. "El peronismo instrumentó un golpe civil, trajo violencia a la Plaza de Mayo y conspiró con el FMI. Fue una maniobra de Duhalde y Ruckauf, quienes venían operando hace meses", enfatizó.

El ex mandatario, además, acusó al FMI de "ahogar" económicamente a la Argentina. "El Fondo quería ahogar al país y fuimos víctimas de eso. Nos tiró a la zanja. Coincido con los Kirchner en que el FMI es lo peor que nos ha pasado", indicó, al tiempo que admitió que recibió un gobierno con déficit, en recesión y con altas tasas de desempleo. "Con un contexto internacional desfavorable, era muy difícil recuperarse y tener recursos propios", afirmó.

Enseguida, agregó: "Cometí dos errores: creer que el FMI iba a cumplir con su rol de asistencia y que el peronismo no avanzaría en la toma del poder".

Por otra parte, el ex presidente admitió que la renuncia del por entonces vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez debilitó su gobierno y que le dolió que el radicalismo no lo acompañara. "Me dolió que me dejaran solo [por la UCR]. La historia escribirá si acompañaron o no el golpe que puso en marcha el justicialismo de la provincia de Buenos Aires", analizó.

El ex mandatario aseguró que "los líderes parlamentarios del justicialismo y del radicalismo", el partido con el que llegó al poder, lo llevaron a renunciar.

"El justicialismo había dicho que me reclamaban un gesto, y yo entendí que mi renunciamiento era una contribución a los fines de preservar las instituciones de la República, de modo que se produjera la continuidad sin un golpe violento", explicó.

De la Rúa mencionó que aquel 19 de diciembre muchos dirigentes justicialistas "habían largado el asalto final, pero se les desbordó" y luego le "pidieron que declarara el Estado de Sitio", una medida que, una década después, consideró que fue un "error".

"Totalmente fue un error, tanto que no se aplicó porque lo derogué al día siguiente. Pero el grave error fue informarlo por la televisión. Yo quería proteger a los argentinos", apuntó.

Respecto de los escándalos de corrupción que lo rozaron durante su permanencia en el poder, el caso de los sobornos de la multinacional alemana Siemes y el presunto pago de coimas en el Senado , De la Rúa se mostró dispuesto a probar su inocencia. "Nosotros dejamos sin efecto el contrato de Siemens y la conducta del gobierno fue trasparente", exclamó, indignado.

En ese marco, el ex jefe del Estado dijo que las acusaciones sobre el presunto pago de coimas en el Senado "está basado en cosas falsas". "Unjo para que el juicio del Senado se haga de inmediato. Es una falsedad absoluta, de principio a fin", concluyó.

Por último, expresó que tiene "respeto" por Cristina Kirchner, a quien deseó "la mayor suerte" en "momentos difíciles que se encuentra el país".

"Ojalá encuentre actitudes de grandeza que no hallé en esos tiempos", sostuvo.

La Nación



Un doloroso relato de 2001: "La imagen de mi marido muerto en la tele no me la olvido más"

María Arena es la viuda de Gastón Riva, una de las cinco personas asesinadas en los alrededores de la Plaza de Mayo

Por Lucrecia Bullrich

Lunes 19 de diciembre de 2011



Afuera del bar llueve con furia. Por momentos María Mercedes, o Mari, como le dicen todos, recuerda con una nitidez que asusta. En otros, se detiene y se disculpa por no poder hacer memoria del todo. Sus ojos miran con esa rara forma de serenidad que surge de la mezcla entre el dolor profundo y el paso del tiempo. Gastón Riva es el padre de sus tres hijos y una de las 39 personas asesinadas en diciembre de 2001, víctimas de la represión policial que antecedió la caída de Fernando de la Rúa.

Riva tenía 29 años. Sus hijos Camila, Agustina y Matías, 8, 3 y 2 respectivamente. Desde arriba de su moto, con la que trabajaba en una mensajería de día y repartiendo pizza a la noche, había aprendido a respirar la ciudad. Por eso, el clima de tensión y hartazgo que atravesaba las calles de aquel diciembre caliente se había vuelto tema de conversación recurrente entre Gastón y Mari cada vez que él volvía de trabajar a la casa que compartían en el Bajo Flores.

 La última foto: Riva y sus hijos Camila, Agustina y Matías el 16 de diciembre de 2001. Foto: Foto familiar

"Ahí se llevan a uno de los muertos", dijo un movilero desde la Plaza. Sentada frente al televisor, Mari reconoció la cara de Gastón y su contextura física. No tuvo dudas. Pero eligió tenerlas. Corrió hasta el dormitorio y revisó el placard esperando encontrar en los cajones la misma ropa que había visto sobre el cuerpo moribundo. La ropa no estaba.

Alcanzado por disparos de escopeta, Riva cayó a pocos metros de la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí antes de las 13 del 20 de diciembre. Hoy, sobre la vereda, una placa algo raída por el tiempo lo recuerda con un poema escrito por Mari. Allí llevará mañana a sus hijos que, como todos los días de los últimos diez años, recordarán al padre que no los vio crecer.

- ¿Cómo recuerda los días previos al 20 de diciembre?

- Fueron días de convulsión. Recuerdo que estuve todo el 19 y el 20 mirando tele. Mis hijos eran muy chiquitos y yo estaba en mi casa. Desde hacía meses se notaba que el de De la Rúa era un gobierno absolutamente ausente, inoperante. Cuando fue lo del corralito, no nos afectó porque tuviéramos ahorros en el banco, pero sí porque a Gastón le pagaban por semana. Pero eso era una pavada al lado de lo que vivía otra gente. Fueron días muy movilizantes. Particularmente el 19. Recuerdo haber visto muchas imágenes de violencia, gente muy enojada y con mucha necesidad.

- ¿Cuándo fue la última vez que vio a Gastón?

- Cuando llegó de trabajar ese miércoles a la noche [el 19] me dijo «la verdad, que tendríamos que salir a hacer un poco de ruido». Los chicos se habían dormido y no daba. Así que nos quedamos viendo un rato la tele y después él se fue a dormir, porque se levantaba muy temprano. Yo me quedé viendo. Me acuerdo que, como a las 2, se supo que había renunciado [Domingo] Cavallo, así que fui a despertarlo para decirle. Al otro día se fue sin que lo viera porque se despertó antes que yo.

- ¿Imaginó que podía llegar a ir a la Plaza?

- Sí. Lo supuse. El nunca me lo dijo, pero lo preví. Tal vez le surgió en el momento. El trabajaba cerca de donde lo mataron. Debe haber visto la manifestación y se quedó. Habíamos hablado al mediodía [del jueves], le pregunté si iba a ir y me contestó con evasivas, pero estaba eufórico. Me lo imaginé, sí.

 
 Foto: LA NACION / ARCHIVOS
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 Foto: LA NACION / ARCHIVOS

- ¿Cómo se enteró de que estaba en la Plaza?

- De la peor manera. Estaba viendo tele y en un momento escucho que el cronista dice «Acá se llevan a uno de los muertos». Y era él. Pero no se le veía bien la cara, así que eso fue lo que me dio esperanza, porque, por el resto no había dudas: la ropa era la suya, incluso busqué esa ropa pensando que me había equivocado y no. Empecé a llamar a todos lados: al SAME, a la policía a los hospitales. Finalmente, el dueño de la mensajería en la que trabajaba vino a avisarme que lo había encontrado en el Argerich, no se animó a decirme que estaba muerto. Me enteré cuando llegué al hospital. La imagen de Gastón muerto en la tele no me la olvido nunca más. Nunca más. Me la llevo conmigo.

- ¿Cómo se conocieron?

- A través de su tía, que yo conocí en un trabajo y siempre insistía para que fuéramos a Ramallo a conocer a su familia. Me hablaba mucho de su sobrino Gastón. Finalmente fuimos y lo conocí.

 Riva y su mujer, María Arena, el día de su casamiento, en 1997. Foto: Foto familiar

- ¿A Gastón le interesaba la política?

- La política en general, sí. No la política partidaria. Estábamos los dos muy informados. El había laburado en Somisa y cuando fue la echada masiva [en 1992] hubo una manifestación que vino desde San Nicolás y él venía al frente de las columnas. Siempre fue un tipo muy laburador, luchaba por lo que creía y por lo que le parecía justo.

- ¿Qué hacía en su tiempo libre?

- Tenía muy poco tiempo libre, pero le apasionaban las motos y le gustaba hacer boxeo.

- ¿Cómo era como padre?

- Era un padre muy trabajador. No estaba en todo el día. Se tomaba un rato a la tarde para estar en casa entre un trabajo y otro y los fines de semana también trabajaba. Pero cuando estaba los domingos tenía la costumbre de hacer asado. Imagino que hubiera sido mucho más severo que yo en muchas cosas con los chicos. Le gustaban las cosas claras, sin rodeos.

- ¿Qué les dijo a sus hijos cuando empezaron a preguntar?

- Fueron tres situaciones bien distintas. A mi hija mayor, ese día, cuando volví del hospital, no supe cómo enfrentarla. Entonces le dije que su papá estaba muy mal. Que había muerto se lo dije al día siguiente. Lloró mucho. Con los otros dos fue distinto. Matías tenía 2, no hablaba. Recuerdo que esa noche, cuando volví del hospital y me fui a bañar, me esperaba en la puerta del baño y me decía «papá, papá». Agustina tenía 3, ya hablaba y estaba en la edad de preguntar todo. Le cayó la ficha cuando viajamos los cuatro a Ramallo para enterrarlo. Por suerte hoy son tres chicos felices, pudieron salir adelante.

 La placa por Riva, en Tacuarí y Avenida de Mayo, donde cayó. Foto: LA NACION / Ignacio Coló

-¿Qué le genera que hayan pasado 10 años?

- Fueron años de mucho crecimiento, mucha terapia, pude rehacer mi vida. Pero hay algo que es clave en todo este dolor: por más que mis hijos puedan tener una vida más o menos feliz nunca van a recuperar a su papá. Eran muy chiquitos y les faltó escribir mucho de su historia con él.

- ¿Y a usted?

- Para mí es revivir muchas cosas de las que incluso tal vez no me acordaba. Es un poco ir reciclándose. El golpe que nos tocó vivir no deja de ser doloroso, pero está guardado.

- ¿Quiénes son responsables del asesinato?

- Todos. Desde De la Rúa, que tenía la responsabilidad de manejar un país, hasta los funcionarios y dirigentes políticos de ese momento, que no supieron poner coto a tiempo. Los altos mandos policiales, que fueron quienes desataron la represión y, por supuesto, los que tiraron del gatillo, que no se arrepienten. Incluso están convencidos de que era la manera de que la gente no invadiera la Casa de Gobierno. Además, están todos libres.

- ¿Qué le genera que De la Rúa haya sido sobreseído?

- No sé si De la Rúa estaba o no al tanto de lo que pasaba en la Plaza. Pero es responsable, primero, de haber decretado un estado de sitio sin sentido; segundo, de haber puesto en la calle a disipar a la gente a una policía que él sabía que no estaba preparada para eso. Además, después no hizo nada para pararla. Cometió demasiados errores. Es el primer responsable de lo que pasó.

- ¿Cómo cambió su vida a partir del asesinato de Gastón?

- Muchísimo. En la vida familiar tuve que aprender a tomar algunas decisiones sola. Me volví una mujer más dura.


La Nacion




A diez años del corralito, el comienzo del fin de De la Rúa


La medida, ideada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos y buscaba evitar el retiro masivo de depósitos que se estaba produciendo


Miércoles 30 de noviembre de 2011

Pocas medidas económicas quedaron tan marcadas en la memoria de los argentinos. Pocas como el "corralito", la restricción impuesta por el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, para operar con el efectivo depositado en los bancos.

El 1º de diciembre de 2001, De la Rúa firmó el decreto de necesidad y urgencia 1570, ideado por Cavallo, y que pasó a la historia con la denominación de "Corralito".

La drástica decisión fue el producto de un panorama político y económico tambaleante que reconoce un conjunto de antecedentes.

Las crisis de México, Rusia y Brasil habían dejado tambaleante a la Convertibilidad, pero De La Rúa con su promesa de mantener la convertibilidad ganó las elecciones de 1999.

El radical asumió la Presidencia con un déficit fiscal de unos 10.000 millones de dólares anuales y su primer ministro de Economía, José Luis Machinea, acordó en diciembre del 2000 con el FMI y bancos internacionales un plan de ayuda denominado "Blindaje" por 40 mil millones de dólares, que pretendía dar certeza sobre la capacidad de pago de la Argentina. Ese programa no trajo los resultados esperados y la salida de capitales se acentuó durante las semanas subsiguientes.


El anuncio desató la ira de miles de ahorristas.  Foto: Archivo
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El anuncio desató la ira de miles de ahorristas.  Foto: Archivo

El anuncio desató la ira de miles de ahorristas.  Foto: Archivo

Machinea renunció en marzo de 2001. En su lugar fue nombrado Ricardo López Murphy, que apenas 10 días después de asumir lanzó un plan de ajuste en los gastos fiscales. Esa medida desató la reacción de sectores, especialmente universitarios, que concluyó con su dimisión. En ese escenario de volatilidad, De la Rúa llamó a Cavallo, con la esperanza de que el creador de la convertibilidad fuera capaz de encarrilarla.

Cavallo intentó implementar una canasta de monedas -en la que pretendía incluir al euro- para salir de la convertibilidad y que el peso ganara competitividad. La medida tampoco tuvo la eficacia esperada.

En junio de 2001 se lanzó el denominado "megacanje", que involucró un swap de títulos públicos por unos 29.500 millones de dólares, operación que fue comandada por el entonces secretario de Finanzas, Daniel Marx. En julio se apruebó la "Ley de Déficit cero" que pretendía equiparar los ingresos con los gastos del Estado y se recortó el 13 por ciento a las jubilaciones.

Durante esos meses nacen las cuasimonedas -la primera fue el "Patacón" emitida por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires-. Llegaron a coexistir 13 submonedas locales.

La fuga de capitales continuaba y en octubre el FMI niega un nuevo programa de apoyo a la Argentina.

El desempleo llegó en octubre de 2001 al 18% y la pobreza al 38,3%.



El 1 de diciembre de 2001, a través del decreto 1570/2001, se lanzó una serie de restricciones a la extracción de dinero en efectivo: sólo se podían retirar 250 pesos por semana en efectivo y se prometía el libre uso del dinero acreditado en las cuentas sólo a través de transferencias bancarias y electrónicas.

A los pocos días, Cavallo anunció un acuerdo con las empresas que instalan los dispositivos posnet -sistema que permitía los pagos con las tarjetas- para nutrir a los comercios de los aparatos que le permitieran continuar con sus ventas; iniciativa que fracasó. El golpe final a la convertibilidad se la dio la sanción de la ley de emergencia económica que se sancionó el 6 de enero de 2002.

Tras el "corralito" se le sumó "corralón" cuando el presidente Eduardo Duhalde con Jorge Remes Lenicov como ministro de Economía, congelaron los depósitos en plazo fijos y cajas de ahorros en pesos y en dólares.

Previamente la devaluación había llevado la cotización del dólar "oficial" de 1 a 1,40 peso.

La Nación






Tras ser sobreseído, De la Rúa dijo que "se demostró que no hubo orden de reprimir"
Añadió que lo ocurrido en 2001 le causa un "dolor" que lo acompañará "siempre"; estaba procesado por el asesinato de cinco jóvenes antes de la caída de su gobierno

Viernes 4 de junio de 2010


Fernando De la Rúa fue sobreseído en la causa por la muerte de cinco personas durante las manifestaciones previas a la caída de su gobierno en diciembre de 2001.


La decisión del juez federal Claudio Bonadío se conoció esta mañana. El ex presidente ya había sido sobreseído el año último, pero la Cámara Federal había revocado aquel primer beneficio y ordenado nuevas medidas de prueba.


Tras cumplir con esa indicación del tribunal, el magistrado concluyó que correspondía sobreseer a De la Rúa.


El ex mandatario no tardó en salir a celebrar el fallo, aunque aclaró que el "dolor" por las muertes ocurridas antes de la caída de su gobierno lo acompañará "siempre".


"Está cabalmente demostrado que no tuve participación en los episodios y que no hubo del gobierno ninguna orden de represión ni de excesos", aseguró De la Rúa en declaraciones a radio Del Plata poco después de conocido el fallo que lo benefició.


El ex presidente había sido procesado por Bonadío en 2007 por cinco homicidios culposos y 234 heridos, pero la Cámara Federal revocó ese procesamiento y ordenó avanzar en la investigación que continuó hasta el sobreseimiento. No obstante, el tribunal dejó sin efecto ese criterio y estableció nuevas directivas para encaminar la pesquisa.


Los hechos por los que hoy se sobreseyó a De la Rúa, cuando la represión policial provocó la muerte de los manifestantes Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos "Petete" Almirón y Gustavo Benedetto, en zonas aledañas a la Plaza de Mayo, el Congreso y el Obelisco. 


La Nación




De la Rúa deberá volver a declarar ante la Justicia por las muertes de 2001
El ex presidente había sido sobreseído, pero la Cámara Federal revocó ese fallo; el juez Bonadío también indagará a varios ex funcionarios de la Alianza

Jueves 24 de setiembre de 2009

Fernndo De la Rúa volverá dentro de dos semanas a los tribunales de Cómodoro Py. El juez federal Claudio Bonadio lo citó para que amplíe su declaración indagatoria en la causa por las muertes ocurridas tras la represión policial de diciembre de 2001 pocas horas antes de la caída de su gobierno.

El ex presidente había sido sobreseído, pero a principios del mes pasado esa decisión fue revisada y revocada por la Cámara Federal, que ordenó volver a investigarlo.

La citación fue confirmada a lanacion.com por fuentes judiciales que añadieron que el llamado también alcanza al ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov. Este último deberá comparecer ante el juez el 9 de octubre.

Bonadío también llamó a declarar, aunque en calidad de testigos, al ex viceministro del interior, Lautaro García Batallán, quien deberá comparecer el 5 de octubre y al ex titular de la Secretaría de Inteligencia, Carlos Becerra, quien fue convocado para el 13 del mismo mes.

El 8 de septiembre pasado la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de De la Rúa, que había dispuesto Bonadío, y ordenó profundizar la pesquisa fundamentalmente en torno a una supuesta reunión en la que se habría abordado, con legisladores de otros partidos políticos, el tema de los hechos de violencia que estaban ocurriendo fundamentalemte en la Plaza de Mayo y sus alrededores.

De la Rúa fue procesado por Bonadío en 2007, por cinco homicidios culposos y 234 heridos pero la Cámara Federal revocó ese procesamiento y ordenó avanzar en la investigación que continuó hasta el sobreseimiento. No obstante, el tribunal dejó sin efecto ese criterio y estableció nuevas directivas para encaminar la pesquisa.

En aquel fallo, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani determinaron que la investigación no estaba agotada porque varias de las medidas que la Cámara había ordenado en 2008 no habían sido tomadas por el juez y porque la forma elegida para profundizar la investigación no fue la adecuada.

Los hechos juzgados ocurrieron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando la represión policial provocó la muerte de los manifestantes Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos "Petete" Almirón y Gustavo Benedetto, en zonas aledañas a la Plaza de Mayo, el Congreso y el Obelisco

La Nación

Maradona

Le confiscaron los aros a Maradona por una deuda millonaria

Representantes del fisco italiano irrumpieron en el hotel donde el DT de la selección realiza un tratamiento para adelgazar y se llevaron los colgantes, valuados en 4000 euros; adeudaría de 37 millones de euros tras su paso como jugador por Napoli, entre 1984 y 1991
18 de Septiembre de 2009 - 13:07


  De la redacción de canchallena.com .- Representantes del fisco italiano decidieron confiscarle a Diego Armando Maradona los dos aros que tenía en su oreja izquierda, valuados en 4000 euros, en el medio de una causa relacionada con la supuesta deuda que el técnico de la selección argentina tiene con ese país, de la época en la cual jugaba en Napoli. La deuda ascendería a 37 millones de euros. 

Los inspectores no tuvieron reparo en interrumpir el descanso y tratamiento al cual Maradona se somete en un lujoso hotel de la localidad de Merano, con el objetivo de bajar de peso. El centro de reposo donde se aloja Maradona cuesta 2500 euros por semana y el precio de las habitaciones oscila entre los 300 y los 750 euros por noche. 

El curioso episodio de los aros ocurrió unas horas después de que el diputado italiano Maurizio Fugatti, del partido de la Liga Norte (LN), socio de gobierno de Silvio Berlusconi, solicitara que se reclame al ex futbolista y actual seleccionador argentino, Maradona, la deuda que, según él, tiene pendiente con el fisco de Italia. 

El político, en una declaración hecha en la Cámara de los Diputados italiana de la que hoy informan los medios de comunicación del país, apostó porque representantes de la hacienda italiana visiten a Maradona en la clínica de adelgazamiento "Henry Chenot", en Merano (norte de Italia), en la que se ha sometido a tratamiento. 

"¿Cómo puede Maradona adelgazar tranquilamente en Merano sin recibir la visita de algún inspector del fisco? ¿O quizá los inspectores del fisco están demasiado ocupados con los contribuyentes que quizá tienen deudas de pocos miles de euros?", se preguntó Fugatti. 

El diputado italiano aludió a la deuda con la hacienda del país europeo que, según él, Maradona tiene pendiente tras haber participado en varios programas de televisión como invitado y después de haber sido jugador de Napoli de 1984 a 1991. 

"Nada de malo se puede decir sobre su objetivo de adelgazamiento del ex campeón del mundo de fútbol, pero en Italia muchos recuerdan la deuda que Maradona tiene con el fisco italiano, que, según fuentes de la prensa del pasado marzo, se cifra en unos 37 millones de euros", indicó Fugatti. 

"Muchos recuerdan también las polémicas, incluidas las que tienen que ver con su deuda con el fisco, que surgieron cuando el futbolista participó en los años pasados en programas televisivos italianos como invitado", agregó 
EFE

Adulteración de medicamentos

Mafia de los medicamentos / Cobro indebido de reintegros
Por posibles estafas al Estado, Oyarbide allanó la sede de APE
El juez se incautó de mil expedientes de 30 obras sociales; posibles vínculos con Lorenzo
Sábado 18 de diciembre de 2010


Marcelo Veneranda
LA NACION

Como parte de la causa que investiga la mafia de los medicamentos y que mantiene en vilo al ámbito sindical, la Justicia allanó ayer, durante casi siete horas, la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud. Como resultado del procedimiento se incautaron de más de mil expedientes, bases de datos y discos rígidos relacionados con las operaciones de 30 gremios.

El operativo fue ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga si estos gremios reprodujeron la misma maniobra que la Asociación Bancaria, por la que se encuentran detenidos el sindicalista José Zanola; su mujer, Paula Aballay, y el empresario Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier, proveedora de remedios a las obras sociales cuestionadas.

La APE es el organismo estatal encargado de pagar reintegros a las obras sociales sindicales para compensar los gastos derivados de la atención de enfermedades de baja incidencia y alto costo, como los tratamientos oncológicos. Pero, además de la compra de medicamentos adulterados o vencidos, la Justicia investiga si las prestadoras de salud de los gremios presentaron comprobantes y troqueles falsos de remedios para obtener estos reintegros.

La APE, que durante 2009 distribuyó $ 938 millones entre las obras sociales, tiene como gerente general, desde noviembre de ese año, al apoderado legal del sindicato de camioneros, Daniel Colombo Russell, quien sustituyó a Hugo Sola, otro hombre vinculado con el líder de la CGT, Hugo Moyano.

Según publicó La Nacion el domingo pasado, en esa dependencia también trabaja Christian Marcelo Asorey, que también lo hace en la obra social de los Camioneros y está casado con la hijastra de Moyano, Valeria Alejandra Salerno. Asorey está a cargo del área de Sistemas y Tecnología de la APE.

La Nacion intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Colombo Russell, sin éxito.

El procedimiento de ayer, ordenado por la secretaría N° 9 del juzgado de Oyarbide, a cargo de Carlos Leiva, fue conducido por la Unidad de Investigación del Delito de la Policía Federal. Los pesquisas registraron durante siete horas en los pisos 7°, 8° y 9° de la avenida Roque Sáenz Peña 1149, donde funciona la APE.

"Sospechamos que la operatoria que Lorenzo llevó adelante con la Bancaria se extendió al resto de las obras sociales sindicales", indicó a La Nacion una fuente vinculada con la causa.

La magnitud del procedimiento, que culminó a las 19.50, quedó evidenciada por los dos viajes en camioneta que los pesquisas necesitaron completar para llevar toda la documentación. Según las fuentes consultadas, se incautaron de 34 cajas con más de mil expedientes, bases de datos y discos rígidos de 30 obras sociales.

En los rótulos de las cajas, se podían leer los nombres de las obras sociales de la Asociación Bancaria, de la Unión Obrera Metalúrgica, de Aeronavegantes, del Sindicato de la Carne, de la Actividad Docente (Osplad), del Personal de Escribanos (Ospe), de Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), de Prensa de Buenos Aires (Ostpba), del Personal de La Matanza, del Personal de Entidades Deportivas y Civiles (Ospledyc), del Automóvil Club Argentino (Ospaca), y de la Industria del Plástico (Ospip), entre otros.

Además de las prisiones de Zanola, Aballay y Lorenzo, la causa de la mafia de los medicamentos se cierra cada vez más en torno a la obra social de los camioneros (Oschoca), gerenciada por la mujer de Moyano, Liliana Zulet. Por esta investigación, además de otro expediente conexo que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, la semana pasada fue doblemente procesado el empresario Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana, principal proveedora de remedios de Oschoca.
EL AVANCE DE LA CAUSA

    * Cuatro procedimientos: además de la APE, ayer hubo allanamientos en la Superintendencia de Servicios de Salud y en otras tres obras sociales sindicales sospechadas de defraudar al Estado a partir de la falsificación de prestaciones y tratamientos no suministrados, según señalaron fuentes judiciales.

    * Fondos de campaña: en el marco de la causa, también está imputado el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, quien fue uno de los recaudadores para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. El ex funcionario debe declarar el próximo miércoles nuevamente ante el juez Oyarbide.


La Nación


Piden la urgente sanción de la ley de medicamentos
Lo solicitó el comité científico asesor en políticas contra la drogadicción y el narcotráfico; la Medicamentos : un abogado quiere que embarguen a la Presidenta por los daños a la salud
Gregorio Dalbón presentó un escrito al juez Oyarbide para promover una acción de clase por 2 mil millones de pesos contra Cristina Kircher y el Estado nacional, como resarcimiento para los damnificados

Jueves 17 de setiembre de 2009


Un abogado promovió hoy una acción de clase por 2 mil millones de pesos en contra de la presidenta Cristina Kirchner y el Estado nacional como resarcimiento para la "gran cantidad de damnificados que han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud".

Según un escrito de siete páginas al que tuvo acceso DyN , el abogado Gregorio Dalbón presentó la class action ante el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien está a cargo de la causa de los medicamentos adulterados.

"En atención a la existencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, en el caso, gran cantidad de damnificados han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud, conforme la pesquisa de autos, se promueve la presente class action ", explicó Dalbón en su presentación.

La medida apunta "contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y/o Estado Nacional o Ministerio de Salud, y/o los que resulten responsables por los daños punitorios producidos a raíz de la comercialización de remedios falsificados y adulterados, por la suma de 2.000.000.000 de pesos, o lo que, en más o en menos, resulte de la prueba a producirse".

Embargo. Dalbón reclamó, además, que la Presidenta y el Estado sean embargados preventivamente hasta cubrir esa cifra, según consigna DyN .

"En atención a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora emergente de autos, solicito tener a bien mandar trabar embargo preventivo sobre los bienes personales y las sumas de dinero pertenecientes a la accionada", indicó la presentación.

La Naciónnorma, que determina que la venta de remedios sólo podrá

hacerse en farmacias habilitadas, ya tuvo media sanción en Diputados

Jueves 17 de setiembre de 2009

Por Maia Jastreblansky
De la redacción de lanacion.com
mjastreblansky@lanacion.com.ar

El comité científico asesor en políticas contra la drogadicción y el narcotráfico reclamó al Gobierno que se acelere el tratamiento de la ley de medicamentos, cuyo proyecto tuvo media sanción en Diputados y aguarda su tratamiento en la Cámara alta.

El proyecto determina que la venta de medicamentos, incluidos los de venta libre, sólo podrá ser efectuada en farmacias habilitadas por la correspondiente autoridad sanitaria.

La titular del comité, Mónica Cuñarro, advirtió que la norma está parada hace un año en el Senado y remarcó la importancia de su urgente sanción. "Seguramente hay alguna especie de presión de algún sector que está interesado en seguir estando como intermediario. Nos parece que la ley sería una herramienta legal muy importante para beneficiar las políticas de salud pública", sentenció.

"Lo importante es prohibir la venta de remedios en supermercados, en quioscos o en cualquier lugar donde no haya un control de un director técnico farmacéutico, que es el que garantiza que las drogas tienen el aval de la Anmat", explicó a lanacion.com el especialista del comité, Martín Vázquez Acuña.

Ante las crecientes repercusiones por la causa judicial sobre fármacos adulterados y tras el pedido los expertos, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, aseguró ayer que promoverá la ley. Para combatir la adulteración "hay que volver a las cuestiones básicas" indicó el funcionario y dijo que "hay una normativa vigente que se debe corregir en el Congreso".

Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud del Senado, presidida por la oficialista Haidde Giri. Germán Lovrencic, jefe de asesores de Giri, aseguró que la iniciativa será tratada por la comisión el próximo martes y que, de tener el visto bueno, pasará a tratarse en el recinto.

Asimismo, Cuñarro indicó que la ley volvería a establecer el control sanitario de sustancias medicinales que se perdió en 1991, con la sanción del decreto 2284 de desregulación económica. Según indicó Cuñarro, aquel decreto "permirtió un espacio de arbitrariedad que fue el caldo de cultivo para la mafia de medicamentos a la que estamos asistiendo, además de la exportación de efedrina para el narcotrafico, en algunos casos".

En referencia a la marcha de la causa judicial sobre el tráfico de medicamentos, Acuña agregó: "Creemos que la ley es indispensable para conocer el recorrido de la sustancia, del laboratorio a la droguería y de la droguería a la farmacia".

Además, el comité instó al Gobierno a que "sean reforzados los controles estatales sobre los precursores químicos, ya que, según indicaron, eso colaborará en las políticas contra el narcotráfico.

"Hace más de un año que diversos proyectos están dando vueltas. Lo óptimo sería realizar un plenario que involucre la regulación, expendio y publicidad de los medicamentos para que el Estado establezca el marco político sanitario que de garantías a salud pública", concluyó Cuñarro.

La Nación


Mafia de los medicamentos / Más controles
Amplían la investigación al resto de las obras sociales
Hoy deben informar si operaron con las droguerías sospechosas

El caso de la mafia de los medicamentos ya no es ajeno a ninguna de las obras sociales sindicales: todas ellas deben informar hoy si en los últimos tres años operaron con las droguerías sospechosas de haber suministrado remedios adulterados a pacientes de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA).

El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Ricardo Bellagio, ordenó la medida luego de que el Gobierno decidió la intervención de la obra social de los bancarios, por pedido de la Justicia. El juez Norberto Oyarbide hizo dos allanamientos en la sede de la OSBA y anticipó que citaría al líder del gremio, Juan José Zanola, a declarar como acusado.

Fue también después de conocerse que al menos otras seis obras sociales gremiales habían operado con las droguerías San Javier y Multipharma, ambas propiedad de Néstor Lorenzo, el principal imputado en la causa.

Las obras sociales bajo sospecha son las del Personal de la Actividad del Turf, del Personal Gráfico, de Empleados Municipales de Avellaneda, de Aeronavegantes, de Agentes de Lotería y Afines, y de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Voceros de las dos últimas entidades dijeron a La Nacion que habían operado con San Javier porque era uno de los proveedores autorizados por la SSS, pero afirmaron que habían dejado de hacerlo desde hacía más de un año y que no tenían ninguna denuncia sobre medicamentos falsificados. Desde ayer, 30 auditores de la SSS analizan los registros de esas seis obras sociales para verificar si hubo alguna contratación irregular. El resultado de ese trabajo estará listo la semana próxima, detallaron a La Nacion en la SSS.
Más controles

Tras corroborar que esas instituciones habían comprado medicamentos a San Javier o Multipharma, Bellagio intimó a las casi 300 obras sociales bajo su control a informar entre ayer y hoy cualquier contratación con una de estas dos empresas.

La SSS también requirió al gerente general de la Administración de Programas Especiales (APE), Hugo Sola, para que informara qué obras sociales habían pedido reintegros de fondos por operaciones con esas droguerías. La APE es un organismo que se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores y de las empresas y que se encarga de financiar la atención de pacientes con enfermedades como sida, cáncer y hemofilia. Para recibir reintegros por las prestaciones, las obras sociales deben informar qué medicamentos compraron y a quién.

Bellagio solicitó también que las obras sociales informaran la evolución de los últimos tres años de los pacientes que sufren sida, cáncer o hemofilia, un universo de unas 22.000 personas.

La causa que instruye Oyarbide se inició con una denuncia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que alertó sobre la existencia de medicamentos falsificados. La OSBA quedó en la mira de la Justicia cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier. De ese fondo se cobraba Lorenzo los medicamentos que le proveía a OSBA.

La causa de Oyarbide entró en los últimos días en un compás de espera, por un planteo de Zanola para apartar al magistrado. Ayer, el fiscal Luis Comparatore reclamó al juez que determinara si se trataba de un caso de asociación ilícita y que dirimiera si Zanola había sido integrante o líder de esa organización criminal. Solicitó, además, allanamientos a farmacias para determinar si son de Zanola o de allegados al sindicalista.
Ocaña le apuntó a Néstor Kirchner

    * La ex ministra de Salud Graciela Ocaña recordó ayer que cuando Néstor Kirchner era presidente la había convocado para "combatir a las corporaciones", pero ?opinó? "al no conseguirlo quedó muy atado a ellas". Dijo que la política se ha reducido a "un toma y daca permanente".


La Nación


Fondos negros que matan
El financiamiento ilegal de la política y los sindicatos está en el origen del escándalo de los medicamentos adulterados

Jueves 17 de setiembre de 2009

A medida que avanzan las investigaciones sobre las mafias que adulteran medicamentos, no dejan de asombrar los cada vez más numerosos e intrincados vínculos que esas mafias mantienen con el poder político y el sindical, y con las cajas negras que financian a ambos poderes.

Cuando estalló el caso, sólo parecía comprometida la obra social de los bancarios, tardíamente intervenida por la Presidenta ante un pedido del juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la principal de las investigaciones judiciales sobre este delito aberrante, que, como dijimos en estas columnas, pone en juego la salud y la vida de enfermos que inocentemente creen encontrarse bajo tratamiento.

Ayer, un abogado que suele recorrer diariamente los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py contaba a un cronista de este diario la fuerte impresión que le había causado ver, en la puerta del juzgado de Oyarbide, una fila de pacientes y familiares que esperaban develar allí si las sustancias que habían recibido eran las apropiadas o no.

Ahora, además de la de los bancarios, se investiga también a otras seis obras sociales: las de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, del Personal de la Actividad del Turf, de los Agentes de Lotería y Afines, del Personal Gráfico, de los Empleados Municipales de Avellaneda y de los Aeronavegantes. Así lo anunció el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio. Sobre esas obras sociales pesa la sospecha de haber operado con la droguería San Javier, una empresa de Néstor Lorenzo, principal acusado de haber entregado remedios vencidos y adulterados a la obra social de los bancarios.

Lo que antes parecía un caso relativamente aislado, pese a las numerosas denuncias judiciales que se han ido acumulando durante los últimos años, ahora parece revestir una magnitud tan grande como para sospechar un modus operandi generalizado y hondamente arraigado.

El eje que vincula el negociado de los medicamentos que no son tales con el financiamiento de la política y los sindicatos se encuentra en el Ministerio de Salud, precisamente, en la Superintendencia de Servicios de Salud y, allí, en la Administración de Programas Especiales (APE), donde se otorgan los subsidios a las obras sociales para los remedios destinados a enfermos de alta complejidad. Son los que se suministran a pacientes de cáncer, leucemia y sida, y a veces cuestan más de veinte mil pesos la unidad. La APE dispone de un fondo constituido con aportes de los trabajadores y las empresas, que el Estado les entrega a las obras sociales para la atención de ese tipo de enfermos.

Da la casualidad de que, como reveló días atrás LA NACION, los gremios no han rendido cuentas por más de 200 millones de pesos que habían recibido de la APE durante 2005 y en años anteriores.

En un allanamiento realizado el año pasado en la casa de Lorenzo se encontraron recibos por casi un millón de pesos, correspondientes a aportes a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Uno de los recaudadores que tuvo el Frente para la Victoria, el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, también podría ser citado a declarar ante la Justicia.

En su breve pero valiente gestión al frente del Ministerio de Salud, Graciela Ocaña enfrentó a la mafia de los medicamentos y logró la renuncia de Capaccioli. Lo reemplazó Juan Rinaldi, ex abogado del titular de la CGT y dirigente de los camioneros, Hugo Moyano. Rinaldi se encolumnó con Ocaña, pero debido a presiones del sindicalista fue apartado y en agosto sufrió intimidaciones por parte de un grupo de afiliados al gremio de los camioneros.

Tampoco escapó del escándalo el gobierno bonaerense, pues le costó el cargo a Alberto Costa, subsecretario de Control Sanitario. El ministro de Salud provincial, Claudio Zin, afirmó que no había más vínculos de funcionarios bonaerenses con los imputados, pero luego tuvo que desplazar al responsable del Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia.

El filón de los fondos de la APE explicaría el interés de Moyano por esa área de la cartera de Salud. A su vez, el manejo de cuantiosas sumas de dinero explicaría también el surgimiento de verdaderas monarquías al frente de numerosos sindicatos. El de los bancarios tiene al frente desde hace 27 años a Juan José Zanola; a cargo de la obra social se encontraba su esposa. El de los camioneros se ha constituido en una monarquía hereditaria, cuya titularidad recayó en un hijo de Moyano.

La lógica difusión que ha alcanzado el escándalo de los medicamentos, sumada a la preocupación de los enfermos y al empuje que le imprimió a la investigación el juez Oyarbide, debería permitir desentrañar y desmontar esta mafia que combina delito y fondos políticos.

Es una deuda con los pacientes y con los que seguramente han muerto. También es la oportunidad para comenzar a poner fin al financiamiento ilegal de la política, que es lo que, en definitiva, alimenta estos negocios asesinos.

La Nación



Allanan el Policlínico Bancario por la investigación de medicamentos falsos
Oyarbide ordenó el ingreso al hospital de La Bancaria; el juez federal aseguró hoy que "el cerco se cierra cada vez más" para el dirigente sindical Zanola; el fiscal solicitó que también se indague a Capaccioli, recaudador de la campaña presidencial de 2007

Viernes 11 de setiembre de 2009

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó el allanamiento del Policlínico Bancario, el centro de salud de la obra social del sindicato de los bancarios, liderado por Juan José Zanola.

Zanola, será citado "en muy pocas horas" a declarar ante la Justicia federal para "dar explicaciones" sobre su presunto vínculo con la llamada "mafia de los medicamentos", confirmó hoy el juez federal.

Además, se evalúa citar su esposa, Paula Aballay, quien supuestamente maneja las contrataciones del Policlínico con las droguerías.

"El cerco se cierra cada vez más para Zanola y en muy pocas horas va a ser convocado a dar explicaciones al tribunal", dijo Oyarbide.

El magistrado remarcó que en su juzgado escuchó "testimonios de personas que recibieron tratamientos oncológicos en el Policlínico Bancario y han explicado, de modo coincidiente, el desparpajo que existía en esa institución".

"Pasaban por la farmacia a buscar los remedios, en la planta principal del Policlínico Bancario, y los mandaban a la oficina de la Droguería San Javier, que estaba adentro mismo del Políclino Bancario", sostuvo.

El juez vaticinó que la investigación continúa "cada vez peor y cada vez va más para arriba".

Zanola quedó envuelto en la causa cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier, en manos del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, imputado en la causa.

Incluso el juez Oyarbide admitió que "podría llegar a haber" alguna conexión entre el presunto suministro de medicamentos falsos en la obra social bancaria (OSBA) y el triple crimen de General Rodríguez.

"Si Ustedes recuerdan la camioneta de Forza apareció cerca del Policlínico Bancario y al requisarse resultó que dentro estaba repleta de productos oncológicos falsos", sostuvo ayer, en su ya habitual encuentro con periodistas al salir de su casa.

En tanto, en el juzgado federal número cinco aguardan a Marcela Izquierdo, viuda de Damián Ferrón, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.

La mujer viene diciendo que su marido conocía a Zanola y que la farmacia en que trabajaba aquel tenía como principal cliente a la OSBA.

Izquierdo dijo, en alusión a Zanola, que "no sé por qué niega este hombre que los conocía" a Ferrón y a los otros dos asesinados, Sebastián Forza y Leopoldo Bina.

Aportes a la campaña. Además, la Justicia analiza citar a declarar a Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia.

El fiscal de la causa, Luis Comparatore, le solicitó ayer a Oyarbide que "se investigue la evaluación patrimonial de las personas involucradas en el sumario, en particular aquellas que se desempeñaron como funcionarios públicos".

La Nación

En el campo empresario
Marihuana sin castigo, aspirinas vigiladas
Por Jorge Oviedo

Viernes 11 de setiembre de 2009

Algunas sorpresas más puede deparar la actual conformación del Congreso, si se cumplen todas las intentonas oficiales. Una reverdeció en los últimos días al amparo del escandaloso accionar de un grupo de empresarios que, de ser ciertas las acusaciones, habrían entregado medicamentos falsificados o vendido a pacientes de obras sociales con VIH o cáncer.

Hay voces que salieron a quejarse de que proyectos de ley que supuestamente podrían haber impedido esta clase de manejos "duermen" en el Congreso. Es extraño, porque no parece que haya duda alguna de que lo que se hacía eran delitos de lo más repugnantes y, por otro lado, los contrales funcionaron, a tal punto de que la denuncia la realizó la entonces ministra de Salud. Sorprende, además, ver a los sindicatos más kirchneristas, como camioneros, taxistas y UPCN, en la lista de obras sociales que o bien fueron perjudicadas con la maniobra o bien tenían cómplices entre sus funcionarios.

Pero entre los proyectos de ley en danza hay uno que tiene un activísimo apoyo y promoción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Es el que prohíbe la venta de medicamentos de venta libre, como aspirinas y digestivos, en sitios que no sean farmacias. Es decir, veda, entre otros, a los supermercados la posibilidad de competir con las farmacias y las cadenas de farmacias y de mantener, por consecuencia, precios más bajos. Es raro que se defienda una ley así porque si se cometió el espantoso y criminal fraude que investiga el juez Oyarbide, se lo hizo con medicamentos supuestamente muy controlados, muy costosos, de venta bajo receta. En la cadena investigada hay droguerías, farmacias y farmacéuticos, además de obras sociales. ¿Qué tiene que ve eso con la posibilidad de comprar analgésicos en una góndola? Hay un discurso confuso que aduce que esta clase de expendio desregulado favorece las adicciones. Es curioso que el mismo Estado que no pena a quienes portan y consumen cualquier clase de sustancia ilegal intente ahora establecer una norma de "protección" según la cual un digestivo efervescente es peligrosísimo si se lo adquiere en el supermercado.

joviedo@lanacion.com.ar

La Nación


El juez Oyarbide dijo que encontró una cantidad "increíble" de medicamentos vencidos escondidos
Tras numerosos allanamientos, ratificó que la investigación seguirá la línea del "lavado de dinero"; Manzur calificó a la causa como un "hecho policial"; detienen a otro empresario

Miércoles 9 de setiembre de 2009


El juez federal Norberto Oyarbide reveló esta mañana que en una serie de allanamientos encontró "depósitos increíbles" de medicamentos "todos vencidos".

"En uno de los allanamientos estos delincuentes pretendieron esconder los medicamentos bajo tierra, pero se los encontré", afirmó en declaraciones a los periodistas al salir de su casa.

Además, hoy a la Policía Federal detuvo en su domicilio a un empresario, tras un allanamiento ordenado por Oyarbide, en el que se encontró una importante cantidad de precursores químicos vencidos. Dicha orden deriva de una causa del año 2004, también a cargo del juez federal, en la que se investiga la falsificación de Yectafer, medicamento utilizado para combatir la anemia, cuyo uso provocó la muerte de dos personas y enfermó a decenas de pacientes.

El comisario Nestor Roncaglia de la División Unidad de Investigación Técnica del Delito, dijo que el detenido "es uno de los integrantes de esta organización investigada" por el que se realizan 16 allanamientos y que "desde hace 30 años se encuentra comercializando productos químicos vencidos".

Roncaglia aseguró que la detención se realizó en el domicilio del empresario donde se hallaron importantes cantidades de ácido sulfúrico, utilizado en la fabricación de cocaína.

Respecto a la causa por adulteración de medicamentos, Oyarbide indicó que ayer se hicieron allanaron cuatro coperativas vinculadas con la droguería "San Javier".

"Particularmente en Verned se pudo encontrar unos papeles negociables utilizados por Lorenzo para canalizar el dinero procedente de las obras sociales a nombre de tres personas", puntualizó y agregó que el empresario investigado escondió "de una manera maravillosa" todo lo que se está constatando sobre este movimiento ilegal.

"Todos estos papeles han generado la necesidad de que yo le de una nueva intervención al fiscal para investigue por lavado de dinero a Lorenzo y Blanco", explicó el juez.

Oyarbide extendería a otras obras sociales las pesquisas por la entrega de medicamentos oncológicos o para HIV adulterados, vencidos o robados, por la que ya se investiga a La Bancaria, descubierto un fideicomiso de la entidad en el que estaría vinculada "San Javier".

El juez indicó ampliaría la investigación de la megacausa a partir de la aparición de nuevas pruebas, muchas de las cuales surgieron a partir de los elementos aportados ayer por la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña.

"Un hecho policial". El ministro de Salud, Juan Manzur, calificó el hecho por el que se investiga la venta ilegal de medicamentos de "aberrante" y señaló que se trata de una acción "policial" sobre cuyos responsables hay que caer con todo el peso de la ley.

"Adulterar medicamentos para la población es un acto criminal. Esperamos que la Justicia caiga con todo el peso de la ley a los que son los responsables", dijo el funcionario en diálogo con Radio 10.

Respecto a las implicancias políticas de la causa investigada por el juez federal Norberto Oyarbide, el ministro pidió "no generalizar". "Acá hay gente que son delincuentes. Hay que identificarlos y aplicarle la ley" dijo manzur y luego agregó que "si hay gente vinculada al ambiente de la política hay que decir quiénes son y que la Justicia sea la que decida".

Manzur indicó que es la denuncia de la Administración Nacional de medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la que se está investigando, y señaló: "Hay que poner todo a disposición de la Justicia, entregar todo lo que requiera, todo lo que crea conveniente, aportar todos los datos que nos solicite".

La Nacion


Estado de corrupción
Por Mariano Grondona
Especial para lanacion.com

Miércoles 9 de setiembre de 2009


Tráfico ilegal y adulteración de medicamentos para enfermedades tan graves como el cáncer y el sida, trampas en los exámenes de los futuros jueces, un monopolio oculto para los amigos del poder detrás del proyecto de la ley de radiodifusión, multiplicación de los "aviones K", súbito enriquecimiento de altos funcionarios, oscuro financiamiento de la campaña presidencial de 2007... El país atraviesa una explosión de denuncias que involucran a un número significativo de funcionarios, sindicalistas y empresarios entre cuyos nombres figuran, justificadamente o no, desde el matrimonio presidencial hasta el occiso Sebastián Forza, pasando por Néstor Lorenzo, Alberto Costa, José Francisco López, Héctor Capaccioli y Juan José Zanola. Estas y otras denuncias son sólo algunas manifestaciones de un fenómeno general: la corrupción.

El "acto de corrupción" consiste en una traición por efecto de la cual alguien viola su compromiso hacia el Estado o hacia un particular en beneficio de sí mismo. En todos los países, aun en los de mejor fama, ocurren actos de corrupción. Pero cuando éstos se multiplican hasta volverse habituales, ya no hablamos de "actos de corrupción" sino de un "estado de corrupción". Si caminamos por un jardín y encontramos una hormiga, no nos preocupamos. Si cientos de hormigas se agolpan en torno nuestro, en cambio, es que hemos tropezado con un hormiguero. Si ignoramos a una hormiga solitaria, no pasará nada. Pero a la vista de un hormiguero o de una serie de ellos, tendremos que escoger entre las hormigas y nuestro jardín.

¿Sería temerario afirmar que, ante la multiplicación de los casos de corrupción que nos rodea, la Argentina ha caído en un estado de corrupción? Desde que lord Acton afirmó que "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente", sabemos que, a más concentración del poder, más posibilidades de corrupción. Y esta es quizás una diferencia entre la corrupción que denunciábamos en tiempos de Menem y la corrupción actual: que, en tanto que aquella estaba en cierta forma dispersa, la de hoy está centralizada, lo cual la vuelve aún más peligrosa. Es como si todos los hormigueros que invaden nuestro jardín obedecieran a una sola hormiga-jefe.

Pero así como la historia está poblada de actos y estados de corrupción, ella también nos muestra que, con un largo y sostenido esfuerzo, se la puede derrotar. En el siglo XVIII el Reino Unido, que ya era una monarquía parlamentaria, atravesó una etapa de corrupción porque el rey, todavía, sobornaba a legisladores. A principios del siglo XIX, empero, cuando Napoleón amenazó su existencia, sucesivos gobiernos ingleses emprendieron una exitosa "política de Estado" contra la corrupción. A nosotros no nos amenaza hoy Napoleón sino la propia corrupción porque, si no la combatimos mediante una nueva política de Estado, nos hundirá en el basural de las repúblicas bananeras.

La Nacion

Aumento de la inmigración de africanos

Inmigración / Por el endurecimiento de las políticas europeas
Buenos Aires, destino de africanos
En dos años creció 142% la cantidad de pedidos de asilo; la mayoría de los inmigrantes proviene de Senegal

Lunes 7 de setiembre de 2009


No arriban sin que nadie los note. Llegan en las condiciones más duras, escondidos en barcos, en un viaje que se prolonga, por lo menos, 21 días. Los que sobreviven a la travesía de unir Dakar con Buenos Aires, escondidos en la hélice de un barco -en la mayoría de los casos, casi no comen nada hasta llegar a puerto-, deben terminar la odisea a nado, cuando el capitán del buque los descubre y les dice que, si quieren bajar en tierra firme, deben nadar hasta la costa. Ningún barco quiere enfrentarse a los problemas legales de haber transportado a un polizón africano.

Esta historia se repite a diario en los puertos de Buenos Aires y de Rosario, los principales destinos de los barcos que transportan soja entre el país y China. Otros llegan en avión a Brasil, ya que son muchos los países africanos que tienen convenios de visado con el país vecino. Después, ingresan ilegalmente en la Argentina, en general por Fray Bentos, tras cruzar Uruguay.

La llegada de personas que arriban al país para pedir refugio creció el 142% en los últimos dos años. Pasaron de ser 355, en 2006, a 859 en 2008. De las 2588 personas que pidieron refugio entre 2004 y 2008, unos 800 eran africanos, 700 de ellos, de Senegal, según informó a LA NACION Federico Agusti, director de Asuntos Internacionales y Sociales de la Dirección Nacional de Migraciones, que preside la Comisión Nacional para Refugiados (Conare).

"Como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias de los países europeos, la Argentina se convirtió en uno de los destinos favoritos de las personas que escapan de conflictos étnicos, persecuciones o, simplemente, de la hambruna", explicó Carolina Podestá, oficial de información de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). No todos huyen de persecuciones, condición por la cual sólo el 25% de ellos son reconocidos como refugiados. "Hoy, muchos llegan escapando del hambre y de la falta de perspectivas", agrega.

¿Qué ocurre con el 75% que no fue reconocido como refugiado? La mayoría inicia un proceso de apelación en la Justicia, que puede durar varios años. "Si no, solicitan ser reconocidos como residentes", explicó Agusti.

Según pudo confirmar LA NACION, ningún africano que llegó al país en forma ilegal fue deportado en al menos diez años. "En los últimos meses, aumentamos los esfuerzos para que disminuyera la llegada. Expresamos nuestra preocupación a las autoridades consulares de Brasil y alertamos sobre la situación, sobre todo para evitar la trata de personas que se está dando en los países de origen, donde hay organizaciones que promueven este tipo de viajes y llegan a cobrar sumas que, para un senegalés, pueden ser una fortuna", dijo Agusti.
La pequeña Dakar

Una vez que llegan a Buenos Aires, muchas veces es la misma policía quien les indica que deben dirigirse a la zona de Once, hoy "la pequeña Dakar" porteña, donde la mayoría de los residentes africanos viven en pensiones y trabajan.

No es casualidad que casi todos comiencen vendiendo bijouterie. Cuando una persona solicita refugio, existen varias ONG que canalizan la ayuda de Naciones Unidas, como la Comisión Católica para las Migraciones, que, durante los primeros meses les financia el hospedaje y les ofrece cursos de idioma, o la Fundación Myrar, que centra sus esfuerzos en proyectos laborales.

Así, a quienes llegan al país se les entrega un vale por 500 pesos para que lo cambien por objetos de oro en locales de Once. La fundación no exige pago ni devolución a cambio. Esta podría ser una explicación de por qué muchos africanos viven de la venta callejera de oro o baratijas. Suelen poblar la avenida Corrientes con sus mantas o paraguas.

Nengumbi Célestin Sukama nació en el Congo y desde 1995 vive en el país. Es refugiado y licenciado en administración de empresas. Está desocupado y preside el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración. Hace cinco meses, presentó un recurso de amparo en la justicia porteña junto con un grupo de senegaleses que denuncian que son víctimas de hostigamiento policial. Encuestó a 45 africanos. El ingreso promedio es de entre 800 y 1300 pesos por mes. La mayoría envía remesas de dinero a sus familiares en la lejana Africa.

La Nación



Africa en Buenos Aires
Cada año, cientos de jóvenes del continente negro llegan a la Argentina escapando de guerras y miseria; de dónde vienen, con qué sueñan y qué piensan del país los vendedores de bijouterie que coparon el centro

Sábado 25 de abril de 2009


Sería un error decir, casi como si se tratara de un descubrimiento en pleno siglo XXI, que, de pronto, Buenos Aires se llenó de inmigrantes negros, cuando hace 200 años, en aquel histórico 1810, el 33 por ciento de la población argentina tenía sangre africana. Lo que sí es evidente es que en los últimos meses centenares de hombres jóvenes de Senegal, Nigeria, Camerún, Liberia y Sierra Leona, entre otros orígenes, cruzaron el Atlántico huyendo de guerras o de penurias económicas y ahora, de este lado del océano, su presencia salta a la vista. Cada día ellos buscan su lugar en avenidas transitadas de Buenos Aires, abren sus portafolios, despliegan las lonas, montan rudimentarias tiendas para ofrecer lo poco que hasta ahora la ciudad puede darles para sobrevivir: bijouterie de fantasía adquirida en Once y apta para la reventa por 5, 10 o a lo sumo 15 pesos flacos que les den sustento.

Según lanacion.com pudo saber, la mayoría de estos africanos son refugiados que piden asilo para evadirse de los conflictos de sus tierras, es decir, que manifiestan sentir miedo a ser perseguidos por razones de raza, religión o pertenencia a determinado grupo social. En segunda instancia y menor proporción, se trata de inmigrantes que, en busca de mejores condiciones de vida ingresaron, al país burlando el control fronterizo, principalmente, en el cruce con Brasil. Modificaron el mapa porteño y, sin querer, contribuyeron a subir una estadística que el año último fue récord para la Argentina: 859 personas solicitaron refugio a nuestro país durante 2008, lo que representa un aumento del 47% respecto del año anterior. La nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes fue la senegalesa (38% del total).

Ser o no ser un refugiado

"Los africanos en su mayoría provienen de guerras", asegura Silvia Costanzi, asesora de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (Fccam), que desde 1951 implementa en nuestro país los programas de Acnur para refugiados (proyectos de recepción y de integración, pero que pueden ser también de retorno o de repatriación). "Cuando llegan, muchos no saben que vienen acá. ´¿Dónde estoy? ¿Qué es Buenos Aires?´, preguntan". La demógrafa, especialista en movilidad humana, comenta en una suerte de paso a paso el camino que un extranjero que ingresa a la Argentina en busca de asilo recorre hasta convertirse en un refugiado con todas las letras. El primer casillero es el ingreso (por aire, agua o tierra) al país. Allí, ante Migraciones, expresará que no tiene documentación, que teme volver a su país, donde existe una amenaza contra su vida, su integridad, su libertad, y tendrá que completar un formulario que se envía directamente al Comité de Elegibilidad para los Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior. "En ese momento quedan en la categoría de solicitantes de refugio y se les da una documentación para que puedan moverse", comenta.

Tanto los refugiados como los solicitantes de refugio que están a la espera del dictamen del Cepare reciben durante, a los sumo, seis meses, una ayuda económica para pagarse el alojamiento en un hotel familiar y la comida, cuentan con asistencia médica y psicológica, si fuera necesaria, y pueden tomar clases para aprender español a partir de rudimentarias lenguas puente, como son el francés y el inglés. Quienes finalmente obtienen el estatus de refugiados podrán seguir en carrera por la tan compleja vía de la integración social y el DNI, con una "precaria" en el bolsillo, que les permite trabajar; mientras que los que sean rechazados -con derecho a apelar el fallo- pasarán a ser inmigrantes comunes y dejarán de recibir la ayuda.

Cuando define los rasgos generales de estos grupos, Costanzi explica que los africanos son hombres menores de 40 años, que llegan sin sus familias y encuentran en la venta ambulante una "estrategia de supervivencia". Se instalan en los barrios del Abasto, Flores y el centro, pero por su actividad pueden extenderse más allá de los límites de la Capital cuando, por ejemplo, es época de vacaciones.

Pasar de la asistencia inicial a la promoción es la instancia más complicada, entre otras razones porque muchas de estas personas vienen de campos de refugiados, están acostumbrados a que las instituciones los sostengan y tienen la idea de que va a ser siempre así. "Hay que comprender que lo que para nosotros podría representar una falta de dignidad para ellos culturalmente no lo es -concluye Costanzi-. En Africa, si una persona en la tribu tiene un cargo y gana dinero, los demás ya no trabajan, porque esa es la costumbre. Quizá uno debería ver estas cosas, profundizar más en la cultura de los pueblos".

Más allá de que los inmigrantes africanos llevan su oficio de mercaderes ambulantes por diversos puntos de la ciudad, su campo de gravitación se concentra en los alrededores del Obelisco. A cada paso la avenida Corrientes les hace un lugar a Alioune, Serge, Moustafa, Salif, Mamadou... Casi todos nacieron en Senegal, muchos de ellos profesan el Islam y llevan no más de dos años en la Argentina. En silencio, construyeron una comunidad comercial en la zona más frenética de la ciudad.

"Somos más de 2.000 senegaleses acá", relata Alioune Ndiouje, de 27 años, sentado al lado de su mesita roja cargada de cadenitas, anillos y relojes que imitan los de las grandes marcas. Lleva seis meses en la ciudad y habla porteño a la perfección. "Yo vine a estudiar economía, pero voy a la UBA y me dicen que ni lo intente, porque no tengo DNI." Es el problema de casi todos sus paisanos. Senegal no está en guerra ni vive una situación política que permita conseguir fácilmente el estatus de refugiado, a los que llegan de allí se les complica conseguir papeles para soñar con algo más que vender baratijas. Para colmo, Senegal no tiene representación diplomática en la Argentina. "Casi todos entramos por Brasil, porque nos resulta fácil conseguir una visa y viajar a San Pablo. Después entramos por la frontera, delictivamente. Yo sé que está mal, pido perdón, pero queremos trabajar y pagar impuestos", se sincera Alioune.

En eso se suma Omar, su colega de la vereda de enfrente en Corrientes al 1300. Hablan en wolof, un dialecto senegalés. Lleva una blusa y un pantalón atigrados, con dibujos tribales. Parece recién llegado de su aldea, pero sorprende con un acento porteño casi perfecto: "Yo siempre pensé que si tenía que irme de mi país vendría a Argentina. De chiquito, cuando empecé el colegio, Maradona ganó el Mundial. Me acuerdo que iba siempre a la escuela con una remera con el 10. Ustedes tienen a Diego, a Messi... Es un buen país".

En Corrientes y Paraná, delante de un banco, tiene su puesto Moustafa. Apenas chapucea castellano, aunque con los clientes se esfuerza con todo. Su rutina es casi idéntica a la de sus paisanos. Los lunes temprano va a una tienda de Once y compra mercadería para toda la semana. "Ahora difícil. Poca ganancia", resume. Cuando llegó, un año atrás, era más común que le sobrara para enviar dinero a su familia. La crisis llegó para todos. Pero de a poco aprende a mejorar la productividad y a elegir mejor la mercancía. Los más nuevos compran directamente el maletín: un portafolios plástico que ya viene armado con un popurrí de chucherías y que por 500 pesos les permite a los recién llegados empezar a trabajar.

Según coinciden todos los vendedores, la policía no los molesta y no sienten discriminación. "Sé por amigos que fueron a Europa que ahora está muy duro allá. Argentina es un país de inmigrantes y no hay racismo, por suerte", dice Alioune para explicar por qué Buenos Aires y no alguna gran capital, más cercana a la costa africana.

Con más o menos detalles todos cuentan la misma historia de miserias que los forzaron a emigrar y coinciden también en una ilusión: volver al pueblo, a la familia, al fútbol en la calle, a la novia... El sueño de casi todo exiliado. Potenciado por la distancia que impone el venir del África, ese enigma cultural y geográfico que siempre atrajo al hombre blanco. Aunque, como escribe el periodista polaco Ryszard Kapuscinski en su libro Ebano, intentar descifrar ese misterio en términos absolutos es inútil: "Cuando se intenta entrar en territorio de otra cultura, y describirla, la lengua devela sus límites, su subdesarrollo, su impotencia semántica. África significa miles de situaciones. De lo más diversas, distintas, contradictorias, opuestas. Alguien dirá: ´Allí hay guerra´. Y tendrá razón. Otro dirá: ´Allí hay paz´, y también tendrá razón. Todo depende de dónde y cuándo."

 Datos del año 2008 suministrados por la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM)

Producción: Constanza Bertolini, Federico Prack, Jorge Quiroga, Martín Rodríguez Yebra, Claudia Nobilo y Pablo Plotkin

La Nacion