Miércoles 18 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
Revelan manejos oscuros de una cuenta
Anticipó el abogado de Lagomarsino que hoy dará información que
involucra a Nisman
a defensa de Diego Lagomarsino, el hombre que le dio a Alberto Nisman
el arma con la que apareció muerto, anunció que conoce datos "de la
intimidad" del fiscal que "demuestran un comportamiento cuestionable"
de Nisman. Hoy presentará un escrito con detalles en el expediente que
investiga la muerte.
Así lo informó a LA NACION el abogado de Lagomarsino, Maximiliano
Rusconi, quien dijo que su defendido calló hasta ahora porque esa
información podría "ser utilizada para dañar la imagen" de Nisman.
Rusconi hizo el anuncio en respuesta a Sandra Arroyo Salgado, ex mujer
del fiscal, quien declaró que su ex pareja tenía con Lagomarsino una
relación de mucha confianza y se refirió, puntualmente, a una cuenta
en Estados Unidos que Lagomarsino compartía con Nisman y con la madre
y la hermana del fiscal.
"Mañana [por hoy] vamos a ir con un escrito aportando todo lo que
tenemos en relación con lo que introdujo Arroyo Salgado sobre la
cuenta y vamos a detallar los únicos dos movimientos que, por
indicación de Nisman, generó Lagomarsino en esa cuenta", dijo Rusconi.
"Para nosotros no tiene importancia a los efectos de esta
investigación, pero no queremos que se generen suspicacias que no
corresponden", agregó.
El abogado detalló que no son datos vinculados a parejas de Nisman ni
nada por el estilo, sino de contenido económico. "Si fuera por
nosotros, nunca lo hubiéramos volcado al expediente, pero al haberlo
volcado la querella nos vemos en la obligación de aportar todos los
datos que tenemos", afirmó Rusconi.
Sobre este "otro dato", por la mañana, el abogado había dicho a Radio
Vorterix que se trataba de "un dato de la intimidad de la relación de
ellos dos, que no tiene que ver con la intimidad sexual, como dijo la
Presidenta; tiene que ver con una exigencia de Nisman sobre él".
Además, Rusconi negó que Lagomarsino hubiera tenido llaves del
departamento de Nisman en las Torres Le Parc, tal como sugirió la
querella.
Después de que Arroyo Salgado revelara la existencia de una cuenta en
Estados Unidos, la fiscal Viviana Fein decidió volver a citar a
declarar a la hermana de Nisman, Sandra, y a la madre de ambos, Sara
Garfunkel. Las convocó por teléfono y luego por cédula. Ellas
postergaron su presentación, pero están citadas formalmente para hoy y
deberán comparecer. En su condición de testigos, no pueden faltar a la
audiencia.
Según declaró en la causa Arroyo Salgado, Sandra Nisman le contó la
existencia de la cuenta que compartían con Lagomarsino en Estados
Unidos. Por eso es clave lo que ella y su madre puedan contar. Fuentes
vinculadas con el caso dijeron a LA NACION que Fein analizará, como
punto de partida, las declaraciones juradas de Nisman ante la AFIP
para ver si existe alguna referencia a ella en el patrimonio que el
fiscal declaró como propio.
http://www.lanacion.com.ar/1777068-revelan-manejos-oscuros-de-una-cuenta
Citibank anunció que renuncia a participar en los pagos de deuda argentina
Miércoles 18 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
La deuda en default / La encrucijada del banco norteamericano
Citibank anunció que renuncia a participar en los pagos de deuda argentina
Dijo estar en medio de "un conflicto de leyes internacionales" por el
fallo de Griesa y las exigencias del Gobierno, por lo que saldrá del
negocio de custodia de los bonos
Por Rafael Mathus Ruiz | Para LA NACION
NUEVA YORK.- El Citibank anunció ayer que dejará de participar "lo
antes posible" en los pagos de la deuda argentina, luego de recibir
órdenes antagónicas del juez Thomas Griesa, que le prohibió realizar
esos giros, y del gobierno argentino, que lo amenazó con quitarle su
negocio en el país si no lo hace.
Thomas Griesa y Axel Kicillof. Foto: LA NACION
El banco, que dijo estar sujeto a un "conflicto de leyes
internacionales sin precedentes", se convirtió en la primera entidad
financiera internacional que busca abrirse del manejo de la deuda
argentina para evitar sufrir daños colaterales por la prolongada pelea
judicial entre la Argentina y los demandantes liderados por el fondo
buitre NML, del magnate Paul Singer.
La abogada del Citibank, Karen Wagner, informó ayer la decisión a
Griesa a través de una carta, en la cual indicó que el banco todavía
no tiene una estrategia de salida. Citibank Argentina, señaló, deberá
desarrollar y ejecutar un plan "lo antes posible".
"La manera precisa en la cual Citibank Argentina saldrá del negocio de
custodio aún tiene que ser determinada, pero puede incluir la venta de
ciertas porciones del negocio de custodio o la terminación de las
relaciones de cuentas con notificación a sus clientes", detalló
Wagner.
Citibank Argentina tiene bajo custodia más de US$ 2000 millones en
bonos en dólares gobernados por la ley argentina. A fines de este mes,
el banco debe transferir 3,7 millones de dólares correspondientes al
próximo pago de intereses de bonos Par.
La entidad justificó su decisión de dar un paso al costado en la orden
del juez que le impide transferir los pagos de intereses de esos
papeles y la "renovada amenaza" del Gobierno de quitarle la licencia
para operar en el país, e imponer sanciones "penales, civiles y
administrativas" si no los concretaba.
Al igual que otras entidades financieras involucradas en los pagos de
la deuda, el Citi quedó en una posición incómoda, forzado a elegir
entre acatar las órdenes de la justicia de Estados Unidos o cumplir
con las exigencias del Gobierno. Si el Citi desobedece a Griesa, se
expone a ser declarado en desacato. Si elude los reclamos del
Gobierno, corre el riesgo de perder la licencia para su negocio
bancario en el país.
Desde que quedó firme el mandato judicial de Griesa, que le prohibió a
la Argentina realizar pagos de la deuda a menos que cancele la
sentencia a favor de los demandantes liderados por NML, el banco
intentó eludir ese dilema pidiendo que se liberaran los pagos de los
papeles bajo su custodia. Fue en vano: tras casi nueve meses de idas y
venidas, Griesa denegó ese pedido la semana anterior.
Pese al giro de ayer, el Citi apelará esa decisión del juez. Wagner
también solicitó una audiencia e insistió en pedirle a Griesa que
habilite el próximo pago de intereses, al renovar el pedido por una
medida cautelar limitada, o stay, que el juez ya negó por primera vez,
anteayer. El Gobierno, que hasta ayer no había desarrollado una
alternativa para garantizar el próximo pago de intereses, había
elevado la presión sobre el Citi en los últimos días.
Anteayer, el CEO de Citibank Argentina, Gabriel Ribisich, recibió una
carta firmada por el secretario legal y administrativo, Federico Thea,
que intimaba al banco a que respondiera, en 48 horas, qué iba a hacer
con los pagos de los bonos bajo su custodia (Ver aparte). La respuesta
no se hizo esperar. Wagner adjuntó esa carta junto con la suya.
La carta de Thea reiteraba la postura oficial, ya conocida: insistía
en que Citibank Argentina debía cumplir con las leyes nacionales y
pagarles a los bonistas, y advertía que, de no hacerlo, el banco podía
perder la licencia para operar en el país y sus empleados podían
sufrir sanciones penales. El Citi pareció apostar por intentar
preservar su negocio bancario, renunciando a su papel de custodio.
"El negocio de custodio -se preocupó por explicar ayer el banco-, por
su propia naturaleza, no tiene ninguna conexión significativa con el
negocio bancario en general, ya que se limita a ofrecer servicios de
custodia de los activos que son propiedad indiscutible de clientes."
http://www.lanacion.com.ar/1777048-citibank-anuncio-que-renuncia-a-participar-en-los-pagos-de-deuda-argentina
La deuda en default / La encrucijada del banco norteamericano
Citibank anunció que renuncia a participar en los pagos de deuda argentina
Dijo estar en medio de "un conflicto de leyes internacionales" por el
fallo de Griesa y las exigencias del Gobierno, por lo que saldrá del
negocio de custodia de los bonos
Por Rafael Mathus Ruiz | Para LA NACION
NUEVA YORK.- El Citibank anunció ayer que dejará de participar "lo
antes posible" en los pagos de la deuda argentina, luego de recibir
órdenes antagónicas del juez Thomas Griesa, que le prohibió realizar
esos giros, y del gobierno argentino, que lo amenazó con quitarle su
negocio en el país si no lo hace.
Thomas Griesa y Axel Kicillof. Foto: LA NACION
El banco, que dijo estar sujeto a un "conflicto de leyes
internacionales sin precedentes", se convirtió en la primera entidad
financiera internacional que busca abrirse del manejo de la deuda
argentina para evitar sufrir daños colaterales por la prolongada pelea
judicial entre la Argentina y los demandantes liderados por el fondo
buitre NML, del magnate Paul Singer.
La abogada del Citibank, Karen Wagner, informó ayer la decisión a
Griesa a través de una carta, en la cual indicó que el banco todavía
no tiene una estrategia de salida. Citibank Argentina, señaló, deberá
desarrollar y ejecutar un plan "lo antes posible".
"La manera precisa en la cual Citibank Argentina saldrá del negocio de
custodio aún tiene que ser determinada, pero puede incluir la venta de
ciertas porciones del negocio de custodio o la terminación de las
relaciones de cuentas con notificación a sus clientes", detalló
Wagner.
Citibank Argentina tiene bajo custodia más de US$ 2000 millones en
bonos en dólares gobernados por la ley argentina. A fines de este mes,
el banco debe transferir 3,7 millones de dólares correspondientes al
próximo pago de intereses de bonos Par.
La entidad justificó su decisión de dar un paso al costado en la orden
del juez que le impide transferir los pagos de intereses de esos
papeles y la "renovada amenaza" del Gobierno de quitarle la licencia
para operar en el país, e imponer sanciones "penales, civiles y
administrativas" si no los concretaba.
Al igual que otras entidades financieras involucradas en los pagos de
la deuda, el Citi quedó en una posición incómoda, forzado a elegir
entre acatar las órdenes de la justicia de Estados Unidos o cumplir
con las exigencias del Gobierno. Si el Citi desobedece a Griesa, se
expone a ser declarado en desacato. Si elude los reclamos del
Gobierno, corre el riesgo de perder la licencia para su negocio
bancario en el país.
Desde que quedó firme el mandato judicial de Griesa, que le prohibió a
la Argentina realizar pagos de la deuda a menos que cancele la
sentencia a favor de los demandantes liderados por NML, el banco
intentó eludir ese dilema pidiendo que se liberaran los pagos de los
papeles bajo su custodia. Fue en vano: tras casi nueve meses de idas y
venidas, Griesa denegó ese pedido la semana anterior.
Pese al giro de ayer, el Citi apelará esa decisión del juez. Wagner
también solicitó una audiencia e insistió en pedirle a Griesa que
habilite el próximo pago de intereses, al renovar el pedido por una
medida cautelar limitada, o stay, que el juez ya negó por primera vez,
anteayer. El Gobierno, que hasta ayer no había desarrollado una
alternativa para garantizar el próximo pago de intereses, había
elevado la presión sobre el Citi en los últimos días.
Anteayer, el CEO de Citibank Argentina, Gabriel Ribisich, recibió una
carta firmada por el secretario legal y administrativo, Federico Thea,
que intimaba al banco a que respondiera, en 48 horas, qué iba a hacer
con los pagos de los bonos bajo su custodia (Ver aparte). La respuesta
no se hizo esperar. Wagner adjuntó esa carta junto con la suya.
La carta de Thea reiteraba la postura oficial, ya conocida: insistía
en que Citibank Argentina debía cumplir con las leyes nacionales y
pagarles a los bonistas, y advertía que, de no hacerlo, el banco podía
perder la licencia para operar en el país y sus empleados podían
sufrir sanciones penales. El Citi pareció apostar por intentar
preservar su negocio bancario, renunciando a su papel de custodio.
"El negocio de custodio -se preocupó por explicar ayer el banco-, por
su propia naturaleza, no tiene ninguna conexión significativa con el
negocio bancario en general, ya que se limita a ofrecer servicios de
custodia de los activos que son propiedad indiscutible de clientes."
http://www.lanacion.com.ar/1777048-citibank-anuncio-que-renuncia-a-participar-en-los-pagos-de-deuda-argentina
Para la justicia de EE.UU., López y Báez habrían operado dinero ilegal
Miércoles 18 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
Negocios y poder / La presión de los holdouts
Para la justicia de EE.UU., López y Báez habrían operado dinero ilegal
El juez que tramita la causa iniciada por los fondos buitre reconoció
que las cuentas en Nevada pertenecerían a los empresarios y que
habrían sido utilizadas para canalizar fondos de la corrupción
Por Silvia Pisani | LA NACION
Washington.- La pesquisa por la llamada "ruta del dinero K" cobra
velocidad inusitada. En una de sus primeras opiniones sobre el caso,
el juez estadounidense Cam Farenbach urgió a la liberación de nuevos
documentos y dio indicios de compartir la tesis de los fondos
denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los
empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos
"podrían tener activos" pertenecientes a la Argentina.
"Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba",
recordó el juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes
serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la
presidenta Cristina Kirchner.
El fondo NML, de Paul Singer, aportó "sospecha razonable para creer"
que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina", indicó el
magistrado en un largo documento.
Farenbach se hace luego eco de la teoría del fondo buitre NML de que
"López, Báez y sus entidades podrían ser ladrones", argumento con el
que le reconoce la facultad de seguir reclamando documentación
probatoria, más allá de la queja de los investigados.
Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De
hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más
documentos.
Pero ofrece una novedad importante: por primera vez empieza a
inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de
que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podría
haber actuado como canalizador de bienes obtenidos de forma ilegal.
En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos
importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF
Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede
en Panamá, son una misma cosa.
"MF Corporate es el álter ego de Mossack Fonseca", dice el juez. El
dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se
podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres
sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas
que atribuyen a Báez.
Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el
testimonio de la llamada "testigo clave" Patricia Amunategui, cuyo
relato sirvió para corroborar el modo de actuar que los buitres
sospechaban en cuanto al registro de empresas "fantasma".
En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un
reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que
fue el primero que tuvo esta pista y a quien se intentó apartar del
cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada "ruta del dinero K",
tarea en la que fracasó la procuradora general de la Nación, Alejandra
Gils Carbó.
Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría
haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez
dispuso una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora
están protegidos por un paraguas de confidencialidad.
La fecha límite que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los
documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo
UBS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como
"respuesta" a una demanda de los fondos buitre "sobre Lázaro Báez y
entidades afines".
Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada
es una herramienta con que el fondo NML, de Paul Singer, intenta
localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados,
procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el gobierno
argentino se resiste a pagar.
Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a
las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la
justicia de este país.
Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la
velocidad que está tomando la causa. De hecho, esta resolución de
Farenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de
partes que tuvo lugar el lunes de la semana pasada. Esa celeridad fue
una sorpresa para todos.
Horas después, el juez dispuso la liberación de más documentos. En
ellos figuran nuevos registros de movimientos bancarios, así como
alusiones a las demandas de información enviadas a 29 bancos. Hasta
ahora, sólo una quincena suministró respuestas.
Polémicas conexiones
Cristina Kirchner
La Presidenta mantiene desde hace varios años una relación comercial
con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Este último se
benefició con la obra pública estatal y la Justicia investiga cómo
manejó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia
presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Hotesur es
sospechada de una operación de lavado de dinero. El hotel Alto
Calafate alquiló habitaciones a Austral Construcciones, que pertenece
a Báez, durante varios años a precios que llegaron a duplicar los de
mercado. A la vez, Cristóbal López pagaba millonarios alquileres a la
familia Kirchner por inmuebles ubicados en Puerto Madero y en Recoleta
Lázaro Báez
Desde la empresa Austral Construcciones Lázaro Báez se benefició con
la mayor parte de la obra pública que se realizó en Santa Cruz. Además
de esto, el empresario kirchnerista desembolsó más de 14,5 millones de
pesos entre 2010 y 2011 en los hoteles gerenciados por los Kirchner en
el Sur. El Banco Nación financió a Báez por la vía de la excepción y
por encima de los límites preacordados. También evitó reportar una
operación de Báez por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF).
Por una demanda de los fondos buitre la justicia de Nevada investiga
el vínculo de Báez con empresas en Estados Unidos y Panamá que habrían
sido usadas para lavar dinero proveniente de ilícitos
Cristobal López
El empresario del juego no sólo les alquila un departamento, una
oficina y cinco cocheras en Madero Center a los Kirchner. Desde su
inversora M&S, que funciona en oficinas alquiladas a la familia
Kirchner, López habría realizado inversiones en la sociedad Los Sauces
SA, de la que también eran socios Néstor, Cristina y Máximo Kirchner.
Al igual que en el caso de Lázaro Báez, la justicia de Nevada
investiga a Cristóbal López en los Estados Unidos ya que podría tener
activos pertenecientes a la Argentina. El juez de Nevada sospecha que
los fondos que denunciaron los fondos buitre podrían formar parte de
un entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López con dinero
ilegal
http://www.lanacion.com.ar/1777051-para-la-justicia-de-eeuu-lopez-y-baez-habrian-operado-dinero-ilegal
Negocios y poder / La presión de los holdouts
Para la justicia de EE.UU., López y Báez habrían operado dinero ilegal
El juez que tramita la causa iniciada por los fondos buitre reconoció
que las cuentas en Nevada pertenecerían a los empresarios y que
habrían sido utilizadas para canalizar fondos de la corrupción
Por Silvia Pisani | LA NACION
Washington.- La pesquisa por la llamada "ruta del dinero K" cobra
velocidad inusitada. En una de sus primeras opiniones sobre el caso,
el juez estadounidense Cam Farenbach urgió a la liberación de nuevos
documentos y dio indicios de compartir la tesis de los fondos
denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los
empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos
"podrían tener activos" pertenecientes a la Argentina.
"Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba",
recordó el juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes
serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la
presidenta Cristina Kirchner.
El fondo NML, de Paul Singer, aportó "sospecha razonable para creer"
que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina", indicó el
magistrado en un largo documento.
Farenbach se hace luego eco de la teoría del fondo buitre NML de que
"López, Báez y sus entidades podrían ser ladrones", argumento con el
que le reconoce la facultad de seguir reclamando documentación
probatoria, más allá de la queja de los investigados.
Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De
hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más
documentos.
Pero ofrece una novedad importante: por primera vez empieza a
inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de
que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podría
haber actuado como canalizador de bienes obtenidos de forma ilegal.
En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos
importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF
Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede
en Panamá, son una misma cosa.
"MF Corporate es el álter ego de Mossack Fonseca", dice el juez. El
dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se
podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres
sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas
que atribuyen a Báez.
Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el
testimonio de la llamada "testigo clave" Patricia Amunategui, cuyo
relato sirvió para corroborar el modo de actuar que los buitres
sospechaban en cuanto al registro de empresas "fantasma".
En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un
reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que
fue el primero que tuvo esta pista y a quien se intentó apartar del
cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada "ruta del dinero K",
tarea en la que fracasó la procuradora general de la Nación, Alejandra
Gils Carbó.
Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría
haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez
dispuso una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora
están protegidos por un paraguas de confidencialidad.
La fecha límite que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los
documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo
UBS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como
"respuesta" a una demanda de los fondos buitre "sobre Lázaro Báez y
entidades afines".
Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada
es una herramienta con que el fondo NML, de Paul Singer, intenta
localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados,
procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el gobierno
argentino se resiste a pagar.
Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a
las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la
justicia de este país.
Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la
velocidad que está tomando la causa. De hecho, esta resolución de
Farenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de
partes que tuvo lugar el lunes de la semana pasada. Esa celeridad fue
una sorpresa para todos.
Horas después, el juez dispuso la liberación de más documentos. En
ellos figuran nuevos registros de movimientos bancarios, así como
alusiones a las demandas de información enviadas a 29 bancos. Hasta
ahora, sólo una quincena suministró respuestas.
Polémicas conexiones
Cristina Kirchner
La Presidenta mantiene desde hace varios años una relación comercial
con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Este último se
benefició con la obra pública estatal y la Justicia investiga cómo
manejó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia
presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Hotesur es
sospechada de una operación de lavado de dinero. El hotel Alto
Calafate alquiló habitaciones a Austral Construcciones, que pertenece
a Báez, durante varios años a precios que llegaron a duplicar los de
mercado. A la vez, Cristóbal López pagaba millonarios alquileres a la
familia Kirchner por inmuebles ubicados en Puerto Madero y en Recoleta
Lázaro Báez
Desde la empresa Austral Construcciones Lázaro Báez se benefició con
la mayor parte de la obra pública que se realizó en Santa Cruz. Además
de esto, el empresario kirchnerista desembolsó más de 14,5 millones de
pesos entre 2010 y 2011 en los hoteles gerenciados por los Kirchner en
el Sur. El Banco Nación financió a Báez por la vía de la excepción y
por encima de los límites preacordados. También evitó reportar una
operación de Báez por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF).
Por una demanda de los fondos buitre la justicia de Nevada investiga
el vínculo de Báez con empresas en Estados Unidos y Panamá que habrían
sido usadas para lavar dinero proveniente de ilícitos
Cristobal López
El empresario del juego no sólo les alquila un departamento, una
oficina y cinco cocheras en Madero Center a los Kirchner. Desde su
inversora M&S, que funciona en oficinas alquiladas a la familia
Kirchner, López habría realizado inversiones en la sociedad Los Sauces
SA, de la que también eran socios Néstor, Cristina y Máximo Kirchner.
Al igual que en el caso de Lázaro Báez, la justicia de Nevada
investiga a Cristóbal López en los Estados Unidos ya que podría tener
activos pertenecientes a la Argentina. El juez de Nevada sospecha que
los fondos que denunciaron los fondos buitre podrían formar parte de
un entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López con dinero
ilegal
http://www.lanacion.com.ar/1777051-para-la-justicia-de-eeuu-lopez-y-baez-habrian-operado-dinero-ilegal
Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones del Estado
Miércoles 18 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
A fondo
Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones del Estado
Hoy resulta virtualmente imposible, incluso para los expertos, saber
cuánto gasta el Estado y cuál es el costo final de las obras; el
Gobierno responsabiliza a las provincias
Por Pablo Fernández Blanco | LA NACION
El 24 de noviembre de 2003, seis meses después del cambio de gobierno,
el Salón Blanco de la Casa Rosada estaba como quería Néstor Kirchner.
Luis Pagani (Arcor), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Santiago Soldati
(Sociedad Comercial del Plata), Oscar Vicente (Petrobras) y Oscar
Vignart (Dow) eran algunos de los empresarios de primera línea que
habían asistido al lanzamiento del Gasoducto del Nordeste Argentino
(GNA), que se convertiría en uno de los mayores proyectos de
infraestructura del país. Paolo Rocca (Techint) le había llevado la
idea a Kirchner, que llenó de elogios al empresario siderúrgico. Once
años después, ese gasoducto no existe.
Según el primer cronograma, el proyecto, que costaría unos US$ 1000
millones, debía estar listo en 2006. Pero uno de los últimos
calendarios establece su culminación 10 años después, en 2016, algo
que difícilmente ocurrirá. El año pasado deberían haberse invertido $
1145,54 millones, y otros $ 5132,54 millones estaban previstos para
éste, según cifras que figuran en documentos públicos.
Pero es imposible saber si eso ocurrió o ocurrirá, como pasa con casi
todas las obras que hace el Estado. Sólo está claro que días atrás se
hizo la primera soldadura de un caño, un acto que contó con la
presencia de Cristina Kirchner .
La inversión pública durante la última década, una de las banderas que
suele agitar la Presidenta al mencionar los logros de su gestión y
justificar la injerencia del Estado en la economía, tuvo una
característica sobresaliente: implica el uso de recursos
multimillonarios cuyo destino es incierto si se lo intenta rastrear a
partir de la información pública disponible; no sólo para cualquier
ciudadano, sino también para los especialistas. Es la conclusión a la
que llegan profesionales de diversas orientaciones que suelen requerir
esos datos para su trabajo cotidiano.
¿Cuánto costó la finalización de la central atómica Atucha II, que la
Presidenta volvió a inaugurar el 18 de febrero? ¿Y la represa
hidroeléctrica Yacyretá? ¿Las rutas de Santa Cruz y del resto del
país? ¿Cuánto avanzó tal o cual plan de viviendas? Incluso a los
expertos en el análisis de esos temas les cuesta decirlo, a tal punto
que no pueden arriesgar una respuesta.
El presupuesto de este año prevé destinar 148.622 millones de pesos a
gastos de capital, entre inversión real directa. El ministro de
Planificación, Julio De Vido, es el gran administrador de esos fondos
Frente a las consultas de LA NACION, voceros del Ministerio de
Planificación sostuvieron que "el 94% de las obras se ejecutan de
manera descentralizada, con fondos que Nación transfiere a las
provincias". Según su criterio, los gobernadores son los que deberían
rendir las cuentas. Explicaron también que a fines del año pasado esa
cartera lanzó una plataforma digital que será el primer paso para
resolver algunas cuestiones vinculadas con la información.
El presupuesto de este año prevé destinar 148.622 millones de pesos a
gastos de capital, entre inversión real directa ($ 40.056 millones que
irán a la obra pública nacional) y transferencias de capital al sector
público (otros $ 108.566 millones que el Gobierno remitirá a las
provincias principalmente para obras y compra de equipamiento). El
ministro de Planificación, Julio De Vido , es el gran administrador de
esos fondos.
Según un trabajo de la fundación Nuevas Generaciones, que agrupa a
especialistas de distintas extracciones políticas, esas cifras
representan las inversiones no financieras del Estado antes de
cualquier modificación presupuestaria que pueda decidir el jefe de
Gabinete. Su gravitación en las cuentas nacionales es enorme:
representa el 11,8% del presupuesto 2015 (más que el 10,3% que se
llevó el año pasado) y casi el 2,99% del PBI. La información
disponible sobre su destino es inversamente opuesta a su importancia.
Cuando está, aparece con poco nivel de detalle o una exagerada
precisión, sin vincularla a proyectos específicos, casi siempre de
forma no sistematizada e incompleta.
Nuevas Generaciones intentó hacer el seguimiento de una obra pública
nacional sobre la base de un manual que la propia organización
elaboró. El resultado fue magro. "El objetivo fue satisfecho de manera
parcial, dada la imposibilidad de realizar el control sobre una obra
pública en particular de la APN [Administración Pública Nacional] como
consecuencia de la falta de información", explicó la entidad en un
informe que presentó a fines del año pasado.
El economista Walter Agosto, ex ministro de Hacienda de Santa Fe y ex
diputado nacional (Partido Justicialista), que coordinó el trabajo,
dice que la información sobre un proyecto debería ser visible desde la
firma del contrato hasta la finalización de la obra. Pero ocurre lo
contrario. "Incluso en el universo más reducido de la obra pública no
hay información sistemática que permita monitorearla. Los datos son
parciales, segmentados y desactualizados", lamentó.
El kirchnerismo cuenta con un espíritu más enfocado en el anuncio de
proyectos antes que en el cumplimiento de los tiempos, otra
característica que dificulta el seguimiento de los gastos. A los casos
del GNA y Atucha II se les pueden sumar muchos otros, como el
soterramiento de la ex línea Sarmiento, que se anunció por primera vez
hace una década y no tiene avances, o el tren bala. El último ejemplo
son las centrales eléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en
Santa Cruz, que se licitaron dos veces.
La búsqueda de información sobre proyectos puede resultar
desconcertante. En algunos casos, los datos aparecen en magnitudes
enormes que no hacen referencia a proyectos específicos. Por ejemplo,
el Sitio de Consulta del Ciudadano, que depende de Economía, muestra
que el programa denominado "Formulación, programación, ejecución y
control de obras públicas" (su objetivo es ejecutar obras de
infraestructura en todo el país) tiene disponibles $ 869 millones para
gastar este año, pero no especifica en qué.
El Gobierno tiene herramientas para mostrar el grado de avance de las
obras, cuánto costaron y a qué se destinó el dinero, pero suelen estar
desaprovechadas. En la página de la Secretaría de Política Económica
se puede revisar el Banco de Proyectos de Inversión (Bapin). Allí
figura, por ejemplo, que se gastaron $ 12.317 millones para terminar
la central Atucha II. Aunque están los casilleros para llenar, no hay
especificaciones con respecto a cuánto se gastó en cada año, algo que
hace imposible su conversión a dólares, la moneda en que suelen
expresarse los proyectos de infraestructura.
Además, la cifra publicada no coincide con los números que presentan
los funcionarios. Según un cable de la agencia Télam del 27 de junio
del año pasado, "el ministro [de Planificación, Julio De Vido] recordó
que la construcción de la central nuclear demandó una inversión de
18.000 millones de pesos", es decir, casi $ 6000 millones más. Y el
entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , desmintió a De Vido en
una de las respuestas que les dio a los legisladores en un informe del
año pasado. Según sus cuentas, entre 2006 y 2014 la inversión total,
IVA incluido, fue de $ 20.105 millones, 12% más que el cálculo del
ministro de Planificación.
Los informes que el jefe de Gabinete está obligado a presentar
periódicamente ante el Congreso son una fuente importante de
información. Pero se limitan a responder las preguntas que le hacen
los bloques que integran ambas cámaras, que suelen consultar sobre
temas de actualidad. Así, es muy difícil reconstruir series históricas
o tener acceso a datos fuera del interés de los legisladores.
El portal de la Oficina Nacional de Contrataciones (Argentina Compra),
a cargo de la Jefatura de Gabinete, es posiblemente el espacio que
mejor funciona en materia de información. Allí los problemas son
otros. Suelen aparecer las licitaciones del Estado, pero seguir su
evolución implica un enorme ejercicio de paciencia. En la mayoría de
los casos, además, es casi imposible relacionar las compras con
proyectos específicos, en especial en los más grandes.
'En todos los casos, no sólo en infraestructura, hoy el acceso a la
información pública es difícil. Si no está en Internet, es como que no
está', explica Santiago Urbitztondo, uno de los economistas de FIEL
"En todos los casos, no sólo en infraestructura, hoy el acceso a la
información pública es difícil. Si no está en Internet, es como que no
está. Hay una centralización de datos en la Oficina Nacional de
Contrataciones, con mucha información, pero está de una manera muy
micro y analizarlos representa una gran dificultad", explicó Santiago
Urbitztondo, uno de los economistas de FIEL habituado a trabajar con
datos públicos. "Muchas veces obliga casi a adivinar."
En los últimos tiempos, Argentina Compra sumó otra deficiencia, ya que
muestra el llamado para realizar una contratación, pero en muchos
casos no explicita cómo continuó el proceso, es decir, quién resultó
adjudicado. Una pista de ese problema quedó sentada en una disposición
de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) del 29 de septiembre
del año pasado. Adujo que, por limitaciones técnicas, debía poner en
marcha un procedimiento excepcional de difusión que contempla, entre
otras cosas, la difusión de las licitaciones a través de la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), un organismo empresarial
que, naturalmente, está por fuera del sector público. Los problemas
tecnológicos de la ONC arrastran seis meses.
Otra alternativa, sólo para casos en que proyectos locales se
financian con créditos de organismos multilaterales, es el Sistema de
Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA), una plataforma que
desarrolló en 2006 el Banco Mundial. En ese caso, las deficiencias se
deben a que la actualización de los datos depende de los organismos
locales y suele tener demoras. Lucio Castro, director de Desarrollo
Económico del Cippec y especializado en temas de inversión pública en
infraestructura, hace poco tuvo que hacer un ejercicio extraño:
rastreó en estadísticas de la Cepal (Comisión Económica para América
latina y el Caribe) datos sobre transporte, energía, agua y
saneamiento en la Argentina. "¿Por qué en la Cepal? Aquí esa
información no está", contó a LA NACION. "Faltan datos detallados
sobre cuánto se invierte en cada obra en particular, y, sobre todo, de
porcentaje de ejecución. No se sabe cuánto se hace cada año."
http://www.lanacion.com.ar/1777033-pozo-negro-el-incierto-destino-de-las-inversiones-publicas
A fondo
Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones del Estado
Hoy resulta virtualmente imposible, incluso para los expertos, saber
cuánto gasta el Estado y cuál es el costo final de las obras; el
Gobierno responsabiliza a las provincias
Por Pablo Fernández Blanco | LA NACION
El 24 de noviembre de 2003, seis meses después del cambio de gobierno,
el Salón Blanco de la Casa Rosada estaba como quería Néstor Kirchner.
Luis Pagani (Arcor), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Santiago Soldati
(Sociedad Comercial del Plata), Oscar Vicente (Petrobras) y Oscar
Vignart (Dow) eran algunos de los empresarios de primera línea que
habían asistido al lanzamiento del Gasoducto del Nordeste Argentino
(GNA), que se convertiría en uno de los mayores proyectos de
infraestructura del país. Paolo Rocca (Techint) le había llevado la
idea a Kirchner, que llenó de elogios al empresario siderúrgico. Once
años después, ese gasoducto no existe.
Según el primer cronograma, el proyecto, que costaría unos US$ 1000
millones, debía estar listo en 2006. Pero uno de los últimos
calendarios establece su culminación 10 años después, en 2016, algo
que difícilmente ocurrirá. El año pasado deberían haberse invertido $
1145,54 millones, y otros $ 5132,54 millones estaban previstos para
éste, según cifras que figuran en documentos públicos.
Pero es imposible saber si eso ocurrió o ocurrirá, como pasa con casi
todas las obras que hace el Estado. Sólo está claro que días atrás se
hizo la primera soldadura de un caño, un acto que contó con la
presencia de Cristina Kirchner .
La inversión pública durante la última década, una de las banderas que
suele agitar la Presidenta al mencionar los logros de su gestión y
justificar la injerencia del Estado en la economía, tuvo una
característica sobresaliente: implica el uso de recursos
multimillonarios cuyo destino es incierto si se lo intenta rastrear a
partir de la información pública disponible; no sólo para cualquier
ciudadano, sino también para los especialistas. Es la conclusión a la
que llegan profesionales de diversas orientaciones que suelen requerir
esos datos para su trabajo cotidiano.
¿Cuánto costó la finalización de la central atómica Atucha II, que la
Presidenta volvió a inaugurar el 18 de febrero? ¿Y la represa
hidroeléctrica Yacyretá? ¿Las rutas de Santa Cruz y del resto del
país? ¿Cuánto avanzó tal o cual plan de viviendas? Incluso a los
expertos en el análisis de esos temas les cuesta decirlo, a tal punto
que no pueden arriesgar una respuesta.
El presupuesto de este año prevé destinar 148.622 millones de pesos a
gastos de capital, entre inversión real directa. El ministro de
Planificación, Julio De Vido, es el gran administrador de esos fondos
Frente a las consultas de LA NACION, voceros del Ministerio de
Planificación sostuvieron que "el 94% de las obras se ejecutan de
manera descentralizada, con fondos que Nación transfiere a las
provincias". Según su criterio, los gobernadores son los que deberían
rendir las cuentas. Explicaron también que a fines del año pasado esa
cartera lanzó una plataforma digital que será el primer paso para
resolver algunas cuestiones vinculadas con la información.
El presupuesto de este año prevé destinar 148.622 millones de pesos a
gastos de capital, entre inversión real directa ($ 40.056 millones que
irán a la obra pública nacional) y transferencias de capital al sector
público (otros $ 108.566 millones que el Gobierno remitirá a las
provincias principalmente para obras y compra de equipamiento). El
ministro de Planificación, Julio De Vido , es el gran administrador de
esos fondos.
Según un trabajo de la fundación Nuevas Generaciones, que agrupa a
especialistas de distintas extracciones políticas, esas cifras
representan las inversiones no financieras del Estado antes de
cualquier modificación presupuestaria que pueda decidir el jefe de
Gabinete. Su gravitación en las cuentas nacionales es enorme:
representa el 11,8% del presupuesto 2015 (más que el 10,3% que se
llevó el año pasado) y casi el 2,99% del PBI. La información
disponible sobre su destino es inversamente opuesta a su importancia.
Cuando está, aparece con poco nivel de detalle o una exagerada
precisión, sin vincularla a proyectos específicos, casi siempre de
forma no sistematizada e incompleta.
Nuevas Generaciones intentó hacer el seguimiento de una obra pública
nacional sobre la base de un manual que la propia organización
elaboró. El resultado fue magro. "El objetivo fue satisfecho de manera
parcial, dada la imposibilidad de realizar el control sobre una obra
pública en particular de la APN [Administración Pública Nacional] como
consecuencia de la falta de información", explicó la entidad en un
informe que presentó a fines del año pasado.
El economista Walter Agosto, ex ministro de Hacienda de Santa Fe y ex
diputado nacional (Partido Justicialista), que coordinó el trabajo,
dice que la información sobre un proyecto debería ser visible desde la
firma del contrato hasta la finalización de la obra. Pero ocurre lo
contrario. "Incluso en el universo más reducido de la obra pública no
hay información sistemática que permita monitorearla. Los datos son
parciales, segmentados y desactualizados", lamentó.
El kirchnerismo cuenta con un espíritu más enfocado en el anuncio de
proyectos antes que en el cumplimiento de los tiempos, otra
característica que dificulta el seguimiento de los gastos. A los casos
del GNA y Atucha II se les pueden sumar muchos otros, como el
soterramiento de la ex línea Sarmiento, que se anunció por primera vez
hace una década y no tiene avances, o el tren bala. El último ejemplo
son las centrales eléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en
Santa Cruz, que se licitaron dos veces.
La búsqueda de información sobre proyectos puede resultar
desconcertante. En algunos casos, los datos aparecen en magnitudes
enormes que no hacen referencia a proyectos específicos. Por ejemplo,
el Sitio de Consulta del Ciudadano, que depende de Economía, muestra
que el programa denominado "Formulación, programación, ejecución y
control de obras públicas" (su objetivo es ejecutar obras de
infraestructura en todo el país) tiene disponibles $ 869 millones para
gastar este año, pero no especifica en qué.
El Gobierno tiene herramientas para mostrar el grado de avance de las
obras, cuánto costaron y a qué se destinó el dinero, pero suelen estar
desaprovechadas. En la página de la Secretaría de Política Económica
se puede revisar el Banco de Proyectos de Inversión (Bapin). Allí
figura, por ejemplo, que se gastaron $ 12.317 millones para terminar
la central Atucha II. Aunque están los casilleros para llenar, no hay
especificaciones con respecto a cuánto se gastó en cada año, algo que
hace imposible su conversión a dólares, la moneda en que suelen
expresarse los proyectos de infraestructura.
Además, la cifra publicada no coincide con los números que presentan
los funcionarios. Según un cable de la agencia Télam del 27 de junio
del año pasado, "el ministro [de Planificación, Julio De Vido] recordó
que la construcción de la central nuclear demandó una inversión de
18.000 millones de pesos", es decir, casi $ 6000 millones más. Y el
entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , desmintió a De Vido en
una de las respuestas que les dio a los legisladores en un informe del
año pasado. Según sus cuentas, entre 2006 y 2014 la inversión total,
IVA incluido, fue de $ 20.105 millones, 12% más que el cálculo del
ministro de Planificación.
Los informes que el jefe de Gabinete está obligado a presentar
periódicamente ante el Congreso son una fuente importante de
información. Pero se limitan a responder las preguntas que le hacen
los bloques que integran ambas cámaras, que suelen consultar sobre
temas de actualidad. Así, es muy difícil reconstruir series históricas
o tener acceso a datos fuera del interés de los legisladores.
El portal de la Oficina Nacional de Contrataciones (Argentina Compra),
a cargo de la Jefatura de Gabinete, es posiblemente el espacio que
mejor funciona en materia de información. Allí los problemas son
otros. Suelen aparecer las licitaciones del Estado, pero seguir su
evolución implica un enorme ejercicio de paciencia. En la mayoría de
los casos, además, es casi imposible relacionar las compras con
proyectos específicos, en especial en los más grandes.
'En todos los casos, no sólo en infraestructura, hoy el acceso a la
información pública es difícil. Si no está en Internet, es como que no
está', explica Santiago Urbitztondo, uno de los economistas de FIEL
"En todos los casos, no sólo en infraestructura, hoy el acceso a la
información pública es difícil. Si no está en Internet, es como que no
está. Hay una centralización de datos en la Oficina Nacional de
Contrataciones, con mucha información, pero está de una manera muy
micro y analizarlos representa una gran dificultad", explicó Santiago
Urbitztondo, uno de los economistas de FIEL habituado a trabajar con
datos públicos. "Muchas veces obliga casi a adivinar."
En los últimos tiempos, Argentina Compra sumó otra deficiencia, ya que
muestra el llamado para realizar una contratación, pero en muchos
casos no explicita cómo continuó el proceso, es decir, quién resultó
adjudicado. Una pista de ese problema quedó sentada en una disposición
de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) del 29 de septiembre
del año pasado. Adujo que, por limitaciones técnicas, debía poner en
marcha un procedimiento excepcional de difusión que contempla, entre
otras cosas, la difusión de las licitaciones a través de la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), un organismo empresarial
que, naturalmente, está por fuera del sector público. Los problemas
tecnológicos de la ONC arrastran seis meses.
Otra alternativa, sólo para casos en que proyectos locales se
financian con créditos de organismos multilaterales, es el Sistema de
Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA), una plataforma que
desarrolló en 2006 el Banco Mundial. En ese caso, las deficiencias se
deben a que la actualización de los datos depende de los organismos
locales y suele tener demoras. Lucio Castro, director de Desarrollo
Económico del Cippec y especializado en temas de inversión pública en
infraestructura, hace poco tuvo que hacer un ejercicio extraño:
rastreó en estadísticas de la Cepal (Comisión Económica para América
latina y el Caribe) datos sobre transporte, energía, agua y
saneamiento en la Argentina. "¿Por qué en la Cepal? Aquí esa
información no está", contó a LA NACION. "Faltan datos detallados
sobre cuánto se invierte en cada obra en particular, y, sobre todo, de
porcentaje de ejecución. No se sabe cuánto se hace cada año."
http://www.lanacion.com.ar/1777033-pozo-negro-el-incierto-destino-de-las-inversiones-publicas
Confirman a Moldes en la denuncia contra la Presidenta
Miércoles 18 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
La muerte del fiscal / Revés para el oficialismo
Confirman a Moldes en la denuncia contra la Presidenta
Por Hernán Cappiello | LA NACION
El Gobierno recibió ayer un revés en su intento de que la denuncia de
Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por encubrir a
Irán quede sepultada en el archivo. La Cámara Federal rechazó los
intentos por apartar al fiscal Germán Moldes, quien deberá ahora
argumentar ante el tribunal para que sobrevivan o no las acusaciones
que lanzó el fiscal antes de morir.
Los que pretendían que Moldes se apartara del caso eran el diputado
camporista Andrés Larroque y el supuesto agente de inteligencia
contratado para la ocasión Allan Bogado. Ellos argumentaron que Moldes
perdió imparcialidad cuando se pronunció sobre la marcha del 18-F, en
memoria de Nisman, y cuando denunció a la procuradora del Tesoro,
Angelina Abbona, por presentar un escrito en defensa de la Presidenta.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Farah, Eduardo
Freiler y Jorge Ballestero, respaldaron a Moldes, quien argumentará en
una audiencia convocada para mañana en favor de la resurrección de la
denuncia de Nisman. Sostendrá el recurso de apelación que presentó el
fiscal Gerardo Pollicita contra el fallo del juez federal Daniel
Rafecas, quien había desestimado la denuncia.
El fallo de los camaristas se conoció ayer, al cabo de una audiencia
que duró poco más de una hora, en los tribunales de Comodoro Py 2002.
Allí argumentaron Moldes, en su defensa, y los abogados de Larroque y
Bogado, para pedir el apartamiento del fiscal.
El debate tuvo ribetes tensos y momentos hilarantes, de la mano de la
afilada ironía de Moldes. El fiscal y la abogada de Larroque, la ex
camarista Lucila Larrandart, se cruzaron un duelo de refranes. La ex
jueza remató su alocución con una frase en inglés del derecho penal
norteamericano, de dificultosa pronunciación. Y Moldes le retrucó en
el final con un "adagio" del refranero popular. "No hay que dar por el
pito más de lo que el pito vale."
Ése fue el colofón de una presentación en la que el fiscal cuestionó
las críticas de las defensas. Dijo que de ninguna manera perdió su
imparcialidad, porque por su rol de representante del Ministerio
Público nunca la tuvo, pues es una de las partes del expediente. En
cambio, dijo que lo que no perdió es la objetividad como garante del
cumplimiento de la ley. "Me pagan para sospechar", citó Moldes en un
escrito corrosivo que acompañó a su presentación oral ante el
tribunal.
Moldes rechazó, además, como causal de recusación que se lo
cuestionara por sus opiniones sobre la denuncia de Nisman. Dijo que
nunca se pronunció sobre ello y sí lo hizo sobre el fiscal, y dijo, en
ese sentido, que había que tener mucho coraje para presentarla.
En una encendida defensa de Nisman, explicó que participó de la marcha
del 18-F, en memoria del fiscal, porque dijo que "no recibió más que
indiferencia, desdén y destrato del mismo Estado que antes lo elevó y
ensalzó durante diez años" hasta que denunció a la Presidenta. "Fue
denostado, execrado y tratado de pelele y marioneta", escribió Moldes,
quien resaltó que "ni siquiera la muerte del fiscal fue capaz de
detener los ataques". Por eso, dijo: "Sea cual fuera la conclusión de
los jueces, jamás justificaré las bajezas y ruindades con las que fue
tratada su persona".
Párrafo aparte merece su mención a la actuación de la procuradora del
Tesoro, entre cuyas funciones está la defensa del Estado en causas
penales. Abbona, apenas radicada la denuncia de Nisman en el juzgado
de Rafecas, presentó un escrito en el que defendió la actuación de la
Presidenta en la firma del memorándum con Irán, que para Nisman era el
instrumento mediante el cual se consumaba el encubrimiento.
Para el fiscal Moldes la funcionaria incurrió en malversación de
caudales porque no defendió al Estado, sino a un particular, Cristina
Kirchner, y por eso la denunció. Pero ayer, en su escrito, avanzó en
este argumento y explicó que Abbona intervino en representación del
Gobierno en las negociaciones para la firma del tratado con Irán, con
lo que sugirió que además de defender a la Presidenta, se defendía a
sí misma.
http://www.lanacion.com.ar/1777062-confirman-a-moldes-en-la-denuncia-contra-la-presidenta
La muerte del fiscal / Revés para el oficialismo
Confirman a Moldes en la denuncia contra la Presidenta
Por Hernán Cappiello | LA NACION
El Gobierno recibió ayer un revés en su intento de que la denuncia de
Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por encubrir a
Irán quede sepultada en el archivo. La Cámara Federal rechazó los
intentos por apartar al fiscal Germán Moldes, quien deberá ahora
argumentar ante el tribunal para que sobrevivan o no las acusaciones
que lanzó el fiscal antes de morir.
Los que pretendían que Moldes se apartara del caso eran el diputado
camporista Andrés Larroque y el supuesto agente de inteligencia
contratado para la ocasión Allan Bogado. Ellos argumentaron que Moldes
perdió imparcialidad cuando se pronunció sobre la marcha del 18-F, en
memoria de Nisman, y cuando denunció a la procuradora del Tesoro,
Angelina Abbona, por presentar un escrito en defensa de la Presidenta.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Farah, Eduardo
Freiler y Jorge Ballestero, respaldaron a Moldes, quien argumentará en
una audiencia convocada para mañana en favor de la resurrección de la
denuncia de Nisman. Sostendrá el recurso de apelación que presentó el
fiscal Gerardo Pollicita contra el fallo del juez federal Daniel
Rafecas, quien había desestimado la denuncia.
El fallo de los camaristas se conoció ayer, al cabo de una audiencia
que duró poco más de una hora, en los tribunales de Comodoro Py 2002.
Allí argumentaron Moldes, en su defensa, y los abogados de Larroque y
Bogado, para pedir el apartamiento del fiscal.
El debate tuvo ribetes tensos y momentos hilarantes, de la mano de la
afilada ironía de Moldes. El fiscal y la abogada de Larroque, la ex
camarista Lucila Larrandart, se cruzaron un duelo de refranes. La ex
jueza remató su alocución con una frase en inglés del derecho penal
norteamericano, de dificultosa pronunciación. Y Moldes le retrucó en
el final con un "adagio" del refranero popular. "No hay que dar por el
pito más de lo que el pito vale."
Ése fue el colofón de una presentación en la que el fiscal cuestionó
las críticas de las defensas. Dijo que de ninguna manera perdió su
imparcialidad, porque por su rol de representante del Ministerio
Público nunca la tuvo, pues es una de las partes del expediente. En
cambio, dijo que lo que no perdió es la objetividad como garante del
cumplimiento de la ley. "Me pagan para sospechar", citó Moldes en un
escrito corrosivo que acompañó a su presentación oral ante el
tribunal.
Moldes rechazó, además, como causal de recusación que se lo
cuestionara por sus opiniones sobre la denuncia de Nisman. Dijo que
nunca se pronunció sobre ello y sí lo hizo sobre el fiscal, y dijo, en
ese sentido, que había que tener mucho coraje para presentarla.
En una encendida defensa de Nisman, explicó que participó de la marcha
del 18-F, en memoria del fiscal, porque dijo que "no recibió más que
indiferencia, desdén y destrato del mismo Estado que antes lo elevó y
ensalzó durante diez años" hasta que denunció a la Presidenta. "Fue
denostado, execrado y tratado de pelele y marioneta", escribió Moldes,
quien resaltó que "ni siquiera la muerte del fiscal fue capaz de
detener los ataques". Por eso, dijo: "Sea cual fuera la conclusión de
los jueces, jamás justificaré las bajezas y ruindades con las que fue
tratada su persona".
Párrafo aparte merece su mención a la actuación de la procuradora del
Tesoro, entre cuyas funciones está la defensa del Estado en causas
penales. Abbona, apenas radicada la denuncia de Nisman en el juzgado
de Rafecas, presentó un escrito en el que defendió la actuación de la
Presidenta en la firma del memorándum con Irán, que para Nisman era el
instrumento mediante el cual se consumaba el encubrimiento.
Para el fiscal Moldes la funcionaria incurrió en malversación de
caudales porque no defendió al Estado, sino a un particular, Cristina
Kirchner, y por eso la denunció. Pero ayer, en su escrito, avanzó en
este argumento y explicó que Abbona intervino en representación del
Gobierno en las negociaciones para la firma del tratado con Irán, con
lo que sugirió que además de defender a la Presidenta, se defendía a
sí misma.
http://www.lanacion.com.ar/1777062-confirman-a-moldes-en-la-denuncia-contra-la-presidenta
Ahora Cristina se desentiende del fiscal
Viernes 13 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
El pulso político
Ahora Cristina se desentiende del fiscal
Por Fernando Laborda | LA NACION
El caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman quedó atrapado en una
disputa entre los peritos oficiales y los designados por la parte
querellante, que representa la doctora Sandra Arroyo Salgado.
El contrapunto no pudo resultar más grotesco en las últimas horas.
Mientras la ex esposa de Nisman no ha dudado en denunciar un
"magnicidio" y apuntó sus sospechas hacia Diego Lagomarsino, la fiscal
Viviana Fein ha dado muestras de estar más preocupada por los
testimonios de bellas mujeres con quienes Nisman habría tenido algún
tipo de relación. El gobierno de Cristina Kirchner festeja en silencio
estas contradicciones y la orientación de la causa hacia cuestiones
que podrían terminar banalizando a quien acusó a la Presidenta y a su
canciller de encubrir a los iraníes a quienes se les imputa el
atentado contra la AMIA.
Tras casi dos meses, la investigación judicial no ha podido
desentrañar algo que no debería resultar tan complicado, como develar
si se trató de un homicidio, un suicidio o una muerte accidental. Y
los conflictos, cada vez más subidos de tono, entre la fiscal y la
parte querellante añaden una cuota de incertidumbre que, en términos
políticos, ayuda al gobierno nacional a desentenderse del asunto y
mirar para otro lado.
Desde un primer momento, a poco de conocerse el deceso de Nisman, la
jefa del Estado buscó desacreditar sutilmente su figura, como cuando
habló de una relación "íntima" entre el fiscal y Lagomarsino a través
de la cadena nacional. La fiscal Fein pareció completar ese juego
convocando a declarar a supuestas "novias" de la víctima. Parece muy
difícil que, con todo lo que estaba en juego a partir del papel que
cumplía Nisman como investigador del mayor atentado terrorista y como
denunciante de la Presidenta, alguien pueda pensar en un crimen
pasional.
El gobierno nacional se ha virtualmente desentendido del caso.
Subsisten, sin embargo, muchos interrogantes sobre la responsabilidad
de las autoridades. Entre otros, los vinculados con la lamentable
labor de los custodios de la Policía Federal que debían proteger a
Nisman y lo abandonaron a su suerte justo cuando se aprestaba a
presentar ante el Congreso su grave denuncia contra Cristina Kirchner;
también la posible liberación de la zona, una cuestión sobre la cual
debería responder la Prefectura Naval, que además recibe un pago
mensual por servicios de seguridad adicional del consorcio del
edificio Le Parc; finalmente, la todavía sospechosa presencia del
secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el lugar del crimen.
El informe de los peritos designados por la doctora Arroyo Salgado
concluye, en su ya famoso punto 12, que al momento de recibir el
disparo, Nisman se hallaba con la rodilla derecha en el piso, una
posición que permite imaginar que fue muerto a manos de un sicario, al
tiempo que, de verificarse, comprometería a Lagomarsino. Si, como
intuye la parte querellante, estuviéramos ante un crimen de signo
mafioso contra un fiscal de la República, ningún gobierno podría
hacerse el distraído.
En las últimas horas, sin embargo, Cristina Kirchner prefirió
refugiarse en la campaña electoral, alentando a Daniel Scioli y
Florencio Randazzo a calentar la interna del Frente para la Victoria y
haciendo anuncios que seguirán incrementando el gasto público a cuenta
de una mayor emisión monetaria que provocará más inflación y cuya
factura será trasladada a su sucesor.
http://www.lanacion.com.ar/1775730-ahora-cristina-se-desentiende-del-fiscal
El pulso político
Ahora Cristina se desentiende del fiscal
Por Fernando Laborda | LA NACION
El caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman quedó atrapado en una
disputa entre los peritos oficiales y los designados por la parte
querellante, que representa la doctora Sandra Arroyo Salgado.
El contrapunto no pudo resultar más grotesco en las últimas horas.
Mientras la ex esposa de Nisman no ha dudado en denunciar un
"magnicidio" y apuntó sus sospechas hacia Diego Lagomarsino, la fiscal
Viviana Fein ha dado muestras de estar más preocupada por los
testimonios de bellas mujeres con quienes Nisman habría tenido algún
tipo de relación. El gobierno de Cristina Kirchner festeja en silencio
estas contradicciones y la orientación de la causa hacia cuestiones
que podrían terminar banalizando a quien acusó a la Presidenta y a su
canciller de encubrir a los iraníes a quienes se les imputa el
atentado contra la AMIA.
Tras casi dos meses, la investigación judicial no ha podido
desentrañar algo que no debería resultar tan complicado, como develar
si se trató de un homicidio, un suicidio o una muerte accidental. Y
los conflictos, cada vez más subidos de tono, entre la fiscal y la
parte querellante añaden una cuota de incertidumbre que, en términos
políticos, ayuda al gobierno nacional a desentenderse del asunto y
mirar para otro lado.
Desde un primer momento, a poco de conocerse el deceso de Nisman, la
jefa del Estado buscó desacreditar sutilmente su figura, como cuando
habló de una relación "íntima" entre el fiscal y Lagomarsino a través
de la cadena nacional. La fiscal Fein pareció completar ese juego
convocando a declarar a supuestas "novias" de la víctima. Parece muy
difícil que, con todo lo que estaba en juego a partir del papel que
cumplía Nisman como investigador del mayor atentado terrorista y como
denunciante de la Presidenta, alguien pueda pensar en un crimen
pasional.
El gobierno nacional se ha virtualmente desentendido del caso.
Subsisten, sin embargo, muchos interrogantes sobre la responsabilidad
de las autoridades. Entre otros, los vinculados con la lamentable
labor de los custodios de la Policía Federal que debían proteger a
Nisman y lo abandonaron a su suerte justo cuando se aprestaba a
presentar ante el Congreso su grave denuncia contra Cristina Kirchner;
también la posible liberación de la zona, una cuestión sobre la cual
debería responder la Prefectura Naval, que además recibe un pago
mensual por servicios de seguridad adicional del consorcio del
edificio Le Parc; finalmente, la todavía sospechosa presencia del
secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el lugar del crimen.
El informe de los peritos designados por la doctora Arroyo Salgado
concluye, en su ya famoso punto 12, que al momento de recibir el
disparo, Nisman se hallaba con la rodilla derecha en el piso, una
posición que permite imaginar que fue muerto a manos de un sicario, al
tiempo que, de verificarse, comprometería a Lagomarsino. Si, como
intuye la parte querellante, estuviéramos ante un crimen de signo
mafioso contra un fiscal de la República, ningún gobierno podría
hacerse el distraído.
En las últimas horas, sin embargo, Cristina Kirchner prefirió
refugiarse en la campaña electoral, alentando a Daniel Scioli y
Florencio Randazzo a calentar la interna del Frente para la Victoria y
haciendo anuncios que seguirán incrementando el gasto público a cuenta
de una mayor emisión monetaria que provocará más inflación y cuya
factura será trasladada a su sucesor.
http://www.lanacion.com.ar/1775730-ahora-cristina-se-desentiende-del-fiscal
La Justicia ratificó que no son delito las operaciones de "contado con liqui"
Viernes 13 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
Fallo
La Justicia ratificó que no son delito las operaciones de "contado con liqui"
Por Hugo Alconada Mon | Para LA NACION
a Cámara en lo Penal Económico concluyó que las operaciones de contado
con liquidación con que miles de ahorristas e inversores escapan del
cepo cambiario no constituyen un delito, como sostiene el Gobierno
desde hace años en un intento de detener o desacelerar la fuga de
divisas.
La Sala B de esa cámara consideró, mediante un fallo unánime de sus
tres integrantes, que aplicarle el régimen penal cambiario a ese tipo
de operaciones financieras viola el principio de legalidad establecido
en el artículo 18 de la Constitución nacional.
El fallo -que se firmó el miércoles, pero recién trascendió anoche-
resulta un traspié para el Gobierno, que ya anticipó que lo apelará
ante la Cámara de Casación Penal. Considera que su denuncia contra el
banco BBVA Francés es un "caso testigo" de una operatoria sistémica
delictual que permitió la fuga de miles de millones de dólares durante
los últimos años.
"El llamado «contado con liqui» es una maniobra lícita en principio y
si se trata de una operación aislada, individual; pero cuando resulta
parte de un patrón conductual, sistemático y sostenido en el tiempo,
consideramos que se trata de un abuso, un fraude a la ley", indicaron
desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac) a LA NACION.
Sin embargo, con el voto decisivo del camarista Roberto Hornos -al
cual suscribieron sus colegas Marcos Gravibker y Nicanor Repetto-, la
Sala B consideró que las operaciones bajo sospecha no pueden
considerarse delito mediante "una interpretación extensiva y una
aplicación analógica" de las leyes penales vigentes.
Así, según Hornos, extender el régimen penal cambiario o las
disposiciones cambiarias del Banco Central (BCRA) al "contado con
liqui" se encuentra vedado por la prohibición de efectuar una
extensión por analogía de los tipos penales o infraccionales, que es
derivación del principio de legalidad, de jerarquía máxima no
cuestionable", en alusión a la Constitución.
Un fallo esperado en la City
El fallo de Cámara era esperado tanto por la Procelac y el BCRA como
por los bancos, financieras y casas de cambio que durante más de una
década impulsaron el "contado con liqui". Es decir, operaciones en las
que un agente adquiere en el mercado local, en pesos, un título o
acción que también cotiza en el mercado externo (por lo general, en
Nueva York), donde luego lo vende en moneda extranjera.
De ese modo, el interesado se desprende de pesos, sortea los controles
locales y recupera su inversión, ya en dólares de libre
disponibilidad, en el exterior, aunque la operatoria también puede
registrarse en el sentido inverso, con un cliente que desea ingresar
divisas desde el exterior, mediante la liquidación en su cuenta
bancaria local, en pesos.
En este caso en particular, las operaciones se registraron en ambos
sentidos, desde y hacia el país, entre julio y diciembre de 2005. Y
derivaron en la apertura en 2007 de un sumario de la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA que en 2011 radicó una
denuncia penal.
Un año después, en mayo de 2012, el juez en lo Penal Económico Gustavo
Meirovich multó por US$ 191.937 al BBVA Francés y por US$ 63.979 a sus
gerentes de Banca Mayorista, Tomás Deane; de Back Office, Carlos
Campo, y de Administración de Mercados, Manuel Mansilla, y al
responsable de Tesorería, Juan Estrada.
En diciembre de ese mismo año, sin embargo, la cámara anuló la
sentencia y las multas. También apartó a Meirovich y ordenó sortear
otro juez, que resultó Rafael Caputo, que en mayo del año pasado
absolvió al BBVA Francés y a sus ejecutivos, fallo que a su vez
apelaron la fiscalía y la Procelac, que lidera el fiscal Carlos
Gonella.
"Los imputados tenían la intención de realizar una operación cambiaria
al margen del mercado legal, simulando una operación lícita, abusando
de los canales habilitados para la realización de operaciones
bursátiles", plantearon los fiscales.
"Esto no puede desconocerlo nadie, de hecho, es de público y notorio
conocimiento y sale habitualmente en los principales diarios de
circulación masiva", dijeron, y agregaron: "Pretender lo contrarío
agrediría el más mínimo sentido de justicia".
Liderada por Hornos, sin embargo, la Sala B optó por una visión
restrictiva. "Para que exista una operación de cambio en sentido
técnico [?] debe existir necesariamente un intercambio o una permuta
de una moneda por otra, y debe estar siempre involucrada la moneda
nacional". Y como en las operaciones de "contado con liqui" se
intercambió dinero por títulos valores, concluyeron, no se registró
una operación cambiaria.
Argumentos contrapuestos
Carlos Gonella
Titular de Procelac
Qué sostiene la Justicia
La Cámara considera que las operaciones de compra de dólares mediante
bonos o acciones son legales porque no existe transacción de moneda
Qué piensan en el Gobierno
La Procelac dice que el uso sistemático de estas operaciones supone un
fraude a la ley
http://www.lanacion.com.ar/1775705-la-justicia-ratifico-que-no-son-delito-las-operaciones-de-contado-con-liqui
Fallo
La Justicia ratificó que no son delito las operaciones de "contado con liqui"
Por Hugo Alconada Mon | Para LA NACION
a Cámara en lo Penal Económico concluyó que las operaciones de contado
con liquidación con que miles de ahorristas e inversores escapan del
cepo cambiario no constituyen un delito, como sostiene el Gobierno
desde hace años en un intento de detener o desacelerar la fuga de
divisas.
La Sala B de esa cámara consideró, mediante un fallo unánime de sus
tres integrantes, que aplicarle el régimen penal cambiario a ese tipo
de operaciones financieras viola el principio de legalidad establecido
en el artículo 18 de la Constitución nacional.
El fallo -que se firmó el miércoles, pero recién trascendió anoche-
resulta un traspié para el Gobierno, que ya anticipó que lo apelará
ante la Cámara de Casación Penal. Considera que su denuncia contra el
banco BBVA Francés es un "caso testigo" de una operatoria sistémica
delictual que permitió la fuga de miles de millones de dólares durante
los últimos años.
"El llamado «contado con liqui» es una maniobra lícita en principio y
si se trata de una operación aislada, individual; pero cuando resulta
parte de un patrón conductual, sistemático y sostenido en el tiempo,
consideramos que se trata de un abuso, un fraude a la ley", indicaron
desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac) a LA NACION.
Sin embargo, con el voto decisivo del camarista Roberto Hornos -al
cual suscribieron sus colegas Marcos Gravibker y Nicanor Repetto-, la
Sala B consideró que las operaciones bajo sospecha no pueden
considerarse delito mediante "una interpretación extensiva y una
aplicación analógica" de las leyes penales vigentes.
Así, según Hornos, extender el régimen penal cambiario o las
disposiciones cambiarias del Banco Central (BCRA) al "contado con
liqui" se encuentra vedado por la prohibición de efectuar una
extensión por analogía de los tipos penales o infraccionales, que es
derivación del principio de legalidad, de jerarquía máxima no
cuestionable", en alusión a la Constitución.
Un fallo esperado en la City
El fallo de Cámara era esperado tanto por la Procelac y el BCRA como
por los bancos, financieras y casas de cambio que durante más de una
década impulsaron el "contado con liqui". Es decir, operaciones en las
que un agente adquiere en el mercado local, en pesos, un título o
acción que también cotiza en el mercado externo (por lo general, en
Nueva York), donde luego lo vende en moneda extranjera.
De ese modo, el interesado se desprende de pesos, sortea los controles
locales y recupera su inversión, ya en dólares de libre
disponibilidad, en el exterior, aunque la operatoria también puede
registrarse en el sentido inverso, con un cliente que desea ingresar
divisas desde el exterior, mediante la liquidación en su cuenta
bancaria local, en pesos.
En este caso en particular, las operaciones se registraron en ambos
sentidos, desde y hacia el país, entre julio y diciembre de 2005. Y
derivaron en la apertura en 2007 de un sumario de la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA que en 2011 radicó una
denuncia penal.
Un año después, en mayo de 2012, el juez en lo Penal Económico Gustavo
Meirovich multó por US$ 191.937 al BBVA Francés y por US$ 63.979 a sus
gerentes de Banca Mayorista, Tomás Deane; de Back Office, Carlos
Campo, y de Administración de Mercados, Manuel Mansilla, y al
responsable de Tesorería, Juan Estrada.
En diciembre de ese mismo año, sin embargo, la cámara anuló la
sentencia y las multas. También apartó a Meirovich y ordenó sortear
otro juez, que resultó Rafael Caputo, que en mayo del año pasado
absolvió al BBVA Francés y a sus ejecutivos, fallo que a su vez
apelaron la fiscalía y la Procelac, que lidera el fiscal Carlos
Gonella.
"Los imputados tenían la intención de realizar una operación cambiaria
al margen del mercado legal, simulando una operación lícita, abusando
de los canales habilitados para la realización de operaciones
bursátiles", plantearon los fiscales.
"Esto no puede desconocerlo nadie, de hecho, es de público y notorio
conocimiento y sale habitualmente en los principales diarios de
circulación masiva", dijeron, y agregaron: "Pretender lo contrarío
agrediría el más mínimo sentido de justicia".
Liderada por Hornos, sin embargo, la Sala B optó por una visión
restrictiva. "Para que exista una operación de cambio en sentido
técnico [?] debe existir necesariamente un intercambio o una permuta
de una moneda por otra, y debe estar siempre involucrada la moneda
nacional". Y como en las operaciones de "contado con liqui" se
intercambió dinero por títulos valores, concluyeron, no se registró
una operación cambiaria.
Argumentos contrapuestos
Carlos Gonella
Titular de Procelac
Qué sostiene la Justicia
La Cámara considera que las operaciones de compra de dólares mediante
bonos o acciones son legales porque no existe transacción de moneda
Qué piensan en el Gobierno
La Procelac dice que el uso sistemático de estas operaciones supone un
fraude a la ley
http://www.lanacion.com.ar/1775705-la-justicia-ratifico-que-no-son-delito-las-operaciones-de-contado-con-liqui
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