Un día perfecto para la Presidenta

Viernes 27 de febrero de 2015 | Publicado en edición impresa

El análisis

Un día perfecto para la Presidenta

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION


Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas
desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto
encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su
canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete,
abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el
final de todo poder.

La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los
enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en
la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía
(desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los
aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo
Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días
antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había
intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos
mecanismos.

Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el
levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco
jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse,
subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.

Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum
que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas
internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había
asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo
fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de
la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no
aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se
levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía
nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los
iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras
jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró
inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo
que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró
entonces el acuerdo de su Parlamento.

Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva
entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado.
Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito
en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio
magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de
terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la
inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la
tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por
mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy
mala, pero que no es judiciable.

Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las
conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la
historia (Luis D'Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge
"Yussuf" Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos
hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del
magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se
encontró "una sola línea" que incriminara al canciller Héctor Timerman
y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un
enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por
su condición de judío. Es probable, no obstante, que D'Elía, Esteche y
Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se
demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era,
precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.

Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del
juez. Señala que D'Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es
funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto,
aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que
se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del
kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo
demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo
venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y
reproducida por Pollicita), D'Elía habla con Khalil por teléfono con
manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está "en
Presidencia" y que lo está escuchando una persona que no puede
nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la
Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y
viejo amigo de D'Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo
sin que haya habido una investigación?

Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola
de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la
convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la
decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un
"escándalo político innecesario". Algunos funcionarios judiciales
habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final
de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la
Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia
hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D'Elía,
Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se
daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es:
reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el
caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con
el gobierno de Nixon.

De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos
párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con
Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a
Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación
parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos
para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina
ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a
reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con
circulares rojas de captura internacional.

Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por
la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se
trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y
del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos
cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración
debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de
prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué
no insistió en que la "verdad" necesitaba de sus declaraciones ante la
justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único
propósito de Irán.

La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa
segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas
o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está,
para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar
ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre
todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su
muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.

Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner
decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece
consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta.
A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería
candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que
compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un
descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo
sentido de la dignidad política en busca de la aceptación
presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se
reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich
en el arte de conspirar y cortar cabezas.

Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo "Wado"
De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de
todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de
incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida
política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que
cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la
obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una
era que termina

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