Jueves 27 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Cerca de la libertad

Absuelven a "Mi Sangre" y ya no tiene causas narco en Colombia

Si un tribunal de los EE.UU. no envía el pedido de extradición formal, López Londoño saldría de la cárcel

l día en que fue detenido, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, lo calificó como el narcocriminal más buscado del mundo. El acusado, Henry de Jesús López Londoño, apodado "Mi Sangre", se defendió y explicó que era un perseguido político del gobierno de Colombia y que había sido absuelto en todas las causas abiertas en su país. En las últimas horas, el Tribunal Superior de Colombia confirmó las absoluciones.

Así lo informó a LA NACION uno de sus abogados defensores, Carlos Olita. "Se trata de causas conexas. El Tribunal Superior de Colombia confirmó las absoluciones", agregó Olita.

López Londoño ya tenía absoluciones en ocho causas judiciales por narcotráfico en Colombia. Eran fallos de primera y de segunda instancia. Ahora la resolución fue del máximo tribunal de Colombia.

López Londoño está detenido en la cárcel de Ezeiza a disposición del juez federal Sebastián Ramos. Sobre él pesaba un pedido de extradición de un tribunal de Florida, en los Estados Unidos.

Según informó Olita, entre el 31 de este mes y el 2 de enero próximo vencería el plazo para que los EE.UU. remitan a la justicia argentina la extradición formal con la causa y la acusación en contra del ciudadano colombiano.

En dos audiencia que tuvo con el juez Ramos, López Londoño explicó su negativa de ser extraditado a los Estados Unidos.

Tiempo atrás, Olita había dicho a LA NACION que su cliente le contó que todos los expedientes que había en su contra fueron "causas políticas armadas para que no dijera la verdad de lo que sabe sobre cuando fue paramilitar en Colombia", durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

"Cuando él se fue de la fuerza enfrentó un «juicio por la verdad» respecto de la responsabilidad que le cabía a cada uno y hay funcionarios y policías de aquella época que ahora están en el poder y lo están persiguiendo", agregó el abogado.

En los próximos días se sabrá si López Londoño, que ingresó en el país con una identidad falsa, recupera la libertad o sigue el trámite de extradición.

La Nacion

Miércoles 26 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Uniformidad

La ley de medios esconde un autoritarismo provinciano

Por Julio Bárbaro  | Para LA NACION

l convertirse en una norma aplicable a la realidad del universo mediático, la polémica ley de medios exhibe su llamativa desnudez. Se trata de una ley en cuyo nombre los discursos ocuparon el apabullante espacio del progresismo sin oposición a la vista: parecían referirse a un dogma de fe, a un avance que iluminaba el camino de otras naciones en busca de su libertad. Y de pronto ese futuro delata su identificación con el peor pasado, el de las dictaduras estatales que aplastaban las opiniones de los que no aplaudían, de los que se animaban a disentir.

El objetivo repetido hasta el hartazgo es multiplicar las voces, pero el resultado a la vista es la uniformidad del pensamiento a partir de la imposición del Estado. Una ley que surge de teóricos que entienden que detrás de todo poder económico se encuentra el mal -sobre todo si se trata de los poderes que opinan- muestra marcada vocación de asociación con aquellos que callan. Así, el Estado viene a demoler supuestas corporaciones y monopolios, a utilizar la democracia como excusa para acallar a todo adversario al que el Gobierno, en su fanatismo, reduce al lugar de enemigo. Se trata de un simple y remanido estatismo que se autoasigna el lugar de la libertad.

Durante mi gestión en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) otorgamos alrededor de 2500 licencias de radios de corto alcance a todo lo ancho y largo del territorio nacional, utilizando el sentido común y la voluntad política de hacer efectiva la pluralidad de voces y, lo que es importante señalar, sin contar en ese tiempo con la progresista ley de medios, ya que no era necesaria para asumir que donde hay espacio en el espectro hay derechos a ocuparlos con un medio.

Paradójicamente, mis sucesores en el cargo, desde Gabriel Mariotto hasta Martín Sabbatella, han continuado otorgando licencias de radio en trámites iniciados durante mi gestión, bajo la normativa de la ley 22.285. Durante estos últimos tres años no sólo no han entregado aún licencias audiovisuales con la nueva ley, sino que han dejado sin efecto los concursos para la TV digital que habían sido convocados con un dudoso criterio de "pluralidad", a la luz del altísimo costo de los pliegos. Es decir, la pluralidad de voces se ha venido haciendo realidad aplicando la normativa anterior.

La ley surge del resentimiento de muchos que imaginan que sus propias opiniones son más valiosas que las de quienes, desde los medios, confrontan con sus ideas

Visité personalmente comunidades de pueblos originarios para ayudarlos en el desarrollo de sus propias radios. Jamás se me hubiera ocurrido que esa gestión requiriera del sustento de una ley. Por la dimensión de esas comunidades, las cosas se resuelven con unidades de corto alcance.

Cuando asumimos me tocó ocuparme del canal 10 de Tucumán; había sido otorgado a la Universidad, que lo había convertido en privado cuando no tenía derecho a hacerlo, como ocurrió con otros medios en manos del Estado o entidades sin fines de lucro que, al perder su audiencia, dejaban de generar interés en su explotación. Por eso, crear una cantidad de medios oficialistas sin que tengan relación con la audiencia implica destinar recursos, que tanto nos faltan para urgencias concretas, a tareas que sólo satisfacen las necesidades del oficialismo de turno.

La ley surge del resentimiento de muchos que imaginan que sus propias opiniones son más valiosas que las de quienes, desde los medios, confrontan con sus ideas. Así se crean cantidad de medios oficiales, y así se ha producido la conversión a la religión oficial de Canal 9 y Crónica TV, C5N, para no mencionar la neutralidad apolítica de Canal 11. Y otro tanto sucede en el mundo de las radios.

El oficialismo ataca por medio del Estado y sus amigos del mundo privado, beneficia voces amigas con pautas publicitarias y otras caricias, mientras persigue a los díscolos con todas las armas a su alcance. Y mantiene licencia única para las Telefónicas y Direct TV, obligando a los cables a tener una licencia por cada servicio. Una forma de discriminar y poder seleccionar enemigos

Vemos una pulseada entre el Estado y el ámbito privado, en la que los funcionarios se atribuyen la representación de los humildes sólo como consecuencia del resultado electoral

Entre el Estado y los privados apareció de pronto la Universidad, y la propuesta surgió alejada de toda experiencia en el tema, como no fuera cierto conocimiento teórico habitualmente alejado de las redacciones y las salas de edición. Es innegable que el peso del Grupo Clarín era demasiado para el resto de los competidores; escuché durante mi gestión expresiones en este sentido. Lo absurdo es el desarrollo de semejante ley para imponer los límites necesarios. Es cierto que el Gobierno tenía los votos, tanto como que Clarín tenía una parte importante del negocio audiovisual que se reflejaba, también, en una porción de la audiencia. Y al margen de las virtudes y defectos del supuesto destinatario, no podemos negar que la audiencia merece respeto como tal y no en cuanto potencial masa de votantes; la ley se olvida de ella en lo que se refiere a su libertad para elegir la programación; salvo que nos creamos con el derecho de enseñarle a la gente a pensar, con el fin de que nos vote.

Y aquí vemos una pulseada entre el Estado y el ámbito privado, en la que los funcionarios se atribuyen la representación de los humildes sólo como consecuencia del resultado electoral. Y luego intentan continuar su lucha a través de la Justicia, como si el 54% de los votos les asignara el ciento por ciento del poder. Todo el que no los obedece pertenece al espacio de las tinieblas, monopolios y corporaciones, derechas y representantes extranjeros.

La ley de medios no vino a democratizar el espectro. Vino a imponer el peso del Estado sobre el resto del poder privado, sobre la misma sociedad. Detrás de ella hay un complejo acercamiento de fanatismos, un autoritarismo provinciano que se encuentra con sectores de viejas izquierdas y grupos intelectuales para engendrar una rara trama donde el Gobierno ofrece sus espacios rentados y las lealtades justifican, siempre a posteriori, las ocurrencias del oficialismo.

En definitiva, la ley de medios vino a expandir el espacio rentado de los oficialismos, a forjar costosos espacios radiales y televisivos donde los aplaudidores se expresan a su gusto, sin temer el riesgo de escucharse a sí mismos, con un organismo, la Afsca, que va creciendo de gestión en gestión al sólo efecto de poder controlar los contenidos y someter administrativa, comercial y financieramente al tercio privado de emisoras que no se encolumna con la cadena oficial de medios.

El dinero es del Estado, los costos son un detalle y las audiencias, un problema de las corporaciones. El oficialismo no necesita de alguien que lo escuche, pero sí quiere que no sean escuchados sus opositores.

Tenemos una ley de medios que en su ejecución se asemeja al conflicto con la Justicia: de un lado, un gobierno que intenta imponer su autoritarismo con pretensiones de ideología; del otro, una sociedad que se defiende y no está dispuesta a dejarse doblegar.

Al final del túnel se encuentra la verdadera luz de la democracia. Vale la pena forjar en este tiempo una alternativa digna que nos permita recuperar el orgullo nacional.

© LA NACION

Miércoles 26 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

La pauta probatoria en los delitos de lesa humanidad

Nuestra jurisprudencia aún no recogió los estándares de los tribunales internacionales para juzgar y probar violaciones de derechos humanos

La Corte Penal Internacional, en lo que ha sido sólo su segunda decisión firme, acaba de absolver a Mathieu Ngudjolo de las horribles acusaciones que pesaban sobre él en relación con los crímenes de guerra, esto es, con delitos de lesa humanidad perpetrados en el transcurso de un conflicto armado interno, cometidos en el Congo, en 2003.

Se trata de asesinatos (con gente quemada viva o asesinada con machetes) y violaciones, de los que fueron víctimas unas 200 personas, incluyendo mujeres y niños, en un pueblito congolés llamado Bogoro, en una provincia rica en minerales preciosos.

¿Por qué fue absuelto el acusado? No porque los crímenes no existieron, sino porque, desde la fiscalía, no se pudo probar "más allá de toda duda razonable" su participación en ellos. Es decir que no se demostró que tuviera conocimiento pleno no sólo de lo sucedido, sino, además, que su conducta se hallara vinculada y atada a la intencionalidad y propósitos inhumanos de quienes, en los hechos, consumaron los aberrantes delitos dentro de un plan criminal común sistemático, exigencia ineludible en este tipo particular de delitos.

Ocurre que ésa, y no otra, es la pauta probatoria que hoy indiscutiblemente está vigente para este tipo de crímenes en todos y cada uno de los tribunales penales internacionales, sin excepción. Es, además, la expresamente reconocida en el propio Estatuto de Roma, en su articulado, y por el Reglamento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Esa pauta es tan importante que, con razón, ese último tribunal tiene dicho que ella "tiene que ver con la garantía del Estado de Derecho". Esto garantiza que se haga justicia en lugar de revancha. Por esto, toda la doctrina internacional moderna es unánime en defender y aceptar esta misma pauta probatoria, que naturalmente impone a los acusadores el deber de probar sus acusaciones "más allá de toda duda razonable", como exigencia imperiosa que es para respetar la presunción de inocencia. Así, se actúa con seriedad y se puede hacer justicia con conciencia. Esa pauta es necesaria para evitar invertir ilegalmente la carga de la prueba y obligar a los acusados a tener que demostrar su inocencia, con prueba negativa, lo que naturalmente se tiene por contrario a derecho. Debe sumarse que en nuestro medio esto sucede, a veces, décadas después de la ocurrencia de los hechos investigados y con personas enfermas y de edad avanzada que bien pueden ser inocentes, pero que muchas veces quedan en una suerte de condenable indefensión.

Por esto, Patrick Kinch, en un trabajo muy reciente, concluye con absoluta razón que esa pauta, por exigente que pueda parecer, es nada menos que una garantía exigida por el debido proceso legal. En ella, por cierto, están comprometidos tanto el derecho al debido proceso legal, como la presunción de inocencia misma, ambos derechos humanos irrenunciables con protección explícita en el derecho internacional. El alto requerimiento probatorio es, por lo demás, propio de la magnitud y excepcionalidad de los delitos de lesa humanidad. Y es claramente imprescindible para poder desterrar las aventuras revanchistas que de otro modo se hacen posibles.

Lamentablemente, nuestra jurisprudencia aún no ha recogido formalmente esta pauta. Y a veces sigue aferrada a un precedente ya obsoleto, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988. Nos referimos al caso "Veláquez", al que además con alguna frecuencia se interpreta mal, por no decir torcidamente, como queriendo decir que, en casos de desapariciones, puede probarse el delito investigado mediante simples indicios, presunciones e inferencias. Pero omitiendo decir que en esa misma sentencia se aclara que, en todo caso, eso es de aplicación solamente para los tribunales internacionales y no lo es para los tribunales domésticos, agregando que, no obstante, los indicios, inferencias y presunciones deben siempre llevar a conclusiones claras y consistentes con los hechos. No a relatos sin el sustento adecuado.

La Nacion

Miércoles 26 de diciembre de 2012 | 10:22

"El campo ya entendió lo que significa «Vamos por todo»"

En una dura solicitada, las Confederaciones Rurales Argentinas cuestionaron al Gobierno y aseguraron que "el modelo sólo es soja, retenciones y palabras"

En paralelo a la decisión de la Comisión de Enlace de no comercializar ganado por 24 horas en rechazo a la estatización de La Rural de Palermo, una de las entidades agropecuarias cuestionó hoy duramente al Gobierno y aseguró que "el modelo sólo es soja, retenciones y palabras".

A través de una solicitada titulada "2012, la realidad y el relato", las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) -que integra el conjunto de entidades con la Federación Agraria (FAA), la Sociedad Rural (SRA) y Coninagro- criticó a la presidenta Cristina Kirchner por "dibujar los índices inflacionarios, la pobreza y el empleo".

"La economía depende de la soja que se exporta y de las retenciones que se cobran", aseguró el documento, que luego de un repaso de varios puntos críticos hacia el oficialismo, concluyó: "El campo ya entendió que lo significa «Vamos por Todo»".

"La economía se estancó, la competitividad desapareció, el retraso cambiario es notable, la presión impositiva s la más alta de la historia, volvió el déficit fiscal, las provincias se desfinanciaron, el gasto público trepa a niveles cada vez más preocupantes, la emisión monetaria realimenta la inflación, el Banco Central pierde solidez, la propiedad privada se ve amenazada constantemente, y a contramano de la región en Argentina caen las inversiones extranjeras directas", es el panorama de la situación del país que reflejó la solicitada de la entidad presidida por Rubén Ferrero. "La pobreza existe y se expande, la inseguridad golpea todos los días y la droga corroe", agregó.

La crítica mirada de CRA se conoce el mismo día en que varios dirigentes agropecuarios se mostraron en contra del Gobierno, en una nueva escalada de la tensión desde que las relaciones se cortaron tras la crisis por la resolución 125 en 2008.

Por caso, el dirigente ruralista Alfredo De Angeli amenazó hoy que varios productores podrían "atrincherarse" en La Rural hasta que se resuelva el futuro del predio ferial. A su vez, el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, señaló que la decisión del Gobierno "es un intento de confiscación".

Por el lockout ganadero, en el Mercado de Hacienda de Liniers se espera para hoy una entrada de 1000 animales, cuando en promedio, los miércoles ingresan unas 6000 cabezas.

"Quienes convocan a este lockout están mezclando sus intereses políticos en contra de la firme decisión del Estado de aplicar una revisión a una transacción que ha sido absolutamente perjudicial para el patrimonio de la patria", advirtió en disidencia el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar.

La Nacion

Miércoles 26 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Radio

"Van por los contenidos"

El periodista Marcelo Longobardi, cuyo programa fue levantado de Radio 10, asegura que seguirá en el aire el año próximo

Por José Crettaz  | LA NACION

Anteayer, Marcelo Longobardi tuvo una ceremonia "casi religiosa", según él mismo contó a LA NACION: "Fui a mi escritorio y tiré todos los papeles que tenían que ver con mi trabajo hasta ahora: planillas de rating, recortes de diarios, apuntes para editoriales... Empiezo una vida nueva, tengo que seguir viviendo", afirmó el conductor, que encabezó la mañana de Radio 10 en los últimos trece años. Dada vuelta esa página, el periodista dedica ahora todas sus energías a planificar 2013, sobre lo que prefirió no hablar.

Longobardi está sorprendido por la repercusión de su levantamiento del aire y se muestra agradecido a sus compañeros de la radio, con los que reconoce haber llorado largamente en los últimos días, y al ex dueño de la emisora, Daniel Hadad. "Anteayer hablé con la radio porque quiero irme de modo elegante, algo que tiene que ver con mi estilo, no con el de ellos", sostuvo.

-¿A qué atribuye el levantamiento?

-Ahora recuerdo que LA NACION publicó una nota en la que Cristóbal López decía que yo lo tenía de rehén. Evidentemente nunca me tuvo confianza. Pero en las últimas semanas algo se desencadenó y estimo que debe ser una combinación de factores

El fracaso de la ley de medios, más las cosas que yo digo. La realidad es que en los últimos días había muchos rumores.

-¿Habló con Cristóbal López?

-Hablé con él el día anterior a que me rajaran, le pregunté sobre los rumores que habían circulado y me dijo: "No sé de lo que me estás hablando". Tal vez me tendría bronca de antes. Le mantuve la radio en orden durante la transición, que fue muy dura. Hubo que mantenerse a flote en los meses en que no la manejó ninguno de los dos, ni él ni Daniel Hadad. Le hicimos un trabajo impecable, correctísimo, c on Oscar González Oro , Baby Etchecopar y Rolando Hanglin.

-¿Cómo ve el panorama de los medios de comunicación?

-El panorama es horrible. Con la ley de medios fueron por la propiedad y ahora están yendo por el contenido . Son dos planos distintos. Es una situación inédita muy complicada.

Esta mañana, Radio 10 transmitió un programa conducido por Gustavo Mura, con todo el equipo de Longobardi. El locutor no hizo mención alguna al desplazamiento del periodista.

-En su despedida al aire, Ud. habló de "un país manejado por Nerones".

-Sí, es más que evidente y no hace falta que lo explique. Me refiero al Gobierno, no a los medios.

-¿Hubo otras presiones?

-Daniel Hadad me había cuidado mucho, había recibido presiones de los Kirchner, pero tenía una habilidad especial para cuidar a su gente, a tal punto que tuvo que vender la radio. Es para hacerle un monumento.

-¿Seguirá en la radio en 2013?

-Soy una persona de radio, me corre radio por las venas, llevo en ella 25 años consecutivos. No la cambio por nada, ni por la TV ni por nada. Estoy cerrando mi 2013.

-¿Cuándo vencía el contrato con Radio 10?

-Con Radio 10 yo tuve muy pocos contratos durante muchos años. En 13 años, tuve tres o cuatro contratos en total, y siempre fueron muy largos y estables. Mi último contrato terminaba en 2015, pero el día que se vendió la radio [26 de abril de este año] renuncié con Cristóbal y con Daniel, y ambas partes me pidieron que me quedara, a cambio de lo cual me propusieron un nuevo contrato hasta 2016 y con un aumento de honorarios. Nosotros teníamos salarios buenos, pero menores que los del mercado. A mí no me importaba, porque yo prefería Radio 10, la quería mucho, tenía un equipo glorioso, era una fiesta. No cambié por plata el liderazgo de 42% de share. Cuando estos tipos compran la radio y renuncio, y luego me piden que me quede, me dio un sentido profundo de la responsabilidad, sentí que si me iba, traicionaba a mis amigos, porque los 180 empleados de la radio son como mis amigos.

-¿Ésa fue la clave del éxito de la radio?

-El éxito de Radio 10, que nunca tuvo un grupo de medios atrás que la respalde, tiene que ver con el entramado humano que hay detrás. No fue el éxito lo que nos hizo amigos, sino al revés. Me ofrecieron un aumento de honorarios a cambio de prolongar el contrato. Me quedé y dije: "Que sea lo que Dios quiera", sabiendo que esto no iba a ser fácil para ninguna de las dos partes. El viernes me quise despedir como corresponde a lo orgulloso que estoy de lo que hice. Lo que pasó no es mi responsabilidad.

Miércoles 26 de diciembre de 2012 | 12:51

Las deducciones de Ganancias ahora se harán a través de la web de la AFIP

El organismo recaudador estableció un formulario electrónico para la declaración online las cargas de familia, los gastos con tarjeta en el exterior y otras deducciones

Hasta ahora los trabajadores en relación de dependencia informaban, manualmente, a sus empleadores, de las deducciones personales y por cargas de familia del Impuesto a las Ganancias. Pero la tecnología también llegó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) . Ahora esos trámites, en algunos casos, los hará directamente el empleado, con su clave fiscal, en la web oficial del organismo recaudador.

La resolución 3418 , publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado, crea el formulario denominado F 572 electrónico, para la declaración online de cargas de familia y deducciones personales. Hasta ahora, los empleados lo informaban a través del formulario en papel F. 572. El cambio dará una mayor capacidad de fiscalización de los conceptos deducibles.

La Resolución también confirma la posibilidad del cómputo de las percepciones del impuesto a las ganancias sufridas por compras en el exterior de parte de los empleados en relación de dependencia.

Para informar las deducciones a través de la AFIP, se informó desde el organismo, se debe poseer una clave fiscal de seguridad 2 o superior.

La notificación a través de la AFIP de las deducciones, sólo será obligatorio cuando la remuneración bruta correspondiente al año calendario inmediato anterior al que se declara sea igual o superior a $ 250.000.


La Nacion

Miércoles 26 de diciembre de 2012 | 12:43

Aníbal Fernández minimizó la desaparición de expedientes clave del caso Ciccone

Aunque desde mayo no se avanzó en la reconstrucción de los documentos perdidos, el senador kirchnerista aseguró que pueden recuperarse

Nada se pierde, todo puede estar "mal archivado". Ese parece haber sido el destino de tres expedientes clave sobre el caso de la ex imprenta Ciccone según la mirada del senador kirchnerista Aníbal Fernández, quien minimizó hoy la sospechosa pérdida de documentos sensibles en el Inspección General de Justicia (IGJ) y que involucrarían al vicepresidente Amado Boudou.

"Pueden no estar porque están en otra jurisdicción o se archivaron mal", consideró el legislador nacional en una entrevista radial. Fernández fue la punta de lanza en el Senado cuando el Estado expropió la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericanos (CVS)-.

Fernández minimizó la revelación de LA NACION, el lunes pasado, de que faltan los expedientes de la ex Ciccone; de London Supply, que aportó $ 1,8 millones para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y de The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la empresa dedicada a la impresión de billetes.

El Departamento de Asuntos Judiciales del organismo ordenó la reconstrucción de los expedientes, y los sumarios para definir las responsabilidades siguen abiertos en el organismo que comanda el integrante de La Cámpora Norberto Berner, desde mayo sucesor en el cargo de Marcelo Mamberti, un hombre ligado al ex jefe de gabinete. Tras el recambio en la cúpula del organismo, se paralizó la investigación.

Fernández admitió que el ex jefe del IGJ es colaborador suyo desde 1985, y cuando los expedientes desaparecieron en febrero fue el propio Mamberti quien inició la investigación para su reconstrucción. "Una de las primeras instrucciones que yo le di [a Mamberti] fue que tome recaudos digitalizando las partes más importantes", señaló el senador en diálogo con radio Continental. Y agregó que existen diferentes vías para recuperar los documentos. "El expediente central, la parte que se digitaliza, los propios documentos de la IGJ y los libros de las propias sociedades", según explicó.

"No hay forma que si no están los elementos, se destape alguna cosa", dijo Fernández, quitándole importancia a la pérdida del material que podría resultar clave en la causa judicial en la que está imputado Boudou, a quien se vincula con los directivos de la nueva Ciccone hasta la estatización de la empresa.

"Yo soy uno de los mentores de esta situación -dijo el legislador, haciendo referencia al proceso de expropiación-. Cuando yo veía que la sociedad le debía tanto dinero al Estado no debíamos darle más vuelta", aseguró.

Posteriormente, recordó su papel en 2010, cuando por la quiebra de Ciccone el juez comercial Javier Cosentino intercedió en la causa y le cedió la empresa, en alquiler, a Boldt, su competidor directo. "Yo le pedí a Ricardo Echegaray [jefe de la AFIP] que le solicitara eso al juez, que se lo terminó dando a Boldt. Fue una cosa incomprensible", cuestionó.


La Nacion