El Gobierno le impuso a Bonadio un recorte del 30% de su sueldo

El Gobierno le impuso a Bonadio un recorte del 30% de su sueldo

Impulsó la decisión en el Consejo de la Magistratura por propuesta del viceministro Álvarez; lo acusan de demorar causas; es el juez que investiga la empresa de Cristina

Por   | LA NACION



El kirchnerismo, con el apoyo de una jueza cercana, dispuso ayer en el Consejo de la Magistratura recortarle el 30 por ciento de su sueldo, por única vez, al juez federal Claudio Bonadio, quien allanó Hotesur, una empresa de la presidenta Cristina Kirchner en una causa donde se investiga la falta de balances en la Inspección General de Justicia (IGJ) y por lavado de dinero.

La sanción a Bonadio (que implica un recorte superior a los $ 20.000) fue impuesta por demorar la tramitación de dos viejas causas. Fue impulsada por el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, en la reunión plenaria del Consejo, donde su moción obtuvo siete votos a favor y seis en contra, de los jueces, abogados y legisladores del arco opositor.

La camarista Gabriela Vázquez, que llegó al Consejo con promesas de independencia de criterio, votó junto con los consejeros del Gobierno en todos los puntos del orden del día tratado ayer, donde además se decidió colocar en puestos clave del Consejo a funcionarios cercanos al oficialismo.

La estrategia del Gobierno con el juez Bonadio es de desgaste. Paso a paso, golpe por golpe, los representantes del oficialismo buscan multarlo en cada plenario futuro por una causa diferente y que de ese modo llegue a las tres sanciones. Según el reglamento, si un juez es sancionado tres veces es causal de remoción por juicio político.

En el próximo plenario del Consejo, que se realizará el jueves, se tratará el modo en que Bonadio tramitó un caso por falsificación de remedios contra la hemofilia. Y le seguirá, probablemente, el caso por la muerte de Lucas Menghini, donde el juez fue denunciado por bomberos por haber frenado la búsqueda del cuerpo del muchacho fallecido en la tragedia de Once en 2012.

Álvarez impulsó la destitución de Bonadio al acusarlo de demorar los casos de la privatización de los astilleros Tandanor y el otorgamiento de un crédito irregular a la curtiembre Yoma. Para obtener la suspensión y el juicio político del juez por "mal desempeño", Álvarez necesitaba los dos tercios de los votos de los consejeros (9 sobre 13 miembros), cifra que no alcanza.

El consejero académico de Justicia Legítima, Jorge Candis, propuso imponerle al juez una multa. Álvarez adhirió al recorte de 30 por ciento del salario de un mes. Para aprobarlo, bastaba una mayoría simple que el kirchnerismo por sí solo no tiene asegurada. Sólo lo logra con el voto de la jueza Vázquez, que además preside el cuerpo.

Álvarez fue vehemente al pedir castigo para Bonadio. "Se llenan la boca hablando de república e impunidad y díganme si esto no es declarar la impunidad", se exaltó. Y chicaneó a los radicales: "Si hay tanto repudio al juez de la servilleta, a la década infame menemista, ¿cuál es la razón por la cual no vamos a sancionar al magistrado que permite estos fraudes contra el Estado?", se preguntó. El juez Luis Cabral, líder de los jueces en el Consejo, le contestó que ambas causas están vivas. No prescribieron, dijo, y que en el caso Tandanor la Casación y la Corte habían tomado los argumentos de Bonadio contra la prescripción. El juez Leónidas Moldes recordó que la Sala IV de la Casación entendió que Bonadio no actuó con morosidad.

Los radicales, tocados por Álvarez, dijeron que ellos ya habían denunciado a Bonadio, pero que ahora correspondía desechar los cargos porque el Consejo tuvo el caso tres años sin pronunciarse, lo que obliga a archivarlo. La abogada Adriana Donato coincidió.

Votaron por desestimar la denuncia Cabral, Donato, Moldes, el senador radical Ángel Rozas, el abogado Miguel Piedecasas y el diputado radical Gustavo Valdez. Por multarlo, votaron Álvarez, Candis, Eduardo "Wado" De Pedro, Ruperto Godoy, Pablo González y Héctor Recalde. El séptimo voto fue de Vázquez.

Luego se designaron funcionarios de interés del kirchnerismo en puestos clave. Marcos Romera, que trabajaba con el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, fue puesto "provisionalmente" como subadministrador del Poder Judicial. Vázquez dio séptimo voto. Adriana Gigena, de La Cámpora, quedó como secretaria de la Comisión de Selección, en reemplazo del radical José Elorza.




http://www.lanacion.com.ar/1749274-el-gobierno-le-impuso-a-bonadio-un-recorte-del-30-de-su-sueldo

Rescatar el valor del médico

Editorial I

Rescatar el valor del médico

En su día, es necesario reconocer la loable tarea de los profesionales de la medicina, por encima de las falencias de nuestro sistema público de salud


El sistema de salud es uno de los pilares sobre los que se sustenta el bienestar de cualquier población y son los médicos quienes, con su abnegado trabajo, acompañan, cuidan y curan a los enfermos mediante una cuota de altruismo que supera en mucho la de otras profesiones.

Las revolucionarias proezas que la ciencia médica ha logrado en las últimas décadas han corrido en paralelo con una creciente despersonalización en el trato hacia los pacientes; basta recordar el vínculo con éstos que cultivaba el antiguo médico de familia y que, lamentablemente, se ha venido perdiendo por falencias estructurales de nuestro sistema de salud.

En nuestro país, la cobertura de salud se presta a través de las obras sociales, las empresas privadas de medicina prepaga, el PAMI y el hospital público. Pero no podemos olvidar que aproximadamente el 50% de la población argentina carece de obra social y recibe atención en hospitales públicos, como así también muchos extranjeros que desde países vecinos optan por recurrir a nuestros médicos para atención gratuita.

De allí la gravedad que encierra que los hospitales públicos estén mayormente desbordados, con instalaciones inadecuadas, presupuestos exiguos y faltantes de insumos, a lo cual se suma el hecho de que, en los últimos tiempos, han visto también preocupantemente afectada la seguridad de bienes y personas en determinados nosocomios, agravando el incuestionable riesgo en que se encuentra la atención sanitaria.

La carrera médica es muy exigente y quienes la eligen, en muchos casos, no ven compensado el esfuerzo realizado a la hora de cobrar un magro salario, dormir poco o vivir estresado, muchas veces sin incentivo suficiente para superar los escollos.

Es que ser médico no exime a los profesionales de ser pacientes. La actividad laboral produce un lógico desgaste físico y mental que puede terminar agotando emocionalmente a la persona debajo del guardapolvo. Literariamente, el término "burnout" o agotamiento fue difundido por el escritor inglés Graham Greene en una novela que abordaba el desgaste emocional del personal que trabaja con drogadictos. Por su parte, H. Freudenberger, en un libro publicado en 1980, definió este mal en los siguientes términos: "Deterioro y cansancio excesivo y progresivo unido a una drástica pérdida de energía y de motivación, que afecta actitudes, modales y comportamientos".

En mucho contribuyen a esta situación las bajas remuneraciones y los extensos y muchas veces excesivos horarios de tareas, incluidas las guardias, sumados a diferentes formas de violencia y agresión que hoy prevalecen en distintos ámbitos. También se debe reconocer una tendencia en algunos profesionales a hacer caso omiso de indicadores de estrés.

Las estadísticas sobre prevalencia de salud mental y emocional de los médicos varían sustancialmente debido a que los indicadores de bienestar son difíciles de cuantificar y calcular. Pero indudablemente impactan en forma negativa sobre el sistema de salud y la atención de los pacientes que, como resulta obvio, es una actividad que no admite riesgos, pues son vidas las que están en juego.

Por ello, una vez más, desde estas columnas alertamos sobre la importancia de garantizar dignamente las prestaciones de salud para toda la población, para lo que es indispensable superar intereses sectoriales y asegurar al cuerpo médico las mejores condiciones para su desenvolvimiento.

Salomón Schächter, destacado médico y profesor, alguna vez reflexionó desde nuestras páginas sobre la importancia de que fueran los mismos médicos quienes defendieran la dignidad de la profesión, al tiempo que destacaba que cualquier obstrucción del trabajo de estos profesionales constituye un pecado social que debe ser castigado.

Hoy, al conmemorarse el Día del Médico, es menester defender y enaltecer una labor intrínsecamente humana, auscultar con justeza los síntomas que atentan contra su mejor ejercicio para resolverlos y aumentar la presión social para defender, como corresponde, el mejor ejercicio de esta noble profesión

La Nacion

Detectan deficiencias graves en el sistema de control de las fronteras

Auditoría

Detectan deficiencias graves en el sistema de control de las fronteras

Un informe de la AGN comprobó problemas de infraestructura, falta de personal y equipamiento obsoleto, lo que facilita el accionar del crimen organizado

Por   | LA NACION



Treinta informes de auditoría elaborados a lo largo de la última década permitieron llegar a una conclusión contundente: el control de las fronteras argentinas es "extremadamente débil" debido a que las aduanas no cuentan con la infraestructura adecuada ni personal suficiente; la informatización es obsoleta; no hay articulación entre esas estructuras y las fuerzas de seguridad, y, además, falta equipamiento.

Un cóctel ideal que permite que el crimen organizado en sus diversas variantes -narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y la fuga de divisas, entre otras- opere con margen en el país.

Esta contundente enumeración es apenas una síntesis del informe que presentó ayer el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, sobre cómo es el control en aduanas y fronteras de nuestro país. Del documento se infiere que, por acción o por omisión, el Gobierno es responsable directo de esta situación, ya que, pese a la enorme recaudación tributaria de la última década, no volcó los fondos suficientes para revertir el "cuadro calamitoso" que se observa en las aduanas, por ejemplo. Además, han sido los propios empleados de los organismos auditados los que advirtieron a los agentes de la AGN sobre las debilidades en el control y la falta de recursos.

Las entidades que fueron auditadas son la Dirección General de Aduanas (DNA); la Dirección Nacional de Migraciones; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar); la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería.

"Nuestras fronteras presentan enormes debilidades que facilitan el narcotráfico y el crimen organizado. Sería muy importante que tomemos conciencia de la gravedad de este fenómeno, que en el último tiempo se profundizó de manera alarmante", advirtió Despouy.

El titular de la AGN presentó el informe acompañado por el presidente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc), Hugo Quintana; el juez federal de Orán (Salta), Raúl Juan Reynoso; el diputado nacional Mario Fiad (UCR); el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Ricardo San Juan, y el profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés Alberto Fohrig.

"No es sólo que el narcotráfico avanza; es el Estado el que retrocede. Las leyes sobran, pero las acciones faltan", señaló San Juan.

Previamente, el juez Reynoso graficó cómo las fronteras en el Norte se convirtieron en un virtual colador "Antes, los trabajadores de frontera, bagayeros o contrabandistas ingresaban con dos o tres pantalones, pero ahora el contrabando se elevó a 20 o 30 vehículos", describió.

Asimismo, el magistrado advirtió que ya es común en Orán que un procedimiento antidroga involucre "unos 900 kilos de droga" y señaló que la Argentina se convirtió en un país de "alto tránsito" en materia de estupefacientes.

"Hay una política deliberada de «no control» por parte del Estado", acusó, por su parte, el profesor Fohrig, quien reprochó que desde 2009 el país carece de estadísticas oficiales sobre la inseguridad y el narcotráfico.

En tanto, Quintana denunció la connivencia entre el narcotráfico, el poder político y las fuerzas de seguridad. "Si no hay más narcotráfico en la Argentina es porque no quieren", advirtió.

El único organismo oficial que salió a responder el informe fue la Dirección Nacional de Migraciones, que desmintió el informe con el argumento de que el trabajo de campo se hizo "entre agosto y diciembre de 2007, extendiéndose sólo en algunos aspectos apenas hasta mayo de 2008".

Principales puntos

Las lapidarias conclusiones de la AGN se podrían sintetizar en seis puntos centrales:

1) Escasez crítica de personal: no hay suficiente personal en las fronteras y otros puestos de aduanas, e incluso no se asignan suficientes agentes cuando se crean nuevas aduanas. Si a esto se suma una inadecuada capacitación para llevar adelante las tareas de supervisión y la escasez de programas para superar esas carencias, se conforma un estado crítico.

2) Infraestructura edilicia precaria e insuficiente: edificios sin espacios ni comodidades mínimas; instalaciones precarias que no cumplen normas de seguridad e higiene; depósitos insuficientes, en malas condiciones o ubicados en zonas inadecuadas, sin mantenimiento ni medidas de seguridad ni supervisión.

3) Carencias de equipamiento de control: notoria escasez de equipamiento básico y necesario para realizar una adecuada función de control en las fronteras, principalmente balanzas, escáneres (junto con software y capacitación necesarios), perros antidroga, cámaras de seguridad y vehículos propios de transporte, tales como helicópteros, barcazas o lanchas costeras.

4) Obsolescencia del sistema informático: el sistema principal para el control aduanero, denominado Sistema Informático María (SIM), es obsoleto. El software es anticuado, inflexible, no tiene automatizadas tareas clave y no emite alertas de vencimientos y plazos. A esto se suma que en varias de las zonas auditadas hay insuficientes computadoras y hardware en general.

5) Debilidad en materia legal y en el seguimiento de denuncias: la acumulación de expedientes que permanecen meses y a veces años sin movimiento, las denuncias sin sumario y una gran cantidad de trámites inconclusos, paralizados o prescriptos son una característica general de las gestiones legales que llevan a cabo las aduanas de todo el país.

6) Procedimientos inexistentes, indefinidos o erráticos: las fallas en las metodologías, rutinas y procesos se evidencian en la ausencia de comprobantes, registros inexistentes o incompletos, tratamiento irregular de los expedientes y sanciones, e inconsistencias en documentación de respaldo.

Un diagnóstico común

Leandro Despouy

Titular de la AGN

"Las enormes debilidades facilitan el narcotráfico y el crimen organizado"

Ricardo San Juan

Camarista de Tucumán

"No es que sólo el narcotráfico avanza, es que el Estado retrocede"

Hugo Quintana

Presidente de Apoc

"Si no hay más narcotráfico en la Argentina es porque no quieren".

Del editor: qué significa. Incapacidad y corrupción se conjugan para que el Estado haya dejado las fronteras descubiertas. Los paliativos que aplica después no alcanzan.



El juez le pidió a la AFIP más medidas en la causa por las cuentas en Suiza

Críticas

El juez le pidió a la AFIP más medidas en la causa por las cuentas en Suiza

Por  | LA NACION



El juez Javier López Biscayart le pidió ayer a la AFIP que antes de avanzar en la denuncia contra los 4040 contribuyentes acusados de no declarar sus cuentas en Suiza cumpla con los pasos previos previstos por la ley penal tributaria.

En la AFIP consideraron que la estrategia del juez es parte de una serie de "chicanas" que anticipan una "larga batalla".

Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que el magistrado recibió por la mañana a funcionarios del organismo que conduce Ricardo Echegaray y les exigió una serie de documentaciones para avanzar en esta investigación, que el Gobierno definió como "emblemática".

Por un lado, les solicitó que escaneen los 3500 kilogramos de información en papel que condensan los datos de los contribuyentes que fueron acusados por el organismo fiscal de presunta evasión, y al banco HSBC de supuesta asociación ilícita. "No hay lugar en este juzgado para que entre tanto papel", les habría explicado el juez a los funcionarios.

La segunda medida pedida por López Biscayart es más compleja: que la AFIP cumpla con la determinación de oficio de todos los contribuyentes mencionados en la causa para poder avanzar en forma sólida. Esto se debe a que la AFIP se "salteó" algunos pasos marcados por la ley penal tributaria para denunciar rápidamente a los contribuyentes. Pero la norma fija que primero hay que lanzar una fiscalización electrónica -un paso que la AFIP había dado-; luego, una fiscalización ordinaria; en tercer lugar, un acta de prevista; luego, una corrida de vista, y sólo en quinto término una determinación de oficio. "La AFIP debe terminar primero con las determinaciones de oficio; no hacerlo no transforma en nula la denuncia, pero es difícil avanzar sin ese trámite", expresó la fuente judicial.

A la vez, el juez tomó otra resolución: no aceptó la excusación de la jueza María Verónica Straccia, que tenía originalmente el expediente. La magistrada argumentó que no podía quedarse con el caso porque "su marido es abogado de la empresa Cablevisión y varios directivos de esa firma figuran en la lista denunciada por la AFIP". Sin embargo, López Biscayart consideró que ese motivo es "prematuro" porque no están hechas las determinaciones de oficio, y por lo tanto le pidió a la Cámara en lo Penal Económico que resuelva sobre la decisión de Straccia. En tanto, en la AFIP consideraron que los motivos expresados por Straccia resultan "inverosímiles", según indicaron a LA NACION fuentes del organismo.

Un día después de que Echegaray le pidiera celeridad a la Justicia, sus colaboradores admitieron "incertidumbre" por el futuro de esta causa, que el Gobierno pidió acelerar para contrarrestar las denuncias del juez Claudio Bonadio contra la empresa Hotesur, de la presidenta Cristina Kirchner.

En realidad, lo que pasa es que está completamente roto el diálogo entre la AFIP y el fuero penal tributario, al que Echegaray, anteayer, pidió una vez más fusionar con el penal económico. Entre los tributaristas consideran que, con esta estrategia, la AFIP busca jueces más "permeables" a sus denuncias.

Pero los problemas para la AFIP no sólo vienen del lado de la Justicia, ya que ayer el jefe de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, dijo en declaraciones radiales que parte de los delitos denunciados habían prescripto, por lo que los contribuyentes serían investigados por lavado de dinero. Luego, tuvo que desdecirse.

En la AFIP no entendían por qué Sbatella había hablado, cuando no hay investigación por lavado en esta causa, y en cuanto a la prescripción aclararon que el período 2006 sólo prescribiría a fin de año. Además, esto se postergaría por 120 días y otros 30 días por la feria judicial si avanzara la causa.

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Cristina Kirchner

Presidenta de la Nación

"Con el dinero evadido en un solo período fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación"

"Mirá las inversiones en Salud que representa la evasión de un solo período fiscal de las 4040 cuentas de un banco, HSBC, a Suiza"

Una revolución en la Justicia que el Congreso aprueba a ciegas

El análisis

Una revolución en la Justicia que el Congreso aprueba a ciegas

Por  | LA NACION

Ayer, en un austero cóctel con periodistas por las fiestas de fin de año, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aseguró que la "independencia del Poder Judicial es un tema central para esta Corte". Mencionó otros asuntos también centrales (como el narcotráfico), pero la alusión a la independencia de los jueces fue especialmente oportuna. Ningún periodista o funcionario judicial presente pudo ignorar que tales palabras fueron dichas en medio de la más tenaz e intensa campaña que haya sufrido un juez que investiga el patrimonio de los gobernantes, como es el caso de Claudio Bonadio. O que esos conceptos de Lorenzetti precedieron a la sanción definitiva de la reforma del Código Procesal Penal, que busca poner en manos de Alejandra Gils Carbó el monopolio de la investigación penal federal.

El kirchnerismo es insistente. Cuando una puerta se le cierra, abre un boquete en la pared de al lado. Está tratando ahora de conseguir con la ley de telecomunicaciones lo que no logró con la ley de medios audiovisuales; es decir, la destrucción del Grupo Clarín. Con la reforma del Código Procesal, intenta provocar una revolución en la Justicia, que es lo que se propuso sin suerte con la reforma judicial abortada a último momento por la Corte Suprema.

El ritmo es de vértigo. La Cámara de Diputados le dará seguramente sanción definitiva a la reforma del Código Procesal en una sesión prevista para mañana. Habrán pasado apenas 14 días desde que fue tratado y aprobado por el Senado. Es un Código que legislará sobre cuestiones penales; cada línea de sus preceptos decidirá sobre el honor y la libertad de las personas. Necesitaría, por lo tanto, de consensos más amplios que la mayoría automática del cristinismo parlamentario. Importa poco. Al oficialismo sólo le interesa mostrar la prepotencia de una mayoría pasajera.

Si se la mira bien, toda la estructura de la reforma del Código Procesal es cuestionable. Lo único claro es que cambian los jueces por los fiscales en la investigación penal. Se trata de los casos federales; esto es, de los delitos como narcotráfico, corrupción de funcionarios públicos nacionales, causas de la AFIP, daños al medio ambiente, entre otros pocos. También de los delitos cometidos en la Capital Federal que no fueron transferidos a la justicia local. El resto de los delitos perpetrados en el país se investigan y se terminan en las justicias provinciales.

Cambian los jueces por los fiscales, pero ¿cuál será el modelo de justicia? ¿Cuál será la función de cada juez una vez que se haya entregado a los fiscales el poder de la investigación? ¿Cuál será el papel de las cámaras de segunda instancia? ¿Habrá, como hay ahora, una Cámara de Casación? Nada se dice sobre esas preguntas. Todas esas cuestiones cruciales quedaron para ser resueltas en futuras leyes, que nadie anticipó cuándo serán enviadas al Congreso. Los legisladores están decidiendo a ciegas un cambio revolucionario en el sistema penal argentino.

Vale la pena consignar un ejemplo cercano. La provincia de Buenos Aires también cambió su justicia hacia el sistema acusatorio y no por eso resolvió la injusticia ni el crimen. Pero existe un dato especialmente desalentador. Ese cambio provocó en su momento un colapso sin límites ni medidas en la justicia bonaerense. En Dolores, una zona rural y tranquila comparada con otros territorios más conflictivos de Buenos Aires, se llegaron a perder hasta 300 causas por mes. "El cambio convirtió a culpables en inocentes de la noche a la mañana", recuerda un juez bonaerense.

Es probable que gran parte de este nuevo Código no pueda entrar en funcionamiento en el acto. No sólo faltan las leyes adicionales; tampoco está la estructura logística de la Justicia para semejante modificación. Hay una sola cosa que el Gobierno sí podrá hacer de inmediato: nombrar a 1700 fiscales y a 17 fiscales generales. En verdad, estos fiscales generales ya están siendo designados, aunque de facto, por Gils Carbó. La jefa de los fiscales está haciendo una persistente construcción de poder en la Justicia. Proteger y perseguir es su razón de existir. Proteger a los amigos, perseguir a los enemigos. Fuentes judiciales seguras adelantaron que es inminente una presentación en los tribunales para frenar la designación de los fiscales generales, actuales y futuros.

La Constitución de 1994 le dio al Ministerio Público Fiscal (es decir, a los fiscales) el rol de un virtual cuarto poder. Pero no les dio a los fiscales autonomía financiera ni inamovilidad en los cargos. Es, así las cosas, un cuarto poder sin libertad. Las facultades disciplinarias están virtualmente en manos de Gils Carbó. No existe, como el Consejo de la Magistratura para los jueces, un organismo independiente en condiciones de juzgar la gestión de los fiscales. El traslado de la investigación a los fiscales es, en rigor, una enorme transferencia de poder a Gils Carbó, o a cualquier otro gobierno en condiciones de nombrar a un jefe de los fiscales.

Las declaraciones indagatorias, que son la antesala de los procesamientos, dejarán de existir. El procesamiento sólo lo pueden decidir los jueces, pero éstos perderán la facultad de investigar. Un paraíso futuro, por ejemplo, para Amado Boudou, que ya fue dos veces procesado por casos de corrupción. Dicen que la ley no es retroactiva. Pero varios jueces adelantaron ya que ellos se verán obligados a aplicar la ley más benigna, que es otro principio universal de la justicia. Boudou podría ser rápidamente desprocesado si el Código estuviera plenamente en vigor antes de que terminara el gobierno de Cristina Kirchner.

Un aspecto especialmente agresivo para el Estado de Derecho es la disposición del artículo 213 del nuevo Código. Faculta a Gils Carbó, o a cualquier fiscal a sus órdenes, a iniciar una investigación sin causa y sin denuncia previa. "El Ministerio Público Fiscal -dice- podrá iniciar causas genéricas si resulta necesario esclarecer alguna forma especial de criminalidad, sin autor identificado." La traducción al castellano de Graciela Camaño: "O sea, en nombre del narcotráfico meto en la parrilla a media oposición". El círculo se cierra. No era muy distinto el sistema judicial en tiempos de la última dictadura, cuando cualquiera podía ser acusado sin pruebas y sin denuncias.

Los jueces federales son el primer objetivo del nuevo combate cristinista. No más jueces como Bonadio o Ariel Lijo. Sería mejor que quedaran reducidos a simples jueces de garantías o, mejor aún, como jueces de paz. La independencia de la Justicia, de la que ayer hablaba Lorenzetti al lado de otros dos jueces supremos, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, es el segundo objetivo. ¿A qué retazos de independencia quedaría reducido el Poder Judicial si el control de las causas y de las investigaciones fuera a parar a manos de Gils Carbó? El tercer objetivo, aunque no el menos importante, es la creación de una malla protectora en la Justicia para los casos de corrupción que acechan al oficialismo, a la propia familia Kirchner y a los empresarios que se enriquecieron a la sombra del poder en la última década. Es probable que, al final del proceso, pueda conseguir muy poco. Todos los gobiernos creyeron que podían crear blindajes de protección para los tiempos en los que el poder se haya ido. Ninguno logró nunca nada.



El sicario más joven de Santa Fe es uno de los evadidos de la comisaría

Rosario

El sicario más joven de Santa Fe es uno de los evadidos de la comisaría

Juan Scataglini tenía 14 años cuando, en 2007, mató por encargo a Abel Beroiz, dirigente local del Sindicato de Camioneros

Por   | Para LA NACION

SANTA FE.- Cuando tenía 14 años, el 27 de noviembre de 2007, Juan Scataglini cobró 60.000 pesos para asesinar a puñaladas, en el estacionamiento del Automóvil Club de Rosario, al dirigente camionero Abel Beroiz. Scataglini, el sicario más joven de la historia policial de esta provincia, es uno de los 32 fugados de la comisaría 15» de Rosario el mediodía del domingo 23 de noviembre pasado. Ese día, en la seccional había 46 detenidos y tres efectivos policiales de guardia.

Scataglini cayó preso luego de una profunda investigación llevada adelante por los abogados de la familia de la víctima, Néstor Pujato y Romeo Díaz Duarte.

Beroiz fue asesinado alrededor de las 7, cuando fue emboscado por Scataglini, que lo atacó a cuchillazos. Según relataron los investigadores, la madre del sicario adolescente, que actualmente está detenida, le habría dicho entonces, cuando él le consultó sobre el trabajo: "Si hay plata, hacelo".

En cuanto a la evasión de la seccional 15», con la detención de Cristian David Pérez, de 25 años, en una pequeña plaza situada en la calle Paraná, a la altura del Mangrullo y detrás del frigorífico Swift, en el sur de la ciudad de Rosario, ya son 17 los presos recapturados por la policía provincial. Quedan 15 prófugos.

Hace dos domingos, a la hora del almuerzo, los reclusos redujeron a un policía y obligaron a otro a abrir la celda; los presos escaparon por la entrada principal. Siete de ellos fueron capturados ese mismo día en las inmediaciones de la seccional, mientras que el resto corrió en distintas direcciones.

La masiva fuga de presos ocurrió en la comisaría situada en Sarmiento al 4300, en la zona sur de Rosario. El cabo 1° que fue reducido en primera instancia -que estaba con otros dos policías, un hombre y una mujer- había abierto la puerta del pabellón para acercarles la comida a los reclusos cuando fue sorprendido y amenazado con una faca. Más tarde, fue atendido con una herida en la espalda. Con el suboficial dominado, la agente tuvo que abrir la segunda puerta, con lo que quedó franqueada la salida a los detenidos.

Luego del hecho, el comisario jefe de la seccional y aquellos tres policías quedaron imputados por su presunta responsabilidad en la fuga y fueron puestos en disponibilidad, al igual que el subcomisario de la unidad. Asimismo, 27 efectivos que trabajaban en esa en sede fueron reasignados a otras comisarías.

No fue ésa la única fuga de detenidos en comisarías rosarinas este año. El mes pasado se escaparon tres presos de una dependencia, y en abril otro detenido que se encontraba bajo custodia en la comisaría 3» (Dorrego 161) logró fugarse tras forzar un candado.

La eventual ayuda de policías para facilitar la fuga de detenidos fue analizada por la Justicia este año. En febrero pasado, fueron detenidos tres agentes, acusados de haber posibilitado la fuga de Juan Argentino Ramírez, de 39 años, señalado como presunto integrante de la banda de narcotráfico conocida como Los Monos.

El problema del alojamiento de procesados y condenados en las comisarías santafecinas es un tema de preocupación para las autoridades provinciales, pero ocurre que las cárceles locales no tienen lugar para recibir a las personas detenidas. En los calabozos policiales de Rosario, hay actualmente 1100 presos, mientras que otros 200 están en las comisarías de esta ciudad.



Negocios a medida para Cristóbal López

El escenario

Negocios a medida para Cristóbal López

Por  | LA NACION


El protagonismo del empresario Cristóbal López en la historia comercial del kirchnerismo parece reducirse a la impresionante expansión del juego que se dio desde la llegada al poder del matrimonio patagónico. Es una injusticia.

En las iniciativas más controvertidas de Néstor Kirchner y de su esposa en el campo de la energía el papel de López también fue decisivo. Sobre todo por su influencia en Enarsa, la empresa fundada por el ex presidente y una de las grandes usinas de escándalos de la década. Gracias a ese poder, el dueño de la petrolera Oil M&S tiene a su disposición información privilegiada sobre sus competidores desde hace, por lo menos, siete años.

Enarsa fue fundada en noviembre de 2004 mediante la ley 25.943. El artículo 8º de esa norma estableció que esa sociedad anónima crearía una Base de Datos Integral de los Hidrocarburos a la que tendrían acceso todos los operadores del mercado. "Los concesionarios y permisionarios -dice la cláusula-deberán suministrar toda la información que les sea requerida por el Poder Ejecutivo nacional."

El propósito explícito de la iniciativa era dotar al Estado de un mapa exhaustivo de la riqueza en petróleo y gas. Ese gran archivo digital tendría grados de confidencialidad. La Argentina imitaría así a muchos países que cuentan con información geológica sistematizada para facilitar a las petroleras la exploración y explotación del subsuelo. Pero lo que ocurrió fue muy distinto. Antes de que los recibiera el sector público, los registros digitales estuvieron en poder de López.

En 2006, Enarsa llamó a concursó para la creación de ese banco de datos con información privilegiada de toda la industria. El criterio de selección no fueron los antecedentes ni el precio, sino la evaluación del proyecto.

Así quedaron atrás un par de firmas internacionales y, el 14 de marzo de 2007, se contrató a Registros Mineros Argentinos SA (Remasa). Una sociedad constituida el 24 de diciembre de 2006, que comenzó sus actividades el 22 de febrero de 2007, veinte días antes de que ganara el contrato para confeccionar la base de datos.

Sólo por comenzar a construir la base informativa Remasa recibió un adelanto equivalente a 2 millones de dólares. Por auditoría de datos se le pagarían 195.000 dólares mensuales, y por generación de contenidos, 360.000.

La predilección de Enarsa por una firma recién creada es la primera de una serie de curiosidades. El presidente de Remasa es Carlos Leone, quien también lidera Paraná Metal, la autopartista de Cristóbal López. El vicepresidente es Raúl Esteban Zamora, quien constituyó domicilio en Córdoba 657, 7º piso, donde funcionan las oficinas de Oil M&S. Zamora estuvo durante años al frente de Álcalis de la Patagonia, otra firma del empresario kirchnerista. Este año se habría retirado de las empresas de López en medio de una agria disputa económica. Lo mismo sucedió con Osvaldo De Souza, hermano de Fabián, administrador del multimedio C5N.

Entre los directores de Remasa está Marcelo Aníbal Fiordelli. Este contador ganó alguna notoriedad cuando el amigo de los Kirchner compró las empresas de comunicación de Daniel Hadad. Como Hadad acumulaba más licencias de las que permite la ley de medios, Fiordelli pasó a figurar como el licenciatario de dos FM y de una señal de TV abierta digital. Martín Sabbatella, el titular de la Afsca, aprobó esa adecuación sin chistar. Aun cuando Fiordelli, como director de Remasa, también está radicado en las oficinas de López.

Otro de los directores de la empresa a la que Enarsa confió información confidencial sobre hidrocarburos es el programador de sistemas Gustavo Alfredo Suárez del Solar, que en 2008 renunció para incorporarse al Grupo Indalo, el holding de López, al que pertenece Oil M&S. Suárez del Solar fue reemplazado por Mauro Ismael Sánchez, quien también fijó domicilio en las oficinas de Oil M&S. Sánchez patrocinó a López como abogado cuando el rey de las tragamonedas compró a Clarín el 30% de Ideas del Sur, la productora de espectáculos de Marcelo Tinelli.

El vicepresidente Zamora y el director Sánchez son agradecidos. El año pasado, cuando la suerte del Gobierno peligraba ante Sergio Massa, el primero aportó $ 100.000 a la campaña de Martín Insaurralde. Sánchez puso la mitad. Pero ambos fueron más generosos que López, que sólo sacó $ 30.000 del bolsillo para auxiliar a Insaurralde. Demasiado poco si se recuerda que el esposo de Jesica Cirio fue secretario privado y hombre de confianza de Jorge Rossi, el titular de Lotería Nacional que permitió a López instalar las primeras 150 tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Hoy allí funcionan 4500. Por lo menos.

Que Enarsa haya entregado a una empresa manejada por, para llamarlos de algún modo, empleados de Cristóbal López información sobre sus competidores no debería llamar la atención. Fue una cortesía de Exequiel Espinosa, el entonces presidente de la compañía, con sus compañeros de trabajo. Porque en 2007, cuando se realizó la contratación de Remasa, también Espinosa era empleado de Oil M&S, que le pagaba las contribuciones patronales. Es verdad: no correspondía que el titular de Enarsa estuviera en la petrolera de López. Como tampoco correspondía que, el 4 de agosto de aquel año, estuviera en el Cessna Citation, de la empresa Royal Class, que transportó a Guido Antonini Wilson y su valija de 800.000 dólares de Caracas a Buenos Aires. Para abonar la teoría de Cristina Kirchner según la cual todo tiene que ver con todo: quien fuera gerente de Royal Class en 2007, Fernando Zingoni, administra hoy Autonomy, la empresa aérea de López.

Al dueño de Oil M&S -o, para guardar las formas, a sus subordinados- no le alcanzó con administrar una base de datos con información sensible aportada por empresas y provincias petroleras. Para la misma época en que consiguió esa transferencia, Remasa se postuló para controlar las regalías que debían pagar a Santa Cruz las compañías de hidrocarburos. Entre ellas, Oil M&S. El concurso se anuló.

Cristóbal López tiene una poderosa inclinación a quedarse con contratos del Estado y a convertirse al mismo tiempo en el encargado de controlar que esos contratos se cumplan. Con el juego de la ciudad de Buenos Aires sucede algo parecido. El sistema a través del cual se controlan las apuestas del casino de Palermo fue donado a Lotería Nacional, en 2013, por el casino de Palermo. Es una incógnita quién lo opera. Tampoco se sabe quién auditó el negocio entre 2003 y 2013. Lotería nunca se lo preguntó. Tampoco Mauricio Macri, cuya administración recibe una proporción de lo que cobra el Estado nacional.

López se aclimató a este tipo de relación con el Estado. Por eso su incursión en EE.UU. fue un fracaso. Las autoridades impositivas de Dania Beach, donde inauguró un casino con una fiesta animada por Susana Giménez, lo obligaron a suspender actividades. Después se descubrió que sus socios eran testaferros de algún capitalista desconocido. López debió entregar la sala a una compañía de la zona.

Ahí no terminaron, sin embargo, sus dramas norteamericanos. En Nevada se investiga, a instancias del fondo NML, de Paul Singer, la firma Val de Loire. Según Federico Achával, socio de López en la explotación del juego, esa firma es socia del Hipódromo de Palermo desde 1996. Es curioso, porque, según los registros de EE.UU., Val de Loire fue creada el 26 de octubre de 2005. Es decir, dos años antes de que Néstor Kirchner extendiera la concesión de ese fabuloso negocio desde 2017 hasta 2032, "exigiéndole" a cambio la instalación de 1500 tragamonedas más.

Estas sagas predatorias deterioran mucho el discurso oficial. ¿En nombre de qué soberanía energética Enarsa entregó a los presuntos testaferros de un empresario petrolero la base de datos del subsuelo del país? Es una buena pregunta para Julio De Vido y Exequiel Espinosa, los responsables de esa privatización. También para el sucesor de Espinosa, Juan José Carbajales, y su padrino Axel Kicillof, creador de una pretenciosa Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, a la que se le escapan estos detalles. Y para Carlos Zannini, viejo asesor de López, quien solía ufanarse de que "con nosotros los decretos se firman en la Casa Rosada y no en las corporaciones".

Es difícil determinar si las fechorías del kirchnerismo están destinadas a trascender por su baja calidad moral o por la mala praxis con que se llevan adelante. El Gobierno, que ya malogró los mercados energético, ganadero, cambiario y cerealero, amenaza ahora, con la colaboración de Lázaro Báez o Cristóbal López, con arruinar el mercado de la corrupción. Figuras tan arraigadas en la vida nacional como el testaferro, el funcionario coimero, el cambista lavador o el juez cómplice corren el riesgo de quedar inutilizadas por la torpeza con que una liga de políticos y empresarios ha hecho su tarea. Esa institucionalidad también está en peligro. Es una proeza: hasta el lado oscuro de la luna se ha eclipsado.