Beneficios y riesgos de la Supercard

Martes 02 de julio de 2013 | 00:54

Beneficios y riesgos de la Supercard

Por Nicolás Litvinoff | Estudinero

Luego de demoras, especulaciones y postergaciones, finalmente la Supercard fue presentada oficialmente.

¿Cómo impactará este lanzamiento en el bolsillo de la gente y cuál es la manera más inteligente para hacer que esta nueva iniciativa se transforme en algo beneficioso para el consumidor y no una fuente más de endeudamiento y problemas?

Analizaremos algunas características de la Supercard y de las tarjetas de crédito en general, con el objetivo de optimizar el consumo y no caer en un tendal de deudas que provoquen un descalabro en el presupuesto personal y familiar.

Características de la Supercard relevantes para el consumidor

Convivirá con las tarjetas tradicionales

En un principio se especuló con que los comercios que aceptaran la Supercard debían hacerlo de manera exclusiva, es decir, no podrían seguir recibiendo pagos de sus clientes con las tarjetas de crédito tradicionales.

Aparentemente se entendió que esa medida era totalmente inaplicable, y ahora el consumidor se encontrará con que la Supercard le agrega una alternativa más de pago a las que tenía anteriormente.

Se presume entonces que las familias seguirán usando sus tarjetas de crédito pero ahora podrán expandir su consumo financiado, ya que contarán con esta nueva alternativa ofrecida por el Gobierno.

No se ha aclarado aún si la tarjeta se dará a toda la población que la requiera o se discriminará por historial crediticio, es decir, se le negará a aquellos con problemas de deudas impagas que figuren, por ejemplo, en el Veraz.

Si el otorgamiento fuese indiscriminado, los que tengan negada la posibilidad de obtener tarjetas de crédito y préstamos debido a su mal comportamiento financiero tendrán "dinero fresco" para volver a "hacer de las suyas".

Los consumidores podrán realizar compras por un monto de hasta 3000 pesos

Se desprende de lo informado que los consumidores podrán gastar hasta 3000 pesos por mes, y financiar hasta 1000 pesos.

La buena noticia es que los intereses a aplicar por el pago mínimo (esto es, para aquellos que decidan pagar solo una parte de los gastado) tendrán un tope del 22% anual frente a más del 60% que suelen cobrar hoy en día las emisoras de plásticos tradicionales.

Claro que una familia tipo con hijos mayores de 18 años verá ese límite multiplicado por cuatro (si cada integrante reclama su plástico), situación que podría hacer que, según lo visto en el punto anterior, a sus deudas contraídas con otras tarjetas ahora se le sume un nuevo componente.

La comisión que se les cobra al supermercado será del 0,75% en vez del 3%

Si bien esto no tiene implicancia directa en los consumidores, los menores costos que verán involucrados los comercios habrá que busquen incentivar a sus clientes a usar la Supercard en detrimento de los plásticos tradicionales.

Habrá que prepararse para un sinfín de promociones y publicidades que apunten a la aparición de este "nuevo jugador" en el mercado.

Conclusión

Las tarjetas de crédito fueron y son, en términos históricos, un recurso interesante para aquellos que pueden organizar sus finanzas personales, no tentarse con promociones y pagos mínimos, y establecer límites de gastos que permiten aprovechar la ventaja de comprar alguna que otra cosa en cuotas en un contexto inflacionario.

Pero al mismo tiempo, pueden ser un "arma de destrucción masiva" para quienes viven endeudados, con ingresos que apenas alcanzan para cubrir sus gastos fijos y que de pronto se ven tentados a seguir consumiendo productos que quizá no necesitan con dinero que no tienen y que no saben a ciencia cierta cómo harán para pagar cuando lleguen los resúmenes.

Resumiendo: la Supercard será un buena noticia para quienes tienen medianamente balanceado el ratio personal de ingresos y gastos (una parte inferior de la población), y una muy mala noticia para aquellos que ya tienen de por sí problemas de deudas con los instrumentos de crédito ya existentes, producto de una de las combinaciones más peligrosas que se pueden encontrar en este terreno: acceso fácil al crédito y un modelo económico que bombardea a sus ciudadanos con fuertes incentivos al consumo desenfrenado.


La causa AMIA, ante una trascendental decisión

Martes 02 de julio de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

La causa AMIA, ante una trascendental decisión

Los serios cuestionamientos al acuerdo con Irán serán resueltos por un magistrado que registra abrumadores indicios de parcialidad



El juez federal a cargo de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral , está llamado a resolver sobre la constitucionalidad del cuestionado memorándum de entendimiento suscripto entre la República Argentina y la República Islámica de Irán.

Esta circunstancia ha provocado temor y desconfianza en las instituciones comunitarias judías y entre los familiares de las víctimas del impune atentado sobre el rumbo que podría tomar el muchas veces cuestionado magistrado en la causa aludida. Es de esperar que su decisión se funde exclusivamente en el derecho y la justicia, y que no incidan los aspectos políticos o de otra índole. Cabe recordar, en este sentido, que el Gobierno impulsó la firma del memorándum pese al rechazo casi unánime del arco opositor y de las entidades de la comunidad judía.

Es muy difícil sustraerse de los abrumadores indicios de parcialidad y de haber beneficiado al oficialismo que en diversas ocasiones ha exhibido el juez que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Sólo por citar dos ejemplos, su sobreseimiento del matrimonio Kirchner por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y el llamado a indagatoria del digno ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous -quien denunció en su momento la existencia de una embajada paralela en Caracas- y su posterior procesamiento.

A ello suman algunos analistas de la realidad judicial el hecho de que un hijo del magistrado se encuentra ternado para ser designado juez federal de San Martín, circunstancia que, según sostienen esos observadores, podría llegar a pesar fuertemente en la decisión del juez. En la citada terna, ocupa el primer lugar el doctor Juan Pablo Salas, de sólidos antecedentes y actual juez federal subrogante en Morón.

La causa del atentado contra la AMIA, que costó la vida a 85 personas, cumplirá 19 años el 18 del corriente mes y en ese extenso lapso ha sufrido vicisitudes de todo tipo, al tiempo que ha sido terreno para algunas sucias maniobras políticas impulsadas por inescrupulosos que no dudaron en bastardear el objetivo de buscar la verdad y la sanción de los culpables.

El memorándum de entendimiento con el gobierno de Irán pone en peligro la investigación realizada tras el apartamiento del juez Juan José Galeano de la causa por el ataque a la sede de la mutual y en la que se encuentran imputados y con pedido de captura internacional varios ciudadanos iraníes. De ahí lo absurdo que resulta el acuerdo con el país que protege y cobija a quienes la justicia argentina ha señalado como los responsables del peor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país en su historia.

Del mismo modo, resulta cuestionable y sospechosa la actitud de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de denegarle al fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, la autorización para exponer ante el Congreso de los Estados Unidos las conclusiones de su investigación, en la cual acusó a Irán de infiltrarse en varios países de nuestra región a través de la instalación de estaciones de inteligencia. De acuerdo con los datos ofrecidos por Nisman, el gobierno iraní habría infiltrado agentes de inteligencia en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, y Surinam, lo cual motivó una invitación de los legisladores norteamericanos al fiscal.

Por las razones apuntadas, adquiere suma trascendencia que el magistrado que entiende en esta causa se expida exclusivamente a partir de un riguroso punto de vista legal, despojado de cualquier otro interés que no sea el puramente jurídico


La Nación

El blanqueo y la apuesta secreta del Gobierno

Martes 02 de julio de 2013 | 23:46

El blanqueo y la apuesta secreta del Gobierno

Por Fernando Laborda | LA NACION



El moderado optimismo del gobierno kirchnerista de cara al blanqueo de moneda extranjera que comenzó a instrumentarse desde ayer no se basa exclusivamente en su confianza en que muchas empresas y ciudadanos ingresarán al circuito formal dólares sin declarar que poseen en el exterior o bajo el colchón. La mayor apuesta oficial es que se sumen al proceso de exteriorización grandes empresas que acepten los títulos del blanqueo a cambio de traer del extranjero sus dólares declarados.

¿Es posible hablar de blanqueo de dinero que ya figura en las declaraciones patrimoniales? Técnicamente no sería un blanqueo, porque supuestamente ese dinero que se ingresaría ya era blanco. Sin embargo, la desesperación gubernamental por hacerse de fondos que alimenten las reservas -aunque más no sea temporariamente- podría generar ese efecto mágico: blanquear dinero en blanco.

La mayor apuesta oficial es que se sumen al proceso de exteriorización grandes empresas que acepten los títulos del blanqueo

La clave sería que una empresa que opera en nuestro país y posee fondos en moneda extranjera declarados legalmente fuera de la Argentina perciba la conveniencia de ingresar ese dinero por la vía de la ley de blanqueo. ¿Cuál sería su beneficio? Que hasta ahora, si decidía repatriar los dólares que tiene en el exterior, aun cuando estuvieran declarados, debería transferirlos y cobrarlos a una cotización oficial que hoy equivaldría a poco más de 5,30 pesos por dólar, aproximadamente un 50% menos de lo que cuesta un dólar en el mercado cambiario informal, cercano a los 8 pesos. En cambio, adhiriéndose a la nueva ley de exteriorización de moneda extranjera, la misma empresa obtendría hoy por esos dólares títulos Cedin que cotizarían a un valor muy superior al del dólar oficial y bastante cercano al del paralelo.

La ley sancionada por el Congreso establece que las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en la ley del impuesto a las ganancias, inscriptos o no, "podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior" al 30 de abril último inclusive. Y agrega que "también podrá incorporarse la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior que resulte del producido de bienes existentes al 30 de abril de 2013".

El texto no menciona si la moneda extranjera a la que se alude es dinero no declarado por los contribuyentes. Claro que la palabra "exteriorización" remite a hacer visible algo que no lo estaba hasta ese momento, en este caso para el fisco.

Surgió la necesidad del gobierno de Cristina Kirchner de hacer más atractivos los certificados del blanqueo, otorgándoles más usos

Lo cierto es que, de acuerdo con distintos analistas económicos, la simple apuesta a que muchos particulares y empresas ingresen dólares que no han sido hasta ahora declarados achicaría las expectativas y no movería sustancialmente el amperímetro.

En un país como la Argentina, que sólo en lo que va del presente año vio descender las reservas del Banco Central en unos 6000 millones de dólares, la llegada de un monto que se ubique en torno de los 2000 millones de dólares, como el que pronosticaron consultores privados, se diluiría muy rápidamente. Por tal motivo, surgió la necesidad del gobierno de Cristina Kirchner de hacer más atractivos los certificados del blanqueo, otorgándoles más usos, y también de presionar a todas las empresas para que adhieran a este singular proceso de exteriorización de moneda extranjera, tengan o no tengan dinero no declarado

Ya no hay límites para la extorsión de Cristina

Martes 02 de julio de 2013 | Publicado en edición impresa

El análisis

Ya no hay límites para la extorsión de Cristina

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION



Varios jueces de la Corte quedaron estupefactos tras la conferencia de prensa de Ricardo Echegaray. El jefe de la AFIP confirmó ayer el rumor que le había llegado a Ricardo Lorenzetti de que él, su familia y el director administrativo de la Corte, Héctor Marchi, eran víctimas de una persecución por parte del organismo. "El director de la AFIP confirmó que investiga al presidente de la Corte, después de que la Corte declaró inconstitucional una importante ley del Gobierno. Imposible imaginar esto en otro país", dijeron cerca de los jueces.

Lorenzetti les aclaró ayer a sus pares que siempre estuvo dispuesto a someterse a una investigación correcta de la AFIP. El problema es que el procedimiento fue incorrecto. El juez no recibió nunca ninguna intimación de la AFIP ni sus contadores fueron notificados de una investigación en marcha. Lorenzetti se enteró de la pesquisa impositiva el pasado fin de semana largo en su ciudad natal, Rafaela. Personas vinculadas con la delegación local de la AFIP le contaron el rumor que circulaba. El martes comentó la novedad ante el resto de los jueces de la Corte, que pidieron dos cosas: una confirmación urgente de parte de la AFIP y una advertencia directa de Lorenzetti a la presidenta Cristina Kirchner. La conversación con la Presidenta no pudo realizarse hasta ahora.

El miércoles, dos funcionarios de la Corte se comunicaron con la AFIP y pidieron hablar con Echegaray. Uno de esos funcionarios judiciales era Marchi. Les contestaron que Echegaray estaba en Francia. Los empleados jerárquicos de la Corte hablaron con un alto funcionario del organismo, que verbalmente les confirmó la versión que había recibido Lorenzetti. Ayer, Echegaray aceptó que existió esa reunión, pero dijo que la versión les había sido desmentida a los enviados de la Corte. Sin embargo, el propio Echegaray confirmó, durante la misma conferencia de prensa, el rumor que recibió Lorenzetti.

"No tengo ningún problema en ser investigado por la AFIP, porque no tengo nada que esconder. Pero el procedimiento debe ser el que marcan la ley y los reglamentos, no con un método extorsivo", aseguró ayer el presidente de la Corte entre sus colaboradores. Cerca de Lorenzetti desmintieron más tarde, una por una, las acusaciones televisivas del titular de la AFIP contra el presidente del tribunal y contra Marchi.

Echegaray puso especial énfasis en subrayar la "compleja" situación impositiva de Marchi, el más alto funcionario de administración de la Corte. Marchi, oriundo de Rafaela y ex funcionario de los gobernadores santafecinos Carlos Reutemann y Jorge Obeid, fue llevado a la Corte por el propio Lorenzetti. Según se desprende de las palabras de Echegaray, existe una duda en la AFIP con respecto a la declaración jurada de Marchi. No es el primero ni el único caso que despierta dudas entre los inspectores de la AFIP. Por el contrario, las dudas de los funcionarios impositivos suelen ser muy frecuentes.

El problema es, otra vez, el procedimiento. Echegaray expuso públicamente la situación impositiva de Marchi, y de la familia de Lorenzetti, cuando la revisión se estaría tramitando todavía dentro de la AFIP. En rigor, ni el presidente de la Corte ni su familia recibieron todavía ninguna comunicación oficial del ente recaudador.

Se trata, simplemente, de un mecanismo recurrente del cristinismo: exhibir en público la situación patrimonial e impositiva de sus adversarios, viejos o nuevos. Tampoco falta la manipulación en esas exhibiciones. Son los famosos "carpetazos" con los que amenaza el oficialismo. Ya pasaron por esa experiencia desde un empresario inmobiliario hasta un cineasta. Nunca nadie imaginó que tal método persecutorio alcanzaría al propio presidente de la Corte Suprema. Ésa es la única novedad

Peru: destruyen una pirámide de 5000 años de antigüedad en un acto salvaje

Martes 02 de julio de 2013 | 15:41

Peru: destruyen una pirámide de 5000 años de antigüedad en un acto salvaje

Según las investigaciones policiales, el responsable del atentado sería una empresa inmobiliaria en complicidad con una familia asentada en la zona


LIMA.- El Complejo Arqueológico El Paraíso, descubierto recientemente en Lima y con una antigüedad que se cree de unos 5.000 años, fue victima de un atentado por un grupo de desconocidos que destruyó una pirámide de seis metros, denunció este lunes el ministerio de Cultura.

"El sábado 29 de junio, un grupo de delincuentes a bordo de una retroexcavadora ingresó al Complejo Arqueológico El Paraíso y destruyó, desde su base, una pirámide que tenía seis metros de altura y 2.500 metros cuadrados de superficie, denominada sector 12", señaló el ministerio en un comunicado.

Los inescrupulosos tras destruir la pirámide arrojaron basura y le prendieron fuego para aducir que la intención era limpiar el monumento, indicó.

Luego intentaron destruir otras pirámides, pero la acción de la policía del sector los hizo huir.

El Paraíso es el complejo arqueológico monumental más antiguo y grande de Lima Metropolitana y de la Costa Central del Perú. Está ubicada en la frontera de tres distritos limeños (San Martín, Puente de Piedra y Ventanilla), da la espalda a unos cerros y tiene detrás el mar.

En diciembre de 2012 se inició su puesta en valor y en febrero de este año se realizó su primer hallazgo: un fogón que estaría asociado a la Tradición Religiosa Mito y cuya antigüedad sería de unos 5.000 años (3.000 años antes de Cristo).

El centro del complejo es una construcción en terrazas de piedra que fue descubierta por el arqueólogo francés Frederic Engel en 1965

Según las investigaciones policiales, el responsable del atentado sería una empresa inmobiliaria en complicidad con una familia asentada en la zona.

El ministerio informó que denunciará "a los delincuentes que han actuado con alevosía, sin ningún escrúpulo ni consideración, en contra del Patrimonio Cultural de la Nación, delito sancionado hasta con ocho años de pena privativa de la libertad".

El centro del complejo es una construcción en terrazas de piedra que fue descubierta por el arqueólogo francés Frederic Engel en 1965 y desenterrada de lo que aparentemente sólo se veía como una elevación terrosa, de las tantas que se observan en Lima.

Según los especialistas, estas construcciones habrían sentado las pautas para las técnicas de edificaciones posteriores de culturas preincas y del propio imperio de los incas (siglos XV y XVI).

Agencias EFE, DPA y AFP


La Nación

¿Por qué Julian Assange acusa a la Argentina de espionaje?

Martes 02 de julio de 2013 | 17:25

¿Por qué Julian Assange acusa a la Argentina de espionaje?

Hace pocos días el fundador de WikiLeaks advirtió que nuestro país "tiene el régimen de vigilancia más agresivo de la región"; los fundamentos


Cuando el hombre que filtró la mayor cantidad de información clasificada en la historia alerta sobre el "agresivo" nivel de vigilancia en un país, muchos toman nota.

Fue lo que ocurrió cuando recientemente Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, advirtió que la Argentina tiene "el régimen de vigilancia más agresivo de todos los Estados latinoamericanos de tamaño mediano".

Si bien Assange - refugiado desde hace un año en la embajada de Ecuador en Londres - aclaró que nuestro país está lejos de los niveles de vigilancia de Estados Unidos, el Reino Unido o China, sus comentarios resonaron en un país que actualmente enfrenta una serie de escándalos por espionaje.

 

En sus declaraciones, realizadas a Infobae en el marco de la presentación de su nuevo libro que acaba de ser lanzado en la Argentina, Assange explicó que basaba sus afirmaciones en el hecho de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner adoptó un polémico sistema de identificación biométrica.

El activista se estaba refiriendo al Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios), un programa que permite incorporar a los pasaportes un chip electrónico con datos personales, huellas dactilares e imágenes faciales.

La presidenta Fernández implementó el sistema por decreto en noviembre de 2011 y durante su lanzamiento anunció que "en dos años tendremos a los 40 millones de argentinos identificados, no solamente a través de la huella digitalizada, sino también a través de su rostro biométrico".

Contra el delito

La mandataria dijo que el Sibios constituye "un salto cualitativo muy importante en la seguridad, en la lucha contra el delito" y permitirá "encontrar a gente perdida" y "combatir la trata de personas y el tráfico de niños".

 Foto: Archivo 

La jefa de Estado también anunció que a partir de 2012 todos los niños recién nacidos serían incluidos en los registros a través de su identificación biométrica, realizada en todos los hospitales del país. "Estamos contribuyendo al derecho a la identidad", aseguró.

Sin embargo otros, como Assange, cuestionan estos nuevos sistemas de identificación, que son usados por varias naciones desarrolladas y son exigidos por países como Estados Unidos para permitir el ingreso sin la correspondiente visa.

En América Latina, además de la Argentina, varios países más ya adoptaron o están por adoptar pasaportes biométricos, incluyendo a Brasil, Chile, Guyana Francesa, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Para los críticos, estas tecnologías dan a los Estados información sobre sus ciudadanos que puede ser abusada. Además, advierten que son sistemas falibles que pueden llevar a que se acuse a la persona equivocada de un delito. También argumentan que estos regímenes tratan a todos los ciudadanos como criminales en potencia, imponiendo un estado de constante vigilancia.

Espionaje

Pero más allá de esta polémica, Assange agregó otro factor que explica por qué considera tan "agresiva" la vigilancia en la Argentina. Dijo que el gobierno de Cristina contrata a un gran número de "empresas que brindan servicios de vigilancia". El tema del espionaje estatal ha sido un factor de mucha controversia en los últimos años en la Argentina.

 Foto: Archivo 

Apenas la semana última se generó una polémica luego de que la presidenta nombrara como nuevo jefe del Ejército al general César Milani, quien desde 2008 se desempeñaba como Director de Inteligencia Militar.

Según denunció LA NACION, Milani podría seguir conduciendo el área de Inteligencia a pesar de su ascenso. Por su parte, el diario Perfil aseguró que el presupuesto del Ejército para lo que denomina "Inteligencia estratégica" es el más alto desde que se reinstaló la democracia, en 1983.

Las autoridades nacionales ya estaban bajo la lupa desde finales de 2011 cuando organizaciones sociales y sindicales denunciaron ante la Justicia la existencia de un programa de espionaje, conocido como "Proyecto X", creado por la Gendarmería Nacional en 2002, que en los últimos años habría recabado información sobre sus actividades.

La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, explicó que el Proyecto X es "un sistema informático de Inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos" y dijo que la información recabada permitió iniciar 285 causas judiciales entre 2006 y 2012.

La propia presidenta Fernández defendió el programa unos meses después, cuando reveló que gracias al software utilizado por Gendarmería se había podido identificar al conductor de un camión que transportaba 800 kilos de cocaína.

"Quédense tranquilos, salvo que estén haciendo algo que no corresponda. Ahí sí, puede ser que estén en el Proyecto X", advirtió la mandataria. A pesar de justificar el programa de vigilancia, el gobierno ordenó la jubilación de 19 de los 30 comandantes de la Gendarmería después del escándalo. Y la Justicia sigue investigando las denuncias.

Vigilados

Los propios miembros del gobierno también habrían sido víctimas del espionaje. En 2008 Uruguay le negó asilo político a un pirata informático argentino que habría trabajado para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y fue acusado por las autoridades argentinas de espiar cientos de correos electrónicos de jueces, políticos y funcionarios.

Pero el mayor escándalo de espionaje no lo protagonizó el gobierno nacional sino el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En 2010, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue procesado por un caso de escuchas ilegales.

Un juez federal lo acusó de ser "partícipe necesario" en una red ilegal de espionaje que incluyó escuchas telefónicas a un activista de la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) -que reveló las escuchas tras recibir una advertencia anónima-, a famosos empresarios, e incluso a su propio cuñado.

La causa irá a juicio oral. Macri -un posible candidato a la presidencia en 2015- asegura ser víctima de un complot del gobierno.

Menos profesionales

¿Acaso hay más espionaje en la Argentina que en otros países latinoamericanos, como sugiere Assange?

Para Luis Alberto Somoza, experto en Inteligencia y docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Iupfa), la cantidad de escándalos de espionaje que explotaron en nuestro país no significan que en este país se espíe más, sino simplemente que se hace con menos profesionalismo.

"Todos los Estados hacen Inteligencia, pero uno sólo se entera de los operativos cuando fracasan", señaló a BBC Mundo y aseguró que los sistemas de Inteligencia estatal funcionan con más transparencia en la Argentina desde la sanción de la llamada Ley de Inteligencia Nacional, en 2001.

No obstante, dijo que el desmantelamiento de las fuerzas armadas durante la última década de gobierno kirchnerista contribuyó a la desprofesionalización de los servicios de espionaje.

La Nación

Carlos Menem: "En algunos aspectos estamos en caída libre"

Martes 02 de julio de 2013 | 22:29

Carlos Menem: "En algunos aspectos estamos en caída libre"

El ex presidente festejó sus 83 años con una reunión en La Rioja; también apeló la condena a siete años de prisión que le fue impuesta por tráfico ilegal de armas


l ex presidente y senador por el Frente para la Victoria, Carlos Saúl Menem , cuestionó la gestión del gobierno nacional al asegurar que el país está, en algunos aspectos, "en caída libre", y dijo que Cristina Kirchner no puede resolver los problemas que se le presentan.

Las declaraciones del legislador se produjeron durante el festejo por su 83 cumpleaños, que tuvo lugar en el Golf Club La Rioja. Menem hizo unas breves declaraciones en las que se refirió a la gestión de Cristina Kirchner, de quien opinó que "pone todo su empeño". "El problema es que no lo pueda solucionar", agregó.

Más temprano, sus abogados informaron que el ex mandatario apeló a la Corte Suprema de Justicia la condena por el delito de contrabando agravado. Y que hizo lo mismo a la Cámara Federal de Casación Penal en relación a los siete años de prisión que el Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 3 le impuso el mes pasado.

La venta ilegal de armas fue por 6.500 toneladas de armamento que entre 1991 y 1994 se comercializaron con Croacia y Ecuador -países con los que estaba prohibido ese tipo de negocios- y que tenían como destino real Panamá y Venezuela.

Los defensores de Menem, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, criticaron la condena "por falta de fundamentación" y cuestionaron que el mismo tribunal oral que absolvió a los acusados luego les haya fijado las penas.

El TOPE 3 absolvió en 2011 a Menem y al resto de los acusados por el tráfico de armas, pero en marzo pasado Casación revocó el fallo y condenó a las 12 personas por contrabando agravado y le ordenó al tribunal oral que fije las penas.

El fiscal Marcelo Agüero Vera había pedido ocho años para Menem y su desafuero al Senado para que pudiera ser detenido.

Agencia: DyN

La Nacion