El peronismo, muy cerca de la ruptura

El peronismo, muy cerca de la ruptura

Joaquín Morales SoláLA NACION
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DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016

 política podría ponerle fin dentro de poco a una leyenda: la que aseguraba que peronismo y cristinismo son la misma cosa. Fue útil; ya no lo es. Es probable que la salida -o no- del default se convierta en la cuestión que dejaría esa relación definitivamente herida. La mayoría de los gobernadores y senadores justicialistas prefieren respetar la relación de fuerzas que ven y tocan. Mauricio Macri volvió a crecer en las últimas encuestas y los números favorables de ahora se parecen a los de principios de enero, según dos sondeos con resultados muy similares. La aprobación del gobierno y del Presidente está más cerca del 70 que del 60 por ciento de la sociedad consultada. La Argentina de Macri es ahora, por otro lado, una novedad elogiada por casi todos los referentes internacionales. A pesar de aquellas encuestas, al Presidente le va mucho mejor en el mundo que dentro de su país.

Martín Redrado es asesor económico de Sergio Massa. Cuenta una anécdota que vivió en días recientes en Londres. Fue recibido por el presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, quien lo sorprendió con una frase corta y clara: "La Argentina es el único lugar que brilla en América latina", le dijo. Macri mismo recibió a funcionarios del gobierno de Dubai, que le prometieron varios miles de millones de dólares en inversiones. Empresarios agropecuarios argentinos también le aseguraron inversiones (en este caso por cientos de millones de dólares), pero las dos promesas, la del emirato y la de los argentinos, fijaron plazos de entre 9 meses y dos años para concretarlas. Hay dos velocidades: un tiempo necesariamente lento para las inversiones y la necesidad política del Presidente, que es más urgente. "Debo construir el puente entre el presente y ese futuro", concluye Macri.

Las primeras medidas de su gobierno crearon la expectativa externa fácilmente perceptible. Ahora debe demostrar que puede gobernar, es decir, que puede aplicar las decisiones que toma. El mundo aplaude las buenas intenciones, pero sólo reacciona cuando las ve concretadas. El acuerdo con los holdouts es, por eso, un test clave para demostrar que cuenta con una dosis importante de gobernabilidad. Ningún argentino advirtió nunca el enorme daño que el anterior gobierno hizo al país cuando decidió desoír una orden de la justicia norteamericana, que significó, además, reinstalar el default con una parte de la deuda pública. El default argentino está desde entonces en la agenda del mundo como un precedente que no debe perdurar.

En este punto es donde aparece el peronismo. El kirchnerismo ha hecho de la derrota de Macri en el caso de los holdouts una cuestión de vida o muerte. Madre, hijo y cuñada (Cristina, Máximo y Alicia) trabajan a tiempo completo y presionan a los senadores peronistas, sobre todo, aunque tampoco descuidan a los diputados. De hecho, fue sorprendente que se difundiera un intercambio de mensajes por WhatsApp entre los diputados Nicolás Massot, de Pro, y el peronista disidente Diego Bossio, a quien el cristinismo ve como un demonio salido de sus propias entrañas. ¿Cómo el kirchnerismo accedió a ese diálogo? ¿Fue sólo la acción solitaria de un fotógrafo la que pudo capturar todo el hilo de la conversación?

Fuentes del Gobierno no descartan que esa conversación haya sido interceptada por las escuchas telefónicas que todavía controla a distancia la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. La procuradora puso ese mecanismo de interceptación de teléfonos en manos de cristinistas fanáticos. Todavía está en esas manos, aunque la Corte Suprema podría remover próximamente a todo el personal designado por Gils Carbó. La segunda alternativa que maneja la administración es que haya sido obra de los sofisticados aparatos de escuchas telefónicas que compró el ex jefe del Ejercito César Milani. El general se los llevó cuando se fue del Ejército. Nunca fueron encontrados por la nueva administración.

La posición directamente desestabilizadora de la ex presidenta provocó, incluso, fracturas (serias o simuladas, quién lo sabe) dentro del propio cristinismo. La ruptura empresarial del patrón kirchnerista Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se explicaría en la necesidad del primero de apartarse de los medios de comunicación que controla la ex presidenta. De Sousa es el más sensible de los dos (por razones que se conocen y por otras que no) ante los intereses de la ex presidenta. López necesita, para conservar sus otros negocios (que son muchos), aparentar al menos que no tiene influencia en esos medios de comunicación. ¿Es real esa ruptura? ¿Acaso De Sousa no fue siempre un leal colaborador de López? ¿Cómo pudo costarle tan poco a De Sousa convertirse en un socio importante de su empleador, al extremo de provocar la disolución de la sociedad? ¿No son los dos criaturas empresariales que nacieron y crecieron al calor del kirchnerismo?

El costado más decisivo del peronismo, aunque menos entretenido, está en su representación institucional. El kirchnerismo tampoco descuida ese lado del conflicto. Máximo Kirchner llegó de improviso el jueves pasado a una reunión de gobernadores peronistas, preparatoria de la que todos los mandatarios tuvieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La puerta se la abrió su tía, la gobernadora Alicia Kirchner, para sorpresa del resto. Estaban los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Formosa, Gildo Insfrán, y el matrimonio Zamora, que tiene en un puño a Santiago del Estero. Habían sido invitados el jefe del bloque de senadores, Miguel Pichetto, y el diputado José Luis Gioja, que aspira a liderar una lista de unidad para presidir el PJ.

La primera versión dio cuenta de que Máximo había "apretado" a Pichetto para que el bloque peronista, mayoritario en el Senado, rechazara el acuerdo con los hold- outs o lo modificara para que volviese a Diputados. Alargar el trámite parlamentario significa, en los hechos, incumplir el plazo que dio el mediador Daniel Pollack para pagar la deuda, el 14 de abril. "A mí no me presiona nadie", dijo luego Pichetto, consultado sobre ese encuentro. La reunión existió. Máximo llevó la oferta de una propuesta "superadora" que estaba redactando el ex ministro Axel Kicillof. Eso y rechazar el acuerdo de Macri es lo mismo. Pichetto lo cazó en el aire y le respondió: "No nos podemos oponer a una política que es la continuidad de las que hicieron Néstor y Cristina Kirchner. Ellos fijaron el principio del desendeudamiento con los dos canjes de deuda de 2005 y 2010, cuando le pagaron al contado al Fondo Monetario y cuando acordaron las deudas con el Club de París, con el Ciadi y con Repsol". Ya derrotado, Máximo propuso no pagarle los honorarios del juicio de Paul Singer. "¿Cómo no le vamos a pagar si es el único que ganó? ¿O no sabés que los juicios los pagan los que pierden?", le respondió Pichetto. Punto final.

"El caso de los holdouts será una divisoria de aguas en el peronismo", anticipó otro senador. Los senadores peronistas convocarán para escuchar sus opiniones a los 24 gobernadores del país, a todas las organizaciones empresariales, a economistas como Mario Blejer y Roberto Lavagna y a las distintas corrientes del sindicalismo. La foto que podría quedar de esas convocatorias es la de una Cristina Kirchner reducida a líder de una minoría testimonial, como el resto de la izquierda. Pichetto se propuso que el Senado trate el acuerdo (y preferentemente lo apruebe) el miércoles 30 de marzo. El bloque peronista podría dividirse definitivamente y el partido también. El peronismo no es inocente del largo reinado del kirchnerismo, pero es evidente que detestaría ver el pasado convertido en presente



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Un gigante empresarial con ayuda kirchnerista

Un gigante empresarial con ayuda kirchnerista

Cristóbal López protagonizó durante los últimos doce años un crecimiento exponencial en su estructura de negocios; muchas de sus nuevas unidades fueron adquiridas a partir de la financiación que obtuvo a través de la evasión al fisco



 algo molesta a Cristóbal López de la prensa es que vincule su crecimiento exponencial de la última década con los ocupantes de la Casa Rosada. "Yo no soy el testaferro de Kirchner", cruza a quien deslice cualquier tipo de asociación comercial. Aunque al mismo tiempo pueda definir al fallecido ex mandatario como un "fuera de serie" y regale elogios para la ex presidenta Cristina Kirchner . Pero López prefiere contar su biografía desde más atrás. Relata que quedó huérfano de adolescente, que tomó las riendas del pequeño negocio familiar y que nunca más paró de trabajar y de crecer, al punto de que durante la luna de miel con su primera esposa se fue a ver unos camiones.

"Soy contratista de YPF desde el '83. Tengo concesionarias desde el '89, casinos desde el año '91, y ni lo conocía a Kirchner entonces", replica López, que también detesta que lo apoden "el zar del juego". Lo considera injusto. Sostiene que apenas controla el 30% de Casino Club, que tampoco es el amo y señor del Hipódromo de Palermo y que ni siquiera les debe a los Kirchner su expansión en el mundillo de las apuestas. Recuerda, para eso, que él ya había desembarcado en el casino de Comodoro Rivadavia una década antes de que los Kirchner entraran a la Casa Rosada.

Esa versión oficial omite, sin embargo, que López y Kirchner se conocieron en 1998, cuando el empresario patagónico le pidió al entonces gobernador que intercediera por él ante los Pérez Companc para que optaran por darle un contrato a él antes que a una empresa rival estadounidense. Ese fue el comienzo de una relación que benefició a ambos. Kirchner recibió aportes de campaña y fuentes de trabajos varios para sus amigos y parientes. Entre ellos, su socio en la inmobiliaria Negocios Inmobiliarios, Osvaldo Sanfelice, o el sobrino de la ex Presidenta, Romina Mercado. Y López se aprovechó del aura que -justo o no- comenzó a rodearlo. "Yo no soy el testaferro de los Kirchner, ni de nadie. Cómo máximo me beneficio de que muchos piensan que lo soy", le dijo una vez a LA NACION. "Entonces voy a una reunión, entro y le digo al tipo: ?Lindo traje. Dámelo'. Y el tipo no sabe si quien le pide el traje soy yo o alguien más. Mínimo, me voy de esa reunión con el cinturón del tipo". Los ejemplos de esa sinergia se amontonaron durante estos años. De Alcalis de la Patagonia, Finansur y Paraná Metal, la tarjeta Sube o la benevolencia de la AFIP y la Afsca, por un lado, a los millones en concepto de alquileres que recibió la familia Kirchner, por el otro. Al punto de que, antes que a los Eskenazi, fue López el primero que fue tentado para entrar en la YPF de Repsol.

López contó con varios socios y colaboradores para desarrollar su imperio. Pero ninguno como Fabián de Sousa, un patagónico que militaba en Franja Morada, ayudó en una operación comercial de López y nunca más se fue. Hasta anteayer cuando anunciaron que se separaban y dividían el Grupo Indalo.

Las personalidades de López y De Sousa no podrían ser más distintas. Tanto, que alimentaron las sospechas sobre quién era quién. O qué intereses movían a cada uno. En particular desde que De Sousa asumió las riendas ejecutivas del día a día al mismo tiempo que lo rodeaban las versiones sobre sus supuestas visitas a la quinta de Olivos. Así, por ejemplo, mientras De Sousa mostraba mayor interés por los medios de comunicación y terminó por empujar a su socio López a comprar Radio 10, C5N y otras varias empresas, López prefería moverse más por otras aguas. Y así como se expandió con el kirchnerismo, también abrió su abanico durante las elecciones de 2015.

Así, López apostó por Daniel Scioli, pero envió a De Sousa a flirtear con Sergio Massa, y buscó tender puentes con Mauricio Macri la mañana misma de la primera vuelta electoral, el domingo 25 de octubre. "No te voy a negar que tuve cercanía con Néstor. Estoy orgulloso de eso", le dijo hace años a LA NACION. "Pero de ahí a decir 'palo blanco', no".

Cómo creció el imperio Cristóbal

Una parte importante del grupo fue adquirida a partir de 2011, cuando se inició la irregular operatoria





Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo

Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo

En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas


rante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.

El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.

Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.

Más notas para entender este tema

La separación, otro dolor de cabeza para el Estado

LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.

Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".

Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.

El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.

Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.

Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.

Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.

Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.

Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.

La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. "La operatoria habría terminado con una denuncia penal", indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.

Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.

Riesgo inminente

Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.

Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.

Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.

Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.

Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:

-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al "apalancamiento" de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;

-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los "bienes de uso" de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;

-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;

-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;

-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. "De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]". Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.

Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a "otras partes relacionadas", entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: "La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo".

Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.

Una operatoria irregular

Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora

¿Cómo se realizó el fraude?








EE.UU. interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman

EE.UU. interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman

La divulgación de detalles de la cuenta que tenía el ex fiscal fue considerado como "un incidente serio" por la unidad antilavado estadounidense, que sancionó a la UIF


 corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.

El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.

Washington considera lo ocurrido como un "incidente serio", más aún porque no se trató de un incidente aislado, sino de una conducta reincidente del kirchnerismo. En 2009, en plena campaña electoral, datos de inteligencia que la FinCen había enviado a la UIF sobre Francisco de Narváez -por entonces candidato opositor- terminó en el diario entonces oficialista Página 12, por lo que cortó relaciones con la unidad, que estaba a cargo de Rosa Falduto.

Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.

El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.

Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como "secreta" llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.

Abierta en Nueva York en 2002, Nisman acumuló en esa cuenta más de US$ 660.000 con aportes de varios depositantes; entre ellos, el financista Sebastián Stefanini, de-saparecido desde 2014, en tanto que el informático Diego Lagormarsino se sumó luego como cotitular.

La entrega de esos y otros datos al juez Canicoba Corral y su posterior filtración se produjo, además, pese a una orden explícita del Departamento de Justicia, que ante una consulta desde Buenos Aires había indicado que no autorizaba la judicialización del informe de FinCen, según confirmaría, varios meses después, en septiembre pasado, la Cancillería argentina.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Departamento de Justicia "contestó por correo electrónico que no se brindaba la autorización para aportar la información de FinCen" en Tribunales. Mucho menos, a la prensa. Pero ya era tarde. Los datos se habían hecho públicos, al igual que múltiples datos sobre su vida privada.

Canicoba lo incorporó al expediente, por lo que Sara Garfunkel y Sandra Nisman plantearon su nulidad, que rechazaron tanto Canicoba Corral como la Cámara Federal porteña. Ahora, el abogado de los familiares de Nisman, Pablo Lanusse, apelará ante la Casación, el máximo tribunal penal del país.

Ya con Sbattella fuera de la UIF -e investigado por la Justicia por la presunta manipulación política del organismo-, su reemplazante al frente de la unidad antilavado, Mariano Federici, intenta ahora restablecer el intercambio de información. Para eso viajará este lunes a Washington.

Federici buscará así avanzar las conversaciones para, una vez más, reactivar el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). El primer contacto se produjo durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, si todo marcha bien, podría restablecerse en tres meses, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION. De ser así, la Argentina habrá pasado un año sin recibir datos de inteligencia financiera de Estados Unidos para sus investigaciones sobre lavado y crimen organizado.

En la capital estadounidense lo esperarán las autoridades de la FinCen, que encabeza Jennifer Shasky Calvery, quien dejó atrás 15 años en el Departamento de Justicia y pasó al del Tesoro en septiembre de 2012 para tomar las riendas del organismo.

Según el Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, por sus siglas en inglés) que el Departamento de Estado difundió este miércoles, FinCen evalúa ahora sus "próximos pasos" ante la "seria ofensa" cometida por el gobierno argentino.

Las nuevas autoridades de la UIF, por su parte, intentan ahora determinar cómo fue la filtración. Y al final del proceso no descartan radicar una denuncia contra Sbattella -u otros ex funcionarios- por la presunta violación del secreto que impone la legislación.

Cuando faltan días para el arribo a Buenos Aires del presidente Barack Obama, sin embargo, la desconfianza excede a la UIF. Según ese informe del Departamento de Estado, se centra en la capacidad real que muestra el Estado argentino para aplicar las leyes, combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Entre otras causas, por la "corrupción institucionalizada".

Información sensible

Alberto Nisman

Ex fiscal de la Causa AMIA

La FinCen hizo llegar a Buenos Aires información de una cuenta no declarada en el banco Merrill Lynch a nombre del ex fiscal; su madre, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra

José Sbatella

Ex titular de la uif

Junto con Juan Martín Mena (ex número dos de la AFI) llevó los datos confidenciales de la FinCen al juez Rodolfo Canicoba Corral y, casi en simultáneo, los difundió la agencia Télam




http://www.lanacion.com.ar/1877203-eeuu-interrumpio-el-intercambio-de-datos-financieros-por-el-caso-nisman

Echan a Boudou del Golf Club de Mar del Plata por deudor moroso

Echan a Boudou del Golf Club de Mar del Plata por deudor moroso

El ex vicepresidente debe casi dos años de cuotas sociales en la exclusiva institución, en la que se crió y que supo frecuentar


R DEL PLATA. Se crió e inició en esos links con fenomenal vista a la Base Naval y Playa Grande. Allí pasó de aquellos primeros golpes a ser un jugador discreto. Hace algunos años que dejó de pisar esas canchas y otros tantos que se olvidó de pagar las cuotas mensuales. Considerado deudor moroso, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou acaba de ser dado de baja como socio del Mar del Plata Golf Club.

La comisión directiva de la centenaria institución marplatense tomó esta medida a raíz de la falta de pago, situación sostenida durante casi dos años, según pudo confirmar LA NACION. "Era una suma más que importante", confió la fuente sin dar más precisiones.

Emplazada en lo más alto del frente de costa de Playa Grande y con una cancha de 18 hoyos que suele ser un durísimo desafío incluso para los profesionales más encumbrados, la "catedral del golf argentino" -como la bautizó el reconocido Roberto de Vicenzo- es también un espacio de reuniones sociales.

Mucho antes de emprender la carrera política que lo llevó a ser titular de la Anses, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación, Boudou supo compartir con familiares y amigos no sólo las partidas en este campo de estilo escocés, sino también ser parte de comidas y celebraciones organizadas en la institución. Aunque pocos recuerdan que haya venido a jugar o a ser parte de alguna actividad desde que compartió con Cristina Fernández la fórmula presidencial que resultó ganadora en 2011.

Fuentes del club explicaron a LA NACION que la decisión de desvincularlo no llegó junto a la de otros socios que también mantenían una condición de mora. "No es sorpresa para ninguno lo que debe porque junto a la cuota del mes en curso figura el total de la deuda pendiente", se destacó.

La situación de irregularidad que afrontaba Boudou era ya motivo de comentarios. E incluso se hacía referencia a cierta paciencia de las autoridades del club por el cargo que ocupaba en el gobierno. La drástica determinación de darlo de baja llegó, entonces, cuando ya había abandonado la función pública


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Lanzan una reforma en seguridad que incluye la ley del arrepentido

Lanzan una reforma en seguridad que incluye la ley del arrepentido

El Gobierno presentará esta semana un paquete de iniciativas para enfrentar el accionar delictivo con nuevos recursos legales; incorpora la figura del agente encubierto y regula los precursores químicos


 Gobierno presentará esta semana en el Congreso un primer paquete de proyectos de ley destinado al combate de la inseguridad y el narcotráfico, una de las banderas que el presidente Mauricio Macri agitó durante su campaña electoral. Este conjunto de iniciativas, que fue confirmado a LA NACION por fuentes oficiales, constituye el primer paso de un proceso en tres etapas con que el Poder Ejecutivo pretende, mediante reformas legislativas al Código Penal y al Código Procesal Penal, dar la batalla contra el delito.

Este paquete de proyectos de ley, que se diseña en la órbita del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, y del que también participó el Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano, propone incorporar en la legislación penal las figuras del arrepentido y la del agente encubierto para los casos de corrupción y de terrorismo. Los expertos en seguridad están convencidos de que las organizaciones criminales sólo pueden ser combatidas eficazmente mediante la introducción en su seno de agentes encubiertos o mediante el concurso de arrepentidos que conozcan desde adentro su funcionamiento y permitan así intentar desbaratarlas.

Asimismo, fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el paquete de proyectos de ley incluirá una propuesta destinada a agilizar el proceso judicial en los delitos de flagrancia, es decir, cuando el autor o los autores han sido sorprendidos en el momento mismo de haber cometido el hecho ilícito. Además, el Poder Ejecutivo propondrá una nueva ley de precursores químicos, fundamental en el combate contra el narcotráfico, así como también una iniciativa sobre extinción de dominio en favor del Estado de bienes que hayan sido adquiridos mediante la realización de las actividades ilícitas, como la corrupción y el narcotráfico.

Este paquete de iniciativas ya cuenta con un primer guiño del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien fue convocado al Ministerio de Seguridad para participarlo del diseño de las propuestas.

El propio Macri adelantó el martes pasado, en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, que presentaría en breve un paquete de iniciativas destinadas a combatir la inseguridad y el narcotráfico, y confió en que los legisladores lo aprobarán "con la velocidad y la seriedad que el tema requiere". "Proyectos como la reforma del Código Procesal Penal, el fortalecimiento de la justicia federal, la ley del arrepentido y el decomiso de bienes provenientes del crimen organizado tienen que estar entre las prioridades de este Congreso", enfatizó en aquella oportunidad el Presidente.

Previo al envío de las iniciativas al Congreso la semana próxima, la ministra Bullrich consultó la opinión del diputado Sergio Massa, con quien mantuvo ya cuatro encuentros de trabajo en los últimos días. En ellos participaron los principales referentes de Massa en materia de seguridad, Diego Gorgal y el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez.

El ex candidato presidencial del Frente Renovador, quien hizo de la lucha contra la inseguridad su bandera proselitista, encabeza además una treintena de legisladores en la Cámara baja, fundamentales para garantizar la aprobación de las iniciativas oficiales. En esos encuentros, Massa y su equipo realizaron aportes a las iniciativas del Gobierno, aunque aún quedaron cuestiones pendientes que se discutirán en el Congreso, dijo Massa a LA NACION, es decir, cuando los proyectos oficiales tomen estado parlamentario.

En materia de precursores químicos, por caso, la propuesta del Gobierno sugiere actualizar de manera automática y permanente el registro de sustancias químicas que pueden ser derivadas a la producción de drogas ilícitas, entre ellas la efedrina. La ley 26.045, que creó este registro, no fue reglamentada por el anterior gobierno kirchnerista, vacío que ahora pretende ser subsanado por la actual gestión.

En sus conversaciones con los funcionarios del Ministerio de Seguridad, el líder del Frente Renovador propuso ir más allá y sugirió una norma más estricta que castigue a aquellos laboratorios que, deliberadamente, alteren las fórmulas químicas que deriven en precursores para drogas ilícitas, pero que como tales no figuran en los registros.

Otra de las iniciativas discutidas, la de extinción de dominio, propone facilitar la recuperación de bienes en favor del Estado de actividades ilícitas, sobre todo del narcotráfico. Massa sostiene que en paralelo al proceso judicial y previo a la condena, los acusados deben demostrar la legalidad y la legitimidad en la adquisición de los bienes en cuestión.

Las propuestas del oficialismo en materia de inseguridad y narcotráfico prometen un arduo debate parlamentario. Sobre todo dentro del mismo espacio oficialista de Cambiemos, donde las voces garantistas prometen dar discusión


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