Editorial I
El abuso del secreto, antítesis de la democracia
Además de resistirse el Gobierno a una ley de acceso a la información, se mantienen ocultos los acuerdos de YPF con Chevron y con Repsol
La falta de acceso a la información pública no sólo limita la democracia, sino que también restringe el sistema republicano, por cuanto, además de dar cuenta de una frágil calidad institucional, dificulta el ejercicio ciudadano en el control del poder político.
A más de treinta años de restaurada la vida democrática en la Argentina, se puede contemplar con particular asombro e indignación la forma en que el actual gobierno nacional cultiva el secreto al negar el acceso a información pública indispensable para el control ciudadano. El objetivo no parece otro que imponer un relato oficial que la mayoría de las veces oculta lo que realmente pasa.
Este estilo de gestión presenta innumerables ejemplos y no quedará atrás por la feliz decisión del flamante jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de prestarse a dialogar todas las mañanas con la prensa en la Casa de Gobierno. Cabe preguntarse cuál es la razón por la cual las autoridades nacionales esconden el acuerdo que liga a la empresa YPF, donde el Estado cuenta con participación mayoritaria, con la norteamericana Chevron para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta. Lo mismo cabe decir ante el halo de misterio en que permanece el preacuerdo con la española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones que esta compañía tenía en YPF. Se trata de demasiado dinero en juego de todos los argentinos como para que aún no se sepa a ciencia cierta, más allá de trascendidos, cuál será el monto concreto de la indemnización y cuál la forma de pago.
No se trata del único aspecto poco transparente. La reglamentación de la ley de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, sancionada este año, ha tornado mucho más escueta la información que la ciudadanía podrá conocer de cada uno de ellos.
Esta situación impedirá un eficiente control por parte de la ciudadanía y de reconocidas organizaciones no gubernamentales acerca de la evolución y el origen del patrimonio de quienes ocupan importantes cargos en la función pública, al igual que de eventuales conflictos de intereses entre la actividad pública y privada del funcionario.
Es altamente probable que si esta modificación hubiese sido puesta en marcha varios años atrás, ni el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, ni el vicepresidente Amado Boudou estarían actualmente siendo investigados por sospechas de enriquecimiento ilícito y otras causas de corrupción pública.
Este retroceso en materia de transparencia republicana y lucha eficaz contra la corrupción encuentra otro antecedente, que es la resistencia del gobierno nacional a la sanción de una ley de acceso a la información pública.
Cabe recordar que allá por 2004, cuando Cristina Kirchner presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se le introdujeron tantas modificaciones a un proyecto de ley de acceso a la información que había aprobado la Cámara de Diputados, que terminaron por desnaturalizarlo, sin que volviera a ser tratado. Para esa misma época, Néstor Kirchner firmó un decreto para acceder a información del Poder Ejecutivo, no obstante lo cual quienes buscaron ampararse en esa norma para obtener datos sufrieron muchas veces un verdadero calvario burocrático.
Numerosas entidades civiles, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), han expresado su cuestionamiento por esta inexplicable falla. Incluso, distintos países han expresado sus críticas frente a esta situación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se destacó allí la necesidad de una ley que se adecue a estándares internacionales y que contemple la existencia de un órgano autónomo e independiente, capaz de garantizar el acceso a la información, al tiempo que se puso de manifiesto la escasa confiabilidad de las estadísticas oficiales de nuestro país.
Un gobierno que se jacta de haber levantado en todo momento la bandera de los derechos humanos debería saber que el derecho a la información confiable no es ni más ni menos que un derecho humano elemental.
Es verdad que, en los últimos tiempos, algunos fallos judiciales han permitido el acceso a datos que el Poder Ejecutivo se negaba a suministrar. Uno de los casos más recientes y resonantes ha sido la sentencia de la Corte Suprema que obligó al gobierno nacional a publicar el contrato que liga a la Televisión Pública con una conocida productora de contenidos, responsable del programa 6, 7, 8 , entre otros productos.
Pero es evidente que el acceso a la información pública no debería depender de la voluntad de un juez. Debería tratarse de algo mucho más simple para cualquier ciudadano común y dejar de estar al arbitrio de funcionarios que confunden las cuestiones de Estado con secretos de Estado, que configuran la antítesis de una democraciaLa Nacion
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