Martes 04 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Plan oficial

Polémico proyecto para mudar jueces

Permitiría cubrir vacantes sin límites de jurisdicción

Por Paz Rodriguez Niell  | LA NACION

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto para flexibilizar los traslados de jueces: propone que el Consejo de la Magistratura pueda cubrir tribunales vacantes con jueces ya nombrados de cualquier lugar del país.

La iniciativa le da al Consejo amplias atribuciones para mover magistrados de un lugar a otro, incluso a los recién designados, porque quita el requisito de cuatro años de antigüedad en el cargo que rige hoy, además de borrar la exigencia de que sean de la misma jurisdicción.
La oposición denuncia que se trata de un proyecto peligroso de "juez a domicilio", que permitiría llevar a "jueces amigos del poder" a tribunales con causas sensibles. Aunque ningún movimiento sería posible sin un pedido previo del propio juez trasladado, la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, sostiene que la iniciativa se presta a "cierta suspicacia" y que cuando el Senado da su acuerdo para designar a un juez lo hace para que actúe en una determinada jurisdicción y no en cualquier otra.
El senador y consejero radical Mario Cimadevilla usó como ejemplo el poderoso juzgado federal de María Servini de Cubría, que vigila las elecciones nacionales: "Con este proyecto de juez a domicilio, Servini, que tiene más de 70 años, se jubila y te traen de Mendoza a Bento, el juez que absolvieron el otro día por el favor que les hizo con Clarín [intervino Cablevisión], para cubrir su vacante en pleno proceso electoral".
El autor del proyecto es Hernán Ordiales, el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que selecciona y controla a los jueces.
Por ahora, se debate en la Comisión de Reglamentación del Consejo, donde seguirá discutiéndose en la próxima reunión, en dos semanas.
Dentro de las propias filas del kirchnerismo, que rara vez muestran fisuras, advirtieron que el sistema que se propone tiene sus peligros. "A mí lo único que me preocupa es que se traslade a un juez para que se encargue de un caso determinado, con una mayoría circunstancial, aunque hoy la tengamos nosotros", afirmó el diputado y consejero oficialista Carlos Moreno el jueves pasado. Según él, eso "se resolvería poniendo que antes de un año o dos, el juez trasladado no puede volver a su juzgado de origen".
En favor del proyecto, el diputado argumentó que hoy ya se autorizan los traslados supuestamente prohibidos, por vía de excepción. Lo mismo sostuvo Ordiales en los fundamentos de su iniciativa, donde argumentó que por una cuestión de "federalismo" era bueno eliminar la prohibición de traslado de una jurisdicción a otra.
Dijo además que modificar el sistema dará al Consejo "herramientas más flexibles" para "coadyuvar a una mejor administración de justicia".
"No se logra advertir de qué modo -afirmó el consejero juez Ricardo Recondo- la reforma del reglamento de traslado de jueces facilitará la cobertura de cargos vacantes, pues el juez que obtiene un traslado abandona un tribunal para pasar a integrar otro."
La iniciativa de Ordiales pone dos límites al traslado de un juez de diferente jurisdicción: que el Consejo no haya tomado aún el examen para cubrira la vacante y que la decisión se tome con mayoría de dos tercios (algo que el kirchnerismo no tiene por sí mismo). También prevé que se pida "la opinión" de las cámaras afectadas y de los otros jueces cuando la vacante sea en un tribunal colegiado. La decisión final, no obstante, será del Consejo.

La lista jamás enviada

Hace cuatro años, el Congreso instituyó un sistema para designar subrogantes que no violara la Constitución, cumpliendo con un fallo de la Corte Suprema. Estableció que los nuevos suplentes iban a ser un juez vecino o bien quien eligiera el Senado de un listado que debía enviarle el Poder Ejecutivo.
El problema es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca mandó su lista. Mientras tanto, siguen en funciones algunos de los suplentes nombrados con el sistema que la Corte Suprema pidió reemplazar. En total, hoy está vacante un 20% de los tribunales nacionales y federales.
Antes de la última reunión del Consejo, el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, envió a los consejeros una nota en la que sostenía que la agrupación estaba en contra de la nueva iniciativa del representante del Poder Ejecutivo para traslados "interjurisdiccionales".
Ordiales protestó contra esa nota en la última reunión, el jueves pasado, y dijo que integrantes de la Comisión de Tribunales Orales de la misma Asociación le habían manifestado su apoyo. "Es inaceptable lo de Cabral, que niega y desautoriza a la Comisión", sostuvo.
Según Cabral, no es cierto. "El caso de los jueces de tribunales orales es diferente. Tienen todos igual competencia y la jurisdicción puede considerarse única porque el único superior que tienen todos es la Cámara de Casación", dijo.
De hecho, Cabral afirmó a LA NACION que las únicas excepciones al sistema vigente fueron hechas con jueces de tribunales orales. "Sería muy distinto en otros casos porque los acuerdos del Senado y las competencias están fijados. Además, permitiría cierta suspicacia. Jueces del interior que tienen competencia múltiple podrían ser trasladados a la Capital para ser jueces en lo civil o contencioso, por ejemplo."
Por esa razón, para el diputado y consejero radical Oscar Aguad, lo que pretende Ordiales es "inconstitucional". "Cualquier traslado significa a priori una alteración del acuerdo que ha dado en Senado, que es para una materia y jurisdicción determinada. Además, esto permitiría llevar a jueces amigos a atender casos sensibles", dijo.
Según el proyecto impulsado por Ordiales, podrían disponerse incluso traslados a tribunales no habilitados, sujeto a que éstos se habiliten. Y dejarse sin efecto el concurso que se hubiera abierto para ocupar el cargo.