Sábado 21 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Fallo favorable a María Julia Alsogaray

La Justicia anuló su procesamiento en una investigación por sobreprecios

La Cámara Federal anuló un procesamiento contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray, en una causa por corrupción que data desde hace varios años y en la cual estaba acusada por las sospechas de sobreprecios en 14 contrataciones, que se efectuaron desde la Secretaría de Recursos Naturales.

Es una antigua causa, en la que se sospecha del pago de sobreprecios en 14 contrataciones que se hicieron desde una estructura que funcionaba en forma paralela a la Secretaría, aunque conformada por varios funcionarios de esta misma, para la realización de la Cuarta Conferencia de Cambio Climático, en noviembre de 1998.

La Conferencia demandó un gasto de más de $ 12 millones y se sospecha que los sobreprecios fueron del 6000 por ciento. La investigación se inició tras una denuncia de la Oficina Anticorrupción. Alsogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito y ya cumplió la pena.

Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani declararon nulo el procesamiento de Alsogaray y otros ex funcionarios porque consideró que el juez Rodolfo Canicoba Corral los indagó a todos ellos por un delito y luego los procesó por otro.

Según los camaristas, por un lado, se los indagó por haber utilizado una determinada normativa -más laxa, de manera de atemperar los controles- para contratar con particulares, causando de esta manera un perjuicio al Estado. Y luego se los procesó por haber sustraído caudales a la administración pública, que le habían sido entregados en razón del cargo que ocupaban.

"Los imputados se defendieron por haber contratado con particulares en condiciones excesivas tales que provocaron el deber del Estado de afrontar innecesariamente mayores costos y se los encontró responsables de haber sustraído separado, apartado o quitado dinero que tenían bajo su responsabilidad. La incongruencia fáctica luce evidente", sostuvo la Sala II de la Cámara Federal.

Para los jueces ese "contraste" entre el delito atribuido en las indagatorias y los procesamientos "impone la declaración de nulidad que decretara el procesamiento de los imputados, por afectación expresa al derecho de defensa".

El tribunal tuvo en cuenta, también, que las defensas plantearon que el haber procesado a los acusados por un delito diferente del que se los indagó tuvo la finalidad de evitar la prescripción del caso por el tiempo transcurrido. En ese sentido, pidió al juez que "evalúe tales objeciones", referidas a la prescripción.

En abril pasado, Alsogaray fue absuelta en un juicio donde era investigada por supuestas irregularidades en la Secretaría de Recursos Naturales. La acusaban de realizar contrataciones irregulares. Se trataba del delito de peculado, que los jueces entendieron que estaba prescripto.

La Nacion

Sábado 21 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Intercambio

La AFIP negocia un acuerdo para acceder a las cuentas de argentinos en EE.UU.

Por Martín Kanenguiser | LA NACION

El Gobierno negocia con Estados Unidos un acuerdo de intercambio de información que le permitiría acceder en el futuro a los datos de las cuentas bancarias de los argentinos en ese país. Ambos gobiernos confirmaron a LA NACION la existencia de estas conversaciones, con el objetivo de reducir la evasión, aunque desde Washington subrayaron que el estado de situación es muy preliminar.

Luego de firmar el acuerdo con Uruguay, los principales objetivos -y más complicados para la AFIP- pasan por lograr intercambio informativo con Suiza, Panamá y Estados Unidos. En el primer caso hay conversaciones avanzadas, en el segundo el gobierno centroamericano por ahora se niega en forma terminante y en el tercero ya hubo reuniones entre funcionarios de la AFIP y del organismo tributario norteamericano (IRS).

De hecho, calificadas fuentes del sector privado precisaron a LA NACION que en febrero pasado la AFIP le envió un borrador al IRS con un modelo de intercambio de información tributaria "con el modelo que había firmado México".

A diferencia de lo que ocurre en otros casos, en el caso de esta negociación existe un incentivo (y una presión) adicional para el Gobierno: en 2014 comenzará a regir una ley de EE.UU. que obligará a todos los bancos del mundo a informar las cuentas de contribuyentes norteamericanos en el exterior.

Si no lo hacen, serán penalizados con la retención del 30% de sus rentas en el sentido más amplio (giro de capital, intereses, pago de dividendos o salarios, entre otros conceptos) a partir de julio próximo.

Se trata de la ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act o su sigla, Fatca), que dispone que se firmen acuerdos entre gobiernos o entre el gobierno de EE.UU. y los bancos en forma individual.

Y mientras los bancos nacionales y extranjeros vienen conversando acerca de esta cuestión desde hace varios años con funcionarios de Washington, el sector financiero siente que el Gobierno se mueve a paso lento en esta cuestión.

El gran problema que tienen los bancos es que, si no cumplen con el Fatca, podrían ser sancionados con la mencionada retención del 30% en caso de realizar alguna operación en EE.UU. (financiera o de comercio exterior); los más complicados serían los bancos norteamericanos con sucursal en el país (el Citi y el JP Morgan) y los argentinos con oficina en Nueva York, como el Nación. Pero tampoco están en condiciones legales de firmar en forma individual acuerdos con el IRS, porque la ley argentina protege el secreto bancario. Fuentes oficiales y privadas explicaron que esta norma les impide a los bancos informarle a un organismo regulador extranjero los datos de sus clientes.

Por esto necesitan que sea el Gobierno el que firme un convenio que los habilite a cumplir con EE.UU., sin violar la ley y exponerse a juicios de sus clientes. Una fuente del sector privado explicó que, aunque en un primer relevamiento informal que hicieron no parece haber demasiadas cuentas de norteamericanos (sociedades y personas físicas en el país), la duda es el concepto de contribuyente que usa la ley Fatca.

Allí se dispone que el IRS debe recibir información de toda empresa en la que un norteamericano tenga más del 10% de las acciones.

En un primer momento, los bancos pensaron que el Banco Central sería el encargado de negociar un acuerdo para implementar el Fatca en la Argentina. Sin embargo, primero recibieron evasivas y luego una explicación que los dejó confundidos: "Hablen con la AFIP".

En realidad, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, el Central interpreta que no está habilitado por su marco regulatorio a levantar el secreto bancario y que sólo puede hacerlo la AFIP con la firma de un convenio, que luego debería ser convalidado por los congresos de ambos países.

Por esta razón, en las reuniones con el IRS, la AFIP les pidió una condición que no será fácil de concretar: que el acuerdo sea recíproco, es decir, que así como la Argentina entregará datos de los norteamericanos, EE.UU. haga lo propio. Si se llegara a cumplir este objetivo, el acuerdo sería de intercambio automático, a diferencia del firmado con Uruguay, que es caso por caso.

Si bien funcionarios del gobierno de EE.UU. no hicieron declaraciones del tema, un comunicado del Departamento del Tesoro menciona a la Argentina como uno de los países con los que "está comprometido activamente en un diálogo para concluir un acuerdo intergubernamental" este año para poner en marcha el Fatca. El problema para avanzar es que, a diferencia de México, la Argentina no tiene un acuerdo con EE.UU; sólo se firmó uno en la dictadura militar, pero que no fue ratificado por ninguno de los dos congresos.

Ya vencen las declaraciones del monotributo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que la semana próxima vencerá el plazo para realizar las declaraciones de monotributo (declaración jurada informativa cuatrimestral), impuesto al valor agregrado (IVA) y citi ventas. El plazo será del 23 al 27, mientras que hasta el lunes 30 se podrá hacer la recategorización en base a los nuevos parámetros de facturación, que duplicaron los anteriores. En el caso de los servicios, pasó de 200.000 a 400.000 pesos y en el de comercio, de 300.000 a 600.000 pesos. En la mayoría de las escalas, según los tributaristas, podrá haber una importante reducción en la cuota mensual de los contribuyentes de este régimen tributario simplificado -que no aumentó por ahora- aunque ese beneficio se perderá en unos meses si no hay una nueva actualización..

Del editor: cómo sigue.
La AFIP ve una oportunidad para concretar un viejo anhelo: acceder a información de argentinos en EE.UU. y quiere capitalizarla. No será fácil.

Jueves 19 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Cristina, DirecTV, las villas y el progreso

Por Luis Majul | LA NACION

No está mal que las villas de emergencia tengan DirecTV a tarifas reducidas y que la empresa, superavitaria, se haga cargo del costo de la decisión. Tampoco está mal que el secretario de Cultura, Jorge Coscia, instale su escritorio en la villa 21 de Barracas. Lo que está mal es que se quieran presentar ambos hechos como un "cambio de paradigma" y un signo de progresismo político y social. Sería una muestra de desarrollo verdadero, por ejemplo, que los habitantes de las villas pudieran vivir en casas o departamentos, con todos los servicios esenciales, y que los pudieran pagar con tarifas sociales y con el fruto de su trabajo. Sería un dato auspicioso que la mayoría de los hijos de esas familias pudieran asistir a la escuela primaria y al colegio secundario y se anotaran en la universidad pública para recibirse, por ejemplo, de ingeniero, por citar una especialidad que tanta falta le hace a la República Argentina. Hablaría muy bien de nuestros gobernantes que muchos habitantes de esos barrios precarios no vivieran colgados ni del cable de la luz ni de la televisión por cable y que pudieran recibir los mismos servicios y beneficios que la clase media, pero en condiciones regulares, y no por la generosidad o la prebenda del puntero de turno.

Los datos de la realidad, como siempre, desmienten el relato del gobierno nacional. Tomemos, por ejemplo, sólo las cifras del último censo sobre el crecimiento de los asentamientos en la ciudad de Buenos Aires, que va de 2001 a 2010. El aumento llegó al 52,3%. Las villas con más habitantes son la 21-24 de Barracas, la 31-31 bis en Retiro y la 1-11-14 en el Bajo Flores. Sólo esos tres barrios tenían, en 2001, 50.000 habitantes. Nueve años después llegaron a 80.000. Más impactantes son las fotos de Google Earth cuando se comparan las imágenes aéreas de 2000 con las de 2010. Allí se puede ver el crecimiento exponencial de una de las villas en Ingeniero Budge o de la Rodrigo Bueno, a pocos metros de Madero Center, donde la Presidenta se pudo comprar departamentos y cocheras para alquilar. Volvamos a los datos del último censo. El número de extranjeros que se vino a vivir a la ciudad subió casi el 20%, lo que explicaría casi la mitad del crecimiento de la población total. En promedio, en cada una de esas casitas precarias viven más de cuatro personas, aunque en algunos asentamientos llegan a convivir más de siete.

El fenómeno se puede presentar de distintas maneras. Una, la que elige el Gobierno, es afirmar que los extranjeros provenientes en su mayoría de Paraguay, Bolivia y Perú llegaron a la Argentina gracias a las mejoras económicas y sociales de los últimos años. Otra, cargada de prejuicio, es que estamos "importando" pobres que hacen colapsar nuestras escuelas y nuestros hospitales públicos y que, como si esto fuera poco, reciben DNI, planes sociales y otros beneficios a cambio del voto o la participación política para el oficialismo de turno. Que las villas miseria están creciendo a un ritmo vertiginoso es indiscutible. Impactan, por su dimensión y su rápido "desarrollo", no sólo las de la ciudad y el Gran Buenos Aires. También las de Gran Rosario, Mar del Plata, Resistencia, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Trelew y El Calafate, el lugar en el mundo de Cristina Fernández.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvo que ir allí a declarar la emergencia de seguridad, para cuidar, entre otros propietarios, a los centenares de funcionarios públicos, amigos y parientes de la familia Kirchner que obtuvieron enormes terrenos a precio de bicoca, en otra muestra de ascenso social que resulta por lo menos difícil de explicar. Pero reducir o estigmatizar a quienes viven o trabajan en los barrios pobres también es un error mayúsculo. En las villas de la Argentina conviven los "narcos" que en Rosario "contratan" a los llamados "soldaditos" y los mandan a vender droga bajo amenaza de muerte, con mujeres de hierro como Margarita Barrientos, en Los Piletones, o Pelusa. El caso de "la Pelu" es bien real, pero no sale en los noticieros ni se le da manija por cadena nacional, quizá porque no "hace política". Ella comanda el centro comunitario La Hormiguita Viajera, en el barrio Presidente Illia en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, hace veinte años. Allí dan de comer todos los días a 200 personas, tienen una salita para más de 40 bebes, niños y niñas y un espacio de alfabetización para adultos. En las villas argentinas, también, se mezclan militantes de La Cámpora que hacen un verdadero trabajo social, menos ruidoso, más efectivo y sin necesidad de ponerse pecheras, con dirigentes "ventajeros" de casi todos los partidos políticos que reproducen el esquema de prebendas y de corrupción de los dirigentes que salen por televisión de saco y corbata.

Pero adjudicarse como un símbolo de "la década ganada" el aumento de abonados de DirecTV en las villas, reivindicarse como una fan que mira Game of Thrones y sugerir que en el contenido que ofrece la multinacional está la verdadera libertad de expresión es, por lo menos, una muestra de frivolidad que haría sonrojar a Juan Perón, a Eva Perón y a los líderes sociales que gastan su energía en conseguir que los vecinos del barrio donde militan tengan agua corriente, luz, gas, cloacas y educación primaria y secundaria.

Lo mismo se puede decir de las anteriores afirmaciones de la Presidenta, quien presentó como otra muestra de progreso estructural el hecho de que el cartón con el que se construían las casas en las villas se haya cambiado por ladrillo y cemento. La sobreactuación y la mentira son dos de los pecados con los que también se puede explicar la derrota de las últimas elecciones primarias. Sobreactuar es mostrarse empática con los pobres, con el remanido discurso de que a la clase media le molesta ver en las villas la parabólica de DirecTV, mientras la pobreza en la Argentina sigue creciendo a pesar del aumento del PBI a ritmo de "tasas chinas", desde 2002 hasta 2010. Y mentir es ocultar a los pobres, a los ricos, a los cuentapropistas, a los profesionales registrados y no registrados, ocultar que la inflación es por los menos el triple de lo que afirma el Indec "trucho" de Guillermo Moreno, a quien el juez Claudio Bonadio acaba de procesar por abuso de autoridad. Mentir es disfrazar el severo déficit de vivienda, poniendo en el mismo concepto de "soluciones habitacionales" no sólo las nuevas unidades, sino también a otras miles que ya habían sido construidas y fueron "intervenidas" para cortar el pasto o pintar puertas y ventanas. Sobreactuar es mudar la oficina del Ministerio de Cultura a los barrios carenciados como una medida aislada, marketinera, sin desandar el camino que lleve a los habitantes de las villas de su hogar a la universidad o a un empleo digno. Es la diferencia entre decir y hacer. Nada más y nada menos que eso.

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Jueves 19 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Dos guillotinas para Guillermo Moreno

Por Mariano Grondona | LA NACION

uillermo Moreno es algo más, mucho más, de lo que parece decir su título oficial de secretario de Comercio Interior. ¿Diríamos de él que es, en lo esencial, un "favorito" de la Presidenta? He aquí una posición privilegiada que Moreno sólo comparte con el viceministro de Economía, Axel Kicillof. La prueba es que el alejamiento eventual de cualquier ministro de Cristina no sería interpretado como una "crisis", en tanto que el alejamiento de Moreno o de Kicillof sería una señal de que algo grave, quizá decisivo, ocurre en el entorno presidencial. Al hablar de los dos "favoritos" de la Presidenta, no nos estamos refiriendo a sus supuestas conexiones personales con ella, sino al hecho objetivo de que ella les ha delegado poco menos que la conducción del Gobierno, lo cual fundamenta la conjetura de que la caída de Moreno o de Kicillof, de ocurrir, sería vivida por la opinión pública como un terremoto político.

Sin embargo, algunos observadores juzgan que lo último que haría la Presidenta sería desprenderse de sus favoritos, pese a lo cual los rumores acerca de su posible alejamiento arreciaron en estos días, particularmente en el caso de Moreno. Él ha sido, sin duda, el autor de diversos "aprietes" contra los ciudadanos que no piensan como él, particularmente contra los responsables de las consultoras privadas que desmienten cada mes las fantasías del Indec.

Moreno pretendió multar a las consultoras por decir la verdad, pero ellas bloquearon sus intenciones ante la Justicia, que esta semana se pronunció cuando el juez Claudio Bonadio decidió procesar al funcionario por "abuso de autoridad", un delito que es sancionado con dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación. En los considerandos de su sentencia el juez estima que Moreno pretendió "disciplinar" a las consultoras privadas para forzarlas a ocultar la verdad sobre nuestra situación económica.

La reacción de la Justicia ante el autoritarismo de Moreno llegará probablemente tarde para producir efectos valederos, lo cual hace recordar al gran tratadista de Derecho Penal del siglo XVIII César Beccaria, quien hizo notar que las sentencias deben conocerse al poco tiempo de los delitos que ellas condenan, para que tengan efecto disuasivo ante la opinión pública cuando está aún fresca la memoria de lo que pasó. Este ideal de Beccaria está lejos de nosotros porque pasa demasiado tiempo entre el hecho y sus consecuencias judiciales, un lapso de muchos años en los cuales lo que reina no es el escarmiento por lo que se hizo sino el olvido de lo que pasó.

La tardanza en los pronunciamientos de la Justicia equivale, lamentablemente, a la denegación de justicia. El otro remedio contra el censurable activismo de Moreno podría ser más rápido; estamos pensando en el pronunciamiento electoral. El próximo 27 de octubre, los argentinos votaremos de nuevo. ¿Qué pasaría si, como es probable, la Presidenta llegase a perder por cifras aún más contundentes que las del 11 de agosto? ¿Habría en este caso un "castigo" presidencial a Moreno, como uno de los principales responsables de la nueva derrota electoral?

Si a esta pregunta siguiera una respuesta positiva, el gobierno de Cristina podría aspirar a un aterrizaje "suave" de aquí a dos años, lejos ya de la ilusión re-reeleccionista, pero todavía no tan lejos de un reconocimiento colectivo. ¿Está la Presidenta decidida a largar lastre en los dos años de mandato que le quedan?

Si lo hiciera, estaría obedeciendo a la lógica política, al sentido común e incluso al espíritu republicano, de acuerdo con aquella famosa frase de Mitre según la cual "cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón". Tres de cada cuatro argentinos le han dicho que "no" a la Presidenta el 11 de agosto. Aun así, ¿no podrá dudar alguna vez de lo que ha hecho, de lo que propone, y prestar oídos a lo que le dice esa gran mayoría de argentinos que ya no la respalda? ¿Cuál es, para ella, el límite entre la perseverancia y la soberbia?

Dos guillotinas se han montado, decíamos al principio, sobre las cabezas de Kicillof y, sobre todo, de Moreno. Una de ellas, la guillotina judicial, se demora en los tiempos cansinos de nuestra Argentina. La otra caerá fulminante el mes que viene. Estaríamos a tiempo para corregir gravísimos errores en los dos años finales del kirchnerismo. Cristina se retiraría en este caso en paz, quizás homenajeada por su mesura final. ¿Es éste el espectáculo que nos prepara para un discreto "mutis" que, de ocurrir, nos reconciliaría con nosotros mismos y, sobre todo, con la república democrática a la que todos, de un lado y del otro, hemos adherido? "Un bello morir -dice una sentencia italiana- toda una vida colma de honor." Si Cristina escogiera esta humilde senda, ¿cuántas cosas, además, le perdonaríamos?

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Jueves 19 de septiembre de 2013 | 18:39

La Cámara de Casación Penal ordenó la detención del Padre Grassi

El juzgado así lo dispuso "al no cumplir los términos de la libertad provisional"; la Corte Suprema de Justicia bonaerense ayer había ratificado la condena

La Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires dispuso hoy la detención del sacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso sexual agravado y corrupción de menores, "al no cumplir los términos de la libertad provisional otorgada como alternativa al asistir a un programa televisivo", informó ese tribunal.

El fallo de la sala seis, con la firma de los camaristas Ricardo Maidana y Horacio Piombo, destaca que el imputado "no cumplió los términos de la libertad provisional otorgada como alternativa, al asistir a un programa televisivo y referirse abiertamente a los denunciantes de la causa por la que resultó condenado".

La resolución de la Cámara precisa además que a este hecho "debe sumarse que la sentencia en su contra fue confirmada por la sala dos de Casación y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires".

La Cámara también destaca que todo esto "revela la necesidad de revocar el beneficio del que venía gozando y ordenar su detención, confirmando así la decisión de la sala uno de la Cámara de Apelación y Garantías de Morón".

La Suprema Corte bonaerense ratificó ayer la condena a 15 años de prisión del sacerdote Grassi por abuso sexual agravado y corrupción de un menor que asistía a la Fundación Felices los Niños que el religioso dirigía.

Tras este fallo, la querella presentó esta mañana un escrito en la Cámara para pedir la detención del cura.

EL CASO

La investigación que involucró a Grassi comenzó en 2002, cuando el programa Telenoche investiga, de Canal 13, difundió un informe con denuncias contra el presidente de la Fundación Felices los Niños por el supuesto abuso deshonesto de menores a los que debía proteger.

Grassi sólo estuvo un mes en prisión y luego esperó su juicio oral en libertad. En 2009 fue condenado sólo por dos de los 17 cargos que pesaban en su contra y recibió una sentencia de 15 años.

Pero esa condena tampoco implicó su detención. A Grassi se le permitió permanecer en libertad, pero se le impusieron restricciones y obligaciones. Entre ellas, no ingresar en la Fundación, no permanecer a solas con niños ni referirse a los menores que lo denunciaron en el expediente judicial.

El año pasado, el tribunal que lo condenó dispuso la prisión domiciliaria de Grassi por haber violado las condiciones de su libertad, pero la Cámara de Morón anuló esa resolución

El año pasado, uno de los abogados de la causa denunció que Grassi había violado este último requisito, cuando trató de "mentiroso" al joven cuyos dichos terminaron condenándolo.

También hubo otra denuncia derivada de las declaraciones del abogado Fernando Burlando, que durante una entrevista con LA NACION dio a entender que se había reunido con Grassi en la Fundación Felices los Niños antes de asumir como abogado querellante en la causa por el secuestro y asesinato de Candela Rodríguez, la niña de 11 años que apareció muerta en Villa Tesei, partido de Hurlingham, en 2011.

El año pasado, el tribunal que lo condenó dispuso la prisión domiciliaria de Grassi por haber violado las condiciones de su libertad, pero la Cámara de Morón anuló esa resolución por cuestiones procesales y, por lo tanto, el cura recuperó la libertad.

Esa decisión fue apelada por la querella y la fiscalía , y ahora la Cámara de Morón hizo lugar al pedido de detención

La Nacion

Viernes 13 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Cambios en la pirámide: creció la clase media

De la mano de la inflación, el ingreso mensual promedio de la clase media llegó a los cinco dígitos. De acuerdo a la pirámide social que elabora la consultora W en base a los datos de la Asociación Argentina de Marketing (AAM) y de la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (Saimo), para ser considerada de clase media una familia necesita tener ingresos por encima de $ 6700 mensuales, aunque el promedio del segmento se ubica en $ 10.200.

Según los nuevos parámetros, el 47% de los hogares argentinos integran los segmentos socioeconómicos D1 y D2 -conocidos como clase baja y clase baja superior- mientras que un porcentaje similar puede ser considerado de clase media, incluyendo en este grupo a la clase media típica (C3) y a la clase media alta (C2). El restante 6% corresponde al segmento ABC1, el más buscado por las marcas y al que se accede cuando los ingresos del grupo familiar superan los $ 33.000 al mes.

"El dato más positivo es el crecimiento de la clase media, que en 2004 abarcaba al 39% de los hogares y hoy llega casi a la mitad de la sociedad, gracias al ascenso social de muchas familias que habían quedado en la clase baja superior. La contrapartida es que aumentó la brecha entre los extremos de la pirámide y hoy el ABC1 tiene ingresos que son 30 veces superiores a los de la base de la pirámide", explicó Oliveto.

También preocupa que las perspectivas de mejoras, al menos en el corto plazo, no son muy grandes. "Se nota un estancamiento en el ascenso social y no vemos para 2014 y 2015 una mejora en este campo", advirtió Oliveto

La Nacion

Miércoles 11 de septiembre de 2013 | 16:17

Los autos que Ricardo Echegaray compró durante su gestión

Desde el 2003, pasó de tener una camioneta modelo 99 y un Volkswagen Gol, a una flota de camionetas y autos importados

l Audi A1 que Ricardo Echegaray le regaló a su hija Camila por sus 18 años, no sorprende si se observa la evolución que tuvo la flota de autos del titular de la AFIP desde 2003.

Cuando Echegaray inició su trabajo en el ente recaudador, contaba con una camioneta modelo 99 y un Volkswagen Gol.

 

De acuerdo a su última declaración patrimonial disponible, el funcionario culminó el 2011 con una camioneta Toyota Hilux modelo 2008, una Toyota Corolla modelo 2010 y un Citroën C3 modelo 2011.

Además, en el interín, sumó a sus bienes dos motos de agua, un departamento en Punta del Este y dos inmuebles en barrios privados de Tigre, por más de 1 millón de pesos.

Si se compara el patrimonio total declarado por el funcionario de sus $186.000 iniciales pasó a más de $4 millones en bienes en 2011: unas 21 veces más.

• Echegaray, Ricardo (Anual 2003)

• Echegaray, Ricardo (Anual 2011 )

El regalo

 

 

Según una nota publicada en Perfil.com, el pasado fin de semana Echegaray sorprendió a su hija con un Audi A1 blanco, decorado con un moño azul estacionado frente a la casa familiar de Nordelta.

El funcionario, encargado de controlar las importaciones y la compra de dólares, no escatimó en gastos ni tuvo restricciones cuando se trató del regalo para su hija Camila. El auto alemán tiene una valuación comercial de entre 35.000 y 45.000 dólares, si se trata de un cero kilómetro.

Según publicó Perfil.com, hasta ahora la joven utilizaba el Toyota Corolla que formaba parte de la flota de la familia.

Las fotos del Audi de la hija de Echegaray comenzaron a circular por las redes sociales tras el festejo que hizo para celebrar su cumpleaños.

Cuando la información comenzó a difundirse, y a causar malestar entre los usuarios, Camila Echegaray borró todos los rastros del regalo de su padre en Internet

La Nacion