Cristóbal López NO pagó a la AFIP $8000 Millones
Published on Mar 14, 2016
LANATA SIN FILTRO:Cristóbal López NO pagó a la AFIP $8000 Millones durante el kirchnerismo por @Radiomitre el día 14/03/2016
https://www.youtube.com/watch?v=fHqigr0PcF8
La respuesta de Macri al socio de Cristóbal López: "No puede quedarse con el dinero público para invertir"
El Presidente salió al cruce de Fabián de Souza, que justificó la deuda de 8 mil millones que tiene el Grupo Indalo con la AFIP.
Lunes 14 de Marzo de 2016
http://tn.com.ar/politica/la-respuesta-de-macri-al-socio-de-cristobal-lopez-no-puede-quedarse-con-el-dinero-publico-para_659076
El juez que investiga la denominada "Ruta del dinero K" habló con Luis Majul y manifestó que la publicación de los videos fueron "una sorpresa"
El juez que investiga la denominada "Ruta del dinero K" habló con Luis Majul y manifestó que la publicación de los videos fueron "una sorpresa"
DOMINGO 20 DE MARZO DE 2016
juez federal Sebastián Casanello, titular del juzgado federal 7 al frente de la causa de la denominada "Ruta del dinero K", habló con Luis Majul en el programa La Cornisa para explicar cómo inciden los videos de Martín Báez en la financiera SGI contando grandes sumas de dinero en dólares y euros en la causa que investiga.
El juez que procesó a Federico Elaskar y a Leonardo Fariña declaró: "Pedí los videos ni bien fueron publicados, fueron centrales y fueron, en rigor, una sorpresa porque no teniamos material en video en la causa".
"Con los videos los citamos (a Lázaro Báez y a Martín, su hijo) porque son en sí mismos una prueba. Esta es una causa muy compleja, como un rompecabezas que llevamos juntando muchas piezas", agregó, y explicó que el entorno en el que se presenta la prueba fue el puntapíe para citar a indagatoria a los protagonistas. "El aporte del dinero, en ese momento y lugar, es lo que permite cerrar el rompecabezas y llamar a indagatoria a Báez".
El juez federal Sebastián Casanello habló con Luis Majul sobre los videos que complican a Lázaro Báez.Foto:Captura de pantalla
Casanello recordó que la causa que investiga es por el delito de lavado de dinero, cuyo accionar tiene "características propias". "Nosotros estamos siguiendo una causa que es por lavado de dinero, no por estafa ni cohecho. Hay lavado de dinero de origen delictivo y hay que hurgar cuál es ese origen", indicó. "Estamos muy interesados en que esto avance, no queremos dar un paso y retroceder dos", concluyó.
Cómo sigue la investigación
Casanello citó para el 26 de abril al empresario Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero. Será la última de una serie de indagatorias. Además de Lázaro Báez, el juez agregó como imputados a indagar al ex presidente de SGI Gustavo Fernández, que aparece en los videos de "La Rosadita", y a Walter Zanzot, el presidente de la empresa de aviación Top Air, ligada a Báez (esta firma comparte domicilio con otras firmas del grupo Báez). Zanzot también aparecía en los videos.
La indagatoria al empresario santacruceño se da luego de la citación de su hijo, Martín Báez, a quien también el juez Casanello le prohibió la salida del país. Además, el juez federal le solicitó a la AFIP las declaraciones juradas del hijo del empresario y de los otros integrantes del video: Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, y de Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró.
LA NACION reveló la operatoria del empresario patagónico, que eludió pagar a la AFIP 8000 millones de pesos
Paso a paso, en qué consistió la maniobra de Cristóbal López
LA NACION reveló la operatoria del empresario patagónico, que eludió pagar a la AFIP 8000 millones de pesos
http://www.lanacion.com.ar/1881657-paso-a-paso-en-que-consistio-la-maniobra-de-cristobal-lopez
La Justicia apunta a las cuentas de Lázaro Báez en el exterior
La Justicia apunta a las cuentas de Lázaro Báez en el exterior
El juez Casanello busca datos de fondos ligados al empresario en EE.UU., Suiza y Panamá, entre otros países
juez federal Sebastián Casanello le pidió ayuda al gobierno de Mauricio Macri para que les reclame a Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay y Belice información que retienen desde hace dos años sobre empresas, cuentas y negocios supuestamente ligados al empresario santacruceño Lázaro Báez. Casanello ya había intentado hacer un pedido de ayuda similar a la Cancillería en tiempos de Héctor Timerman, pero sus gestiones no tuvieron resultado.
Lázaro Báez.
El juez envió el 11 de marzo pasado un oficio a la canciller Susana Malcorra en el que le solicita que, "en su carácter de administradora de las relaciones diplomáticas con las potencias extranjeras, procure arbitrar los medios necesarios a fin de obtener una favorable y pronta respuesta a las solicitudes de asistencia internacional libradas por el tribunal". El juez sospecha que en esos países está la clave de las operaciones ilícitas que le permitirían indagar a Báez por lavado de dinero. Cree que por allí pasaron los 60 millones de dólares que salieron del país o que se realizaron operaciones inmobiliarias o financieras sospechosas.
Casanello le pidió ayuda a Belice el 11 de julio de 2013 para que le informara sobre la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, hijo del empresario santacruceño, constituida en ese país vía Panamá. Esa firma tenía depositados 1,5 millones de dólares en el banco suizo Lombard Odier, pero luego esa cuenta fue cerrada. Belice nunca respondió.
Vialidad facilitó una maniobra de Austral Construcciones
En Suiza, el juez pidió ayuda el 10 de julio de 2015 por última vez. Los suizos le contestaron que quieren una imputación concreta para liberar la información y descongelaron fondos de Báez en ese país. Suiza, a través del Ministerio Público de la Confederación (MPC), archivó la causa por lavado de dinero abierta en abril de 2013 contra Báez y el contador Daniel Pérez Gadín.
La clausura de la investigación en Suiza implicó un revés que ahora Casanello busca dejar atrás. La decisión de los suizos implicó el levantamiento del bloqueo y la restitución de fondos a los titulares de cuatro cuentas relacionadas con Lázaro Báez en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin, de Ginebra. Una de esas cuentas pertenecería a una fundación de la familia Báez, a la cual se le restituyeron unos 15 millones de euros.
La decisión se comunicó al gobierno argentino en enero del año pasado. Los suizos dijeron que el dinero detectado en Ginebra "provenía de fuentes externas a Suiza, concretamente de Panamá. Cerca de 22 millones de dólares procedieron de sociedades emparentadas con la familia Báez. El análisis no permite determinar si los fondos son de origen corrupto", porque "la investigación efectuada no ha permitido establecer que los haberes depositados en Suiza en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin provienen de alguna infracción".
La fiscalía suiza dijo entonces que el culpable de blanqueo de dinero es "aquel que ha cometido un acto que obstaculice la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de valores patrimoniales de los cuales sabía o debía presumir que provenían de un crimen". Pero afirman que "la colaboración con las autoridades argentinas no ha permitido confirmar las sospechas". Concluyen que al parecer "un delito previo, el acto de blanqueo de dinero, no se ha realizado" y "que no existían indicios suficientes que probaran la comisión de una infracción".
Casanello había sido invitado a Suiza para intercambiar información con la fiscalía, pero desistió de esa posibilidad porque el Código Procesal no prevé este tipo de intercambio como el que sugerían los suizos y la Corte no habilitó la entrega de fondos. A Suiza el juez le pidió además datos sobre la firma Helvetic Group, constituida en ese país y que fue usada para comprar SGI en 2011 a Federico Elaskar. El financista dijo en un programa periodístico que movió dinero de Báez al exterior y que luego, presionado, le dejó la cueva financiera al contador de Báez, Pérez Gadín. Sin embargo, luego se desdijo de aquellas declaraciones públicas.
Los pedidos
A Panamá, Casanello le pidió ayuda el 26 de marzo de 2014. Quiere que le informen sobre la constitución de Teegan Inc y las actividades allí de Fabián Rossi, supuestamente encargado de armar allí sociedades off shore.
De Uruguay Casanello quiere información sobre las actividades financieras de Pérez Gadín, pues aparece envuelto en la compra de un campo por 15 millones de dólares. El juez quiere saber si ése fue dinero de Báez.
El juez Casanello quiere de Estados Unidos información sobre movimientos de fondos y cuentas de Báez, y de sus empresas en ese país. El último pedido se lo hizo el 13 de noviembre de 2014 y no tuvo éxito en sus averiguaciones.
Casanello quiere información sobre un centenar de cuentas supuestamente ligadas a Helvetic. Además, quiere saber si tienen cuentas e inversiones allí Báez padre e hijo, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros investigados por lavado de dinero. Casanello pidió información sobre una sociedad de California que supuestamente le envió fondos a Teegan Inc.
Si con el kirchnerismo no hubo respuesta a estos requerimientos, con el cambio de signo político es posible que los pedidos de colaboración no se agoten en el envío de un exhorto diplomático, sino en una gestión más cercana de funcionarios de alto nivel de la cancillería para permitir avanzar en estas causas que son parte de la herencia que dejó el gobierno anterior. Al menos así especulan los legisladores que, estando en la oposición, fogonearon esta causa y hoy están alineados con el gobierno de Macri.
Máximo ve una "persecución"
El diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner aseguró que su madre es víctima de una "persecución notoria" de la Justicia. "Que investiguen lo que quieran, pero la persecución es notoria. Cuando uno ve el caso de HSBC, que no va para ningún lado, o cómo se quedaron con Papel Prensa durante la dictadura sin que nadie chiste...", opinó el legislador por Santa Cruz e hijo de la ex presidenta.
Máximo comparó la situación judicial de su madre con la crisis que vive Dilma Rousseff en Brasil por las denuncias de corrupción y dijo que no es casual que las investigaciones contra Cristina y Dilma avancen en ambos países al mismo tiempo. "Me parece bárbaro que la Justicia investigue, hasta debería investigarse a ella misma muchas veces. Pero hay una casualidad continental: Evo, Correa, Brasil y Argentina", apuntó.
http://www.lanacion.com.ar/1881795-la-justicia-apunta-a-las-cuentas-de-lazaro-baez-en-el-exterior
La ruta aérea del dinero K: cómo entraba y salía la plata de "La Rosadita"
La documentación presentada por Luis Majul evidencia los trayectos, ida y vuelta, de los vuelos efectuados durante los días cercanos a la fecha cuando fueron grabados los videos en la financiera
LUNES 21 DE MARZO DE 2016
as la publicación de los videos en los que se ve a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez -y otras personas de su entorno-, contando millones de dólares y euros en la financiera SGI, ahora salieron a la luz más evidencias de las maniobras de Báez y compañía para cometer el presunto delito de lavado de dinero.
Un informe del programa La Cornisa mostró la forma en la que los Báez transportaban el dinero con aparente complicidad de funcionarios públicos desde Río Gallegos hasta San Fernando, en el avión de Lázaro Báez.
Los registros de vuelo de la aeronave de Lázaro Báez complican su situación judicial.Foto:Captura de pantalla
Quién es quién en el video donde se cuentan dólares en La Rosadita
La documentación presentada por el programa conducido por el periodista Luis Majul evidencia los trayectos, ida y vuelta, de los vuelos efectuados durante los días cercanos a la fecha cuando fueron grabados los videos en "La Rosadita". En los registros de vuelo consta que el 31 de octubre del 2012 Martín Báez viajó desde Río Gallegos a San Fernando junto al jefe de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Jorge López Geraldi. Los Báez son importantes proveedores de Vialidad en la provincia sureña.
A su vez, se encuentra involucrado Ángel Rubén Toninelli, titular de la Dirección General Impositiva de la AFIP, y su hijo, Federico Toninelli. Según la investigación, los Toninelli habían viajado para organizar las facturas en Santa Cruz del empresario kirchnerista.
Otro de los documentos, que se encuentra en manos de la Justicia, evidencia el aterrizaje del avión de Báez en San Fernando a sólo una hora y media antes de que estuvieran contando grandes cantidades de dinero en la financiera ubicada en Puerto Madero, de acuerdo a los videos que ahora comprometen la situación judicial de Lázaro Báez y su entorno.
Báez, favorecido con el 80% de los contratos de obra vial en Santa Cruz
Báez, favorecido con el 80% de los contratos de obra vial en Santa Cruz
Un informe de Vialidad Nacional revela pagos por $ 16.000 millones en cinco años al empresario
A Lázaro Báez no le hubiera alcanzado una calculadora de bolsillo para poner el resultado de todas las obras públicas que adjudicó en Santa Cruz en los últimos años. Aquellas máquinas tenían nueve cifras, el total de las empresas llega a once.
El empresario, de estrecha vinculación con la familia Kirchner, tuvo adjudicaciones para hacer rutas sólo en territorio santacruceño hasta fines de 2015 por 16.386 millones de pesos, un número que toma dimensión al compararlo. Por caso, el año pasado el Poder Judicial tuvo una partida de 12.843 millones de pesos y la Presidencia, 3301 millones. Al Ministerio de Relaciones Exterior le asignaron un presupuesto de $ 5536 millones y al de Ciencia y Tecnología, $ 7916 millones. Báez significó en los últimos años mucho más que un ministerio.
Los datos surgen de una auditoría interna de Vialidad Nacional llamada "Informe y avance de gestión integral de obras en el 23er distrito Santa Cruz", que se terminó de hace un par de semanas y al que LA NACION tuvo acceso.
La preeminencia de la provincia de los Kirchner en la obra pública vial sobre la del total del país es abrumadora. En ese distrito se ejecutó el 11,2 por ciento del total de dinero que salió de Vialidad Nacional para construir o mantener rutas, porcentaje que lo coloca en el lugar número uno entre todas las provincias. La auditoría calculó todas las obras que, sin importar cuándo se adjudicaron, tuvieron algún certificado de pago desde enero de 2010. Buenos Aires, con 11%; Entre Ríos y Córdoba, con 7,9 y 6,3%, respectivamente, completan los cuatro primeros lugares. En el otro extremo, entre las que menos dinero de la Nación recibieron, están Catamarca y San Luis (1,5% cada una), Jujuy (1,3%) y en último lugar Tierra del Fuego y La Pampa (0,9% por provincia).
Pero no todo termina ahí. Santa Cruz tiene vigentes proyectos por 21.269 millones de pesos entre obras adjudicadas y un dinero que se les da a las provincias para mantener rutas nacionales que se denomina Transferencia de Funciones Operativas (TFO). De ese porcentaje, el 78,4% fueron contrataciones con el Grupo Austral. Dicho de otra manera, del total de lo que se adjudicó en Santa Cruz, principal destinataria del dinero de Vialidad Nacional en los últimos años, ocho de cada 10 pesos fueron primero al bolsillo de Lázaro Báez, para después seguir su destino final.
El Grupo Austral se adjudicó 55 obras sólo en Santa Cruz por 16.386 millones de pesos. Muy lejos del segundo, Petersen Thiele y Cruz, que se quedó con un total de nueve proyectos por 2114 millones de pesos.
El esquema mediante el que se contrataba fue otra de las sorpresas con las que se encontró la nueva administración. El primer paso fue un acuerdo que firmó Vialidad Nacional mediante el que delegaba en Vialidad Provincial la licitación de proyectos sobre rutas nacionales. La entidad nacional sólo financiaba, mientras que su colega provincial licitaba por cuenta y orden de aquélla. Los controles, las exigencias y la mirada cercana de la obra quedaba en manos de los colegas provinciales. Así funcionó un esquema que permitió a Lázaro Báez quedarse con el casi el 80% de la obra vial de la provincia. "A diciembre de 2015, el Grupo Austral tenía en ejecución 26 obras, de las cuales sólo tres no sufrieron modificaciones en sus plazos. Sin embargo, dos de éstas presentan avances que no se condicen con el tiempo restante de la obra", dice uno de los puntos de la auditoría. Además, de las 23 obras restantes ninguna cumplió con sus plazos iniciales. De acuerdo con el relevamiento oficial, en promedio, presentan una ampliación de plazos de 2,63 veces el tiempo original.
Pero el canal verde de Lázaro Báez no sólo termina ahí. En los pasillos de Vialidad Nacional todos sabían de la premura con la que se preparaban los pagos para el empresario patagónico. Muchas veces, los empleados de Austral firmaban todos los papeles de certificaciones de obra en Río Gallegos y volaban ellos mismos con el expediente a Buenos Aires para lograr las firmas para cobrar.
Este tipo de trapisondas tiene su correlato en algunas cifras. Según documentos oficiales, en 2012 el promedio de tiempo desde que las empresas presentaban su certificado de obra hasta que cobraban era de 210 días. En ese año, el pago que se hizo más rápido fue en 48 días. Este universo, claro está, excluye al Grupo Austral. Aquellos 210 días de espera en el caso de Báez era de 69 y el mínimo de tiempo fue de 14 días.
"Otro de los problemas es saber si las obras se hicieron. En los grandes proyectos no hay problema, pero hay cantidad de contrataciones para conservación o de colocación de ripio y es difícil saber qué se hizo y qué no", dijo una fuente oficial.
Ahora, el imperio vial de Lázaro Báez se ha derrumbado; las obras están paralizadas y más de 1500 empleados sin trabajo. Aquella trama que iniciaba en Vialidad Provincial, en la delegación Santa Cruz del ente nacional y continuaba en Buenos Aires con la anuencia y autorizaciones del ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; del secretario de Obras Públicas, José López, y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, está desarticulada. Cerca de Javier Iguacel, el nuevo director de Vialidad, dicen que aportarán todos los elementos a la Justicia y que en caso de ser necesario el organismo se presentará como querellante. Por lo pronto, Lázaro Báez ya no tiene más obras en Santa Cruz.
Reparto desigual
La AFIP denunció a Cristóbal López por maniobras fiscales
La AFIP denunció a Cristóbal López por maniobras fiscales
Lo acusa de insolvencia fraudulenta para evitar que el fisco recupere los $ 8000 millones
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ayer ante la justicia penal al empresario patagónico Cristóbal López , a su socio Fabián de Sousa y a otros directivos del Grupo Indalo por la retención de $ 8000 millones en impuestos y la tergiversación de los planes de pago que le concedió el organismo.
La denuncia de la AFIP, por presunta insolvencia fiscal fraudulenta, quedó en manos de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, que la girará ahora a la fiscalía para que evalúe los pasos a seguir y determine si impulsa la investigación y pide las primeras medidas de prueba.
La AFIP concentró su denuncia sólo en los socios dueños del Grupo Indalo, pero no incluyó al ex titular del organismo Ricardo Echegaray, que al igual que Cristina Kirchner figuró en otras tres presentaciones que se radicaron ayer en Tribunales.
Abrirán sumarios internos para investigar cómo actuaron funcionarios de Echegaray
Las denuncias se basaron en una investigación que publicó anteayer LA NACION y que provocó una enérgica reacción del Gobierno. "Cristóbal López tiene que explicar por qué retuvo indebidamente $ 8000 millones. Ése no era su dinero. Él no puede quedarse con el dinero público para invertir", dijo anoche Mauricio Macri, en una entrevista televisiva con Joaquín Morales Solá. "La explicación fue disparatada e inaceptable. Lo que han hecho está totalmente fuera de la ley, con la pasividad y complicidad del gobierno anterior."
Straccia, de larga experiencia en investigaciones tributarias, instruye en su juzgado otros expedientes sensibles. Desde la megacausa por presunta evasión y lavado con epicentro en el banco HSBC hasta otra sobre el ex candidato presidencial Daniel Scioli.
La AFIP radicó la denuncia -centrada en dos planes especiales de pago conocidos como "del artículo 32"- sobre el cierre de la mesa de entradas del fuero en lo Penal Económico, tras una serie de reuniones en la sede del organismo que incluyó a funcionarios, abogados tributaristas y contadores, según reconstruyó LA NACION.
La denuncia, sin embargo, es apenas el primer paso de una investigación más amplia, a tal punto que abogados de la AFIP se presentarían hoy ante la Justicia para ampliar esa presentación inicial y aportar más documentación.
Tanto el titular de la AFIP, Alberto Abad, como el de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola, apuntan al presunto "aprovechamiento abusivo" de los planes y facilidades que ofrece el organismo a las empresas y contribuyentes en problemas, pero que en el caso de López y De Sousa utilizaron para financiar la expansión del Grupo Indalo.
"Este tipo de planes de pago se ofrecen con dos condiciones: que la empresa afronte una delicada situación financiera y que tenga un estado patrimonial suficiente como para garantizar el monto adeudado", indicó un funcionario de la AFIP a LA NACION. "En este caso, López y De Sousa utilizaron los planes para prestársela a otras empresas de su grupo [Indalo] y ahora anunciaron que se van a separar y repartirse los activos del grupo, con lo que pueden generar una impotencia fiscal para recobrar esa deuda", argumentó.
Insolvencia fiscal
La denuncia penal se plasmó tras una serie de reuniones dentro de la AFIP que se desarrollaron con dos objetivos centrales. El primero, evaluar si era posible denunciar ante la Justicia a López y De Sousa, entre otros, por presunta evasión agravada o defraudación, entre otras figuras penales, aunque terminó en la presunta insolvencia fiscal fraudulenta.
El segundo, si también había que avanzar sobre la cadena de responsabilidades que, dentro del organismo, le permitió -o incluso fomentó- a López y De Sousa la retención de $ 8000 millones en impuestos, en particular a través de su petrolera Oil Combustibles.
En esa línea, Abad ordenó avanzar en la instrucción de sumarios internos para analizar la actuación de Echegaray -hoy titular de la Auditoría General de la Nación (AGN)- y el entonces director de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Toninelli.
Sin embargo, la lupa puertas adentro de la AFIP no se agota en Echegaray y Toninelli. También alcanzaría a la entonces subdirectora de la Regional Metropolitana, Karina Venier, y otros funcionarios de "la línea".
La denuncia de la AFIP, no obstante, no fue la única que llegó ayer a los tribunales. La primera la radicó un denunciante recurrente, Juan Mussa, cuya presentación recayó en el juzgado federal de Luis Rodríguez, e incluyó también a la ex presidenta Cristina Fernández, por presunta evasión y estafa.
La investigación que publicó LA NACION los últimos días derivó en la radicación de otras dos denuncias y el anuncio de una tercera. El abogado Ricardo Monner Sans dejó su escrito en la Cámara Federal y quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Apuntó contra Echegaray por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En tanto, la tercera denuncia la radicó el abogado Daniel Sarwer por supuesta "extorsión, sedición, estafa procesal, asociación ilícita, encubrimiento y evasión".
La cuarta denuncia aún no llegó a los tribunales, pero la diputada Elisa Carrió anunció que la formalizará hoy. Será, según anticiparon sus allegados, una ampliación de la denuncia que presentó en 2008, por una presunta asociación ilícita liderada por los Kirchner y que tramita desde entonces en el juzgado federal de Julián Ercolini.
La investigación de cuatro años
En una charla con Jorge Fernández Díaz, Hugo Alconada Mon contó ayer algunos detalles de la investigación sobre los supuestos manejos fraudulentos de Cristóbal López que le llevó cuatro años.
El peronismo, muy cerca de la ruptura
Joaquín Morales SoláLA NACION
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DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016
política podría ponerle fin dentro de poco a una leyenda: la que aseguraba que peronismo y cristinismo son la misma cosa. Fue útil; ya no lo es. Es probable que la salida -o no- del default se convierta en la cuestión que dejaría esa relación definitivamente herida. La mayoría de los gobernadores y senadores justicialistas prefieren respetar la relación de fuerzas que ven y tocan. Mauricio Macri volvió a crecer en las últimas encuestas y los números favorables de ahora se parecen a los de principios de enero, según dos sondeos con resultados muy similares. La aprobación del gobierno y del Presidente está más cerca del 70 que del 60 por ciento de la sociedad consultada. La Argentina de Macri es ahora, por otro lado, una novedad elogiada por casi todos los referentes internacionales. A pesar de aquellas encuestas, al Presidente le va mucho mejor en el mundo que dentro de su país.
Martín Redrado es asesor económico de Sergio Massa. Cuenta una anécdota que vivió en días recientes en Londres. Fue recibido por el presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, quien lo sorprendió con una frase corta y clara: "La Argentina es el único lugar que brilla en América latina", le dijo. Macri mismo recibió a funcionarios del gobierno de Dubai, que le prometieron varios miles de millones de dólares en inversiones. Empresarios agropecuarios argentinos también le aseguraron inversiones (en este caso por cientos de millones de dólares), pero las dos promesas, la del emirato y la de los argentinos, fijaron plazos de entre 9 meses y dos años para concretarlas. Hay dos velocidades: un tiempo necesariamente lento para las inversiones y la necesidad política del Presidente, que es más urgente. "Debo construir el puente entre el presente y ese futuro", concluye Macri.
Las primeras medidas de su gobierno crearon la expectativa externa fácilmente perceptible. Ahora debe demostrar que puede gobernar, es decir, que puede aplicar las decisiones que toma. El mundo aplaude las buenas intenciones, pero sólo reacciona cuando las ve concretadas. El acuerdo con los holdouts es, por eso, un test clave para demostrar que cuenta con una dosis importante de gobernabilidad. Ningún argentino advirtió nunca el enorme daño que el anterior gobierno hizo al país cuando decidió desoír una orden de la justicia norteamericana, que significó, además, reinstalar el default con una parte de la deuda pública. El default argentino está desde entonces en la agenda del mundo como un precedente que no debe perdurar.
En este punto es donde aparece el peronismo. El kirchnerismo ha hecho de la derrota de Macri en el caso de los holdouts una cuestión de vida o muerte. Madre, hijo y cuñada (Cristina, Máximo y Alicia) trabajan a tiempo completo y presionan a los senadores peronistas, sobre todo, aunque tampoco descuidan a los diputados. De hecho, fue sorprendente que se difundiera un intercambio de mensajes por WhatsApp entre los diputados Nicolás Massot, de Pro, y el peronista disidente Diego Bossio, a quien el cristinismo ve como un demonio salido de sus propias entrañas. ¿Cómo el kirchnerismo accedió a ese diálogo? ¿Fue sólo la acción solitaria de un fotógrafo la que pudo capturar todo el hilo de la conversación?
Fuentes del Gobierno no descartan que esa conversación haya sido interceptada por las escuchas telefónicas que todavía controla a distancia la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. La procuradora puso ese mecanismo de interceptación de teléfonos en manos de cristinistas fanáticos. Todavía está en esas manos, aunque la Corte Suprema podría remover próximamente a todo el personal designado por Gils Carbó. La segunda alternativa que maneja la administración es que haya sido obra de los sofisticados aparatos de escuchas telefónicas que compró el ex jefe del Ejercito César Milani. El general se los llevó cuando se fue del Ejército. Nunca fueron encontrados por la nueva administración.
La posición directamente desestabilizadora de la ex presidenta provocó, incluso, fracturas (serias o simuladas, quién lo sabe) dentro del propio cristinismo. La ruptura empresarial del patrón kirchnerista Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se explicaría en la necesidad del primero de apartarse de los medios de comunicación que controla la ex presidenta. De Sousa es el más sensible de los dos (por razones que se conocen y por otras que no) ante los intereses de la ex presidenta. López necesita, para conservar sus otros negocios (que son muchos), aparentar al menos que no tiene influencia en esos medios de comunicación. ¿Es real esa ruptura? ¿Acaso De Sousa no fue siempre un leal colaborador de López? ¿Cómo pudo costarle tan poco a De Sousa convertirse en un socio importante de su empleador, al extremo de provocar la disolución de la sociedad? ¿No son los dos criaturas empresariales que nacieron y crecieron al calor del kirchnerismo?
El costado más decisivo del peronismo, aunque menos entretenido, está en su representación institucional. El kirchnerismo tampoco descuida ese lado del conflicto. Máximo Kirchner llegó de improviso el jueves pasado a una reunión de gobernadores peronistas, preparatoria de la que todos los mandatarios tuvieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La puerta se la abrió su tía, la gobernadora Alicia Kirchner, para sorpresa del resto. Estaban los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Formosa, Gildo Insfrán, y el matrimonio Zamora, que tiene en un puño a Santiago del Estero. Habían sido invitados el jefe del bloque de senadores, Miguel Pichetto, y el diputado José Luis Gioja, que aspira a liderar una lista de unidad para presidir el PJ.
La primera versión dio cuenta de que Máximo había "apretado" a Pichetto para que el bloque peronista, mayoritario en el Senado, rechazara el acuerdo con los hold- outs o lo modificara para que volviese a Diputados. Alargar el trámite parlamentario significa, en los hechos, incumplir el plazo que dio el mediador Daniel Pollack para pagar la deuda, el 14 de abril. "A mí no me presiona nadie", dijo luego Pichetto, consultado sobre ese encuentro. La reunión existió. Máximo llevó la oferta de una propuesta "superadora" que estaba redactando el ex ministro Axel Kicillof. Eso y rechazar el acuerdo de Macri es lo mismo. Pichetto lo cazó en el aire y le respondió: "No nos podemos oponer a una política que es la continuidad de las que hicieron Néstor y Cristina Kirchner. Ellos fijaron el principio del desendeudamiento con los dos canjes de deuda de 2005 y 2010, cuando le pagaron al contado al Fondo Monetario y cuando acordaron las deudas con el Club de París, con el Ciadi y con Repsol". Ya derrotado, Máximo propuso no pagarle los honorarios del juicio de Paul Singer. "¿Cómo no le vamos a pagar si es el único que ganó? ¿O no sabés que los juicios los pagan los que pierden?", le respondió Pichetto. Punto final.
"El caso de los holdouts será una divisoria de aguas en el peronismo", anticipó otro senador. Los senadores peronistas convocarán para escuchar sus opiniones a los 24 gobernadores del país, a todas las organizaciones empresariales, a economistas como Mario Blejer y Roberto Lavagna y a las distintas corrientes del sindicalismo. La foto que podría quedar de esas convocatorias es la de una Cristina Kirchner reducida a líder de una minoría testimonial, como el resto de la izquierda. Pichetto se propuso que el Senado trate el acuerdo (y preferentemente lo apruebe) el miércoles 30 de marzo. El bloque peronista podría dividirse definitivamente y el partido también. El peronismo no es inocente del largo reinado del kirchnerismo, pero es evidente que detestaría ver el pasado convertido en presente
http://www.lanacion.com.ar/1879304-el-peronismo-muy-cerca-de-la-ruptura
Un gigante empresarial con ayuda kirchnerista
Un gigante empresarial con ayuda kirchnerista
Cristóbal López protagonizó durante los últimos doce años un crecimiento exponencial en su estructura de negocios; muchas de sus nuevas unidades fueron adquiridas a partir de la financiación que obtuvo a través de la evasión al fisco
algo molesta a Cristóbal López de la prensa es que vincule su crecimiento exponencial de la última década con los ocupantes de la Casa Rosada. "Yo no soy el testaferro de Kirchner", cruza a quien deslice cualquier tipo de asociación comercial. Aunque al mismo tiempo pueda definir al fallecido ex mandatario como un "fuera de serie" y regale elogios para la ex presidenta Cristina Kirchner . Pero López prefiere contar su biografía desde más atrás. Relata que quedó huérfano de adolescente, que tomó las riendas del pequeño negocio familiar y que nunca más paró de trabajar y de crecer, al punto de que durante la luna de miel con su primera esposa se fue a ver unos camiones.
"Soy contratista de YPF desde el '83. Tengo concesionarias desde el '89, casinos desde el año '91, y ni lo conocía a Kirchner entonces", replica López, que también detesta que lo apoden "el zar del juego". Lo considera injusto. Sostiene que apenas controla el 30% de Casino Club, que tampoco es el amo y señor del Hipódromo de Palermo y que ni siquiera les debe a los Kirchner su expansión en el mundillo de las apuestas. Recuerda, para eso, que él ya había desembarcado en el casino de Comodoro Rivadavia una década antes de que los Kirchner entraran a la Casa Rosada.
Esa versión oficial omite, sin embargo, que López y Kirchner se conocieron en 1998, cuando el empresario patagónico le pidió al entonces gobernador que intercediera por él ante los Pérez Companc para que optaran por darle un contrato a él antes que a una empresa rival estadounidense. Ese fue el comienzo de una relación que benefició a ambos. Kirchner recibió aportes de campaña y fuentes de trabajos varios para sus amigos y parientes. Entre ellos, su socio en la inmobiliaria Negocios Inmobiliarios, Osvaldo Sanfelice, o el sobrino de la ex Presidenta, Romina Mercado. Y López se aprovechó del aura que -justo o no- comenzó a rodearlo. "Yo no soy el testaferro de los Kirchner, ni de nadie. Cómo máximo me beneficio de que muchos piensan que lo soy", le dijo una vez a LA NACION. "Entonces voy a una reunión, entro y le digo al tipo: ?Lindo traje. Dámelo'. Y el tipo no sabe si quien le pide el traje soy yo o alguien más. Mínimo, me voy de esa reunión con el cinturón del tipo". Los ejemplos de esa sinergia se amontonaron durante estos años. De Alcalis de la Patagonia, Finansur y Paraná Metal, la tarjeta Sube o la benevolencia de la AFIP y la Afsca, por un lado, a los millones en concepto de alquileres que recibió la familia Kirchner, por el otro. Al punto de que, antes que a los Eskenazi, fue López el primero que fue tentado para entrar en la YPF de Repsol.
López contó con varios socios y colaboradores para desarrollar su imperio. Pero ninguno como Fabián de Sousa, un patagónico que militaba en Franja Morada, ayudó en una operación comercial de López y nunca más se fue. Hasta anteayer cuando anunciaron que se separaban y dividían el Grupo Indalo.
Las personalidades de López y De Sousa no podrían ser más distintas. Tanto, que alimentaron las sospechas sobre quién era quién. O qué intereses movían a cada uno. En particular desde que De Sousa asumió las riendas ejecutivas del día a día al mismo tiempo que lo rodeaban las versiones sobre sus supuestas visitas a la quinta de Olivos. Así, por ejemplo, mientras De Sousa mostraba mayor interés por los medios de comunicación y terminó por empujar a su socio López a comprar Radio 10, C5N y otras varias empresas, López prefería moverse más por otras aguas. Y así como se expandió con el kirchnerismo, también abrió su abanico durante las elecciones de 2015.
Así, López apostó por Daniel Scioli, pero envió a De Sousa a flirtear con Sergio Massa, y buscó tender puentes con Mauricio Macri la mañana misma de la primera vuelta electoral, el domingo 25 de octubre. "No te voy a negar que tuve cercanía con Néstor. Estoy orgulloso de eso", le dijo hace años a LA NACION. "Pero de ahí a decir 'palo blanco', no".
Cómo creció el imperio Cristóbal
Una parte importante del grupo fue adquirida a partir de 2011, cuando se inició la irregular operatoria
Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo
Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo
En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas
rante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
La separación, otro dolor de cabeza para el Estado
LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. "La operatoria habría terminado con una denuncia penal", indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al "apalancamiento" de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los "bienes de uso" de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. "De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]". Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a "otras partes relacionadas", entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: "La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo".
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
Una operatoria irregular
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
¿Cómo se realizó el fraude?
EE.UU. interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman
EE.UU. interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman
La divulgación de detalles de la cuenta que tenía el ex fiscal fue considerado como "un incidente serio" por la unidad antilavado estadounidense, que sancionó a la UIF
corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.
El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.
Washington considera lo ocurrido como un "incidente serio", más aún porque no se trató de un incidente aislado, sino de una conducta reincidente del kirchnerismo. En 2009, en plena campaña electoral, datos de inteligencia que la FinCen había enviado a la UIF sobre Francisco de Narváez -por entonces candidato opositor- terminó en el diario entonces oficialista Página 12, por lo que cortó relaciones con la unidad, que estaba a cargo de Rosa Falduto.
Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.
El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.
Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como "secreta" llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.
Abierta en Nueva York en 2002, Nisman acumuló en esa cuenta más de US$ 660.000 con aportes de varios depositantes; entre ellos, el financista Sebastián Stefanini, de-saparecido desde 2014, en tanto que el informático Diego Lagormarsino se sumó luego como cotitular.
La entrega de esos y otros datos al juez Canicoba Corral y su posterior filtración se produjo, además, pese a una orden explícita del Departamento de Justicia, que ante una consulta desde Buenos Aires había indicado que no autorizaba la judicialización del informe de FinCen, según confirmaría, varios meses después, en septiembre pasado, la Cancillería argentina.
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Departamento de Justicia "contestó por correo electrónico que no se brindaba la autorización para aportar la información de FinCen" en Tribunales. Mucho menos, a la prensa. Pero ya era tarde. Los datos se habían hecho públicos, al igual que múltiples datos sobre su vida privada.
Canicoba lo incorporó al expediente, por lo que Sara Garfunkel y Sandra Nisman plantearon su nulidad, que rechazaron tanto Canicoba Corral como la Cámara Federal porteña. Ahora, el abogado de los familiares de Nisman, Pablo Lanusse, apelará ante la Casación, el máximo tribunal penal del país.
Ya con Sbattella fuera de la UIF -e investigado por la Justicia por la presunta manipulación política del organismo-, su reemplazante al frente de la unidad antilavado, Mariano Federici, intenta ahora restablecer el intercambio de información. Para eso viajará este lunes a Washington.
Federici buscará así avanzar las conversaciones para, una vez más, reactivar el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). El primer contacto se produjo durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, si todo marcha bien, podría restablecerse en tres meses, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION. De ser así, la Argentina habrá pasado un año sin recibir datos de inteligencia financiera de Estados Unidos para sus investigaciones sobre lavado y crimen organizado.
En la capital estadounidense lo esperarán las autoridades de la FinCen, que encabeza Jennifer Shasky Calvery, quien dejó atrás 15 años en el Departamento de Justicia y pasó al del Tesoro en septiembre de 2012 para tomar las riendas del organismo.
Según el Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, por sus siglas en inglés) que el Departamento de Estado difundió este miércoles, FinCen evalúa ahora sus "próximos pasos" ante la "seria ofensa" cometida por el gobierno argentino.
Las nuevas autoridades de la UIF, por su parte, intentan ahora determinar cómo fue la filtración. Y al final del proceso no descartan radicar una denuncia contra Sbattella -u otros ex funcionarios- por la presunta violación del secreto que impone la legislación.
Cuando faltan días para el arribo a Buenos Aires del presidente Barack Obama, sin embargo, la desconfianza excede a la UIF. Según ese informe del Departamento de Estado, se centra en la capacidad real que muestra el Estado argentino para aplicar las leyes, combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Entre otras causas, por la "corrupción institucionalizada".
Información sensible
Alberto Nisman
Ex fiscal de la Causa AMIA
La FinCen hizo llegar a Buenos Aires información de una cuenta no declarada en el banco Merrill Lynch a nombre del ex fiscal; su madre, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra
José Sbatella
Ex titular de la uif
Junto con Juan Martín Mena (ex número dos de la AFI) llevó los datos confidenciales de la FinCen al juez Rodolfo Canicoba Corral y, casi en simultáneo, los difundió la agencia Télam