Editorial I
Jujuy: un feudo violento
Los jujeños mostraron en las urnas su hartazgo frente a tres décadas de demagogia populista y violencia
Jujuy sigue postergada y es protagonista de hechos que deberían comprometer no sólo al gobierno local sino también al nacional: a la impúdica pobreza imperante y a los históricos problemas sociales, de vivienda y trabajo genuino se le suman ahora un aumento de la inseguridad y la violencia, en un territorio atravesado por el narcotráfico.
Las endebles fronteras de Jujuy y del resto del norte argentino favorecen el tráfico de drogas, que se desarrolla frente a los ojos atónitos de la ciudadanía y se fortalece por la inacción de las autoridades. Numerosos jueces han expresado su preocupación por el aumento del consumo, y la falta de radares y de herramientas para combatir la acción de los narcotraficantes, clamor que se suma al reciente llamado de los obispos argentinos.
Este panorama, de por sí alarmante, se da en el escenario político complejo que vive Jujuy. El gobernador, Eduardo Fellner, debilitado tras las últimas elecciones y con un liderazgo deslucido, carga sobre sus hombros una provincia con una economía débil y Estadodependiente.
Por primera vez desde que regresó la democracia, el Partido Justicialista fue derrotado en las elecciones para legisladores provinciales en Jujuy. También perdió su habitual primer puesto en los cargos a diputados nacionales: ganó sólo una de las tres bancas en pugna, mientras que los dos escaños principales los obtuvo la Unión Cívica Radical, a través del Frente Jujeño.
Si bien el Frente para la Victoria perdió por un número ajustado (con una diferencia de 1321 y 2126 sufragios, para diputados nacionales y provinciales, respectivamente), los resultados de esta elección histórica de la oposición deben interpretarse como un voto castigo. Las urnas reflejaron la preocupación y el hartazgo de gran parte del electorado jujeño frente a las ineficaces políticas públicas que ha llevado adelante el justicialismo local a lo largo de las tres décadas que lleva en el poder.
Según datos de la cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Jujuy, hay unas 118.000 personas que reciben planes sociales y 62.500 empleados públicos en todo el territorio. En el sector privado, el empleo formal involucra a 52.000 trabajadores mientras que hay unas 23.400 personas con trabajo no formal o en negro. A esas cifras se suman unos 21.000 cuentapropistas en la vía pública, como feriantes y vendedores ambulantes. Se trata de cifras que dan cuenta de la incapacidad del gobierno local de promover, en los hechos, una economía sana, viable e inclusiva para la población local.
Cabe recordar que Fellner no es un recién llegado a la política. Ya ha conducido la provincia entre 1998 y 2007, sucedido hasta 2011 por su ex vicegobernador y actual senador nacional, Walter Barrionuevo. Además, el fellnerismo lleva en su haber una socia que nació bajo el influjo de su propio gobierno, luego fue potenciada por el kirchnerismo: Milagro Sala quien, junto a otros tres integrantes de la Organización Barrial Tupac Amaru, asumieron como diputados provinciales.
Sala controla cerca de 80.000 planes sociales y maneja de manera discrecional un abultado presupuesto que le otorga el gobierno nacional, que superaría los 14 millones de pesos mensuales. Es investigada, además, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito iniciada por el senador nacional por la UCR Gerardo Morales.
La controvertida dirigente social está también procesada por la justicia federal como instigadora de los delitos de daño agravado y amenazas por los hechos de violencia sucedidos en 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital jujeña, procesamiento que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otro lado, Sala e integrantes de su organización fueron sobreseídos en 15 causas penales radicadas en el juzgado residual a cargo del juez Javier Aróstegui. Por estos hechos, el senador Morales presentó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy un pedido de jury de enjuiciamiento del mencionado magistrado, por incumplimiento de los deberes a su cargo e incapacidad en el desempeño de sus funciones.
Paradójicamente, Sala es una de las principales referentes del movimiento Justicia Legítima en Jujuy. En octubre del año pasado, seis días antes de las elecciones, Sala junto con militantes del Frente Unidos y Organizados fueron parte de un confuso enfrentamiento en un barrio capitalino, en el que dos miembros de la organización resultaron heridos con armas de fuego. El hecho, por demás preocupante y repudiable, es solo una señal más de alarma del clima que se vive en la provincia.
La irrupción de Sala en la Legislatura genera gran expectativa en su sector político. También despierta enorme preocupación en no pocos compañeros de recinto así como en la mayor parte de la población, que rechaza sus métodos violentos. La ciudadanía está hoy presa del silencio que impone una provincia sin seguridad institucional ni jurídica y con una libertad de expresión mutilada.
La enorme capacidad de movilización de Sala, que acarrea manifestantes rehenes de sus prácticas extorsivas y violentas, hace suponer que su organización seguirá utilizando los cortes de calles y rutas para lograr cualquier objetivo. Es de esperar que, tras llegar a la Legislatura provincial, Sala cese de inmediato sus modos patoteriles, que incluyen maltrato y aprietes a dirigentes y referentes de sectores que no le son afines, así como a periodistasLa Nacion
