quella idea romántica de ciudadanos independientes que sacaban dinero de su bolsillo para apoyar a su candidato predilecto puede haber quedado en eso: en una idea romántica. En las últimas elecciones legislativas, de octubre del año pasado, el 40% del total de los aportes privados fueron al Frente para la Victoria (FPV). Y, llamativamente, esos fondos provinieron de funcionarios de diversas áreas de la administración pública (ministerios, organismos, bancos oficiales...), legisladores y empleados contratados temporalmente por el Estado. También aparecen como aportantes al FPV el mandamás del juego, Cristóbal López, y ocho de sus lugartenientes en sus distintas sociedades, con una contribución total de 520.000 pesos.
Además, se detectó a una treintena de empresarios de distintos rubros que también son proveedores del Estado, que aportaron, en conjunto, 426.585 pesos.
Todo esto surge de un cruce entre la información publicada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y distintas bases de datos oficiales del Poder Ejecutivo. De ese cruce, hecho por LA NACION Data (equipo de periodismo de datos), aparecen como aportantes centenares de empleados del Estado.
Estos aportes no violan la ley 26.215 de financiamiento político, ya que fueron efectuados a título personal. Pero sí dan lugar a suspicacias: el hecho coincide con la masiva incorporación de empleados públicos impulsada por el kirchnerismo en los últimos diez años.
Uno de los hallazgos más curiosos del relevamiento fue el aporte de 30.000 pesos, también a la campaña oficialista, que hizo Cristian Raúl Chávez López, un cadete de Propyme. Se trata de la financiera que recientemente quedó envuelta en un escándalo cuando su dueño, Guillermo Greppi, llamó al subsecretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi (el segundo de Carlos Zannini), para evitar un allanamiento ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide.
Sin embargo, los aportes que sí violarían la ley son los que realizaron al FPV Cristóbal López, dueño de Casino Club, y los empresarios que figuran como proveedores del Estado. El artículo 15 de la norma prohíbe expresamente a los partidos políticos recibir aportes de "personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar". La prohibición también alcanza a "las empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires".
En el caso de los empresarios, éstos aparecen cuando se cruzan los datos de la CNE con los del portal Argentina Compra. Allí se observa que los aportantes pertenecen a los más diversos rubros, como la construcción, alimentos, electricidad y telefonía, indumentaria textil, vigilancia y seguridad, entre otros. Los aportes van desde los 100 hasta los 50.000 pesos.
Vale detenerse en este punto, pues los empresarios más pudientes que aparecen en el informe aportaron no al oficialismo, sino a la oposición. En efecto, el que hizo la contribución mayor fue Juan Carlos Bonacorsi, con 50.000 pesos, a la campaña de Sergio Massa (Frente Renovador). Bonacorsi fue diputado nacional del Partido Unidad Federalista, que lideraba el ex subcomisario Luis Patti. De hecho, Bonacorsi fue su defensor en el proceso legislativo que terminó con el rechazo al ingreso de Patti a la Cámara baja.
Secundan a Bonacorsi dos empresarios que contribuyeron con 40.000 pesos cada uno: se trata de Leandro José Conte (oficinas y muebles) y Alfredo Sampedro (repuestos de equipos de gases industriales), ambos a Unión-Pro.
"Estas contribuciones demuestran el compromiso de los empresarios con el partido de gobierno; prestan sus nombres para engrosar el financiamiento de las campañas", enfatizó el diputado Fernando Sánchez, diputado y apoderado de la Coalición Cívica, quien no obstante puso en duda el monto sincerado por el oficialismo ante la justicia electoral. "Estoy seguro de que no blanqueó todos los millones que gastó en la campaña", señaló.
Militantes activos
Según los datos de la CNE, los aportes privados sumaron 86.698.271 pesos en total en las 24 provincias y para todos los partidos que los recibieron. De ese monto, primero en el ranking figura el FPV, con 35 millones de pesos; segundo aparece Pro, de Mauricio Macri, que recibió 13 millones, y tercero, el Frente Renovador de Sergio Massa, con 12,7 millones de pesos.
Según el relevamiento que realizó LA NACION, son 304 los empleados contratados por el Poder Ejecutivo que aparecen como aportantes de la última campaña, mientras que los funcionarios públicos (incluidos legisladores) sumaron 271.
En el lote aparecen varios ministros, como Axel Kicillof (Economía), con 25.000 pesos; Juan Manzur (Salud), con 27.000 pesos; Julio Alak (Justicia), con 20.000 pesos.
También realizaron su aporte diputados de pura cepa kirchnerista, como Andrés "el Cuervo" Larroque: Héctor Recalde; Carlos Kunkel; Juliana Di Tullio, Diana Conti y Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros, cada uno de ellos con 10.000 pesos.
Pero el más osado fue Eduardo Seminara, que contribuyó con nada menos que 100.000 pesos. Durante la campaña, Seminara se desempeñaba como vicerrector de la Universidad de Rosario e integraba la lista de candidatos a diputados del Frente para la Victoria por la provincia de Santa Fe. Los votos, sin embargo, no le alcanzaron para resultar elegido, pero luego, al fallecer Jorge Obeid, quien encabezaba la lista, Seminara logró ingresar finalmente a la Cámara de Diputados.
Otro de los capítulos llamativos del informe es que tanto funcionarios de bancos oficiales como directivos de universidades también participaron con dinero en la campaña, en su mayoría en la del FPV. En el lote de los bancos figuran el Nación (162.000 pesos en total), Hipotecario (50.000 pesos) y el de la Provincia de Buenos Aires (7000 pesos). Entre los aportantes aparece el ex titular del Nación y actual jefe del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.
Las universidades cercanas al kirchnerismo también dijeron presente; entre ellas están la de Córdoba, la de Villa María y la de Avellaneda. Curiosamente, funcionarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) contribuyeron a UNEN.
En la oposición, también los legisladores hicieron sus aportes; por ejemplo, en Pro contribuyeron siete, encabezados por Federico Pinedo, jefe de bloque, por 40.000 pesos cada uno. También aparecen Felipe Solá, Gilberto Alegre y Darío Giustozzi, todos diputados del Frente Renovador. Los dos últimos aportaron 50.000 pesos cada uno.
"Es un dato llamativo que en el grueso de los aportantes privados aparezcan agentes del Estado. Esto habla de una mayoría ciudadana que, todavía, no se siente atraída para participar, y éste es un desafío para nosotros", concluyó la diputada Laura Alonso, una de las aportantes a la campaña de su partido.
- 35
Millones de pesos
Es el total de los aportes privados que recibió el FPV
- 950.000
Pesos
El aporte de empresarios proveedores del Estado
- 13
Millones de pesos
Lo recaudado por Unión-Pro, muy lejos del FPV
Qué dice la ley de financiamiento
En su artículo 15, la ley 26.215 establece restricciones muy precisas a los aportes privados de campañas políticas. Señala, por ejemplo, que no se podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente contribuciones o donaciones anónimas, como tampoco de entidades centralizadas o descentralizadas, sean éstas nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la ciudad de Buenos Aires.
Además, la norma impide las contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o de la Capital. Asimismo, prohíbe expresamente los aportes de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Por último, la ley prohíbe contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia en el país, como también los aportes de empleados obligados por sus superiores jerárquicos
