Lunes 03 de diciembre de 2012 | 17:45

La despenalización del aborto comenzó a regir en Uruguay

Las mujeres uruguayas y las extranjeras con más de un año de residencia en el país pueden someterse desde hoy a una interrupciíon del embarazo

MONTEVIDEO.- La ley de despenalización del aborto en Uruguay comenzó a aplicarse este lunes en los centros de salud del país dos días después de que agrupaciones sociales y políticas lanzaran una campaña de recogida de firmas para pedir un referéndum que derogue la normativa.

Las mujeres uruguayas y las extranjeras con más de un año de residencia en el país pueden someterse desde hoy a un aborto al cumplirse el plazo legal de diez días desde que el Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en octubre pasado por el Parlamento.

El tema del aborto divide a los partidos políticos y a la sociedad uruguaya casi a la mitad y la ley fue aprobada únicamente con los votos de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Desde los centros sanitarios públicos o privados "están obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de ideario", según dijo Leticia Rieppi, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, en declaraciones reproducidas en la página web de la Presidencia.

Dos centros médicos vinculadas a la Iglesia católica anunciaron que recurrirían a esa objeción de ideario, pero ninguna institución se presentó para realizar el trámite frente al MSP.

Las autoridades publicaron un manual y guía de procedimientos que deberán seguir las mujeres, las instituciones sanitarias y los médicos para practicar los abortos.

Las interesadas podrán solicitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.

Previamente, las pacientes deberán pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesorarán sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.

La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado

Posteriormente, tendrán cinco días para la reflexión y luego de ratificar su voluntad se le practicará el aborto "que será farmacológico" y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó recientemente Rieppi a Efe tras la ceremonia de presentación del manual de actuación.

La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), vio la luz en octubre en medio del rechazo de los antiabortistas pero también de algunos proabortistas que la critican porque impone controles demasiado estrictos del Estado a la mujer que quiera interrumpir el embarazo.

PROTESTAS

El pasado sábado, organizaciones sociales y grupos políticos iniciaron una campaña de recolección de firmas para pedir un referéndum que derogue la ley.

La intención es recolectar en una primera etapa unas 50.000 firmas, el 2 % del padrón electoral, para que la Corte electoral convoque una consulta inicial que se celebraría a lo largo de 2013.

A esa votación, no obligatoria, debería acudir al menos el 25% de los ciudadanos habilitados para votar, unos 600.000, y expresar su voluntad de ir a referéndum en otra fecha todavía por definir.

Precisamente, la campaña de recolección de firmas comenzó con la noticia del respaldo a la iniciativa del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010), el primer mandatario de izquierdas de la historia del país y que en 2008 vetó en medio de la polémica una ley del aborto aprobada por su propio partido aduciendo motivos "médicos y morales".

Su sucesor y correligionario en el FA, José Mujica, que sí ratificó la ley, señaló en declaraciones a la prensa que posiblemente él también firme para respaldar el pedido de referéndum.

"Firmar es para que la gente vote. Siempre estuve de acuerdo en que se vote. Toda esta decisión debió estar en manos del pueblo y no del Parlamento", dijo el mandatario.

Simultáneamente, varias organizaciones sociales anunciaron que recurrirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la ley por considerar que viola los derechos humanos.

Así lo adelantó recientemente a Efe el diputado Gerardo Amarilla, uno de los impulsores del movimiento.

El objetivo es "lograr la defensa de la vida de los más vulnerables, especialmente de los seres humanos concebidos pero aún no nacidos", agregó el legislador opositor.

La Nación

Lunes 03 de diciembre de 2012 | 17:38

El ex directivo de Aerolíneas detenido en España tenía un millón de euros en efectivo y un kilo de oro

Gerardo Díaz Ferrán está acusado por la justicia del delito de "apropiación ilícita" de 4,4 millones de euros, por lo que podría ser condenado con una pena de entre 1 y 6 años de prisión

MADRID.- El empresario español Gerardo Díaz Ferrán, ex directivo de Aerolíneas Argentinas, fundador del touroperador de viajes Marsans y ex presidente de la patronal española CEOE, fue detenido hoy en Madrid en el marco de una operación por supuesto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes en la que fueron arrestadas otras ocho personas más.

Díaz Ferrán, de 69 años, fue detenido en su domicilio de la capital española. Entre los otros arrestados está Ángel de Cabo, el inversor que compró Marsans en 2010, informaron fuentes policiales.

El fundador de Marsans, que acumula ya varias causas ante la Justicia española, habría realizado numerosas operaciones para ocultar bienes y evitar tener que responder con ellos al pago de deudas a los acreedores del grupo turístico.

Al inicio del proceso por la quiebra de Marsans, la Audiencia Nacional española ordenó el embargo de los bienes de Díaz Ferrán y el empresario español se declaró en quiebra personal al no poder hacer frente a los 417 millones de euros en deudas del grupo turístico.

Según fuentes jurídicas citadas por medios españoles, Díaz Ferrán habría contado en las operaciones de ocultamiento de bienes con la ayuda de De Cabo, a quien vendió Marsans. De Cabo es conocido por comprar empresas en problemas y liquidarlas para obtener beneficio.

El dispositivo, bautizado como "Operación Crucero" y dirigido por la Audiencia Nacional, se desarrolló en Madrid y Valencia y sigue abierto, por lo que no se descartan más arrestos.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varios registros, entre ellos el de la casa de Díaz Ferrán en la capital española y el de la de De Cabo en Valencia, en el este del país.

El ex presidente de la CEOE tenía en su casa 150.000 euros en metálico y un kilo de oro, según fuentes de la investigación citadas por medios españoles. En casa de De Cabo, las fuerzas de seguridad hallaron un millón de euros.

La operación responde a una querella que presentaron varias compañías turísticas contra los antiguos propietarios de Marsans -Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual- y contra De Cabo, su actual dueño.

Según los querellantes, los empresarios ocultaron bienes a los acreedores de Marsans para evitar tener que pagar las deudas, que en su caso ascienden a 45 millones de euros.

Entre los bienes ocultados por Díaz Ferrán habría una casa con finca y una vivienda unifamiliar en Mallorca y dos locales y dos viviendas en uno de los barrios más caros de Madrid, según las fuentes jurídicas.

Díaz Ferrán presidió la patronal española CEOE desde 2007 hasta finales de 2010.

Junto al fallecido Pascual, fundó Air Comet en 1997. La aerolínea dejó sin viajar a miles de pasajeros en las vacaciones de Navidad de 2009 con el cierre de la aerolínea por insolvencia.

Díaz Ferrán y Pascual se adjudicaron en 2001 por un precio simbólico la compra de Aerolíneas Argentinas, que posteriormente fue nacionalizada por el gobierno argentino. En este caso está acusado de un presunto delito contra la Hacienda Pública.

La Audiencia Nacional investiga además su supuesta apropiación indebida de 4,43 millones de euros de los clientes de Marsans antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores en junio de 2010.

Agencia DPA

La Nación

Lunes 03 de diciembre de 2012 | 18:20

El tribunal de arbitraje del Banco Mundial tendrá 30 días para aceptar o rechazar el caso

Repsol demandó a la Argentina ante el CIADI por la "expropiación discriminatoria"

La petrolera española buscará una indemnización próxima a los U$S 10.500 millones por la nacionalización de sus acciones en YPF; la denuncia fundamentará sobre cuatro ejes

Por Juan Pablo De Santis  | LA NACION

Desde Madrid, una fuente muy próxima a la demanda presenta por Repsol contra Argentina fue tajante: "Sólo podríamos levantar la acción si alcanzamos una solución negociada con el Gobierno argentino. No rechazamos la vía del diálogo, pero la legal seguirá su curso".

Este lunes por la mañana, los abogados de Repsol SA y Repsol Butano SA en Washington presentaron una demanda contra el Estado nacional ante el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial. Repsol alega que Argentina realizó una "expropiación discriminatoria" del 51% de sus acciones en YPF y buscará una compensación que ronde los U$S 10.500 millones.

La solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) aún no contiene la cifra de compensación reclama por Repsol, aunque la estimación surgió del CEO de la petrolera , Antonio Brufau, en una entrevista periodística.

Los trámites ante este panel del Banco Mundial fueron iniciados el 7 de mayo pasado , pero el demandante debió acatar un período ventana obligatorio de seis meses a la espera de una negociación entre las partes. Ahora el CIADI tiene 30 días para comunicar si toma el caso o no; y si lo acepta, comenzaría la negociación por la designación de los tres árbitros.

De este modo, Argentina sumaría un nuevo proceso pendiente ante el organismo arbitral. Actualmente el país posee 13 casos abiertos , de los cuales 5 corresponden a presentaciones de compañías energéticas.

 

Una vez que comience el proceso, Repsol podría presentar los fundamentos detallados de su demanda y el mondo de la indemnización solicitada. Los abogados de la española trabajarán sobre cuatro ejes jurídicos, según una minuta de la solicitud a la que accedió LA NACION :

• Se trató de una "expropiación discriminatoria", dado que las únicas acciones nacionalizadas fueron las del Repsol.

• La expropiación que se materializó el 4 de mayo pasado no tuvo una contraprestación económica. La comisión del Ministerio de Planificación que debía realizar la tasación aún no se expidió.

• Incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina (que data del 3 de octubre de 1991).

• No se acredita la existencia de una causa de utilidad pública, aunque el Gobierno argumenta que la falta de inversión en YPF determinó una caída en los niveles de producción nacional de petróleo.

El proceso legal ante el CIADI -que en promedio dura de 3 a 6 años- se iniciará formalmente una vez que los árbitros designados reciban una memoria por parte del inversor demandante que detalle los alegatos completos del hecho en cuestión y las peticiones al Tribunal. A partir del allí, el Estado receptor podrá contestar. Luego llegarían las audiencias orales con abogados, peritos y testigos; y la emisión de un laudo arbitral, que es definitivo y obligatorio para las partes

Lunes 03 de diciembre de 2012 | 17:33

El Gobierno aseguró que "no proyecta levantar el secreto fiscal"

Así lo dejó claro el titular de la Afip, Ricardo Echegaray; LA NACION publicó ayer que la Casa Rosada legalizaría la revelación de datos fiscales de sus críticos

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, aseguró esta tarde que "el Gobierno no proyecta levantar el secreto fiscal, tal como informaron algunos medios de comunicación". "La AFIP siempre ejerce su accionar respetando el marco normativo de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario", destacó Echegaray en conferencia de prensa al presentar la recaudación del mes de noviembre.

LA NACION informó en su edición de ayer que el Gobierno legalizaría la revelación de datos fiscales de sus críticos. La información apuntaba a que se prepara un Plan Antievasión III, que permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) levantar el secreto fiscal y utilizarlo en contra del propio contribuyente cuando éste critique públicamente a ese organismo o a cualquier otra área del Poder Ejecutivo Nacional, según consta en el borrador de ese plan cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron fuentes oficiales al tanto de las discusiones.

En este sentido, Echegaray explicó que "actualmente la Ley de Procedimiento Tributario prevé varias situaciones que no están alcanzadas por el secreto fiscal:

• La falta de presentación de declaraciones juradas

• La falta de pago de obligaciones exigibles

• Los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados

• Las sanciones firmes por infracciones formales o materiales

• Un delito que se le impute una denuncia penal

El administrador federal aclaró que "la AFIP está facultada para dar a publicidad los datos precedentes, en la oportunidad y condiciones que ella establezca". Como ejemplo, Echegaray se refirió "al Data Fiscal, mecanismo aprobado por la Resolución General 3.377, que permite a los consumidores acceder vía web a la información sobre el comportamiento fiscal de los contribuyentes".

La Nación

Domingo 02 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

El escenario

La Presidenta avanza hacia su guerra

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Con las manos vacías frente a una sociedad reclamante, Cristina Kirchner se irá en los próximos días a su propia guerra. Se avecina el 7-D. Se le ocurrió que algo debe cambiar tras ese día inminente. Mucho o poco, pero algo. Su equipo trabaja en ofertas diferentes, aun después de que la Corte Suprema ordenara que se dicten sentencias antes del viernes. También es cierto que los funcionarios bajaron considerablemente su entusiasmo público con el 7-D luego de que la Corte firmara dos resoluciones. Sólo Martín Sabbatella hizo una pasajera ratificación del carácter mítico de ese día. ¿Qué más podía hacer si quiere conservar el empleo?

Nadie, ni el Gobierno, sabe qué sucederá en las pocas horas que restan. La decisión estará en manos de tres o cuatro jueces. Ni siquiera se conoce quiénes serán todos esos jueces. Algunos, pocos, están trabajando durante este fin de semana por orden de la Corte, que los mandó a habilitar los feriados. Se conoce el nombre del juez de primera instancia, Horacio Alfonso, que tiene en sus manos la cuestión de fondo. La constitucionalidad o la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios.

La instancia superior a Alfonso, la Cámara Civil y Comercial, está integrada por jueces de otro fuero, el Contencioso Administrativo, pero éstos deberán resolver primero las muchas recusaciones y excusaciones que apartaron a ocho camaristas del fuero natural. La Cámara Civil y Comercial tiene en su poder el pedido del Grupo Clarín para que se prorrogue la cautelar que protege sus propiedades más allá del 7 de diciembre. ¿Aceptarán los actuales jueces interinos que sus colegas sean injustamente recusados y considerarán válidas sus excusaciones? ¿O rechazarán recusaciones y excusaciones, todas al mismo tiempo? Muchos jueces, incluidos algunos de los más empinados, sostienen que las recusaciones seriales que hizo el Gobierno carecen de fundamentos.

El cristinismo quiso siempre que esta guerra se librara en el fuero Contencioso Administrativo, donde tiene una importante influencia. El poderoso operador kirchnerista en la Justicia Javier Fernández es un experto en llevar la mano (hasta la firma) de muchos de esos jueces. El Gobierno no pudo conseguirlo por la vía legal y legítima. Pero terminó trasladando el expediente a esos jueces amigos mediante un procedimiento tan eficaz como rústico: sacó del medio a los jueces en los que no confía.

¿Cómo hizo? Destrozó el honor y el buen nombre de los magistrados sospechosos de independencia. Sometió a algunos a la más brutal campaña mediática que se recuerde. Los recusó. Los obligó a renunciar. O les metió miedo hasta el extremo de que ellos mismos se excusaron. Todo un fuero judicial fue diezmado en pocas semanas. Jueces amigos ocuparon (y ocupan) sus lugares. Por fin, los magistrados de la Cámara Contencioso Administrativo terminaron en la Civil y Comercial.

La Corte Suprema decidió intervenir entonces. Rechazó un pedido de prórroga de la cautelar que le había presentado el Grupo Clarín. Podría haberse quedado ahí, porque no existían las condiciones necesarias para que el tribunal tratara la cuestión. No había (no hay todavía) sentencia de las dos instancias inferiores, necesarias para habilitar el debate dentro de la Corte. El apurado gobierno, que hizo aprobar el per saltum en el Congreso en tiempo récord, no publicó aún esa ley en el Boletín Oficial. No tiene, por lo tanto, fuerza de ley. La remolona administración en materia de publicaciones oficiales es la misma que había amenazado a la Corte con un "conflicto de poderes" si no acataba el per saltum. Lo dijo públicamente el ministro de Justicia, Julio Alak, en una memorable invasión del poder político sobre el Poder Judicial.

Hubo en el medio un abrupto cambio de estrategia o el proyecto original de per saltum fue hecho sólo para presionar a la Corte. ¿Qué pasó? Nadie responde. El Congreso quedó, si el caso fuera la mera presión, atrapado en una pobre y fugaz maniobra. Es probable también que el Gobierno haya percibido a última hora que la Corte no es un refugio seguro del kirchnerismo. ¿Para qué entonces el per saltum?

Sin embargo, el máximo tribunal de justicia fue mucho más allá que ese rechazo a un pedido de Clarín. Le ordenó al juez de primera instancia, Alfonso, que decidiera de una buena vez si esos artículos de la ley de medios son, o no son, constitucionales. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, le pidió celeridad a la Cámara y le requirió al juez Alfonso que dictara sentencia sobre la cuestión de fondo antes del 7 de diciembre. Es decir, durante la semana que se inicia. Lorenzetti hablaba en nombre de la Corte.

Alfonso venía reclamando más tiempo con el argumento de que se hizo cargo hace poco del expediente. Ya no hay más pruebas que pedir y se trata de una interpretación constitucional, le habría contestado Lorenzetti. Ellos la llaman una "cuestión de puro derecho", que necesita más del buen criterio del juez que de cualquier otra cosa.

El ritmo de vértigo que la Corte impuso a las causas sobre la ley de medios tiene un sentido. Esa instancia, la máxima de la Justicia, podría decidir sobre la cautelar y sobre la constitucionalidad de la ley sólo cuando los tribunales inferiores se hayan pronunciado. No quiere hacerlo antes.

El kirchnerismo, a su vez, busca otros caminos de dilaciones y de retrasos. La interina Cámara Civil y Comercial intimó el jueves a los jueces recusados para que en 24 horas hicieran sus descargos. Cumplía con la indicación de la Corte. Uno de esos jueces, Francisco de las Carreras, que es, además, juez natural en la causa Clarín, ya había presentado antes su descargo y había contestado en duros términos una denuncia judicial hecha por el Gobierno. Su caso estaba listo para resolverse.

Estaba. El tiempo es necesariamente pasado. El Gobierno conoció esa información y se presentó en el acto pidiendo que la recusación a De las Carreras se abriera a un período de pruebas. Podría ser un trámite interminable. La Cámara debe resolver ahora si accede al pedido del Gobierno o si se conforma con lo que ya tiene: la acusación inicial del kirchnerismo y el posterior descargo del juez. Al fin y al cabo, el cristinismo no recibió bien las decisiones de los jueces supremos sobre el caso Clarín. No lo dice, pero lo insinúa. La Corte pidió acción a los jueces. Es precisamente lo que el Gobierno no quería. Prefería el limbo jurídico. La interpretación del 7-D sería sólo suya. La que importa. La que tiene el peso del Estado.

Dos ausencias inesperadas fueron pruebas del soterrado enfado oficial. Los ministros de Justicia y de Seguridad, Alak y Nilda Garré, habían comprometido su asistencia a un acto en la Corte. Era una presentación sobre política criminal del único amigo verdadero que el Gobierno tiene allí, el juez Eugenio Zaffaroni. Hasta funcionarios de ceremonial de los dos ministros llegaron poco antes del acto. Los ministros no llegaron nunca. Eso sucedió un día después de aquellas decisiones de la Corte. Ni Alak ni Garré podrían decidir por sí solos desairar de esa manera a Zaffaroni. Consultaron con la Presidenta. La Presidenta les dijo que no fueran.

La Corte también cometió un error. Dosificó la información pública sobre dos resoluciones, tomadas el mismo día y en la misma reunión, que estaban íntimamente vinculadas. Primero, dio a conocer sus decisiones sobre los jueces de primera y de segunda instancia, y sólo al día siguiente divulgó el rechazo al pedido de Clarín. En rigor, la primera resolución conocida se interpretaba mejor con la segunda. Ambas forman parte de un mismo corpus jurídico. Nadie en la Corte pudo explicar qué sucedió.

La decisión más importante que tomó ese tribunal se deslizó en un párrafo, breve y conciso: si no hubiera decisiones de los jueces antes del 7-D se estaría frente a una situación de denegación de justicia. En otras palabras, es la propia Corte la que se colocó como garante de que habrá justicia. Buena o mala, pero habrá. Abrió también las puertas a su eventual intervención si los jueces inferiores se dejaran enredar por nuevas estrategias de dilaciones y de tardanzas.

El Gobierno comete otros actos implícitos de denegación de justicia. Escondió las resoluciones de la Afsca que regulaban el día después del 7-D. Derogó resoluciones anteriores, pero no informó con qué las reemplazó. Hasta el representante opositor en el directorio, Marcelo Stubrin, no pudo acceder a esas decisiones que se guardan como claves nucleares. Indefensión ante el Estado. Los supuestos perjudicados ignoran cómo será su vida cuando haya pasado el emblemático día. La perspectiva se agrava cuando la propiedad que está en juego son medios de comunicación, que requieren de la libertad para seguir siendo lo que son.

El cristinismo retoza en ese mar de arbitrariedades. El jueves, sus diputados aplaudieron en pleno recinto del cuerpo la decisión de la Cámara judicial norteamericana que colocó una cautelar sobre la medida del juez Thomas Griesa que beneficiaba a los fondos buitres. ¿Aplauso a una cautelar? ¿No era que las cautelares son pérfidas maniobras para demorar actos de estricta justicia? La Presidenta denunció el "colonialismo judicial" poco antes de que sus diputados aplaudieran a jueces norteamericanos. ¿Hay, acaso, un colonialismo bueno y otro malo? El célebre relato se parece ya a un trabalenguas

Domingo 02 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Silenciamiento

El Gobierno legalizaría la revelación de datos fiscales de sus críticos

Por Hugo Alconada Mon | LA NACION

El Gobierno prepara un Plan Antievasión III, que permitirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) levantar el secreto fiscal y utilizarlo en contra del propio contribuyente cuando éste critique públicamente a ese organismo o a cualquier otra área del Poder Ejecutivo Nacional, según consta en el borrador de ese plan cuya copia obtuvo LA NACION y confirmaron fuentes oficiales al tanto de las discusiones.

La reforma tributaria, que lleva más de dos años de redacción y debate dentro del Gobierno, legitimará en la práctica que los funcionarios -incluida la presidenta Cristina Kirchner- puedan exponer incluso por cadena nacional los detalles de la situación tributaria de la persona o empresa que se queje ante la prensa, algo que ya ocurrió durante los últimos meses con el cineasta Eliseo Subiela y con uno de los socios de una conocida inmobiliaria.

El proyecto que circula por la AFIP, el Ministerio de Economía y algunos despachos de la Casa Rosada también habilita otra opción para levantar el secreto fiscal.

Será cuando algún área del Ejecutivo desarrolle un programa de "subsidios o beneficios" y necesite o quiera hurgar en los ingresos y gastos declarados por el contribuyente.

El llamado Plan Antievasión III es impulsado por un equipo de colaboradores del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, que comenzó a darle forma hace un par de años, pero al que pronto se sumaron propuestas desde la Secretaría de Hacienda y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El objetivo es actualizar el sistema tributario y mejorar sus alcances, por ejemplo, sobre los paraísos fiscales y los fideicomisos.

De aprobarlo el Congreso, el proyecto reemplazaría al Plan Antievasión II, que rige desde mediados de 2005. Pero arrastra fuertes resistencias dentro y fuera del Gobierno, según reveló el diario Tiempo Argentino el 12 de noviembre. En particular, por el deseo de extender el impuesto a las ganancias a la renta financiera.

De salir tal como aparece redactado el proyecto, sin embargo, el nuevo encuadre del "secreto fiscal", hoy regulado por los artículos 101 y 102 de la ley 11.683, podría resultar aún más polémico y ya cosechó objeciones dentro del Palacio de Hacienda.

LA NACION procuró consultar ayer a voceros de la AFIP, pero no respondieron las llamadas, en tanto que desde el Ministerio de Economía indicaron que "no tenían nada aún" para comunicar oficialmente y dieron a entender que era una iniciativa del organismo tributario.

Según consta en la copia del articulado que obtuvo LA NACION, el plan establece que el secreto fiscal "no regirá" en dos nuevas situaciones, que se sumarían a las cuatro ya existentes, que fijan excepciones acotadísimas sobre lo que define como "el más absoluto secreto".

La primera de las nuevas excepciones sería cuando "un contribuyente, responsable o titular de los datos cuestione públicamente -por cualquier medio de difusión- acciones de control o actos administrativos del organismo"; la segunda, "cuando ministerios y organismos del Poder Ejecutivo Nacional tengan que ejecutar o implementar programas de subsidios o beneficios".

"La idea de fondo es poder darle más margen de acción a la AFIP cuando otro organismo público pide información", argumentó un alto funcionario al tanto de las deliberaciones ante la consulta específica.

Antecedentes polémicos

En julio pasado, la Presidenta expuso, durante una cadena nacional, que uno de los socios de la inmobiliaria Jorge Toselli, Rodrigo Saldaña, no había presentado una "declaración jurada de Ganancias ni de ningún tipo desde 2007". Lo hizo, apenas 24 horas después de que Saldaña se quejara en el diario Clarín sobre el impacto del cepo al dólar en la compraventa de propiedades.

Al día siguiente del discurso de la Presidenta, además, la AFIP inhabilitó a la firma Toselli, lo que generó una dura queja de la Cámara Inmobiliaria Argentina y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que calificó de "escrache".

El comentario presidencial, sin embargo, sí está amparado por la ley 11.683. Su artículo 101 fija que el secreto no alcanza a "los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas". A tal punto, explicó una fuente de la AFIP, que "aun si se considera que la Presidenta cometió una falta ética, la AFIP podría publicar una lista todos los meses de quienes no presentan su declaración".

Más complicado es el caso de Ricardo Echegaray. Apenas horas después de que el cineasta Eliseo Subiela se quejara porque no pudo comprar dólares para viajar a un festival en Lima, a fines de agosto, el titular de la AFIP afirmó que el director de cine figuraba inscripto como astrólogo o lustrabotas. Detalló también sus ingresos y consumos declarados y su vinculación con dos sociedades, una de las cuales categorizó como "fantasma", además de afirmar que su situación fiscal no era "regular ni transparente".

Poco después, dos empleados de la AFIP se presentaron en la escuela de cine de Subiela con una lista de requerimientos y se radicó una denuncia penal en su contra por presunta evasión fiscal. Pero dos meses después, en octubre, el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart desestimó esa denuncia tras concluir que no había delito alguno.

Ahora, según indicó "una alta fuente oficial" a Tiempo Argentino a mediados de noviembre, "el proyecto está listo y en las últimas semanas comenzó a moverse" para su envío al Congreso.

Domingo 02 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Donald Trump: "Es un gran momento para hacer inversiones en América latina"

El magnate estadounidense anunció una inversión de US$100 millones en su última joya, la Trump Tower Punta del Este; analiza proyectos en Brasil y dice que es el tiempo de esta región del mundo

Por Alfredo Sainz  | LA NACION

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 Foto: Archivo 

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NUEVA YORK.- Al ingresar al despacho de Donald Trump en el piso 26 de la Trump Tower, en el corazón de Manhattan y enfrente del Central Park, hay dos cosas que quedan bien claras. La primera es que el multimillonario ama los deportes: en el único sillón de la oficina no hay lugar para sentarse y los tres cuerpos del mueble están ocupados por pelotas de básquet, cascos de fútbol americano, bates de béisbol y todo tipo de camisetas de equipos. La segunda es que hay algo que le gusta más que los deportes y es su propia imagen. Todas las paredes están literalmente ocupadas por fotos y retratos que muestran a Trump recibiendo un premio, nominado como empresario del año en una revista de negocios o posando para la tapa de Playboy.

Con humor, el multimillonario reconoce que el alto perfil y hasta las polémicas son una herramienta de negocios más que utiliza para expandir su imperio inmobiliario, cuya última joya es la Trump Tower Punta del Este, que planea construir en Punta del Este, junto con un grupo de empresarios argentinos, que demandará una inversión de US$ 100 millones. "Me encantaría tener un bajo perfil, pero la prensa me elige. Me encantaría no dar entrevistas. Pero se trata de crear valor. Si yo voy a Uruguay o a cualquier otro lugar a comprar tierra, necesito una aprobación del gobierno y me la dan, porque me conocen, saben que hago un gran trabajo y edificios hermosos. En algunos aspectos es difícil, pero ayuda mucho", explicó Donald Trump a LA NACION desde su despacho en Nueva York.

-¿Por qué eligió Uruguay como primer destino para iniciar un plan de expansión en la región?

-En el último tiempo he escuchado muy buenas cosas sobre Uruguay. Es un hermoso lugar y tengo amigos que tienen casa en el país. No conozco al presidente Mujica, pero también me han hablado muy bien de él.

-¿Cree que es un buen momento para invertir en América latina?

-Es un gran momento para invertir en América del Sur. A algunas partes del mundo les está yendo bien y a otras no tanto; éste es el tiempo de América del Sur.

-¿Cuál es el próximo destino del grupo en la región?

-Estamos explorando varios lugares allí, especialmente Brasil. Tenemos tres desarrolladores allí, pero no queremos varios, queremos sólo uno, pero que sea grande, como en Uruguay. También miramos varias opciones en Sudamérica y me encanta Buenos Aires, que es una hermosa ciudad. Conozco grandes hombres de negocios en la región, como Macri. Es un buen tipo.

-¿Cuál Macri?

-Conozco a los dos, al padre y al hijo, que ahora es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me caen bien y creo que son una gran familia. Me dijeron que el hijo está haciendo un buen trabajo en Buenos Aires. Aprovecho para mandarle mis saludos.

-¿Analiza traer a su cadena de hoteles a la región?

-Puede ser. Ya estamos con un proyecto en Panamá, que está funcionado increíblemente bien. Es un gran éxito. Menos oficinas, que es un negocio más para los desarrolladores locales, estamos abiertos a todo tipo de proyectos.

-¿Cuál es su visión de la actualidad económica mundial? ¿Ya pasó lo peor?

-Creo que Estados Unidos mejorará, independientemente del déficit fiscal. Lo que es una pena es lo que está pasando con España, Grecia y otros países europeos. Conozco mucha gente que vive en España y está pasando por un mal momento, pero a la vez también significa una gran oportunidad para ir a comprar. A principios de los 90 tuvimos una crisis en el mercado inmobiliario que fue peor que ésta. Muchos de mis amigos terminaron en bancarrota y tuvieron que cerrar sus negocios. Nosotros, no. Logramos atravesar la crisis y aprendimos una lección. Tenemos experiencia y fondos para invertir. Me encantan los mercados en problemas, porque ofrecen muchas oportunidades.

- Después del reality El aprendiz , ¿piensa en otro proyecto en TV?

-Me lo han ofrecido, pero El aprendiz es muy famoso y es difícil dejarlo.

donald trump

• Inversor inmobiliario
  Profesión: empresario.
  Edad: 66 años.
  Origen: Estados Unidos.

• Comenzó como un desconocido promotor inmobiliario hasta llegar a ser un magnate del rubro.

• Su imperio incluye, entre otras propiedades, Trump World Tower, Trump Hotel Las Vegas, Trump Ocean Club International Hotel & Tower, y la serie de hoteles Trump International Tower & Hotel, que está presente en numerosas ciudades.