Editorial I
Ingeniería para la impunidad
Corte Suprema frenó a tiempo uno de los eslabones del plan del kirchnerismo para someter al Poder Judicial, al considerar nulo e inconstitucional el nombramiento de conjueces en su mayoría afines al oficialismo como miembros provisorios del máximo tribunal, cuyo propósito no era otro que consagrar la impunidad frente a los numerosos y graves escándalos de corrupción que involucran a funcionarios gubernamentales.
Sin embargo, la feroz arremetida del Poder Ejecutivo Nacional contra la Justicia continuará mediante los intentos por presionar y amedrentar a los magistrados que avancen en la investigación de causas sensibles para el poder político. Ninguna otra conducta puede esperarse de un gobierno que ha dado sobradas muestras de descreer de las instituciones y de no aceptar que ningún otro poder intente siquiera ponerle límites.
El peligroso avance del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre el Poder Judicial encuentra numerosos indicadores, tales como la desestimación de la grave denuncia de Alberto Nisman, luego de que ésta quedara a cargo de un fiscal de la Cámara de Casación identificado con el kirchnerismo; las propuestas de nombramiento de jueces y de fiscales militantes, que ni siquiera figuran entre los mejores calificados en los concursos convocados para cubrir cargos vacantes; el aumento de las atribuciones de la procuradora Alejandra Gils Carbó, o el control por parte del oficialismo de la comisión que instrumentará la reforma del Código Procesal Penal, entre otras muchas iniciativas.
Hay un denominador común detrás de todas esas noticias: la continua búsqueda de impunidad. Pero esta conclusión no capta la real perspectiva del gravísimo problema que aqueja a la Argentina desde hace mucho tiempo y que, en los últimos años, ha llegado a una hondura sin precedentes. No parecemos advertir como sociedad todo lo que está en juego, ni tampoco que es a raíz de estos ataques institucionales que nuestro país se encuentra estancado desde hace mucho tiempo.
En efecto, el hecho de que el poder político haya logrado diluir o desbaratar importantes investigaciones penales es consecuencia de que, durante todos estos años, ha venido desarrollando una auténtica ingeniería para la impunidad: una tarea sistemática y minuciosamente planificada, a través de la cual los más encumbrados funcionarios del Poder Ejecutivo y sus operadores lograron que muchos jueces y fiscales cumplan un papel decisivo para favorecer ese desenlace. En esta tarea, claro está, ha incidido notoriamente la capacidad del Gobierno, a través del funcionamiento de su Secretaría de Inteligencia, para acumular información que ha sido utilizada como ariete en contra de los mismos jueces que designó, que en muchos casos son personas con ostensibles debilidades, que los tornan más permeables a las presiones del poder político.
En otras palabras, el Gobierno no sólo está logrando conseguir que muchos casos de corrupción no sean investigados, sino que al amparo de presiones y de prebendas, y en otros casos de simples "carpetazos", pudo forjar una trama de complicidades en la Justicia, en el Ministerio Público y en otros organismos de control que, en conjunto, le garantizan que los casos de corrupción pública sigan impunes. Como otra variante, igualmente disvaliosa para la República, las designaciones en la Justicia y el Ministerio Público recaen con frecuencia en funcionarios que hacen de la "militancia" una supuesta virtud, con total olvido del principio de igualdad ante la ley. Sólo así se explica que sea posible anticipar en casi todos los casos sensibles al Gobierno cómo serán las decisiones de los miembros del Poder Judicial involucrados en ellos. La desazón que este fenómeno despierta en la sociedad bienintencionada es ciertamente mayúscula.
En los últimos tres meses, la causa en la que se investiga la muerte de Nisman, que está a cargo de la fiscal Viviana Fein y de la jueza Fabiana Palmaghini, creció en número de páginas y se pobló de escándalos, sospechas, altisonantes declaraciones políticas e infinitas disputas mediáticas. Sin embargo, hasta el momento ni la representante del Ministerio Público ha podido dar cuenta de ningún avance concreto que permita conocer en forma indubitable las circunstancias que rodearon la muerte, ni tampoco la jueza ha hallado la forma de superar esa virtual parálisis.
Algo no menos escandaloso ocurrió alrededor de la denuncia por encubrimiento que presentó Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman. Más allá de que la denuncia tenga sustento en pruebas concretas, lo cierto es que existe un notorio contraste entre las muchas medidas de prueba que pidieron los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes para dar nacimiento a la pesquisa y la férrea decisión de mantener archivada la causa que tomaron el juez federal Daniel Rafecas y la Sala I de la Cámara Federal porteña. Es escandaloso que la imputación de tres fiscales no baste para iniciar una investigación conectada con la causa en la que murieron 85 personas, el mayor atentado de nuestra historia como nación.
También resultan harto sospechosos los tiempos que manejó la Cámara Federal para llegar a esa conclusión y para elevar el caso a la Cámara Nacional de Casación Penal, pues la morosidad con la que dio esos pasos le garantizó al Gobierno que entrara de turno el fiscal de Casación Javier De Luca, miembro de la agrupación Justicia Legítima y allegado al Gobierno. La velocidad con la que este funcionario recibió la causa y se expidió desistiendo de la apelación que había presentado el fiscal Moldes muestra nuevamente una intención ya preconcebida de sepultar esta investigación que no tuvo siquiera un inicio.
La impunidad también es para los fiscales amigos del gobierno kirchnerista. El fiscal antilavado, Carlos Gonella, ha sido citado en seis oportunidades a prestar declaración indagatoria en una causa por presunto prevaricato y en ninguna de ellas se presentó. El juez Claudio Bonadio, que lo investiga, pidió el desafuero de Gonella para hacerlo comparecer por la fuerza pública, pero la procuradora Gils Carbó, como era de imaginar, rechazó la solicitud del magistrado.
El caso de Lázaro Báez, otro de los empresarios más cercanos al poder kirchnerista, también es una muestra de lo que está ocurriendo. El fiscal Gonella, hace dos años, dejó al contratista del Estado fuera del dictamen que abrió la investigación por la ruta del dinero K en contra de Fariña y de Elaskar. Finalmente, a fines de 2014, la Sala II de la Cámara Federal ordenó que el juez federal Sebastián Casanello lo llame a indagatoria. Pero ahí entran a jugar tres factores. En primer lugar, Gonella, con su negativa a investigar a Báez, dilató la pesquisa innecesariamente durante más de dos años, tiempo valioso para que las pruebas se puedan diluir o acomodar. En segundo término, Casanello, en lugar de procesar o sobreseer a Báez a la hora de indagarlo, ordenó un larguísimo peritaje que le servirá al propio juez para demorar aún más su resolución. Por último, el propio Casanello, que tiempo atrás ascendió irregularmente posiciones dentro de un concurso judicial, terminó colocado dentro de la terna que el Consejo de la Magistratura planea enviarle a la Presidenta, para ascenderlo a la Cámara Federal. Así, este magistrado, con la impunidad de Báez y de otros imputados en distintas causas, estaría conquistando su propio ascenso a camarista.
En esos días, también está en discusión la instrumentación de la reforma del proceso penal, para pasar de un sistema penal mixto a uno de tipo acusatorio. El Gobierno, sin embargo, aprovechó los tiempos de este proyecto para que, en forma simultánea, otra ley -la que reformó la vieja SIDE- le entregue a la Procuración General el control de las escuchas telefónicas, tarea que debería estar en manos de los jueces de garantías. Y, además, el Ejecutivo logró que la comisión de implementación de la reforma, que acaba de crear el Congreso, pase a estar dominada por una mayoría de miembros oficialistas que durarán en sus mandatos más de cinco años, es decir, que condicionarán a la próxima gestión presidencial.
Todo lo que viene haciendo el gobierno kirchnerista, en síntesis, obedece a un mismo patrón: evitar pagar cualquier costo político por avances en las causas sobre corrupción pública en un año electoral, y contar, a partir del próximo período presidencial, con las mayores garantías posibles de impunidad.
Será necesario que la sociedad toda, y las fuerzas políticas de oposición en particular, adviertan los peligros que conlleva este perverso plan para las ya maltrechas instituciones republicanas. La independencia del Poder Judicial en ningún caso puede ser prenda de negociaciones. De lo contrario, sólo podremos esperar una profundización de la degradación institucional que tiene lugar en los últimos años.
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