En otra polémica sesión, la oposición no pudo modificar Ganancias en Diputados
El arco no kirchnerista no logró quórum para hacer cambios al impuesto; polémica con el jefe del bloque oficialista
Miércoles 30 de marzo de 2011
En otra polémica sesión, la oposición no logró reunir quórum en Diputados para tratar modificaciones en Ganancias. A sólo una presencia de poder contar con el número de legisladores necesarios para tratar los cambios en el impuesto, el arco no kirchnerista lanzó duros cuestionamientos al oficialismo por haber levantado la sesión.
A las 13.32, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner levantó la sesión. El titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, se levantó un instante antes de que se diera por terminada la sesión, lo que despertó la furia de la oposición porque afirmaron que durante un momento, con la presencia de Rossi, habían reunido quórum.
Tras la polémica, los bloques antikirchneristas sesionan en minoría. Era el primer gran desafío opositor del año en Diputados: la intención era desafiar al Gobierno y a la CGT con una iniciativa en común que impulsa un alza del 47 por ciento del piso mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, un tributo que alcanza a un millón y medio de trabajadores asalariados y a unos 100.000 jubilados.
El proyecto opositor -que debe también pasar el filtro del Senado- propone actualizar, acorde con la suba de la inflación, el piso salarial mínimo a partir del cual se grava el impuesto a las ganancias, hoy de 4818 pesos mensuales.
El reajuste del impuesto adquiere mayor relevancia por estos días en que están por arrancar nuevas negociaciones paritarias entre las empresas y los gremios para definir el alza salarial de este año.
La Nación
Impuestos: Monotributo
Siete claves para entender las nuevas obligaciones para los monotributistas
La AFIP obliga a los pequeños contribuyentes del régimen simplificado que ganen entre $ 120.000 y $ 300.000 anuales a emitir facturas electrónicas
Miércoles 30 de marzo de 2011
¿Qué dispuso la AFIP?
Ayer, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que los monotributistas que facturen más de 120.000 pesos anuales (10.000 por mes) y hasta 300.000 pesos, deberán emitir facturas electrónicas para prestar servicios. Lo hizo a través de la resolución general 3067, publicada en el Boletín Oficial.
¿A qué se debe el cambio?
Desde la AFIP, dijeron que "apunta a simplificar el régimen, porque excluye a quienes venden bienes y apunta más bien a los que venden servicios, como los profesionales". La medida también tiene por objetivo reducir la evasión.
¿A quiénes incluye, concretamente, la medida?
Esta modificación abarca a unos 15.000 contribuyentes (9000 casos corresponden a locación de servicios), inscriptos en las categorías H, I, J, K y L. Es decir, que llegan hasta el tope de $ 300.000 previsto por el régimen simplificado de pequeños contribuyentes.
¿Qué tipo de facturas ingresarán en este régimen?
Ingresarán las facturas, recibos y notas de crédito y débito clase "C". En cambio, quedarán afuera las que respalden operaciones con consumidores finales (por ejemplo, las operaciones realizadas por comercios).
¿Cómo puede emitirse una factura electrónica?
La AFIP será la que autorice la emisión de los comprobantes electrónicos a través de la transferencia electrónica de datos en el sitio web de la AFIP o del servicio denominado "comprobantes en línea", con la clave fiscal.
¿Qué consecuencias tiene la nueva obligación?
Los contadores consultados por La Nacion destacaron que a un grupo de contribuyentes le generará una mayor carga administrativa, y que tiene relación con la política de la AFIP de aumentar su poder de fiscalización.
¿Desde cuándo entrará en vigencia?
Las disposiciones de la resolución regirán a partir de mañana y serán de aplicación para la solicitud de autorización para la emisión de comprobantes de las operaciones que se efectúen a partir del 1º de mayo de 2011, inclusive.
La Nación
Gobierno de Kirchner: Ministerio de planificación
De Vido, eje de las sospechas de EE.UU.
En decenas de cables lo vinculan con supuestos casos de corrupción
Domingo 27 de marzo de 2011
Hugo Alconada Mon
LA NACION
Hablar de corrupción en la Argentina kirchnerista equivale, según el gobierno de los Estados Unidos, a invocar el nombre del poderoso ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, según surge de una docena de cables reservados, confidenciales y secretos de su embajada en Buenos Aires, que obtuvo el sitio WikiLeaks y que cedió a La Nacion.
De esos despachos surge que De Vido está sospechado de cosechar "ganancias personales" y de realizar acciones "menos que transparentes". El ministro tiene a su cargo la negociación de las tarifas de los servicios públicos, los subsidios al transporte, el financiamiento y la construcción de obras públicas, y las relaciones comerciales con Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otras tareas que mueven miles de millones de pesos.
Acceda a los cables
Los diplomáticos norteamericanos también alertaron a sus superiores en Washington que De Vido tiene "mugre en sus manos" y que las sospechas que lo rodean resultan "creíbles". Más aún, sostienen que se "apropió de dineros de la obra pública" y que dos casos escandalosos en particular fueron -o pudieron ser- los más incómodos para su estabilidad: Eton Park y Skanska.
Las sospechas estadounidenses abarcan más de cinco años -entre 2005 y 2010- e incluyen a otros funcionarios. Entre ellos, al matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, aunque con alusiones superficiales.
También alcanzan a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Pero es De Vido quien concentra las quejas y denuncias más concretas de las empresas norteamericanas.
Una de las alertas más tempranas que emitió la embajada en Buenos Aires sobre el ministro se retrotrae a enero de 2005, cuando el entonces embajador Lino Gutiérrez trazó un análisis sobre el núcleo más cercano de colaboradores de los Kirchner. Al aludir a De Vido, Gutiérrez expuso que es quien más brega "para que el Estado expanda su rol en la economía, lo que ve como que provee las mayores oportunidades para la ganancia del país y personal".
Según Gutiérrez, Kirchner mantenía una relación ambivalente con De Vido. Lo respetaba por su inteligencia y su capacidad de gestión, pero sabía "que De Vido es el que tiene más suciedad" en sus manos. Y como para reforzar esa impresión, luego recordó que arrastra "acusaciones de corrupción" desde los tiempos en Santa Cruz, con el programa "cuatrienal" de obras públicas, la renegociación del contrato con Aguas Argentinas, la compra de locomotoras a España o la construcción de un gasoducto en el Norte, aunque aclaró que nunca le probaron nada.
Los recelos norteamericanos también alcanzaron a dos de sus hijos. Uno de ellos, Facundo, según redactó Gutiérrez en 2005, "sirvió como su secretario privado hasta que una fuente del área de seguridad interna del Gobierno le informó a Kirchner que estaba recibiendo coimas de empresas privadas a cambio de arreglar encuentros con su padre", reportó el embajador. "Kirchner le dijo a De Vido que removiera a Facundo, que ahora es guía turístico en Santa Cruz."
Otro hijo de De Vido, Juan Manuel, aparece en un cable que el segundo de la embajada, Tom Kelly, envió en junio de 2009, y en el que marcó varias veces sospechas alrededor de Electroingeniería, que reportó que mantiene "estrechos lazos con los Kirchner, [y] emplea al hijo del ministro", algo que siempre negó la empresa.
Otro ex segundo de la embajada, Hugo Llorens, también aludió a De Vido en un cable de marzo de 2006. Lo hizo cuando renunció Sergio Acevedo como gobernador de Santa Cruz, lo que el diplomático adjudicó al rol del ministro y de Alicia Kirchner "en la apropiación del dinero para obras públicas".
Las sombras
También el sucesor de Gutiérrez al frente de la embajada, Earl Anthony Wayne, reportó al Departamento de Estado en febrero de 2008 sobre las sombras que rodean a De Vido. Pero en su caso informó sobre su reunión con el entonces embajador alemán en Buenos Aires, Wolf Rolf Schumacher, quien le relató que un CEO germano se quejó ante De Vido de la coima pedida por uno de sus colaboradores. Lejos de preocuparse, buscar más datos y denunciar o investigar lo ocurrido, el ministro sólo le dijo al empresario que filmara o grabara el próximo encuentro, tal como publicó ayer La Nacion.
De Vido y Electroingeniería protagonizaron, también, un cable previo de Wayne, de julio de 2007, en el que informó a Washington sobre las quejas de los ejecutivos del fondo de inversiones Eton Park y los "menos que transparentes mecanismos" que el Ministerio de Planificación Federal aplicó para "premiar a amigos y aliados de la administración Kirchner" en la polémica venta de Transener.
Según surge del cable, Wayne abogó por Eton y otras empresas norteamericanas durante una reunión que mantuvo con De Vido el 15 de enero de 2007, lo que combinó con una carta que poco después se filtró a la prensa y generó una reacción furibunda de Kirchner. A partir de entonces, el caso desapareció de la escena pública, pero corrió con fuerza en reuniones con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; en la Justicia y en la esfera internacional, donde según Eton Park, el presidente venezolano, Hugo Chávez, presionó al banco internacional ABN Amro para que financiara la compra de Transener por Electroingeniería.
Sin convalidar las acusaciones de los ejecutivos de Eton Park, Wayne estimó que la decisión del Gobierno de favorecer a Electroingeniería iba en línea con su prédica de favorecer una "burguesía nacional" -como recordó que pasó con la familia Eskenazi e YPF, SanCor o Coto- y su retórica populista. Pero también alertó a los departamentos de Estado, Tesoro, Comercio, Trabajo y Energía, al Consejo de Seguridad Nacional y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre que la actuación del Gobierno o la forma en que otorga los proyectos y distribuye subsidios alimentan la percepción de que "algunos" altos funcionarios "son corruptos".
Tráfico de influencias
Embajador Gutiérrez, enero de 2005: "Facundo [De Vido] sirvió como su secretario privado hasta que una fuente del Gobierno le informó a Kirchner que estaba recibiendo coimas".
Obras públicas
Embajador Gutiérrez, julio de 2006: "Ha habido acusaciones creíbles de que De Vido ha estado involucrado en cuestionables contratos de obras públicas durante la presidencia Kirchner".
Operación sospechosa
Embajador Wayne, julio de 2007: "[La compra de Transener] ofrece un vistazo de los menos que transparentes mecanismos que ha usado el Ministerio de Planificación para premiar a amigos".
La Nación
En decenas de cables lo vinculan con supuestos casos de corrupción
Domingo 27 de marzo de 2011
Hugo Alconada Mon
LA NACION
Hablar de corrupción en la Argentina kirchnerista equivale, según el gobierno de los Estados Unidos, a invocar el nombre del poderoso ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, según surge de una docena de cables reservados, confidenciales y secretos de su embajada en Buenos Aires, que obtuvo el sitio WikiLeaks y que cedió a La Nacion.
De esos despachos surge que De Vido está sospechado de cosechar "ganancias personales" y de realizar acciones "menos que transparentes". El ministro tiene a su cargo la negociación de las tarifas de los servicios públicos, los subsidios al transporte, el financiamiento y la construcción de obras públicas, y las relaciones comerciales con Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otras tareas que mueven miles de millones de pesos.
Acceda a los cables
Los diplomáticos norteamericanos también alertaron a sus superiores en Washington que De Vido tiene "mugre en sus manos" y que las sospechas que lo rodean resultan "creíbles". Más aún, sostienen que se "apropió de dineros de la obra pública" y que dos casos escandalosos en particular fueron -o pudieron ser- los más incómodos para su estabilidad: Eton Park y Skanska.
Las sospechas estadounidenses abarcan más de cinco años -entre 2005 y 2010- e incluyen a otros funcionarios. Entre ellos, al matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, aunque con alusiones superficiales.
También alcanzan a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Pero es De Vido quien concentra las quejas y denuncias más concretas de las empresas norteamericanas.
Una de las alertas más tempranas que emitió la embajada en Buenos Aires sobre el ministro se retrotrae a enero de 2005, cuando el entonces embajador Lino Gutiérrez trazó un análisis sobre el núcleo más cercano de colaboradores de los Kirchner. Al aludir a De Vido, Gutiérrez expuso que es quien más brega "para que el Estado expanda su rol en la economía, lo que ve como que provee las mayores oportunidades para la ganancia del país y personal".
Según Gutiérrez, Kirchner mantenía una relación ambivalente con De Vido. Lo respetaba por su inteligencia y su capacidad de gestión, pero sabía "que De Vido es el que tiene más suciedad" en sus manos. Y como para reforzar esa impresión, luego recordó que arrastra "acusaciones de corrupción" desde los tiempos en Santa Cruz, con el programa "cuatrienal" de obras públicas, la renegociación del contrato con Aguas Argentinas, la compra de locomotoras a España o la construcción de un gasoducto en el Norte, aunque aclaró que nunca le probaron nada.
Los recelos norteamericanos también alcanzaron a dos de sus hijos. Uno de ellos, Facundo, según redactó Gutiérrez en 2005, "sirvió como su secretario privado hasta que una fuente del área de seguridad interna del Gobierno le informó a Kirchner que estaba recibiendo coimas de empresas privadas a cambio de arreglar encuentros con su padre", reportó el embajador. "Kirchner le dijo a De Vido que removiera a Facundo, que ahora es guía turístico en Santa Cruz."
Otro hijo de De Vido, Juan Manuel, aparece en un cable que el segundo de la embajada, Tom Kelly, envió en junio de 2009, y en el que marcó varias veces sospechas alrededor de Electroingeniería, que reportó que mantiene "estrechos lazos con los Kirchner, [y] emplea al hijo del ministro", algo que siempre negó la empresa.
Otro ex segundo de la embajada, Hugo Llorens, también aludió a De Vido en un cable de marzo de 2006. Lo hizo cuando renunció Sergio Acevedo como gobernador de Santa Cruz, lo que el diplomático adjudicó al rol del ministro y de Alicia Kirchner "en la apropiación del dinero para obras públicas".
Las sombras
También el sucesor de Gutiérrez al frente de la embajada, Earl Anthony Wayne, reportó al Departamento de Estado en febrero de 2008 sobre las sombras que rodean a De Vido. Pero en su caso informó sobre su reunión con el entonces embajador alemán en Buenos Aires, Wolf Rolf Schumacher, quien le relató que un CEO germano se quejó ante De Vido de la coima pedida por uno de sus colaboradores. Lejos de preocuparse, buscar más datos y denunciar o investigar lo ocurrido, el ministro sólo le dijo al empresario que filmara o grabara el próximo encuentro, tal como publicó ayer La Nacion.
De Vido y Electroingeniería protagonizaron, también, un cable previo de Wayne, de julio de 2007, en el que informó a Washington sobre las quejas de los ejecutivos del fondo de inversiones Eton Park y los "menos que transparentes mecanismos" que el Ministerio de Planificación Federal aplicó para "premiar a amigos y aliados de la administración Kirchner" en la polémica venta de Transener.
Según surge del cable, Wayne abogó por Eton y otras empresas norteamericanas durante una reunión que mantuvo con De Vido el 15 de enero de 2007, lo que combinó con una carta que poco después se filtró a la prensa y generó una reacción furibunda de Kirchner. A partir de entonces, el caso desapareció de la escena pública, pero corrió con fuerza en reuniones con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; en la Justicia y en la esfera internacional, donde según Eton Park, el presidente venezolano, Hugo Chávez, presionó al banco internacional ABN Amro para que financiara la compra de Transener por Electroingeniería.
Sin convalidar las acusaciones de los ejecutivos de Eton Park, Wayne estimó que la decisión del Gobierno de favorecer a Electroingeniería iba en línea con su prédica de favorecer una "burguesía nacional" -como recordó que pasó con la familia Eskenazi e YPF, SanCor o Coto- y su retórica populista. Pero también alertó a los departamentos de Estado, Tesoro, Comercio, Trabajo y Energía, al Consejo de Seguridad Nacional y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre que la actuación del Gobierno o la forma en que otorga los proyectos y distribuye subsidios alimentan la percepción de que "algunos" altos funcionarios "son corruptos".
Tráfico de influencias
Embajador Gutiérrez, enero de 2005: "Facundo [De Vido] sirvió como su secretario privado hasta que una fuente del Gobierno le informó a Kirchner que estaba recibiendo coimas".
Obras públicas
Embajador Gutiérrez, julio de 2006: "Ha habido acusaciones creíbles de que De Vido ha estado involucrado en cuestionables contratos de obras públicas durante la presidencia Kirchner".
Operación sospechosa
Embajador Wayne, julio de 2007: "[La compra de Transener] ofrece un vistazo de los menos que transparentes mecanismos que ha usado el Ministerio de Planificación para premiar a amigos".
La Nación
La Argentina podría adoptar los contratos prematrimoniales
La Argentina podría adoptar los contratos prematrimoniales
Sería parte de las reformas al Código Civil que evalúa una comisión especial integrada por jueces; qué opinan los especialistas; cómo funciona la división de bienes en otros países
Martes 22 de marzo de 2011
Por Sol Amaya
De la redacción de lanacion.com
mamaya@lanacion.com.ar
En twitter: @msolamaya
"Hasta que la muerte los separe..o deban separar los bienes". Más allá del ideal romántico, la planificación familiar y las expectativas de construir un futuro con alguien, la realidad es que el matrimonio es, ante la ley, un contrato.
Y aún en ese sentido, la propiedad de los bienes siempre resulta un tema polémico. Pensar en un futuro divorcio y en la división de las pertenencias no es un pensamiento muy esperanzador al momento de dar el sí. Sin embargo, en muchos países los contratos prematrimoniales son una opción y tal vez lleguen a serlo en la Argentina.
Y es que el Ejecutivo creó una comisión especial, integrada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco y la ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, para actualizar los Códigos Civil y Comercial en el término de un año.
Entre otras cuestiones, la reforma prevé cambios en el régimen patrimonial del matrimonio para definir si se van a permitir los contratos prematrimoniales.
Hoy, el régimen admitido en la Argentina es el de bienes gananciales, que divide en partes iguales lo adquirido durante los años de vida conyugal, mientras que los contratos prenupciales no tienen validez legal.
"Nuestro país tiene un régimen patrimonial forzoso, de manera tal que al momento de dividir los bienes están obligados a dividir en 50 y 50 todos los bienes gananciales. Si se incorporaran las convenciones prematrimoniales o capitulaciones, podrían los cónyuges prever de qué manera van a dividir antes del divorcio", opinó la abogada Ana Rosenfeld.
La letrada Ana García Quirno, abogada especialista en familia y divorcio, también se manifestó a favor de los acuerdos prematrimoniales porque una de las cosas que trae más complicación para disolver el vínculo es el tema patrimonial.
"Con el contrato estarían más que claras. Desde la práctica me puede parecer que la ley actual está un poco retrasada. Pero la norma es así, es lo que rige. Y uno lo sabe cuando se casa. Por eso es fundamental que las cosas estén claras al momento de contraer matrimonio, para evitar conflictos en el caso de que el vínculo se disuelva", añadió.
Ingresos desproporcionados. Las abogadas coincidieron en que el cambio tendría importancia en casos en los que uno de los miembros de la pareja gana más dinero o en matrimonios en segundas nupcias.
"Hay gente con mucho dinero, como muchos famosos que siempre tuvieron su actividad personal, para quienes las convenciones pre matrimoniales podrían establecer que lo que venga de su actividad propia siga manteniendo el carácter de propio.", sostuvo Rosenfeld. "Cada matrimonio tiene necesidades distintas de acuerdo a su situación social, económica y cultural. En los casos de matrimonios en segundas nupcias o donde los ingresos son desproporcionados, por ejemplo, la posibilidad de optar el régimen patrimonial aparece como necesaria", explicó otra especialista en derecho de familia y en divorcios, Cecilia Maqueda.
Pero al mismo tiempo, las especialistas consideraron que es fundamental que estos acuerdos no perjudiquen a ninguno de los miembros de la sociedad conyugal. "Por ejemplo, cuando la mujer es ama de casa, se tendría que prever una indemnización por cada año de matrimonio. Un convenio prematrimonial no debería perjudicarla", sostuvo Rosenfeld.
Además, sostuvo que los contratos previos al matrimonios "nunca deberían ser forzosos" sino opcionales y aceptados por ambas partes.
En tanto, Marisa Herrera, también abogada especialista en derecho de familia, indicó que presume que habrá "propuestas de modificaciones legislativas más fáciles de aceptar".
"Tanto la comunidad jurídica como la no jurídica vienen bregando desde hace tiempo, por ejemplo, por que se permita optar por diferentes regímenes patrimoniales y la consecuente posibilidad de acordar o pactar entre el régimen de ganancialidad o el de separación de bienes, por mencionar los más aceptados a nivel mundial", dijo Herrera.
El régimen actual. El Código Civil considera que son bienes propios "los que los esposos llevan o introducen al matrimonio y los que durante él adquieren por herencia, donación o legado". Es decir son "aquellos bienes inmuebles, muebles, o créditos adquiridos con anterioridad al matrimonio o posteriormente, ya sea a título gratuito (por herencia, legado o donación) o como resultado de una causa anterior al casamiento". En tanto, los bienes gananciales, según la normativa vigente, son "los bienes existentes a la disolución de ella, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró el matrimonio, o que los adquirió después por herencia, legado o donación". También se incluyen como gananciales los bienes "que cada uno de los cónyuges, o ambos adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado como también los siguientes:
Los bienes adquiridos durante el matrimonio por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges.
Los adquiridos por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas, etcétera.
Los frutos naturales o civiles de los bienes comunes, o de los propios de cada uno de los cónyuges, percibidos durante el matrimonio, o pendientes al tiempo de concluirse la sociedad.
Los frutos civiles de la profesión, trabajo, o industria de ambos cónyuges, o de cada uno de ellos.
Lo que recibiese alguno de los cónyuges, por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio.
Las mejoras que durante el matrimonio, hayan dado más valor a los bienes propios de cada uno de los cónyuges.
Lo que se hubiese gastado en la redención de servidumbres, o en cualquier otro objeto de que sólo uno de los cónyuges obtenga ventajas".
Las artimañas de hoy. Más allá de que los contratos prematrimoniales en la Argentina hoy no son reconocidos por la ley, los especialistas reconocen que se llevan a cabo algunas artimañas para proteger los bienes propios.
"Generalmente los hombres que tiene una fortuna lo que hacen para evitar que se ganancialicen es crear un sinfín de sociedades que de alguna manera arman un espectro propietario que hacen que no le sea tan fácil a la mujer saber qué es lo que verdaderamente tienen", explicó Rosenfeld. "También se manejan con testaferros, aunque estas cosas no son muy fáciles de ocultar y generalmente derivan en juicios de simulación y fraude", añadió.
En otra época, relata Rosenfeld, algunas parejas viajaban para casarse en países donde existían las convenciones prematrimoniales. Sin embargo, si la pareja no vive en ese país, el contrato sobre la división de bienes no es legalmente válido.
"Distinto es el caso de muchos jugadores de fútbol, por ejemplo, que generalmente sí viven en el extranjero y pueden realizar contratos prematrimoniales para proteger las grandes fortunas que suelen tener", dijo Rosenfeld.
También es sabido que algunas personas suelen poner los bienes adquiridos a nombre de terceros para evitar que se ganancialicen ante un posible divorcio.
Otros países. En cuanto al funcionamiento del sistema en el resto del mundo, Maqueda indicó que ya son muchos los países con idiosincrasias similares donde opera con éxito la posibilidad de optar entre distintos regímenes patrimoniales para el matrimonio. "Nuestra sociedad apunta cada vez más a una mayor autonomía de la voluntad, a que sea la gente la que pueda decidir de acuerdo a sus necesidades", sostuvo la abogada. Los acuerdos prenupciales, de hecho, tienen validez legal en varios países del mundo.
Incluso en algunos lugares se utilizan no sólo para proteger los bienes en caso de divorcio sino también durante el matrimonio, en caso de situaciones como la quiebra.
En Europa, los contratos previos al matrimonio son legales en Finlandia, Suecia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Francia, Suiza, Dinamarca, Noruega, entre otros.
En el Reino Unido, sin embargo, estas convenciones no tienen validez legal. De todos modos, un fallo reconoció por primera vez un acuerdo prenupcial de gran trascendencia. Se trata del divorcio de Katrin Radmacher, heredera de un imperio económico estimado en unos US$160 millones.
El marido acudió a la justicia para intentar obtener una parte al momento del divorcio. Sin embargo, la Justicia estableció que el acuerdo prenupcial valía jurídicamente y Katrin se quedó con sus millones. Tal vez el caso más conocido sea el de los Estados Unidos, donde los "prenups", como se los denomina, son muy comunes sobre todo entre las estrellas de Hollywood.
En la mayoría de los estados norteamericanos los requisitos básicos para que el acuerdo tenga validez legal son que se realice por escrito, que sea voluntario para ambas partes, que tenga información completo, que no sea inmoral y que esté firmado por las dos personas que forman parte de la sociedad conyugal, presenciado por un notario público.
La Nación
Sería parte de las reformas al Código Civil que evalúa una comisión especial integrada por jueces; qué opinan los especialistas; cómo funciona la división de bienes en otros países
Martes 22 de marzo de 2011
Por Sol Amaya
De la redacción de lanacion.com
mamaya@lanacion.com.ar
En twitter: @msolamaya
"Hasta que la muerte los separe..o deban separar los bienes". Más allá del ideal romántico, la planificación familiar y las expectativas de construir un futuro con alguien, la realidad es que el matrimonio es, ante la ley, un contrato.
Y aún en ese sentido, la propiedad de los bienes siempre resulta un tema polémico. Pensar en un futuro divorcio y en la división de las pertenencias no es un pensamiento muy esperanzador al momento de dar el sí. Sin embargo, en muchos países los contratos prematrimoniales son una opción y tal vez lleguen a serlo en la Argentina.
Y es que el Ejecutivo creó una comisión especial, integrada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco y la ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, para actualizar los Códigos Civil y Comercial en el término de un año.
Entre otras cuestiones, la reforma prevé cambios en el régimen patrimonial del matrimonio para definir si se van a permitir los contratos prematrimoniales.
Hoy, el régimen admitido en la Argentina es el de bienes gananciales, que divide en partes iguales lo adquirido durante los años de vida conyugal, mientras que los contratos prenupciales no tienen validez legal.
"Nuestro país tiene un régimen patrimonial forzoso, de manera tal que al momento de dividir los bienes están obligados a dividir en 50 y 50 todos los bienes gananciales. Si se incorporaran las convenciones prematrimoniales o capitulaciones, podrían los cónyuges prever de qué manera van a dividir antes del divorcio", opinó la abogada Ana Rosenfeld.
La letrada Ana García Quirno, abogada especialista en familia y divorcio, también se manifestó a favor de los acuerdos prematrimoniales porque una de las cosas que trae más complicación para disolver el vínculo es el tema patrimonial.
"Con el contrato estarían más que claras. Desde la práctica me puede parecer que la ley actual está un poco retrasada. Pero la norma es así, es lo que rige. Y uno lo sabe cuando se casa. Por eso es fundamental que las cosas estén claras al momento de contraer matrimonio, para evitar conflictos en el caso de que el vínculo se disuelva", añadió.
Ingresos desproporcionados. Las abogadas coincidieron en que el cambio tendría importancia en casos en los que uno de los miembros de la pareja gana más dinero o en matrimonios en segundas nupcias.
"Hay gente con mucho dinero, como muchos famosos que siempre tuvieron su actividad personal, para quienes las convenciones pre matrimoniales podrían establecer que lo que venga de su actividad propia siga manteniendo el carácter de propio.", sostuvo Rosenfeld. "Cada matrimonio tiene necesidades distintas de acuerdo a su situación social, económica y cultural. En los casos de matrimonios en segundas nupcias o donde los ingresos son desproporcionados, por ejemplo, la posibilidad de optar el régimen patrimonial aparece como necesaria", explicó otra especialista en derecho de familia y en divorcios, Cecilia Maqueda.
Pero al mismo tiempo, las especialistas consideraron que es fundamental que estos acuerdos no perjudiquen a ninguno de los miembros de la sociedad conyugal. "Por ejemplo, cuando la mujer es ama de casa, se tendría que prever una indemnización por cada año de matrimonio. Un convenio prematrimonial no debería perjudicarla", sostuvo Rosenfeld.
Además, sostuvo que los contratos previos al matrimonios "nunca deberían ser forzosos" sino opcionales y aceptados por ambas partes.
En tanto, Marisa Herrera, también abogada especialista en derecho de familia, indicó que presume que habrá "propuestas de modificaciones legislativas más fáciles de aceptar".
"Tanto la comunidad jurídica como la no jurídica vienen bregando desde hace tiempo, por ejemplo, por que se permita optar por diferentes regímenes patrimoniales y la consecuente posibilidad de acordar o pactar entre el régimen de ganancialidad o el de separación de bienes, por mencionar los más aceptados a nivel mundial", dijo Herrera.
El régimen actual. El Código Civil considera que son bienes propios "los que los esposos llevan o introducen al matrimonio y los que durante él adquieren por herencia, donación o legado". Es decir son "aquellos bienes inmuebles, muebles, o créditos adquiridos con anterioridad al matrimonio o posteriormente, ya sea a título gratuito (por herencia, legado o donación) o como resultado de una causa anterior al casamiento". En tanto, los bienes gananciales, según la normativa vigente, son "los bienes existentes a la disolución de ella, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró el matrimonio, o que los adquirió después por herencia, legado o donación". También se incluyen como gananciales los bienes "que cada uno de los cónyuges, o ambos adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado como también los siguientes:
Los bienes adquiridos durante el matrimonio por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges.
Los adquiridos por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas, etcétera.
Los frutos naturales o civiles de los bienes comunes, o de los propios de cada uno de los cónyuges, percibidos durante el matrimonio, o pendientes al tiempo de concluirse la sociedad.
Los frutos civiles de la profesión, trabajo, o industria de ambos cónyuges, o de cada uno de ellos.
Lo que recibiese alguno de los cónyuges, por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio.
Las mejoras que durante el matrimonio, hayan dado más valor a los bienes propios de cada uno de los cónyuges.
Lo que se hubiese gastado en la redención de servidumbres, o en cualquier otro objeto de que sólo uno de los cónyuges obtenga ventajas".
Las artimañas de hoy. Más allá de que los contratos prematrimoniales en la Argentina hoy no son reconocidos por la ley, los especialistas reconocen que se llevan a cabo algunas artimañas para proteger los bienes propios.
"Generalmente los hombres que tiene una fortuna lo que hacen para evitar que se ganancialicen es crear un sinfín de sociedades que de alguna manera arman un espectro propietario que hacen que no le sea tan fácil a la mujer saber qué es lo que verdaderamente tienen", explicó Rosenfeld. "También se manejan con testaferros, aunque estas cosas no son muy fáciles de ocultar y generalmente derivan en juicios de simulación y fraude", añadió.
En otra época, relata Rosenfeld, algunas parejas viajaban para casarse en países donde existían las convenciones prematrimoniales. Sin embargo, si la pareja no vive en ese país, el contrato sobre la división de bienes no es legalmente válido.
"Distinto es el caso de muchos jugadores de fútbol, por ejemplo, que generalmente sí viven en el extranjero y pueden realizar contratos prematrimoniales para proteger las grandes fortunas que suelen tener", dijo Rosenfeld.
También es sabido que algunas personas suelen poner los bienes adquiridos a nombre de terceros para evitar que se ganancialicen ante un posible divorcio.
Otros países. En cuanto al funcionamiento del sistema en el resto del mundo, Maqueda indicó que ya son muchos los países con idiosincrasias similares donde opera con éxito la posibilidad de optar entre distintos regímenes patrimoniales para el matrimonio. "Nuestra sociedad apunta cada vez más a una mayor autonomía de la voluntad, a que sea la gente la que pueda decidir de acuerdo a sus necesidades", sostuvo la abogada. Los acuerdos prenupciales, de hecho, tienen validez legal en varios países del mundo.
Incluso en algunos lugares se utilizan no sólo para proteger los bienes en caso de divorcio sino también durante el matrimonio, en caso de situaciones como la quiebra.
En Europa, los contratos previos al matrimonio son legales en Finlandia, Suecia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Francia, Suiza, Dinamarca, Noruega, entre otros.
En el Reino Unido, sin embargo, estas convenciones no tienen validez legal. De todos modos, un fallo reconoció por primera vez un acuerdo prenupcial de gran trascendencia. Se trata del divorcio de Katrin Radmacher, heredera de un imperio económico estimado en unos US$160 millones.
El marido acudió a la justicia para intentar obtener una parte al momento del divorcio. Sin embargo, la Justicia estableció que el acuerdo prenupcial valía jurídicamente y Katrin se quedó con sus millones. Tal vez el caso más conocido sea el de los Estados Unidos, donde los "prenups", como se los denomina, son muy comunes sobre todo entre las estrellas de Hollywood.
En la mayoría de los estados norteamericanos los requisitos básicos para que el acuerdo tenga validez legal son que se realice por escrito, que sea voluntario para ambas partes, que tenga información completo, que no sea inmoral y que esté firmado por las dos personas que forman parte de la sociedad conyugal, presenciado por un notario público.
La Nación
Gobierno de Kirchner: Evaluaron echar a la Argentina del G-20
Los cables de WikiLeaks / La actuación de la Presidenta en los encuentros de líderes mundiales
Evaluaron echar a la Argentina del G-20
Los países industrializados del G-7 analizaron esa posibilidad luego de la actuación de Cristina Kirchner en la cumbre de Washington
Lunes 14 de marzo de 2011
Hugo Alconada Mon
LA NACION
Molesto con la participación de la presidenta Cristina Kirchner durante la cumbre del G-20 que se celebró en Washington en 2008, el grupo que aglutina a los siete países más poderosos del planeta (G-7) evaluó junto a España y Holanda expulsar a la Argentina del foro de los veinte países industrializados y emergentes.
La posible exclusión del país por la actuación de la Presidenta llevó incluso a los embajadores en Buenos Aires de esas potencias a coordinar esfuerzos para evitar que la mandataria ahondara en sus errores durante la siguiente reunión del G-20, que se celebró en Londres en abril de 2009.
Acceda a los cables
"El grupo estuvo de acuerdo en que el gobierno argentino parece consciente de que una Argentina percibida como políticamente conflictiva podría ser expulsada del G-20 o ver que las acciones vinculadas a paliar la crisis [mundial] se transfieran a otro foro que la excluya", fue el resumen que la embajada de Estados Unidos envió a Washington, el 16 de marzo de 2009, según uno de los cables filtrados a WikiLeaks y cuya copia obtuvo LA NACION.
El cable sintetizó el encuentro al que cinco días antes, el 11 de marzo, convocó el entonces embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne, para un selecto grupo de colegas. Asistieron los embajadores en Buenos Aires de Gran Bretaña, Shan Morgan; de Alemania, Gunter Kniess; de Japón, Hitohiro Ishida, y de Italia, Stefano Ronca.
A ellos se sumaron los número dos de las embajadas de Francia, Claudia Delmas-Scherer; Canadá, Rejean Tessier, y de la Unión Europea, Carlos Gimeno Verdejo, y dos invitados: los embajadores de España, Rafael Estrella, y de Holanda, Henk Soeters.
Entre café y café, los diplomáticos del "G-7 plus", como dieron en llamarse, coincidieron en que veían bien parada a la Argentina para sortear la crisis económica y financiera mundial. Pero de inmediato volvieron al tema que los preocupaba, la cumbre por celebrarse tres semanas después.
"Los embajadores también coincidieron en la importancia de un contacto directo de los líderes [de sus respectivos países] con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ayudar a asegurarse su rol constructivo en la cumbre del G-20", tras lo ocurrido en noviembre de 2008 en Washington.
Durante aquella cumbre, la Presidenta criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y exigió su reforma, pero concentró la atención por dos motivos: habló más del doble de tiempo que el resto de los líderes -incluido George W. Bush, en la recta final de su mandato- y llegó tarde a la foto oficial de los participantes, por lo que forzó una segunda toma.
En ese esfuerzo coordinado de los líderes del G-7, el presidente Barack Obama llamó a la Presidenta apenas dos días después del encuentro de los embajadores, lo que Wayne celebró en su cable. "Ese es el tipo de abordaje sugerido." Y su colega británica les confirmó que el primer ministro Gordon Brown la recibiría en un aparte de la inminente cumbre en Londres.
La meta del "G-7 plus" era lograr que desde la cumbre se difundiera "una sensación de convicción compartida e ímpetu para levantar la confianza del consumo mundial". Pero el problema era que avizoraban a la Casa Rosada muy alejada de esa línea, "estrechamente enfocada en la reforma del FMI y el acceso de los mercados emergentes a nuevos créditos del Fondo sin condicionalidades o con bajas condicionalidades".
De allí en más, el encuentro derivó casi en una catarsis colectiva. El representante de la Unión Europea lamentó el "estilo mafioso" del Gobierno para equilibrar su balanza comercial, con exigencias indebidas a las exportaciones europeas; el alemán criticó su visión "mercantilista", y el español estimó que las medidas proteccionistas argentinas equivalían a "tirarse un tiro en el pie".
El embajador italiano detalló que en Roma veían al G-20 como un foro desactualizado, en tanto que su colega británica y el español coincidieron en que la Presidenta podía resultar impredecible en sus posiciones. De allí que concluyeron que era necesario "conectarse con ella para ayudarla a construir un resultado útil en Londres".
El cónclave cerró con otra conclusión: "Los embajadores del G-7 plus coincidieron en el valor de la participación de la Argentina en la cumbre del G-20 como una manera de exponer a la parroquiana administración Kirchner a una visión del mundo más amplia sobre los vínculos de la economía global y la interdependencia".
QUÉ DICEN LOS CABLESCABLE CONFIDENCIAL 21 DE ENERO DE 2009
"[El embajador canadiense] Martin dijo que su viceministro que había estado en la reunión del G-20 de Washington caracterizó la participación argentina como una oportunidad perdida. El embajador Wayne dijo que los funcionarios de EEUU le contaron que la Presidenta Fernández de Kirchner habló el doble de tiempo que los restantes líderes y que su mensaje había sido muy distinto que el del resto".
CABLE CONFIDENCIAL DEL 4 DE FEBRERO DE 2009
"[El embajador español] destacó que la presentación [de la Presidenta] en la primera reunión del G-20 en Noviembre no había sido muy eficaz y se preguntó si volvería a usar la oportunidad para promocionar el 'modelo argentino' en vez de ayudar a los líderes a encontrar soluciones".
CABLE CONFIDENCIAL DEL 16 DE MARZO DE 2009
"Los embajadores del G-7 plus coincidieron en el valor de la participación de la Argentina en la cumbre del G- 20 como una manera de exponer a la parroquiana administración Kirchner a una visión del mundo más amplia sobre los vínculos de la economía global y la interdependencia".
CABLE CONFIDENCIAL DEL 16 DE MARZO DE 2009
"El grupo [por el G-7 plus] estuvo de acuerdo en que el Gobierno argentino parece consciente de que una Argentina percibida como políticamente conflictiva podría ser expulsada del G-20 o ver que las acciones vinculadas a paliar la crisis [mundial] se transfieran a otro foro que la excluya".
UN GRUPO PODEROSO
El G-20 se formó en 1999 a partir de la incorporación de países emergentes a los industrializados del G-7. Lo integran Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Gran Bretaña, Rusia, la Unión Europea, Arabia Saudita, la Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía.
La Nación
Evaluaron echar a la Argentina del G-20
Los países industrializados del G-7 analizaron esa posibilidad luego de la actuación de Cristina Kirchner en la cumbre de Washington
Lunes 14 de marzo de 2011
Hugo Alconada Mon
LA NACION
Molesto con la participación de la presidenta Cristina Kirchner durante la cumbre del G-20 que se celebró en Washington en 2008, el grupo que aglutina a los siete países más poderosos del planeta (G-7) evaluó junto a España y Holanda expulsar a la Argentina del foro de los veinte países industrializados y emergentes.
La posible exclusión del país por la actuación de la Presidenta llevó incluso a los embajadores en Buenos Aires de esas potencias a coordinar esfuerzos para evitar que la mandataria ahondara en sus errores durante la siguiente reunión del G-20, que se celebró en Londres en abril de 2009.
Acceda a los cables
"El grupo estuvo de acuerdo en que el gobierno argentino parece consciente de que una Argentina percibida como políticamente conflictiva podría ser expulsada del G-20 o ver que las acciones vinculadas a paliar la crisis [mundial] se transfieran a otro foro que la excluya", fue el resumen que la embajada de Estados Unidos envió a Washington, el 16 de marzo de 2009, según uno de los cables filtrados a WikiLeaks y cuya copia obtuvo LA NACION.
El cable sintetizó el encuentro al que cinco días antes, el 11 de marzo, convocó el entonces embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne, para un selecto grupo de colegas. Asistieron los embajadores en Buenos Aires de Gran Bretaña, Shan Morgan; de Alemania, Gunter Kniess; de Japón, Hitohiro Ishida, y de Italia, Stefano Ronca.
A ellos se sumaron los número dos de las embajadas de Francia, Claudia Delmas-Scherer; Canadá, Rejean Tessier, y de la Unión Europea, Carlos Gimeno Verdejo, y dos invitados: los embajadores de España, Rafael Estrella, y de Holanda, Henk Soeters.
Entre café y café, los diplomáticos del "G-7 plus", como dieron en llamarse, coincidieron en que veían bien parada a la Argentina para sortear la crisis económica y financiera mundial. Pero de inmediato volvieron al tema que los preocupaba, la cumbre por celebrarse tres semanas después.
"Los embajadores también coincidieron en la importancia de un contacto directo de los líderes [de sus respectivos países] con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ayudar a asegurarse su rol constructivo en la cumbre del G-20", tras lo ocurrido en noviembre de 2008 en Washington.
Durante aquella cumbre, la Presidenta criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y exigió su reforma, pero concentró la atención por dos motivos: habló más del doble de tiempo que el resto de los líderes -incluido George W. Bush, en la recta final de su mandato- y llegó tarde a la foto oficial de los participantes, por lo que forzó una segunda toma.
En ese esfuerzo coordinado de los líderes del G-7, el presidente Barack Obama llamó a la Presidenta apenas dos días después del encuentro de los embajadores, lo que Wayne celebró en su cable. "Ese es el tipo de abordaje sugerido." Y su colega británica les confirmó que el primer ministro Gordon Brown la recibiría en un aparte de la inminente cumbre en Londres.
La meta del "G-7 plus" era lograr que desde la cumbre se difundiera "una sensación de convicción compartida e ímpetu para levantar la confianza del consumo mundial". Pero el problema era que avizoraban a la Casa Rosada muy alejada de esa línea, "estrechamente enfocada en la reforma del FMI y el acceso de los mercados emergentes a nuevos créditos del Fondo sin condicionalidades o con bajas condicionalidades".
De allí en más, el encuentro derivó casi en una catarsis colectiva. El representante de la Unión Europea lamentó el "estilo mafioso" del Gobierno para equilibrar su balanza comercial, con exigencias indebidas a las exportaciones europeas; el alemán criticó su visión "mercantilista", y el español estimó que las medidas proteccionistas argentinas equivalían a "tirarse un tiro en el pie".
El embajador italiano detalló que en Roma veían al G-20 como un foro desactualizado, en tanto que su colega británica y el español coincidieron en que la Presidenta podía resultar impredecible en sus posiciones. De allí que concluyeron que era necesario "conectarse con ella para ayudarla a construir un resultado útil en Londres".
El cónclave cerró con otra conclusión: "Los embajadores del G-7 plus coincidieron en el valor de la participación de la Argentina en la cumbre del G-20 como una manera de exponer a la parroquiana administración Kirchner a una visión del mundo más amplia sobre los vínculos de la economía global y la interdependencia".
QUÉ DICEN LOS CABLESCABLE CONFIDENCIAL 21 DE ENERO DE 2009
"[El embajador canadiense] Martin dijo que su viceministro que había estado en la reunión del G-20 de Washington caracterizó la participación argentina como una oportunidad perdida. El embajador Wayne dijo que los funcionarios de EEUU le contaron que la Presidenta Fernández de Kirchner habló el doble de tiempo que los restantes líderes y que su mensaje había sido muy distinto que el del resto".
CABLE CONFIDENCIAL DEL 4 DE FEBRERO DE 2009
"[El embajador español] destacó que la presentación [de la Presidenta] en la primera reunión del G-20 en Noviembre no había sido muy eficaz y se preguntó si volvería a usar la oportunidad para promocionar el 'modelo argentino' en vez de ayudar a los líderes a encontrar soluciones".
CABLE CONFIDENCIAL DEL 16 DE MARZO DE 2009
"Los embajadores del G-7 plus coincidieron en el valor de la participación de la Argentina en la cumbre del G- 20 como una manera de exponer a la parroquiana administración Kirchner a una visión del mundo más amplia sobre los vínculos de la economía global y la interdependencia".
CABLE CONFIDENCIAL DEL 16 DE MARZO DE 2009
"El grupo [por el G-7 plus] estuvo de acuerdo en que el Gobierno argentino parece consciente de que una Argentina percibida como políticamente conflictiva podría ser expulsada del G-20 o ver que las acciones vinculadas a paliar la crisis [mundial] se transfieran a otro foro que la excluya".
UN GRUPO PODEROSO
El G-20 se formó en 1999 a partir de la incorporación de países emergentes a los industrializados del G-7. Lo integran Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Gran Bretaña, Rusia, la Unión Europea, Arabia Saudita, la Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía.
La Nación
Gobierno de Kirchner: alta inflación
El alza del costo de vida / Encuesta de poliarquía para LA NACION
El 74% de los argentinos se siente afectado por la inflación
El mismo porcentaje considera que el Gobierno está poco o nada preocupado por el tema
Domingo 13 de febrero de 2011
Protagonista recurrente de la historia del país en las últimas décadas, la inflación vuelve a ser un tema ineludible de preocupación y debate entre los argentinos.
Según una encuesta realizada por la consultora Poliarquía para LA NACION, hoy el 74% de la sociedad cree que la inflación lo afecta mucho o bastante. Exactamente el mismo porcentaje de los consultados (74%) considera que el Gobierno está poco o nada preocupado por el tema.
Sin embargo, no es la única respuesta llamativa que dan los encuestados. A pesar del desinterés que advierten en el Gobierno, el 52% culpa del aumento de los precios a los "empresarios y comerciantes que buscan ganar más", en tanto que el 38% responsabiliza directamente a las políticas oficiales, y el 10% no sabe o no contesta sobre las causas inflacionarias.
"El dato puede llamar la atención, pero siempre es más sencillo culpar al último eslabón de una cadena por la suba de los precios que comprender las medidas de política económica que provocaron esa inflación", opina Alejandro Catterberg, director de Poliarquía. De todos modos, a la hora de buscar responsables de la suba de precios, la respuesta varía según el alineamiento que el consultado tenga con el gobierno nacional y, en medida mucho menor, su nivel de instrucción.
Así, entre los que aprueban la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, el número de los que responsabilizan al empresariado por la inflación trepa al 70%, mientras que sólo el 22% culpa a las políticas del Gobierno. En cambio, entre los que no adhieren a la gestión oficial, el 64% cree que es culpa del kirchnerismo y sólo el 25% apunta a empresarios y comerciantes.
En cuanto al nivel de instrucción, a mayor educación sube la tendencia a atribuir los aumentos a los fenómenos macroeconómicos provocados por las políticas oficiales. Lo hace el 47% de los consultados con estudios universitarios o terciarios, aunque el 43% responsabiliza a los empresarios. En cambio, el 58% de los entrevistados con educación únicamente primaria culpó al empresariado, y el 31%, al Gobierno.
El estudio también revela que los argentinos consideran a la inflación un problema que los perjudica personalmente, pero creen que impacta en menor medida sobre el país.
"¿Cuál es el principal problema que lo afecta personalmente?", preguntó Poliarquía. Con un 34% de menciones, la inseguridad encabeza la lista muy lejos del resto. La siguen el desempleo (15%) y en tercer lugar la inflación (8%).
En cambio, cuando se les pregunta por el mayor problema que afecta al país, en la lista se ubica la inseguridad (40%), el desempleo (11%), la pobreza (8%), la educación (7%), la clase dirigente (4%) y recién en el sexto puesto asoma la inflación (3%), empatada con la corrupción y los problemas económicos en general.
"Da para pensar que con tasas de desempleo de un dígito se lo considere un problema más grave que la inflación, que tiene tasas del 25%", apuntó Catterberg.
Para el analista, el dato podría explicarse por el trauma que dejaron en la sociedad argentina los años 90 y la crisis de 2001, indefectiblemente asociadas al desempleo. En cambio, la crisis inflacionaria de finales de los 80 aparece más lejana, porque no está tan fresca en la memoria de los que la vivieron y porque las nuevas generaciones no la presenciaron.
Sólo palabras
También es interesante ver las palabras que eligieron los encuestados para definir el sentimiento que sienten frente a la inflación.
La bronca (14% de menciones) y la impotencia (13%) encabezan la lista, seguidas mucho más atrás (con 3%) por la angustia, la preocupación y la sensación de inseguridad. Sólo el 2% dijo que la inflación le provocaba sentimientos de incertidumbre, mayor pobreza o injusticia.
Paradójicamente, el 35% de los encuestados estimó que la inflación en los últimos 12 meses cruzó la barrera de los 30 puntos, una cifra que supera incluso los estudios privados, que la ubicaron en torno a los 25 puntos. En cambio, el 26% de los consultados la estimó entre 21 y 30 puntos, y para el 15% estuvo entre 11 y 20 puntos. Sólo para el 3% de los entrevistados la inflación fue inferior a los diez puntos.
Esos números muestran que la opinión pública no les cree a las estadísticas del Indec, según las cuales la inflación en 2010 fue de 10,9 puntos. El sondeo arroja el mismo resultado: para el 78% de los entrevistados, los datos del Indec no reflejan la inflación real y la incredulidad sube mucho más en el segmento con estudios universitarios (al 87%) y en los mayores de 50 años (82%).
Mirando hacia adelante, el valor promedio que predijeron los consultados para la inflación en el próximo año es del 25%, el mismo con el que se manejan los acuerdos salariales y contratos según las estimaciones privadas.
La inflación debería tener un peso mayor en la opinión pública si se compara con la evolución de los ingresos que perciben los argentinos. Si bien el 57% de los encuestados admitió que su sueldo o jubilación aumentó en los últimos 12 meses, el 41% dijo que no había sido así.
Pero además, para el 63% de los consultados, esos aumentos estuvieron por debajo de la suba de precios, es decir que admitieron que su poder de compra cayó. Sólo para el 7% el incremento salarial que recibió superó la inflación, mientras que para el 24% las dos cosas corrieron a la par.
Como broche final del sondeo, Poliarquía preguntó en su encuesta si la inflación será el problema prioritario para el próximo gobierno. El 51% de los encuestados consideró que sí. En cambio, para la otra mitad (el 47%), hay otros temas que deben solucionarse antes.
Los candidatos que quieran conquistar votos dentro de los dos sectores deberán ocuparse especialmente de la inflación... y de todo lo demás.
La Nación
El 74% de los argentinos se siente afectado por la inflación
El mismo porcentaje considera que el Gobierno está poco o nada preocupado por el tema
Domingo 13 de febrero de 2011
Protagonista recurrente de la historia del país en las últimas décadas, la inflación vuelve a ser un tema ineludible de preocupación y debate entre los argentinos.
Según una encuesta realizada por la consultora Poliarquía para LA NACION, hoy el 74% de la sociedad cree que la inflación lo afecta mucho o bastante. Exactamente el mismo porcentaje de los consultados (74%) considera que el Gobierno está poco o nada preocupado por el tema.
Sin embargo, no es la única respuesta llamativa que dan los encuestados. A pesar del desinterés que advierten en el Gobierno, el 52% culpa del aumento de los precios a los "empresarios y comerciantes que buscan ganar más", en tanto que el 38% responsabiliza directamente a las políticas oficiales, y el 10% no sabe o no contesta sobre las causas inflacionarias.
"El dato puede llamar la atención, pero siempre es más sencillo culpar al último eslabón de una cadena por la suba de los precios que comprender las medidas de política económica que provocaron esa inflación", opina Alejandro Catterberg, director de Poliarquía. De todos modos, a la hora de buscar responsables de la suba de precios, la respuesta varía según el alineamiento que el consultado tenga con el gobierno nacional y, en medida mucho menor, su nivel de instrucción.
Así, entre los que aprueban la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, el número de los que responsabilizan al empresariado por la inflación trepa al 70%, mientras que sólo el 22% culpa a las políticas del Gobierno. En cambio, entre los que no adhieren a la gestión oficial, el 64% cree que es culpa del kirchnerismo y sólo el 25% apunta a empresarios y comerciantes.
En cuanto al nivel de instrucción, a mayor educación sube la tendencia a atribuir los aumentos a los fenómenos macroeconómicos provocados por las políticas oficiales. Lo hace el 47% de los consultados con estudios universitarios o terciarios, aunque el 43% responsabiliza a los empresarios. En cambio, el 58% de los entrevistados con educación únicamente primaria culpó al empresariado, y el 31%, al Gobierno.
El estudio también revela que los argentinos consideran a la inflación un problema que los perjudica personalmente, pero creen que impacta en menor medida sobre el país.
"¿Cuál es el principal problema que lo afecta personalmente?", preguntó Poliarquía. Con un 34% de menciones, la inseguridad encabeza la lista muy lejos del resto. La siguen el desempleo (15%) y en tercer lugar la inflación (8%).
En cambio, cuando se les pregunta por el mayor problema que afecta al país, en la lista se ubica la inseguridad (40%), el desempleo (11%), la pobreza (8%), la educación (7%), la clase dirigente (4%) y recién en el sexto puesto asoma la inflación (3%), empatada con la corrupción y los problemas económicos en general.
"Da para pensar que con tasas de desempleo de un dígito se lo considere un problema más grave que la inflación, que tiene tasas del 25%", apuntó Catterberg.
Para el analista, el dato podría explicarse por el trauma que dejaron en la sociedad argentina los años 90 y la crisis de 2001, indefectiblemente asociadas al desempleo. En cambio, la crisis inflacionaria de finales de los 80 aparece más lejana, porque no está tan fresca en la memoria de los que la vivieron y porque las nuevas generaciones no la presenciaron.
Sólo palabras
También es interesante ver las palabras que eligieron los encuestados para definir el sentimiento que sienten frente a la inflación.
La bronca (14% de menciones) y la impotencia (13%) encabezan la lista, seguidas mucho más atrás (con 3%) por la angustia, la preocupación y la sensación de inseguridad. Sólo el 2% dijo que la inflación le provocaba sentimientos de incertidumbre, mayor pobreza o injusticia.
Paradójicamente, el 35% de los encuestados estimó que la inflación en los últimos 12 meses cruzó la barrera de los 30 puntos, una cifra que supera incluso los estudios privados, que la ubicaron en torno a los 25 puntos. En cambio, el 26% de los consultados la estimó entre 21 y 30 puntos, y para el 15% estuvo entre 11 y 20 puntos. Sólo para el 3% de los entrevistados la inflación fue inferior a los diez puntos.
Esos números muestran que la opinión pública no les cree a las estadísticas del Indec, según las cuales la inflación en 2010 fue de 10,9 puntos. El sondeo arroja el mismo resultado: para el 78% de los entrevistados, los datos del Indec no reflejan la inflación real y la incredulidad sube mucho más en el segmento con estudios universitarios (al 87%) y en los mayores de 50 años (82%).
Mirando hacia adelante, el valor promedio que predijeron los consultados para la inflación en el próximo año es del 25%, el mismo con el que se manejan los acuerdos salariales y contratos según las estimaciones privadas.
La inflación debería tener un peso mayor en la opinión pública si se compara con la evolución de los ingresos que perciben los argentinos. Si bien el 57% de los encuestados admitió que su sueldo o jubilación aumentó en los últimos 12 meses, el 41% dijo que no había sido así.
Pero además, para el 63% de los consultados, esos aumentos estuvieron por debajo de la suba de precios, es decir que admitieron que su poder de compra cayó. Sólo para el 7% el incremento salarial que recibió superó la inflación, mientras que para el 24% las dos cosas corrieron a la par.
Como broche final del sondeo, Poliarquía preguntó en su encuesta si la inflación será el problema prioritario para el próximo gobierno. El 51% de los encuestados consideró que sí. En cambio, para la otra mitad (el 47%), hay otros temas que deben solucionarse antes.
Los candidatos que quieran conquistar votos dentro de los dos sectores deberán ocuparse especialmente de la inflación... y de todo lo demás.
La Nación
Avión de USA con armamento no declarado.
Cierran la causa por el material incautado al avión militar de los Estados Unidos
Fuentes judiciales adelantaron a lanacion.com que a última hora de hoy el juez Aguinsky firmará el archivo de la investigación por "inexistencia de delito"
Jueves 10 de marzo de 2011
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky decidió cerrar la causa por el material militar "sensible" incautado de un avión de los Estados Unidos.
Según adelantaron fuentes judiciales a lanacion.com, el juez llegó a la conclusión de que no hubo delito, por lo que ordenará el cierre del expediente. La resolución se firmará en las próximas horas.
Tras recibir una informe de la Aduana, el magistrado determinó la "inexistencia de delito", conforme a la legislación argentina, es decir, que los militares norteamericanos no intentaron ingresar armas de contrabando.
El juez había intimado a la Dirección General de Aduanas a que presente un informe técnico por el avión de los Estados Unidos demorado.
El propio organismo había asegurado días antes que el material ingresado en el avión militar estadounidense demorado en Ezeiza no constituyó un delito, sino una infracción al Código Aduanero.
Así lo había explicado el subdirector general de Técnico Legal Aduanera, Pedro Roveda, al manifestar que "la mercadería se encuentra en un container precintado en Ezeiza y que aún no se finalizó el inventario del contenido", y agregó que "notificarán al magistrado para que concurra al lugar cuando se produzca la verificación".
El episodio por la demora del avión militar de EE.UU. y la confiscación de material militar "sensible" provocó un fuerte cimbronazo en la relación bilateral con Washington. Mientras que el gobierno argentino aseguró que se actuó en estricto cumplimiento de la ley aduanera, la administración de Barack Obama consideró que las autoridades nacionales tuvieron una reacción desmedida y que el incidente pudo haberse resuelto sin que pasara a mayores.
"Escándalo innecesario". Aunque la resolución con el cierre del expediente no está firmada aún, la noticia ya generó reacciones en la oposición. El diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Alfredo Atanasof, celebró la medida.
"Lo dijimos desde el primer día. La situación no ameritaba el escándalo que incentivó el Gobierno. Una vez más, fuimos testigos de como se utilizó la política externa para satisfacer necesidades de política doméstica sin medir las dañinas consecuencias que acarrea para la relación argentina con los Estados Unidos en particular y las relaciones exteriores en general", planteó el legislador del Peronismo Federal.
La Nación
EE.UU. le respondió al Gobierno: "No tenemos por qué pedir disculpas"
El vocero del Departamento de Estado volvió a manifestar su "sorpresa" y "preocupación" por la reacción de la Casa Rosada tras la llegada del avión militar estadounidense; Aníbal Fernández había reclamado que un funcionario pida perdón por llamar mentiroso a Timerman
Miércoles 16 de febrero de 2011
El gobierno de los Estados Unidos respondió hoy a la Argentina al asegurar que no tiene por qué pedir disculpas por el caso del avión militar de ese país que fue demorado el jueves último en Ezeiza con mercadería no declarada.
"No tenemos por qué pedir disculpas", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, en rueda de prensa, luego de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, exhortara hoy al Pentágono a que "obligue" al subsecretario del Departamento de Defensa para Asuntos Hemisféricos, Frank Mora, a "pedirle disculpas" personales al canciller Héctor Timerman por haberlo "llamado 'mentiroso'".
Crowley destacó el "largo historial de estrecha cooperación" con la Argentina y señaló en este sentido la "sorpresa" y "preocupación" que provocó en Washington la "reacción" del gobierno de Cristina Kirchner.
"Mora hasta se animó a llamar mentiroso a nuestro canciller (Héctor Timerman). Espero que el Departamento de Defensa lo obligue a pedir disculpas porque hay un acta que demuestra que quisieron ingresar tres cañones de ametralladora, un cañón de carabina, una carabina y otros materiales que no estaban declarados", había afirmado Aníbal Fernández.
Destrucción del material. El funcionario aseguró además que el avión incurrió en una "infracción aduanera" y que la legislación argentina vigente permite "decomisar el material y disponder de él hasta llegar a su propia destrucción".
"Ante una infracción aduanera como la cometida, hay una ley argentina que hay que cumplir en el marco de la soberanía nacional, que tienen que respetar de nuestro país como nosotros respetamos la de otros países", declaró.
Audio: «Hay una ley argentina que hay que cumplir»
Esta primera frase de Aníbal pareció inspirada por el discurso con el que la Presidenta se metió ayer de lleno en el conflicto, en el que llamó a "defender" la soberanía y los intereses nacionales.
El funcionario aludió a la posibilidad de que la carga confiscada sea finalmente destruida. Mencionó los artículos 954 y 977 del Código Aduanero y precisó: "Si se declara una importación y se trae otra cosa, es atribución de la Aduana decomisar el material y disponer de él hasta llegar a su propia destrucción".
En custodia. El armamento, los equipos de comunicación y el puñado de sustancias ilícitas que traía el avión de la Fuerza Aérea norteamericana permanecen custodiados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la zona primaria aduanera de Ezeiza. Todo está prolijamente ubicado en un container, ordenado en siete pallets y sellado con un precinto satelital que remite directo a un laboratorio emplazado en la sede de la Aduana.
El Globemaster III, de matrícula 77184, arribó a la Argentina el jueves pasado, con el fin de traer material para cursos de seguridad con la Policía Federal. Esta práctica, que se realizó en 2009, fue cancelada en agosto pasado por un evento similar: la declaración hecha previamente por Estados Unidos no coincidía con el cargamento inspeccionado por los organismos de control en Ezeiza.
Esta vez, a pesar de que la Casa Rosada buscó mantener bajo reserva el infortunio, la información se filtró. Después de 48 horas de silencio, el Gobierno optó por dirigir duras críticas a Washington y se abrió un frente inesperado.
La Nación
La Cancillería rompió el silencio sobre el avión norteamericano demorado en Ezeiza
En un comunicado, explicó que había una diferencia entre el material transportado y lo declarado por la embajada de EE.UU.
Sábado 12 de febrero de 2011
Luego de dos días de silencio, la Cancillería envió un comunicado para informar sobre el avión de EE.UU. con un cargamento de armas demorado desde el jueves pasado en el aeropuerto de Ezeiza.
Según el informe, tras un procedimiento realizado por la Aduana y la PSA se detectó que había una diferencia entre el material recibido y el manifiesto entregado a las autoridades locales.
"Como resultado de dicha verificación debieron ser incautados cerca de mil pies cúbicos de material que no figuraba en el listado oficial entregado por la Embajada a la Cancillería", indicaron desde Cancillería.
"Con el material incautado por Aduana y PSA se realizó un inventario que fue firmado por las autoridades presentes de ambos países y quedando a disposición de las autoridades competentes en la materia", añade el informe.
En tanto, "el resto de la carga fue liberado y retirado por las autoridades diplomáticas de Estados Unidos y trasladado a un depósito de su elección".
Según la Cancillería, en agosto pasado debió ser cancelado otro curso de seguridad "cuando un avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se vio imposibilitado de descargar el material "sensitivo" ya que no coincidía con el manifiesto entregado a las autoridades locales".
Curso de seguridad. El cargamento del avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, dice la Cancillería, está destinado a un curso sobre seguridad.
Si bien el informe no especifica qué tipo de material venía en ese cargamento ni qué fuerza lo utilizaría, LA NACION pudo averiguar que se trata de armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.
En diálogo con LA NACION, un alto funcionario contó ayer que el avión norteamericano vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad", práctica que se realiza desde 2009, avalada por acuerdos oficiales. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense.
El pasado 3 de febrero, el canciller Héctor Timerman acusó al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas". Aunque luego trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman pidió informes sobre los planes de estudio.
El avión de EE.UU. que incomodó al Gobierno
Traía armas para un curso con la Federal
Sábado 12 de febrero de 2011
Jesica Bossi
LA NACION
El avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, generó un sacudón puertas adentro del Gobierno. La aeronave, perteneciente a la fuerza aérea de Estados Unidos, demorada anteayer en Ezeiza por presuntas irregularidades, traía armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.
La Casa Rosada manejó el asunto con absoluto sigilo y buscó evitar que se filtrara información. Desde temprano, la historia del avión varado incomodó a Cristina Kirchner, que pidió máxima cautela a ministros y funcionarios.
El infortunio cayó en un momento incómodo. Justo en las últimas semanas, el canciller Héctor Timerman abrió un frente de tormenta contra Estados Unidos: criticó a Mauricio Macri por enviar agentes de la Policía Metropolitana a cursos en una academia de El Salvador, financiados por Estados
Unidos. Lo que no sabía el encargado de las Relaciones Exteriores es que también la Federal toma clases en la misma escuela y eso generó malestar en su par del Gabinete, la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
Desde la residencia de Olivos, ayer se bajó la orden de que el propio Timerman se hiciera cargo de los pormenores de la aeronave que investiga el juez penal económico Ezequiel Berón de Astrada. De hecho, según confiaron dos fuentes a La Nacion, el funcionario estuvo recorriendo el aeropuerto y solicitó datos sobre el hecho.
Al mismo tiempo y en otra sintonía, Garré -de quien depende la Policía Federal y uno de los organismos de control que intervino en la inspección- se reunió con el ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, fuertemente cuestionado por el canciller. Así, en una cita repentina, acordaron cómo coordinar las fuerzas que comandan (ver Información general).
En Balcarce 50, la mayoría se excusó de hablar acerca del avión. Cada ministerio y organismo consultados respondían que el único que iba a dar explicaciones era Timerman. Mientras crecía el misterio, en las oficinas de Cancillería nadie aportaba una versión oficial.
La aeronave norteamericana, de 55 metros de largo y fabricada por Boeing, arribó anteayer a la Argentina. Durante el control de rutina, personal de la Aduana, junto con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), detectó anomalías que son objeto de la pesquisa que se abrió de oficio.
Según pudo saber La Nacion, había diferencia entre las armas declaradas por la tripulación y lo que cotejaron los agentes locales. Por eso, Berón de Astrada pidió informes y más precisión sobre los alcances de la tarea que iba a desempeñar la delegación estadounidense aquí.
El correlato de los entretelones es seguido, a la distancia, por Estados Unidos. Ante la consulta de La Nacion en Washington, fuentes del Pentágono confirmaron estar al tanto de la situación y señalaron que estaban elaborando una respuesta sobre el tema.
Hasta que el affaire lo concentrara Timerman, varios funcionarios se involucraron. Anteanoche, se acercaron al aeropuerto el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados. Ambos responden al ministro de Planificación, Julio De Vido.
Ante la ausencia de comunicados y de postura gubernamental, hubo una catarata de versiones, algunas disparatadas: desde que se trataba de una compra de armamento por parte del gobierno argentino hasta que habían detectado sustancias ilegales en uno de los compartimentos. Llegada la noche, todas esas hipótesis eran descalificadas por fuentes que llevan la investigación.
Días de entrenamiento
En diálogo con La Nacion, un alto funcionario contó que el avión norteamericano, usado para el envío rápido de tropas y cargamento, vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad".
Se trata de una práctica que se realiza desde 2009 y avaladas por acuerdos oficiales, que en su momento suscribieron los ministerios de Justicia y Seguridad (hoy dividido en dos) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense. Es decir, la administración de Barack Obama afrontó todos los gastos operativos de la cruzada.
¿En qué consisten los programas de entrenamiento? Entre otros, efectúan pruebas de tiro y simulacro de rescate de personas. Duran alrededor de 20 días. "Estados Unidos lo hace con la mayoría de los países de Occidente. No sé por qué arman tanto revuelo", inquirió un funcionario.
Anoche, el avión militar seguía en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Estaba celosamente custodiado por una camioneta de la Policía Federal. Nadie del Gabinete había hecho pública la postura del Gobierno, y Timerman, frenético usuario de Twitter, optó también por el silencio.
Idas y vueltas
Denuncia contra Macri y EE.UU. El canciller acusó el 3 de este mes al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas".
Nuevo contrataque A pesar de que trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman insistió y pidió informes sobre los planes de estudio.
Rol incómodo. La Presidenta le ordenó que se hiciera cargo del avión militar demorado en Ezeiza, que venía al país a hacer ejercicios nada menos que con la Policía Federal.
Jesica Bossi
LA NACION
El avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, generó un sacudón puertas adentro del Gobierno. La aeronave, perteneciente a la fuerza aérea de Estados Unidos, demorada anteayer en Ezeiza por presuntas irregularidades, traía armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.
La Casa Rosada manejó el asunto con absoluto sigilo y buscó evitar que se filtrara información. Desde temprano, la historia del avión varado incomodó a Cristina Kirchner, que pidió máxima cautela a ministros y funcionarios.
El infortunio cayó en un momento incómodo. Justo en las últimas semanas, el canciller Héctor Timerman abrió un frente de tormenta contra Estados Unidos: criticó a Mauricio Macri por enviar agentes de la Policía Metropolitana a cursos en una academia de El Salvador, financiados por Estados
Unidos. Lo que no sabía el encargado de las Relaciones Exteriores es que también la Federal toma clases en la misma escuela y eso generó malestar en su par del Gabinete, la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
Desde la residencia de Olivos, ayer se bajó la orden de que el propio Timerman se hiciera cargo de los pormenores de la aeronave que investiga el juez penal económico Ezequiel Berón de Astrada. De hecho, según confiaron dos fuentes a La Nacion, el funcionario estuvo recorriendo el aeropuerto y solicitó datos sobre el hecho.
Al mismo tiempo y en otra sintonía, Garré -de quien depende la Policía Federal y uno de los organismos de control que intervino en la inspección- se reunió con el ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, fuertemente cuestionado por el canciller. Así, en una cita repentina, acordaron cómo coordinar las fuerzas que comandan (ver Información general).
En Balcarce 50, la mayoría se excusó de hablar acerca del avión. Cada ministerio y organismo consultados respondían que el único que iba a dar explicaciones era Timerman. Mientras crecía el misterio, en las oficinas de Cancillería nadie aportaba una versión oficial.
La aeronave norteamericana, de 55 metros de largo y fabricada por Boeing, arribó anteayer a la Argentina. Durante el control de rutina, personal de la Aduana, junto con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), detectó anomalías que son objeto de la pesquisa que se abrió de oficio.
Según pudo saber La Nacion, había diferencia entre las armas declaradas por la tripulación y lo que cotejaron los agentes locales. Por eso, Berón de Astrada pidió informes y más precisión sobre los alcances de la tarea que iba a desempeñar la delegación estadounidense aquí.
El correlato de los entretelones es seguido, a la distancia, por Estados Unidos. Ante la consulta de La Nacion en Washington, fuentes del Pentágono confirmaron estar al tanto de la situación y señalaron que estaban elaborando una respuesta sobre el tema.
Hasta que el affaire lo concentrara Timerman, varios funcionarios se involucraron. Anteanoche, se acercaron al aeropuerto el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados. Ambos responden al ministro de Planificación, Julio De Vido.
Ante la ausencia de comunicados y de postura gubernamental, hubo una catarata de versiones, algunas disparatadas: desde que se trataba de una compra de armamento por parte del gobierno argentino hasta que habían detectado sustancias ilegales en uno de los compartimentos. Llegada la noche, todas esas hipótesis eran descalificadas por fuentes que llevan la investigación.
Días de entrenamiento
En diálogo con La Nacion, un alto funcionario contó que el avión norteamericano, usado para el envío rápido de tropas y cargamento, vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad".
Se trata de una práctica que se realiza desde 2009 y avaladas por acuerdos oficiales, que en su momento suscribieron los ministerios de Justicia y Seguridad (hoy dividido en dos) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense. Es decir, la administración de Barack Obama afrontó todos los gastos operativos de la cruzada.
¿En qué consisten los programas de entrenamiento? Entre otros, efectúan pruebas de tiro y simulacro de rescate de personas. Duran alrededor de 20 días. "Estados Unidos lo hace con la mayoría de los países de Occidente. No sé por qué arman tanto revuelo", inquirió un funcionario.
Anoche, el avión militar seguía en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Estaba celosamente custodiado por una camioneta de la Policía Federal. Nadie del Gabinete había hecho pública la postura del Gobierno, y Timerman, frenético usuario de Twitter, optó también por el silencio.
Idas y vueltas
Denuncia contra Macri y EE.UU. El canciller acusó el 3 de este mes al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas".
Nuevo contrataque A pesar de que trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman insistió y pidió informes sobre los planes de estudio.
Rol incómodo. La Presidenta le ordenó que se hiciera cargo del avión militar demorado en Ezeiza, que venía al país a hacer ejercicios nada menos que con la Policía Federal.
La Justicia le pedirá un informe a la Aduana
Un juez y un fiscal investigan si existió alguna irregularidad
Sábado 12 de febrero de 2011
Gabriel Di Nicola
LA NACION
Para la Justicia no es un tema más. Un juez y un fiscal quieren investigar en detalle cuál era la carga del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos demorado en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Así lo informaron a La Nacion fuentes judiciales. "Queremos saber si existió alguna irregularidad. Si el avión abandona el país y después se descubre una anomalía se complicará la investigación", agregaron los voceros consultados.
El juez y el fiscal en lo penal económico, Ezequiel Berón de Astrada y Roberto Leanza, respectivamente, le solicitarán en las próximas horas a la Aduana que les remita un informe completo sobre la carga del avión y sobre los días que la aeronave iba a permanecer en territorio argentino.
Anteanoche, Berón de Astrada y Leanza habían comenzado a actuar de oficio después de enterarse por los medios de comunicación que se estaba realizando un control aduanero sobre la carga del avión. En un principio se rumoreaba que podía haber un contrabando de armas o de material ingresado al país sin ser declarado.
"La Aduana no hizo ninguna denuncia. Si se descubre alguna irregularidad, la responsabilidad será de la Aduana", afirmó un investigador judicial.
Por medio de una comunicación telefónica y un informe de una carilla, la Aduana le informó a Berón de Astrada que la carga se trataba de armas con ingreso "de importación temporaria" con documentación en orden y que no hacían la denuncia porque consideraban que ni siquiera había ocurrido una infracción aduanera, informaron a La Nacion fuentes judiciales.
Pero el juez y el fiscal no se conformaron. Quieren un informe detallado porque "si bien las armas tenían la documentación en orden, habría otros elementos como cascos y chalecos, que pertenecerían a la tripulación, que no fueron declarados", explicó un investigador judicial.
La misma fuente agregó: "Se solicitará que se elabore en detalle cuál era la carga inventariada. Se pedirá con precisión la cantidad de armas que transportaba el avión que presuntamente tenían la documentación en orden y si había otro material que no fue declarado. Informalmente se explicó que los cascos y los chalecos no habían sido declarados porque la tripulación sostenía que era cuestiones personales".
Berón de Astrada y Leanza fueron comunicados sobre los motivos del arribo del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a la Argentina: ejercicios en conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales.
"Pero no hubo una información oficial sobre cuántos días iba a durar el curso y otros detalles que puedan ser de importancia", explicó a La Nacion una fuente de la causa.
Si bien La Nacion pudo saber que los ejercicios en conjunto se iban a hacer con personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal la Justicia no tenía ninguna información al respecto.
Después de que la Aduana le conteste el pedido de informes, Berón de Astrada y Leanza determinarán los pasos por seguir y sabrá si hubo alguna irregularidad o si, como dijo la Aduana, no hubo "ni siquiera una infracción aduanera".
Fuentes judiciales adelantaron a lanacion.com que a última hora de hoy el juez Aguinsky firmará el archivo de la investigación por "inexistencia de delito"
Jueves 10 de marzo de 2011
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky decidió cerrar la causa por el material militar "sensible" incautado de un avión de los Estados Unidos.
Según adelantaron fuentes judiciales a lanacion.com, el juez llegó a la conclusión de que no hubo delito, por lo que ordenará el cierre del expediente. La resolución se firmará en las próximas horas.
Tras recibir una informe de la Aduana, el magistrado determinó la "inexistencia de delito", conforme a la legislación argentina, es decir, que los militares norteamericanos no intentaron ingresar armas de contrabando.
El juez había intimado a la Dirección General de Aduanas a que presente un informe técnico por el avión de los Estados Unidos demorado.
El propio organismo había asegurado días antes que el material ingresado en el avión militar estadounidense demorado en Ezeiza no constituyó un delito, sino una infracción al Código Aduanero.
Así lo había explicado el subdirector general de Técnico Legal Aduanera, Pedro Roveda, al manifestar que "la mercadería se encuentra en un container precintado en Ezeiza y que aún no se finalizó el inventario del contenido", y agregó que "notificarán al magistrado para que concurra al lugar cuando se produzca la verificación".
El episodio por la demora del avión militar de EE.UU. y la confiscación de material militar "sensible" provocó un fuerte cimbronazo en la relación bilateral con Washington. Mientras que el gobierno argentino aseguró que se actuó en estricto cumplimiento de la ley aduanera, la administración de Barack Obama consideró que las autoridades nacionales tuvieron una reacción desmedida y que el incidente pudo haberse resuelto sin que pasara a mayores.
"Escándalo innecesario". Aunque la resolución con el cierre del expediente no está firmada aún, la noticia ya generó reacciones en la oposición. El diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Alfredo Atanasof, celebró la medida.
"Lo dijimos desde el primer día. La situación no ameritaba el escándalo que incentivó el Gobierno. Una vez más, fuimos testigos de como se utilizó la política externa para satisfacer necesidades de política doméstica sin medir las dañinas consecuencias que acarrea para la relación argentina con los Estados Unidos en particular y las relaciones exteriores en general", planteó el legislador del Peronismo Federal.
La Nación
EE.UU. le respondió al Gobierno: "No tenemos por qué pedir disculpas"
El vocero del Departamento de Estado volvió a manifestar su "sorpresa" y "preocupación" por la reacción de la Casa Rosada tras la llegada del avión militar estadounidense; Aníbal Fernández había reclamado que un funcionario pida perdón por llamar mentiroso a Timerman
Miércoles 16 de febrero de 2011
El gobierno de los Estados Unidos respondió hoy a la Argentina al asegurar que no tiene por qué pedir disculpas por el caso del avión militar de ese país que fue demorado el jueves último en Ezeiza con mercadería no declarada.
"No tenemos por qué pedir disculpas", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, en rueda de prensa, luego de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, exhortara hoy al Pentágono a que "obligue" al subsecretario del Departamento de Defensa para Asuntos Hemisféricos, Frank Mora, a "pedirle disculpas" personales al canciller Héctor Timerman por haberlo "llamado 'mentiroso'".
Crowley destacó el "largo historial de estrecha cooperación" con la Argentina y señaló en este sentido la "sorpresa" y "preocupación" que provocó en Washington la "reacción" del gobierno de Cristina Kirchner.
"Mora hasta se animó a llamar mentiroso a nuestro canciller (Héctor Timerman). Espero que el Departamento de Defensa lo obligue a pedir disculpas porque hay un acta que demuestra que quisieron ingresar tres cañones de ametralladora, un cañón de carabina, una carabina y otros materiales que no estaban declarados", había afirmado Aníbal Fernández.
Destrucción del material. El funcionario aseguró además que el avión incurrió en una "infracción aduanera" y que la legislación argentina vigente permite "decomisar el material y disponder de él hasta llegar a su propia destrucción".
"Ante una infracción aduanera como la cometida, hay una ley argentina que hay que cumplir en el marco de la soberanía nacional, que tienen que respetar de nuestro país como nosotros respetamos la de otros países", declaró.
Audio: «Hay una ley argentina que hay que cumplir»
Esta primera frase de Aníbal pareció inspirada por el discurso con el que la Presidenta se metió ayer de lleno en el conflicto, en el que llamó a "defender" la soberanía y los intereses nacionales.
El funcionario aludió a la posibilidad de que la carga confiscada sea finalmente destruida. Mencionó los artículos 954 y 977 del Código Aduanero y precisó: "Si se declara una importación y se trae otra cosa, es atribución de la Aduana decomisar el material y disponer de él hasta llegar a su propia destrucción".
En custodia. El armamento, los equipos de comunicación y el puñado de sustancias ilícitas que traía el avión de la Fuerza Aérea norteamericana permanecen custodiados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la zona primaria aduanera de Ezeiza. Todo está prolijamente ubicado en un container, ordenado en siete pallets y sellado con un precinto satelital que remite directo a un laboratorio emplazado en la sede de la Aduana.
El Globemaster III, de matrícula 77184, arribó a la Argentina el jueves pasado, con el fin de traer material para cursos de seguridad con la Policía Federal. Esta práctica, que se realizó en 2009, fue cancelada en agosto pasado por un evento similar: la declaración hecha previamente por Estados Unidos no coincidía con el cargamento inspeccionado por los organismos de control en Ezeiza.
Esta vez, a pesar de que la Casa Rosada buscó mantener bajo reserva el infortunio, la información se filtró. Después de 48 horas de silencio, el Gobierno optó por dirigir duras críticas a Washington y se abrió un frente inesperado.
La Nación
La Cancillería rompió el silencio sobre el avión norteamericano demorado en Ezeiza
En un comunicado, explicó que había una diferencia entre el material transportado y lo declarado por la embajada de EE.UU.
Sábado 12 de febrero de 2011
Luego de dos días de silencio, la Cancillería envió un comunicado para informar sobre el avión de EE.UU. con un cargamento de armas demorado desde el jueves pasado en el aeropuerto de Ezeiza.
Según el informe, tras un procedimiento realizado por la Aduana y la PSA se detectó que había una diferencia entre el material recibido y el manifiesto entregado a las autoridades locales.
"Como resultado de dicha verificación debieron ser incautados cerca de mil pies cúbicos de material que no figuraba en el listado oficial entregado por la Embajada a la Cancillería", indicaron desde Cancillería.
"Con el material incautado por Aduana y PSA se realizó un inventario que fue firmado por las autoridades presentes de ambos países y quedando a disposición de las autoridades competentes en la materia", añade el informe.
En tanto, "el resto de la carga fue liberado y retirado por las autoridades diplomáticas de Estados Unidos y trasladado a un depósito de su elección".
Según la Cancillería, en agosto pasado debió ser cancelado otro curso de seguridad "cuando un avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se vio imposibilitado de descargar el material "sensitivo" ya que no coincidía con el manifiesto entregado a las autoridades locales".
Curso de seguridad. El cargamento del avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, dice la Cancillería, está destinado a un curso sobre seguridad.
Si bien el informe no especifica qué tipo de material venía en ese cargamento ni qué fuerza lo utilizaría, LA NACION pudo averiguar que se trata de armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.
En diálogo con LA NACION, un alto funcionario contó ayer que el avión norteamericano vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad", práctica que se realiza desde 2009, avalada por acuerdos oficiales. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense.
El pasado 3 de febrero, el canciller Héctor Timerman acusó al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas". Aunque luego trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman pidió informes sobre los planes de estudio.
El avión de EE.UU. que incomodó al Gobierno
Traía armas para un curso con la Federal
Sábado 12 de febrero de 2011
Jesica Bossi
LA NACION
El avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, generó un sacudón puertas adentro del Gobierno. La aeronave, perteneciente a la fuerza aérea de Estados Unidos, demorada anteayer en Ezeiza por presuntas irregularidades, traía armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.
La Casa Rosada manejó el asunto con absoluto sigilo y buscó evitar que se filtrara información. Desde temprano, la historia del avión varado incomodó a Cristina Kirchner, que pidió máxima cautela a ministros y funcionarios.
El infortunio cayó en un momento incómodo. Justo en las últimas semanas, el canciller Héctor Timerman abrió un frente de tormenta contra Estados Unidos: criticó a Mauricio Macri por enviar agentes de la Policía Metropolitana a cursos en una academia de El Salvador, financiados por Estados
Unidos. Lo que no sabía el encargado de las Relaciones Exteriores es que también la Federal toma clases en la misma escuela y eso generó malestar en su par del Gabinete, la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
Desde la residencia de Olivos, ayer se bajó la orden de que el propio Timerman se hiciera cargo de los pormenores de la aeronave que investiga el juez penal económico Ezequiel Berón de Astrada. De hecho, según confiaron dos fuentes a La Nacion, el funcionario estuvo recorriendo el aeropuerto y solicitó datos sobre el hecho.
Al mismo tiempo y en otra sintonía, Garré -de quien depende la Policía Federal y uno de los organismos de control que intervino en la inspección- se reunió con el ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, fuertemente cuestionado por el canciller. Así, en una cita repentina, acordaron cómo coordinar las fuerzas que comandan (ver Información general).
En Balcarce 50, la mayoría se excusó de hablar acerca del avión. Cada ministerio y organismo consultados respondían que el único que iba a dar explicaciones era Timerman. Mientras crecía el misterio, en las oficinas de Cancillería nadie aportaba una versión oficial.
La aeronave norteamericana, de 55 metros de largo y fabricada por Boeing, arribó anteayer a la Argentina. Durante el control de rutina, personal de la Aduana, junto con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), detectó anomalías que son objeto de la pesquisa que se abrió de oficio.
Según pudo saber La Nacion, había diferencia entre las armas declaradas por la tripulación y lo que cotejaron los agentes locales. Por eso, Berón de Astrada pidió informes y más precisión sobre los alcances de la tarea que iba a desempeñar la delegación estadounidense aquí.
El correlato de los entretelones es seguido, a la distancia, por Estados Unidos. Ante la consulta de La Nacion en Washington, fuentes del Pentágono confirmaron estar al tanto de la situación y señalaron que estaban elaborando una respuesta sobre el tema.
Hasta que el affaire lo concentrara Timerman, varios funcionarios se involucraron. Anteanoche, se acercaron al aeropuerto el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados. Ambos responden al ministro de Planificación, Julio De Vido.
Ante la ausencia de comunicados y de postura gubernamental, hubo una catarata de versiones, algunas disparatadas: desde que se trataba de una compra de armamento por parte del gobierno argentino hasta que habían detectado sustancias ilegales en uno de los compartimentos. Llegada la noche, todas esas hipótesis eran descalificadas por fuentes que llevan la investigación.
Días de entrenamiento
En diálogo con La Nacion, un alto funcionario contó que el avión norteamericano, usado para el envío rápido de tropas y cargamento, vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad".
Se trata de una práctica que se realiza desde 2009 y avaladas por acuerdos oficiales, que en su momento suscribieron los ministerios de Justicia y Seguridad (hoy dividido en dos) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense. Es decir, la administración de Barack Obama afrontó todos los gastos operativos de la cruzada.
¿En qué consisten los programas de entrenamiento? Entre otros, efectúan pruebas de tiro y simulacro de rescate de personas. Duran alrededor de 20 días. "Estados Unidos lo hace con la mayoría de los países de Occidente. No sé por qué arman tanto revuelo", inquirió un funcionario.
Anoche, el avión militar seguía en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Estaba celosamente custodiado por una camioneta de la Policía Federal. Nadie del Gabinete había hecho pública la postura del Gobierno, y Timerman, frenético usuario de Twitter, optó también por el silencio.
Idas y vueltas
Denuncia contra Macri y EE.UU. El canciller acusó el 3 de este mes al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas".
Nuevo contrataque A pesar de que trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman insistió y pidió informes sobre los planes de estudio.
Rol incómodo. La Presidenta le ordenó que se hiciera cargo del avión militar demorado en Ezeiza, que venía al país a hacer ejercicios nada menos que con la Policía Federal.
Jesica Bossi
LA NACION
El avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, generó un sacudón puertas adentro del Gobierno. La aeronave, perteneciente a la fuerza aérea de Estados Unidos, demorada anteayer en Ezeiza por presuntas irregularidades, traía armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.
La Casa Rosada manejó el asunto con absoluto sigilo y buscó evitar que se filtrara información. Desde temprano, la historia del avión varado incomodó a Cristina Kirchner, que pidió máxima cautela a ministros y funcionarios.
El infortunio cayó en un momento incómodo. Justo en las últimas semanas, el canciller Héctor Timerman abrió un frente de tormenta contra Estados Unidos: criticó a Mauricio Macri por enviar agentes de la Policía Metropolitana a cursos en una academia de El Salvador, financiados por Estados
Unidos. Lo que no sabía el encargado de las Relaciones Exteriores es que también la Federal toma clases en la misma escuela y eso generó malestar en su par del Gabinete, la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
Desde la residencia de Olivos, ayer se bajó la orden de que el propio Timerman se hiciera cargo de los pormenores de la aeronave que investiga el juez penal económico Ezequiel Berón de Astrada. De hecho, según confiaron dos fuentes a La Nacion, el funcionario estuvo recorriendo el aeropuerto y solicitó datos sobre el hecho.
Al mismo tiempo y en otra sintonía, Garré -de quien depende la Policía Federal y uno de los organismos de control que intervino en la inspección- se reunió con el ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, fuertemente cuestionado por el canciller. Así, en una cita repentina, acordaron cómo coordinar las fuerzas que comandan (ver Información general).
En Balcarce 50, la mayoría se excusó de hablar acerca del avión. Cada ministerio y organismo consultados respondían que el único que iba a dar explicaciones era Timerman. Mientras crecía el misterio, en las oficinas de Cancillería nadie aportaba una versión oficial.
La aeronave norteamericana, de 55 metros de largo y fabricada por Boeing, arribó anteayer a la Argentina. Durante el control de rutina, personal de la Aduana, junto con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), detectó anomalías que son objeto de la pesquisa que se abrió de oficio.
Según pudo saber La Nacion, había diferencia entre las armas declaradas por la tripulación y lo que cotejaron los agentes locales. Por eso, Berón de Astrada pidió informes y más precisión sobre los alcances de la tarea que iba a desempeñar la delegación estadounidense aquí.
El correlato de los entretelones es seguido, a la distancia, por Estados Unidos. Ante la consulta de La Nacion en Washington, fuentes del Pentágono confirmaron estar al tanto de la situación y señalaron que estaban elaborando una respuesta sobre el tema.
Hasta que el affaire lo concentrara Timerman, varios funcionarios se involucraron. Anteanoche, se acercaron al aeropuerto el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados. Ambos responden al ministro de Planificación, Julio De Vido.
Ante la ausencia de comunicados y de postura gubernamental, hubo una catarata de versiones, algunas disparatadas: desde que se trataba de una compra de armamento por parte del gobierno argentino hasta que habían detectado sustancias ilegales en uno de los compartimentos. Llegada la noche, todas esas hipótesis eran descalificadas por fuentes que llevan la investigación.
Días de entrenamiento
En diálogo con La Nacion, un alto funcionario contó que el avión norteamericano, usado para el envío rápido de tropas y cargamento, vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad".
Se trata de una práctica que se realiza desde 2009 y avaladas por acuerdos oficiales, que en su momento suscribieron los ministerios de Justicia y Seguridad (hoy dividido en dos) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense. Es decir, la administración de Barack Obama afrontó todos los gastos operativos de la cruzada.
¿En qué consisten los programas de entrenamiento? Entre otros, efectúan pruebas de tiro y simulacro de rescate de personas. Duran alrededor de 20 días. "Estados Unidos lo hace con la mayoría de los países de Occidente. No sé por qué arman tanto revuelo", inquirió un funcionario.
Anoche, el avión militar seguía en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Estaba celosamente custodiado por una camioneta de la Policía Federal. Nadie del Gabinete había hecho pública la postura del Gobierno, y Timerman, frenético usuario de Twitter, optó también por el silencio.
Idas y vueltas
Denuncia contra Macri y EE.UU. El canciller acusó el 3 de este mes al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas".
Nuevo contrataque A pesar de que trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman insistió y pidió informes sobre los planes de estudio.
Rol incómodo. La Presidenta le ordenó que se hiciera cargo del avión militar demorado en Ezeiza, que venía al país a hacer ejercicios nada menos que con la Policía Federal.
La Justicia le pedirá un informe a la Aduana
Un juez y un fiscal investigan si existió alguna irregularidad
Sábado 12 de febrero de 2011
Gabriel Di Nicola
LA NACION
Para la Justicia no es un tema más. Un juez y un fiscal quieren investigar en detalle cuál era la carga del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos demorado en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Así lo informaron a La Nacion fuentes judiciales. "Queremos saber si existió alguna irregularidad. Si el avión abandona el país y después se descubre una anomalía se complicará la investigación", agregaron los voceros consultados.
El juez y el fiscal en lo penal económico, Ezequiel Berón de Astrada y Roberto Leanza, respectivamente, le solicitarán en las próximas horas a la Aduana que les remita un informe completo sobre la carga del avión y sobre los días que la aeronave iba a permanecer en territorio argentino.
Anteanoche, Berón de Astrada y Leanza habían comenzado a actuar de oficio después de enterarse por los medios de comunicación que se estaba realizando un control aduanero sobre la carga del avión. En un principio se rumoreaba que podía haber un contrabando de armas o de material ingresado al país sin ser declarado.
"La Aduana no hizo ninguna denuncia. Si se descubre alguna irregularidad, la responsabilidad será de la Aduana", afirmó un investigador judicial.
Por medio de una comunicación telefónica y un informe de una carilla, la Aduana le informó a Berón de Astrada que la carga se trataba de armas con ingreso "de importación temporaria" con documentación en orden y que no hacían la denuncia porque consideraban que ni siquiera había ocurrido una infracción aduanera, informaron a La Nacion fuentes judiciales.
Pero el juez y el fiscal no se conformaron. Quieren un informe detallado porque "si bien las armas tenían la documentación en orden, habría otros elementos como cascos y chalecos, que pertenecerían a la tripulación, que no fueron declarados", explicó un investigador judicial.
La misma fuente agregó: "Se solicitará que se elabore en detalle cuál era la carga inventariada. Se pedirá con precisión la cantidad de armas que transportaba el avión que presuntamente tenían la documentación en orden y si había otro material que no fue declarado. Informalmente se explicó que los cascos y los chalecos no habían sido declarados porque la tripulación sostenía que era cuestiones personales".
Berón de Astrada y Leanza fueron comunicados sobre los motivos del arribo del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a la Argentina: ejercicios en conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales.
"Pero no hubo una información oficial sobre cuántos días iba a durar el curso y otros detalles que puedan ser de importancia", explicó a La Nacion una fuente de la causa.
Si bien La Nacion pudo saber que los ejercicios en conjunto se iban a hacer con personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal la Justicia no tenía ninguna información al respecto.
Después de que la Aduana le conteste el pedido de informes, Berón de Astrada y Leanza determinarán los pasos por seguir y sabrá si hubo alguna irregularidad o si, como dijo la Aduana, no hubo "ni siquiera una infracción aduanera".
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