Editorial I
Un nuevo engendro jurídico
Mediante sus voceros habituales, el Gobierno avanza en proyectos como crear un tribunal constitucional para seguir cercenando el accionar de la Justicia
La intención de avanzar en la creación de un tribunal constitucional que actúe por encima del debido control que hoy ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede más que enmarcarse en el largo menú de proyectos auspiciados por el kirchnerismo para recortarle poder a la Justicia cuando no para anularla.
La última arremetida para que ninguna voz judicial tenga la capacidad de cuestionar las decisiones del Gobierno fue esbozada por el senador nacional kirchnerista por Neuquén y miembro del Consejo de la Magistratura Marcelo Fuentes, quien propuso impulsar en el Congreso un "tribunal de constitucionalidad independiente", integrado por académicos y políticos elegidos por el voto popular, con el indisimulado propósito de que la Corte Suprema de Justicia deje de tener el control último sobre la constitucionalidad de las leyes.
Como no podía ser de otra manera, ese nuevo intento por imponer un engendro legal a medida del oficialismo, halló más de un obstáculo entre la dirigencia política opositora y los propios jueces que ven cómo diariamente el Gobierno busca caminos alternativos a los ya probados para avanzar deliberadamente sobre las facultades del Poder Judicial.
Tras tomar nota de lo mal que cayó su iniciativa, Fuentes se limitó a decir que la proponía "a título personal", al tiempo que calificó de "perros" a los legisladores que, como los porteños Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Patricia Bullrich (Unión por Todos), hicieron oír sus críticas. La justificación de Fuentes no fue menos provocadora. Descubierto su propósito, descalificó a quienes se le opusieron diciendo que sabe perfectamente que un tribunal de ese tipo es hoy inconstitucional. "No voy a salir con semejante burrada. Sólo dije que sería un tema interesante para lo cual se necesita reformar la Constitución", sostuvo el legislador oficialista al volver a agitar otro de los temas que desvelan al oficialismo en sus ansias por perpetuarse en el poder. Nada aclaró, sin embargo, sobre la verdadera intención de impulsar un tribunal constitucional como otro manotazo de ahogado con vistas a tener un instituto que resuelva siempre en favor del Gobierno.
La idea de la creación de un tribunal de esas características ha estado siempre vinculada con la del control concentrado de constitucionalidad. En nuestro sistema, la concentración de poder se centra en las capacidades del Ejecutivo. El avasallamiento que éste protagoniza sobre los otros poderes afortunadamente en los últimos tiempos ha encontrado necesarios límites en el control que ejerce la Justicia junto a una sociedad civil vibrante. De pasar a un control concentrado en unos pocos, se cercenaría al Poder Judicial en su capacidad para recibir quejas de la ciudadanía, sobre todo de minorías o de mayorías silenciadas, respecto de las decisiones de los órganos políticos.
¿Está solo Fuentes en su cruzada falsamente democratizadora de la Justicia? Por cierto que no. Otra de las tantas espadas partidarias de la que hoy asoma como la principal batalla de la presidenta Cristina Kirchner es el diputado Carlos Kunkel (FPV-Buenos Aires), quien, apenas conocido el fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, presentó una denuncia penal contra siete jueces de la Cámara de Casación y también un proyecto de ley para quitar a la Corte el control del presupuesto del Poder Judicial.
Como se sabe, la Presidenta había presentado y logrado que se convirtiera en ley un paquete de iniciativas que, a su entender, vendrían a democratizar la Justicia. Entre ellas, la citada ley de reforma del Consejo de la Magistratura (como se dijo, declarada inconstitucional por la Corte), la ley de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación, la de creación de nuevas cámaras de casación (otro fallo judicial frenó la intención del Gobierno de integrarlas mediante la designación de jueces subrogantes), y la que limita la aplicación de medidas cautelares contra el Estado nacional, dejando en grave desprotección a todos los ciudadanos respecto de los actos de sus funcionarios.
Esa avanzada también reconoce las estocadas que en los últimos tiempos el kirchnerismo ha venido lanzando contra el máximo tribunal de Justicia del país. Decepcionada ante la independencia de la Corte a la hora de rechazar los caprichos del Poder Ejecutivo, Cristina Kirchner no ha reparado en criticar a Carlos Fayt por seguir siendo juez a su avanzada edad, queriéndolo mostrar, incluso, como actuando fuera de la Constitución, que dice que esos magistrados deben jubilarse a los 75 años. El juez Fayt tiene 95 y fue ratificado en su cargo por una acordada del mismo tribunal que entendió que no corresponde aplicarle esa limitación siendo que ingresó en la Corte en 1983, muchos años antes de que rigiera la nueva norma legal de 1994. Otro tanto sucede con Enrique Petracchi, que ya pasó los 75, y que asumió al comienzo de la presidencia de Raúl Alfonsín.
No es un secreto el deseo íntimo del Gobierno de procurar desestabilizar a la Corte mediante presiones que produzcan renuncias antes de que sus miembros deban abandonarla naturalmente. De no lograrlo, podría buscar la ampliación del número de siete jueces para que una nueva mayoría ampliada resuelva las causas como el Gobierno espera.
Son todas maniobras burdas y desesperadas de quienes, contrariamente a lo que pregonan, jamás han tenido voluntad de someterse a las leyes. Es inconcebible, por otro lado, que todo el esfuerzo del Gobierno esté puesto en silenciar a quienes piensan diferente o deben controlarlo, cuando hay tantos temas tan urgentes por resolver como la inseguridad que tantas muertes provoca, la galopante inflación, la corrupción generalizada, el altísimo trabajo en negro y la verdadera pobreza.
La Nacion
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