Sábado 10 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

Transporte

Imputan a Schiavi por no controlar el pago de subsidios a los colectivos

La Justicia también investiga a Sícaro, ex titular de la CNRT, y a 22 empresas de ómnibus; entre ellas se encuentran el Grupo Plaza, de la familia Cirigliano, y DOTA, de línea 60

Por Hernán Cappiello  | LA NACION

Juan Pablo Schiavi se alejó de la Secretaría de Transporte con la tragedia de Once hace dos años, pero los efectos de su gestión aún lo acompañan: al juicio que se le sigue por el accidente ferroviario ahora se le sumó una nueva imputación en otra investigación por el pago de subsidios a empresas de colectivos sin los controles adecuados entre 2010 y 2011.

El fiscal federal Ramiro González impulsó ayer la causa contra el ex funcionario, contra el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Eduardo Sícaro -también juzgado en la causa Once- y contra 22 empresarios del transporte automotor. Entre ellos se encuentra la empresa Plaza, cuyo dueño es Mario Cirigliano, juzgado junto a su hermano Claudio por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, y también la firma DOTA, que maneja la línea 60.

La denuncia sobre el pago sin control de los subsidios fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans tras un trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN), que determinó que en el 82% de los casos los colectivos de jurisdicción nacional recorrían menos kilómetros que los declarados y recibían combustible subsidiado por el total. También determinó que en el 47 por ciento de los casos los colectivos de jurisdicción municipal y provincial recibían el subsidio por mas viajes de los realizados. Además, el estudio determinó que mientras en el ejercicio 2003 los subsidios ascendieron a 341 millones, en 2012 llegaron a $ 15.975, es decir, aumentaron 4575 por ciento. El informe de auditoría transformado en causa penal quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La AGN recordó que los subsidios a los colectivos son de dos tipos: los provenientes del impuesto al gasoil y aportes del Tesoro, y los que surgen del subsidio al gasoil provisto a precio diferencial.

El fiscal González destacó que la AGN detectó que no se desarrollaron herramientas de control de los subsidios ni se usaron las existentes. "No hay un procedimiento de rendición de cuentas de los subsidios", dijo el fiscal, glosando el informe de auditoría. Afirmó también que no se implementó un sistema de seguimiento para controlar los kilómetros efectivamente recorridos por los colectivos.

También dijo que en diciembre de 2010 se pagaron subsidios sin controlar el cronograma de instalación de las tarjetas SUBE, que era un requisito, y que al que no haber un plan de autoría se debilita el control. Señaló que no se puso en marcha un procedimiento de selección de empresas a auditar y en el manual de control no se especifican los procedimientos que deben seguir las auditorías.

También destacaron la AGN y la fiscalía que, en lo que hace al precio del gasoil diferenciado, no hay manera de saber si una línea circuló menos de lo informado y aún así percibió el mismo monto de combustible a menor precio.

Remarcaron además que hubo insuficiencia en las auditorías realizadas, porque la mitad de los cupos de gasoil asignados no fueron alcanzados por ellas, y su volumen no guarda relación con la cantidad de beneficiarios, pues más de la mitad de las empresas que mayor cantidad de combustible recibieron no fueron auditadas.

También se detectaron debilidades en las sanciones, que no se cumplen, y en la profusión de normas vigentes, algunas de ellas confusas que dificultan su comprensión. Con estos antecedentes, el fiscal pidió al juez que le solicite a la Secretaría de Transporte un organigrama de las áreas que intervinieron en el control de subsidios, para determinar cuáles son las empresas que cobraron por viajes no realizados. Pidió además que la CNRT informe si detectó irregularidades y si lo denunció.

Entre los casos que citan los auditores para ilustrar la falta de control está la empresa Almirante Brown, que percibió el subsidio de gasoil a precio diferencial durante cuatro años -desde 2007 hasta 2011- sin haber presentado las correspondientes declaraciones juradas; y la empresa de Transporte Interprovincial Rosarina (Tirsa), que percibió el subsidio de gasoil a precio diferencial durante 19 meses sin prestar servicios. También la línea 60, que en agosto de 2011 se incrementó el subsidio al gasoil sin que la CNRT realizara la auditoría a fin de validar los kilómetros declarados por la empresa.

Sábado 10 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

Políticos al diván / Primera sesión

José Nun: "La Secretaría se transformó en un ministerio con fines electorales"

Por Diego Sehinkman |  Para LA NACION

La siguiente entrevista con el ex secretario de Cultura del kirchnerismo entre 2004 y 2009 tuvo lugar en el consultorio del terapeuta, en Palermo.

-En 2004, cuando usted asume, José Pablo Feinman escribe en Página 12: "Pepe Nun le acerca al gobierno K todo su bagaje. Cuando Nun y Kirchner se abrazaron con tanto afecto, no se estaban preguntando si uno era peronista y el otro no, pensaban qué podían hacer juntos". De esta frase, diga lo que se le ocurra.

-Debo decir que Kirchner me dio una autonomía absoluta en la Secretaría de Cultura. Todos los actos los hacíamos invitando gente de distintos colores. Un programa muy importante que lancé fue el de Libros y Casas: al entregar una vivienda, teníamos que darles una biblioteca llena.

-Pero algo pasa, porque en 2009,ya durante el gobierno de Cristina, usted se va...

-Yo había cumplido un ciclo, pero lo que me empieza a resultar evidente es el intento de Presidencia por hacer algo que nunca había hecho Kirchner. Empecé a recibir presiones para colocar en la Secretaría a cierta gente, incluso a algunos que hoy están muy en el candelero, con los que yo no estaba de acuerdo.

-¿Se refiere al titular de la Unidad del Bicentenario, Javier Grosman?

-Por ejemplo. Yo no cuestiono la capacidad organizativa de Grosman. Es muy talentoso. Pero no entraba dentro de la estrategia cultural que yo quería llevar adelante. Tiene un perfil muy kirchnerista que abandonaba el criterio de transversalidad que yo mantuve hasta el final. Y yo creo que él es el eslabón que falta para entender el decreto de creación del Ministerio de Cultura.

-¿Por qué?

-¿Leíste el decreto? Es una pieza antológica. Abre diciendo: "La cultura tiene una importancia más grande que la que habitualmente se le concede". ¿Recién ahora la Presidenta, que participó en infinidad de eventos culturales, se dio cuenta de que la cultura tiene una importancia fundamental? ¿Por qué justo ahora tanto apuro por la cultura?

-¿Y usted qué piensa?

-La cadena lógica es: "Dado que nos damos cuenta de que es tan importante, es urgente crear el Ministerio de Cultura, por eso no podemos ni siquiera esperar los tiempos del Congreso, ¡necesitamos que esto empiece a funcionar de inmediato!". Por eso el decreto insólito de necesidad y urgencia para crear el Ministerio de Cultura. El decreto no tiene ni pies ni cabeza. Y no los tiene porque le falta un párrafo.

-¿Cuál?

-Debería decir: "Nos hemos dado cuenta de que la cultura tiene una importancia más grande ¡en las campañas electorales! de lo que habitualmente se le atribuye". Y ahí se entiende todo.

-¿Su idea es que la Secretaría fue transformada en Ministerio para fines electorales?

-Exactamente. Si no, no se entienden los fundamentos. Además, en el año que queda no hay tiempo para armar una real estrategia cultural. Lo que se puede hacer, eso sí, es montar espectáculos.

-¿Cuál es la diferencia de recursos con los que cuenta un ministerio y una secretaría?

-¡No, el ministerio tiene mucho más presupuesto! Tiene más atribuciones, más personal y es un esfuerzo por darle una visibilidad al tema cultural, sobre todo, porque venimos de una gestión, por lo menos, muy opaca.

-¿Qué le parece la elección de Teresa Parodi?

-Es una artista internacionalmente reconocida. Como gestora cultural no tengo opinión.

-Usted dijo que, estando en el cargo, tenía la fuerte sospecha de que a algunos artistas se les pagaba X, pero se los hacía facturar por 2X, "para una caja partidaria".

-Cada vez que tuve la sospecha de que algo de eso podría estar ocurriendo, aparté al funcionario. Lo que pasa es que son cosas intangibles, no tenés elementos para iniciar acciones legales, entonces te tenés que guiar por la información que lográs recoger y por tu instinto.

-¿Y qué le decía su instinto?

-Que sí, que en algunos casos estaba pasando eso.

-Usted dijo: "Si vas a contratar a un artista que tiene un honorario de 50.000, le decís: «Necesitamos para el partido que factures 100 y, además, te pagamos Ganancias".

-Es obvio, pero esto ocurre en todas partes.

-Usted también dijo que se dio cuenta de que existía una suerte de "fondo partidario" del que los funcionarios echados se sostenían, mientras quedaban "a la intemperie".

-Yo no entendía cómo gente que yo desplazaba, en vez de irse al sector privado, permanecían en una especie de limbo hasta que se volvían a enganchar. Y entonces me enteré por conversaciones de pasillos, de que, efectivamente, había fondos para mantenerles el sueldo mientras duraba su apartamiento de la función. Es difícil combatir la corrupción, porque vos echás a un funcionario que presumís corrupto y este funcionario puede engancharse -y a mí me ha pasado- en un lugar del sector público en el que te puede hacer mucho daño. Entonces, mucha gente prefiere aguantarse al funcionario que sabe que no es transparente, para que no ponga en peligro su trabajo.

-¿Por qué no lo denunció durante su gestión en vez de hacer pública su sospecha ahora?

-No teniendo evidencias, lo que preferís hacer, si te da la fuerza de voluntad de exponerte, es despachar a los funcionarios. Por eso lo que se necesita en la Argentina es que los delitos de corrupción no prescriban, es decir, que sean equiparados a delitos de lesa humanidad.

-¿Qué les contesta a los que están pensando: "Otra denuncia más sin pruebas"?

-Bueno, si ellos están felices con esa convicción, que sigan así. Dudo de que haya una sola persona íntegra que no tenga una sospecha fundada de que esto que estoy diciendo es verosímil. Pero, además, hay una pregunta muy grave: ¿Para qué denunciar en un país donde estamos viendo lo que ocurre con la Justicia?

-Dejamos acá.

Historia clínica

• Nun, José

Edad: 78

• Ocupación

Politólogo. Secretario de Cultura entre 2004 y 2009

• Observaciones

Lúcido, memorioso. No pierde nunca el humor

Sábado 10 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

Cálculo

Admite el Indec que el alza del PBI desde 2005 fue menor a la que se había informado

Con el nuevo año base, el país se alejó de las "tasas chinas"; en 2008 la economía creció en realidad 3,1%, por lo que no se debía haber pagado cupón PBI

Por José Hidalgo Pallares  | LA NACION

El crecimiento económico durante la "década ganada" no fue a tasas tan chinas como venía sosteniendo el Gobierno. Así lo reconoció el propio Indec, que ayer publicó los resultados de las cuentas nacionales calculados con el nuevo año base de 2004. De hecho, según las remozadas estimaciones, el país debía haberse ahorrado cerca de 2000 millones de dólares que pagó por el cupón PBI (pago extra a los acreedores cuando la Argentina crece más de cierto nivel) a fines de 2009.

Con varias semanas de retraso respecto de la fecha de publicación originalmente anunciada, el Indec difundió ayer la información trimestral y anual de las cuentas nacionales para el período 2004-2013, calculadas con la nueva base.

Según esas estimaciones, entre 2005 y 2012 la economía argentina creció 57,7%, diez puntos menos que el 67,8% que arrojaban los cálculos con la base anterior (año 1993). Visto de otro modo, la tasa de crecimiento promedio anual pasó de 6,7% a 5,9 por ciento.

"Las nuevas cifras parecen más razonables que las anteriores, aunque todavía están casi un punto promedio anual por encima de nuestras estimaciones para todo el período", dijo Fausto Spotorno, director de Research de Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF).

Las nuevas tasas de crecimiento son menores que las de la base anterior en todos los años del período 2006-2012 (para 2005 ambas coinciden en 9,2%). Para el año pasado, el Indec no llegó a publicar el crecimiento del PBI con la base anterior, sin embargo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que anticipa el resultado del PBI, arrojaba un crecimiento de 4,9%, muy superior al 3% que se estimó con la nueva base. Con ese resultado -que el ministro de Economía, Axel Kicillof, anticipó escuetamente semanas atrás- el país no debe pagar los más de US$ 3000 millones que habría debido cancelar si la tasa superaba el 3,22 por ciento.

Sin embargo, según los nuevos cálculos, en 2008 se dio la situación inversa, es decir, el país pagó cupón PBI cuando no debía haberlo hecho, ya que la economía creció 3,1%, por debajo del 3,3% que gatillaba el pago, según explicó Soledad Pérez Duhalde, coordinadora de Análisis Macroeconómico en abeceb.com.

De acuerdo con las estimaciones anteriores, en 2008 la economía argentina creció 6,8%, más del doble que lo que ahora se estima.

Maximiliano Castillo Carrillo, director de la consultora ACM, señaló que el monto que el país pagó por concepto de cupón PBI por el supuesto crecimiento de 2008 (y que se canceló a fines de 2009) estuvo alrededor de los US$ 2000 millones.

La corrección en la tasa de crecimiento de 2008 fue la más pronunciada de la nueva serie, pero no la única. Según los cálculos anteriores, en 2012 la economía argentina creció 1,9%, pero las nuevas estimaciones arrojan una suba de 0,9 por ciento. Algo similar ocurrió para el año 2009: la tasa de crecimiento pasó de 0,9% a 0,1 por ciento.

Milagros Gismondi, economista de Empiria Consultores, sigue mirando con desconfianza ese resultado. "En 2009 no sólo se vivió la crisis internacional, sino que la cosecha agrícola fue muy mala y los informes de diferentes cámaras sectoriales mostraban resultados negativos", dijo. La analista resaltó que, según las estimaciones privadas, en 2009 la economía argentina se contrajo alrededor de 3 por ciento. Y añadió: "Posiblemente corrigieron más la tasa de 2008 sólo para no reconocer que en 2009 la economía se contrajo".

Los nuevos resultados de las cuentas nacionales incluyen otra revelación: las variaciones del deflactor del PBI, que es un promedio ponderado de todos los precios de la economía, son mayores que con la base anterior. Entre 2005 y 2012, con la base vieja, el deflactor del PBI aumentó a un ritmo promedio anual de 14,2%, mientras que con la base nueva la suba promedio fue de 15,9 por ciento. Para Gismondi, esto refleja una suerte de sinceramiento de la inflación, aunque resaltó que los números aún están lejos de la verdadera suba de precios.

Con los resultados presentados ayer, el Indec reconoció, además, el actual enfriamiento de la economía. Según el organismo oficial, en el último trimestre de 2013 el consumo privado cayó 0,2% y las exportaciones de bienes y servicios se desplomaron 12,1%, ambos en términos interanuales

Sábado 10 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

Inseguridad

Denunció la Iglesia que la Argentina está "enferma de violencia"

Por Mariano De Vedia | LA NACION

En el más enérgico pronunciamiento desde la elección del papa Francisco, la Iglesia denunció ayer que " la Argentina está enferma de violencia" y transmitió su preocupación por la creciente inseguridad.

Los casi cien obispos que participan de la asamblea plenaria del Episcopado, que concluirá hoy en Pilar, aprobaron el documento "Felices los que trabajan por la paz", que se inscribe en uno de los diagnósticos más duros de la etapa kirchnerista.

Al pasar revista a las "numerosas formas de violencia que la sociedad padece a diario", los obispos señalan que "los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad, sino también en agresividad".

El documento generó una dura reacción del kirchnerismo, a través de referentes de La Cámpora. El diputado nacional Eduardo "Wado" De Pedro y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, José Ottavis, negaron que "la Argentina esté enferma de violencia", como sí ocurrió, dijeron, en 1955 y en 1976.

Encabezados por el presidente del Episcopado, José María Arancedo, los obispos deliberaron desde el lunes en Pilar, y ya el miércoles lograron definir el tenor y el alcance del documento.

"Muchos viven con miedo al entrar o salir de su casa, o temen dejarla sola, o están intranquilos esperando el regreso de los hijos", graficaron. Para que no quedaran dudas sobre su preocupación, la Iglesia concluyó que hay "una violencia cada vez más feroz y despiadada", reclamó que la Justicia actúe con diligencia y alertó, entre otras cosas, sobre la corrupción.

"Es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena", marcaron los obispos. Advirtieron que "la reiteración de estas situaciones alimenta en la población el enojo y la indignación, que de ninguna manera justifican respuestas de venganza o de la mal llamada «justicia por mano propia»".

El Episcopado posó también su mirada sobre la Justicia. "Frente al delito, deseamos ver jueces y fiscales que actúen con diligencia, que tengan los medios para cumplir su función, y que gocen de la independencia, la estabilidad y la tranquilidad necesarias. La lentitud de la Justicia deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia. Algunos profesionales suelen utilizar de modo inescrupuloso artilugios legales para burlar o esquivar la Justicia: también esto es inmoral", dijo. Y deslizó una crítica a los medios de comunicación, que "no siempre informan con objetividad y respeto a la privacidad y al dolor".

Video: Lozano: "La sociedad pasa un tiempo de enfermedad de violencia" (TN)

El incumplimiento de la ley, el delito, la impunidad, las condiciones del sistema carcelario, las divisiones y la agresividad asoman entre las fallas más graves que enfrenta hoy la sociedad argentina, a la luz del documento episcopal. Como lo habían hecho ya en encuentros anteriores, los obispos dejaron por escrito también su preocupación por el avance del narcotráfico, la escalada de violencia verbal y la corrupción. Y lamentaron las divisiones y la agresividad, entre otros ingredientes del clima social.

"La Argentina no está enferma de violencia. Sí vivimos una Argentina enferma de violencia en 1955, 1976, 1989 y 2001", retrucó el kirchnerista Ottavis, una de las voces autorizadas de La Cámpora. Su compañero de ruta "Wado" De Pedro se expresó en términos similares: "No se puede decir que la Argentina está enferma de violencia, como si esto fuera el 55 o el 2000, cuando estábamos todos en la calle. Hay cuestiones que faltan, pero la violencia tiene que ver con un montón de cosas, como ocurre en Estados Unidos", sostuvo.

En tanto, respaldó el documento la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que lo consideró "muy significativo y oportuno". También lo apoyaron el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y los diputados Mario Negri (UCR), Adrián Pérez (Frente Renovador), Roy Cortina (Partido Socialista) y Laura Alonso (Pro), entre otros.

El cáncer de la corrupción

Tomando palabras que el papa Francisco escribió en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, los obispos advirtieron que "la corrupción es un verdadero cáncer social" y es "causante de injusticia y muerte".

Aclararon que se refieren tanto a la corrupción pública como privada y objetaron el manejo de fondos. "Desviar dineros que deberían destinarse al bien del pueblo provoca ineficiencia en servicios elementales de salud, educación y transporte". Mencionaron que se trata de "estafas económicas y morales que corroen la confianza del pueblo en las instituciones y sientan las bases de un estilo de vida caracterizada por la falta de respeto a la ley". Y explicaron: "Sólo si las leyes justas son respetadas, y quienes las violan son sancionados, podremos reconstruir los lazos sociales dañados por el delito, la impunidad y la falta de ejemplaridad de quienes tenemos alguna autoridad".

Luego de conocerse el documento, el presidente de la Comisión de Pastoral Social, Jorge Lozano, señaló que "la sociedad está pasando un tiempo de enfermedad y violencia". En ese sentido, el documento advirtió sobre episodios de violencia escolar y "los jóvenes que ni estudian ni trabajan, quedando expuestos a diversas formas de violencia".

"No se puede responsabilizar y estigmatizar a los pobres. Ellos sufren de manera particular la violencia y son víctimas de robos y asesinatos, aunque no aparezcan de modo destacado en las noticias", alertó la Iglesia. Y entre otras formas de violencia, enumeró "las situaciones de exclusión social, de hambre y de marginación, de precariedad laboral y de empobrecimiento estructural, que contrasta con la insultante ostentación de riqueza de parte de otros".

La descripción siguió con "la desnutrición infantil, gente durmiendo en la calle, hacinamiento y abuso, violencia doméstica, abandono del sistema educativo, peleas entre «barrabravas» a veces ligadas a dirigentes políticos y sociales, y niños limpiando parabrisas de los autos".

Domingo 04 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Justicia paralela para garantizar impunidad

La voluntad del Gobierno de nombrar más de 300 conjueces esconde la intención de extender aún más su dominio sobre los tribunales

El flanco judicial es uno de los que mayor preocupación provoca en el Gobierno cuando restan menos de dos años para el recambio presidencial. Ese desasosiego no obedece a la existencia de juzgados vacantes ni a la demora del Consejo de la Magistratura en la remoción y elección de jueces, cuestión agravada por el retardo evidente del Poder Ejecutivo en enviar al Congreso de la Nación las ternas de candidatos ya seleccionados, según las normas legales en vigor.

El principal temor gubernamental se funda, como cuestión de fondo, en las investigaciones de presunta corrupción que comprometen a altos funcionarios y que podrían llegar, en algún caso, a comprometer a la propia Presidenta o a su entorno más cercano. Se trata de los documentos, revelados por este diario, indicativos de pagos efectuados por la empresa constructora de Lázaro Báez a los hoteles de la familia Kirchner por habitaciones que jamás se ocuparon. Podría tratarse, según expertos en la materia, de un posible lavado de dinero.

Así las cosas, se explica la intención oficial de controlar todos los estamentos judiciales y asegurar la impunidad para los imputados. Echaría luz, también, sobre los repentinos motivos por los cuales el Gobierno ha elaborado una lista de más de 300 conjueces para integrar distintas instancias judiciales, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tribunales inferiores.

Muchos de los candidatos a cubrir cargos judiciales de esa manera, es decir, sin rendir examen en los concursos que exige la Constitución nacional, se caracterizan por la falta de antecedentes y por tratarse, en general, de abogados amigos de funcionarios o de probada militancia en el kirchnerismo o en organizaciones colaterales. Hay, por supuesto, nombres con sólida trayectoria, pero son los menos. Entre estos últimos, el bloque de senadores de la UCR constantó que muchos de esos postulantes no cumplen con los requisitos mínimos indispensables y que, incluso, algunos ni siquiera adjuntaron el título de abogado.

La gravedad de las posibles designaciones de oficio salta a la vista si se tiene en cuenta que los conjueces pueden ser convocados para reemplazar a algunos magistrados titulares cuando éstos se excusan o no pueden intervenir en un caso determinado. En los próximos días, el Senado deberá tratar la nómina de diez conjueces para la Corte, y a fin de mes el de los restantes candidatos impulsados por la Casa Rosada.

Hoy, crece en los medios jurídicos y políticos de la Argentina la idea de que ha llegado la hora de poner coto, por vía de revisión, a fraudes judiciales que han violentado principios elementales en materia procesal y puesto de manifiesto una impunidad asombrosa para ciertos funcionarios públicos. Es aquel un tema en controversia, pero la dimensión que adquiera en adelante estará en relación directa con la temeridad con la cual el Gobierno siga actuando en sus relaciones con la Justicia.

Nada menos que el subsecretario de Justicia, Julián Álvarez, se ha atrevido a afirmar que al actual Poder Judicial "hay que combatirlo". Ha confesado de modo abierto que el kirchnerismo lo viene haciendo así mediante la reforma "de la currícula de las carreras, creando la organización Justicia Legítima, porque la otra no es una justicia legítima" y que igualmente lo ha hecho así a través de la designación de "magistrados que son el inicio del proceso de transformación". ¿Cuánto se cree que durará todo esto después de 2015, en una sociedad harta de la manipulación política de la Justicia para castigar a los adversarios del Gobierno y proteger, además, a su elenco?

Al comentar las graves aseveraciones de Álvarez y el intento de designar más de 300 conjueces, el integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi sostuvo con razón que lo que quieren en el kirchnerismo "es asegurarse la impunidad para cuando se vayan del poder".

Para precisar lo dicho, señalemos que diez de los conjueces están destinados a la Corte Suprema. Ese dato debe analizarse a la luz de que el año próximo cuatro de los siete magistrados que integran el máximo tribunal habrán superado los 75 años de edad y de que no puede descartarse que se verifiquen una o más renuncias. También existe la posibilidad de que alguno de ellos pueda excusarse en un caso concreto o pida licencia provisoria. Por lo tanto, es cierta la posibilidad de que los conjueces tengan que intervenir. La nómina que envió la Presidenta al Senado incluye juristas de prestigio, pero también algunos nombres notorios por su grado de compromiso con el oficialismo.

Otro tanto ocurre con los demás tribunales. Por ejemplo, según informó Clarín, para la Cámara Nacional Electoral se ha incluido a una abogada que trabaja en el Ministerio de Justicia y fue asesora de la comisión que elaboró la reforma al Código Penal que impulsa el Gobierno. Su especialidad sería el Derecho Penal. La misma abogada también está propuesta para la Cámara del Crimen porteña y para la Cámara en lo Penal Económico, como si fuera un comodín hábil para cualquier juego. Algo similar sucede con un abogado también propuesto para la Cámara Electoral, pese a que su especialidad es el Derecho Comercial. Además, según su currículum, trabaja en el Ministerio de Justicia.

El ex director de Aerolíneas Argentinas Héctor García Cuerva aparece en la nómina de conjueces para la Corte. Un hijo suyo, Emiliano, es candidato para el fuero comercial. Dos abogados vinculados con la ultraoficialista Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat y Roberto Boico, figuran propuestos para integrar la Cámara en lo Contencioso Administrativo, como también lo ha sido la defensora de la Afsca en la audiencia pública por la ley de medios, Graciana Peñafort. Para la Cámara Federal de Tucumán, hay tres candidatos que integran agrupaciones kirchneristas.

Son evidentes algunos defectos en la labor de la justicia argentina, pero ninguno de ellos se solucionará con el nombramiento de conjueces adictos al oficialismo de estos últimos 12 años. Más aún: si esta situación se prolonga, no hará más que agravarse por el descaro de la voluntad de someter más y más áreas vitales de la justicia argentina a los designios facciosos de la política oficial.

La designación de conjueces de tan estrechos vínculos con el oficialismo es otra vía para reforzar un estado de impunidad, y peor, puede resultar un elemento persecutorio de otros ciudadanos, a costa de la parálisis y degradación del Poder Judicial. No puede esto sino descalificarse

Viernes 02 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

El escenario

Un error de cálculo sobre cómo Washington define sus políticas

Por Martín Dinatale | LA NACION

Un grave error de cálculo protagonizó la Casa Rosada si pensaba que el apoyo de Estados Unidos a la Argentina para que la Corte norteamericana defina el litigio de los fondos buitre se iba a traducir en un cheque en blanco de Barack Obama para avalar cualquier estrategia política encarada por Cristina Kirchner.

Nada resulta lineal y no será posible esperar un apoyo automático de Estados Unidos a la Argentina en todos los temas por una simple ecuación que rige a la diplomacia norteamericana: Washington no acomoda su política exterior a los humores cambiantes de un presidente. Más bien, fija políticas de Estado que se mantienen en el tiempo más allá de quien ocupe la Casa Blanca.

La lucha contra el narcotráfico, la persecución al terrorismo mundial, el combate al mercado ilegal de productos y las políticas comerciales proteccionistas son algunos de los pilares que la diplomacia norteamericana sostuvo desde siempre.

El informe 2013 sobre el terrorismo que emitió el Departamento de Estado no difiere mucho de lo que fueron otros documentos referidos a este espinoso tema, por lo menos en lo que se refiere a la Argentina.

La Triple Frontera sigue siendo una preocupación relevante para Washington. Hace muchos años que los informes de la inteligencia norteamericana advierten sobre el nexo regional de armas, narcotráfico y tráfico de personas, falsificación, contrabando y lavado de dinero en el nordeste argentino.

Quizás el condimento más novedoso de este asunto es que empieza a verse un nexo más estrecho entre actividades de terrorismo financiadas por el narcotráfico. Aunque esto tampoco debería ser novedad para la SIDE o el Ministerio de Defensa que desde hace varios años reciben alertas de la DEA o el FBI en la misma línea que el reciente informe.

Incluso el nuevo informe sobre la situación del terrorismo en la Argentina no debería resultar una novedad para los referentes de la oposición o del propio oficialismo que sufren en sus distritos el flagelo del narcotráfico. En marzo pasado, el director para el Cono Sur de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, William Ostick, se reunió en Buenos Aires con dirigentes de la UCR, Pro, el socialismo y el kirchnerismo. A ellos, les dejó en claro que Washington quiere establecer una "agenda positiva" con Buenos Aires. Pero también transmitió la preocupación de Estados Unidos por el avance del narcotráfico y el terrorismo en la Triple Frontera. Al igual que el informe de terrorismo, Ostick mencionó en un almuerzo reservado con referentes de la oposición y del oficialismo que no se advierte en la Argentina una amenaza de la célula terrorista islámica Hezbollah en la región. Aunque Washington alerta que el eje de Irán, Cuba, Venezuela y Bolivia se acentúa cada vez más en la región. Desde la mirada geopolítica de Estados Unidos preocupa que ese nexo se potencie por la presencia de la Rusia de Putin en la región.

Otra novedad del nuevo informe y quizá la que más impactó en la Casa Rosada es que el documento salió en paralelo con las duras palabras de la subsecretaría del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien dijo: "En la Argentina, la cantidad de consumo doméstico [de drogas] se ha incrementado dramáticamente".

Los dichos de Jacobson no desentonan con los lineamientos de Washington, sólo que la funcionaria de Obama los hace crudamente públicos. En tal caso, detrás de la velada crítica de Estados Unidos a la Argentina subyace lo que se podría hacer desde el Gobierno y no se hace, o lo que hizo y no convence. En la práctica esto es: el deseo de Washington de que la DEA, al igual que lo hace en otros países de América latina, tenga en la Argentina una participación más activa en el combate contra el narcotráfico o que, por ejemplo, el acuerdo del Gobierno con Irán por la causa AMIA nunca hubiera existido.

Todo esto ingresa en el plano de las proyecciones de Washington hacia el país que confrontan de lleno con los errores de cálculo de Cristina.

Viernes 02 de mayo de 2014 | 19:08

Uruguay desplazó a la Argentina en exportaciones de leche a Brasil

La industria lechera se sumó a la crisis de comercio bilateral con el principal socio del Mercosur; el país no logró cubrir el cupo acordado y ahora sería reducido

La industria lechera uruguaya desplazó a la Argentina como principal exportador al Brasil, en el marco de un retroceso de las ventas de nuestro país al principal socio del Mercosur.

"La pauta importadora brasileña de leche era 60 por ciento de origen argentino y 40 por ciento uruguaya, ahora más de la mitad es del Uruguay", reconoció el gerente del Centro de la Industria lechera (CIL), Aníbal Schaller.

En declaraciones al sitio brasileño Globo Rural , Schaller admitió que "sería mejor que Brasil comprase más leche de la Argentina, pero lo que observamos es que viene sustituyendo la leche argentina por la uruguaya".

La caída de las exportaciones argentinas de leche al Brasil tiene lugar en medio de negociaciones de industriales de ambos países en torno de los cupos de exportación, que por el momento se mantienen en 3.600 toneladas mensuales, si bien los brasileños pujan por reducirlos y los argentinos por aumentarlos.

Si se hubieran cumplido con esas metas, en el primer trimestre la Argentina habría exportado 10.800 toneladas, pero en Brasil señalan que se recibieron 5.135 menos de la mitad a un promedio de 1.711 toneladas por mes.

El acuerdo para seguir con el cupo de 3.600 toneladas mensuales fue prorrogado el martes último en Brasilia, en coincidencia con las deliberaciones en las que el mercado automotor fue el centro de la atención.

"Los negociadores argentinos querían elevar la cuota a 4.500 toneladas, pero argumentamos que no tiene sentido aumentar una cuota si no pueden cumplir lo que ya está establecido", explicó el representante de la Confederación de Agricultura y Ganadería del Brasil.

Como contrapartida, los brasileños propusieron bajar el cupo a 3.000 toneladas mensuales, pero finalmente se accedió a prorrogar las 3.600.

Para explicar la caída de las exportaciones al Brasil, la industria argentina señaló la persistencia de las trabas burocráticas en el comercio exterior y, además, los mejores precios de venta a otros países: mientras Brasil paga entre 4.300 y 4.800 dólares por tonelada, Venezuela, Argelia y China desembolsas de 5.000 a 5.200 dólares.

En Brasil adujeron tres razones para impulsar una reducción de la cuota: la Argentina no alcanzó a cumplir con la mitad de lo convenido en el primer trimestre, se prevé que la producción brasileña de leche crecerá un 10 por ciento y, por último, existen dudas sobre si ese crecimiento será acompañado por el consumo interno.

Información de DyN


La Nacion