Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones del Estado

Miércoles 18 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa

A fondo

Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones del Estado

Hoy resulta virtualmente imposible, incluso para los expertos, saber
cuánto gasta el Estado y cuál es el costo final de las obras; el
Gobierno responsabiliza a las provincias

Por Pablo Fernández Blanco | LA NACION

El 24 de noviembre de 2003, seis meses después del cambio de gobierno,
el Salón Blanco de la Casa Rosada estaba como quería Néstor Kirchner.
Luis Pagani (Arcor), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Santiago Soldati
(Sociedad Comercial del Plata), Oscar Vicente (Petrobras) y Oscar
Vignart (Dow) eran algunos de los empresarios de primera línea que
habían asistido al lanzamiento del Gasoducto del Nordeste Argentino
(GNA), que se convertiría en uno de los mayores proyectos de
infraestructura del país. Paolo Rocca (Techint) le había llevado la
idea a Kirchner, que llenó de elogios al empresario siderúrgico. Once
años después, ese gasoducto no existe.

Según el primer cronograma, el proyecto, que costaría unos US$ 1000
millones, debía estar listo en 2006. Pero uno de los últimos
calendarios establece su culminación 10 años después, en 2016, algo
que difícilmente ocurrirá. El año pasado deberían haberse invertido $
1145,54 millones, y otros $ 5132,54 millones estaban previstos para
éste, según cifras que figuran en documentos públicos.

Pero es imposible saber si eso ocurrió o ocurrirá, como pasa con casi
todas las obras que hace el Estado. Sólo está claro que días atrás se
hizo la primera soldadura de un caño, un acto que contó con la
presencia de Cristina Kirchner .

La inversión pública durante la última década, una de las banderas que
suele agitar la Presidenta al mencionar los logros de su gestión y
justificar la injerencia del Estado en la economía, tuvo una
característica sobresaliente: implica el uso de recursos
multimillonarios cuyo destino es incierto si se lo intenta rastrear a
partir de la información pública disponible; no sólo para cualquier
ciudadano, sino también para los especialistas. Es la conclusión a la
que llegan profesionales de diversas orientaciones que suelen requerir
esos datos para su trabajo cotidiano.

¿Cuánto costó la finalización de la central atómica Atucha II, que la
Presidenta volvió a inaugurar el 18 de febrero? ¿Y la represa
hidroeléctrica Yacyretá? ¿Las rutas de Santa Cruz y del resto del
país? ¿Cuánto avanzó tal o cual plan de viviendas? Incluso a los
expertos en el análisis de esos temas les cuesta decirlo, a tal punto
que no pueden arriesgar una respuesta.

El presupuesto de este año prevé destinar 148.622 millones de pesos a
gastos de capital, entre inversión real directa. El ministro de
Planificación, Julio De Vido, es el gran administrador de esos fondos

Frente a las consultas de LA NACION, voceros del Ministerio de
Planificación sostuvieron que "el 94% de las obras se ejecutan de
manera descentralizada, con fondos que Nación transfiere a las
provincias". Según su criterio, los gobernadores son los que deberían
rendir las cuentas. Explicaron también que a fines del año pasado esa
cartera lanzó una plataforma digital que será el primer paso para
resolver algunas cuestiones vinculadas con la información.

El presupuesto de este año prevé destinar 148.622 millones de pesos a
gastos de capital, entre inversión real directa ($ 40.056 millones que
irán a la obra pública nacional) y transferencias de capital al sector
público (otros $ 108.566 millones que el Gobierno remitirá a las
provincias principalmente para obras y compra de equipamiento). El
ministro de Planificación, Julio De Vido , es el gran administrador de
esos fondos.

Según un trabajo de la fundación Nuevas Generaciones, que agrupa a
especialistas de distintas extracciones políticas, esas cifras
representan las inversiones no financieras del Estado antes de
cualquier modificación presupuestaria que pueda decidir el jefe de
Gabinete. Su gravitación en las cuentas nacionales es enorme:
representa el 11,8% del presupuesto 2015 (más que el 10,3% que se
llevó el año pasado) y casi el 2,99% del PBI. La información
disponible sobre su destino es inversamente opuesta a su importancia.
Cuando está, aparece con poco nivel de detalle o una exagerada
precisión, sin vincularla a proyectos específicos, casi siempre de
forma no sistematizada e incompleta.

Nuevas Generaciones intentó hacer el seguimiento de una obra pública
nacional sobre la base de un manual que la propia organización
elaboró. El resultado fue magro. "El objetivo fue satisfecho de manera
parcial, dada la imposibilidad de realizar el control sobre una obra
pública en particular de la APN [Administración Pública Nacional] como
consecuencia de la falta de información", explicó la entidad en un
informe que presentó a fines del año pasado.

El economista Walter Agosto, ex ministro de Hacienda de Santa Fe y ex
diputado nacional (Partido Justicialista), que coordinó el trabajo,
dice que la información sobre un proyecto debería ser visible desde la
firma del contrato hasta la finalización de la obra. Pero ocurre lo
contrario. "Incluso en el universo más reducido de la obra pública no
hay información sistemática que permita monitorearla. Los datos son
parciales, segmentados y desactualizados", lamentó.

El kirchnerismo cuenta con un espíritu más enfocado en el anuncio de
proyectos antes que en el cumplimiento de los tiempos, otra
característica que dificulta el seguimiento de los gastos. A los casos
del GNA y Atucha II se les pueden sumar muchos otros, como el
soterramiento de la ex línea Sarmiento, que se anunció por primera vez
hace una década y no tiene avances, o el tren bala. El último ejemplo
son las centrales eléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en
Santa Cruz, que se licitaron dos veces.

La búsqueda de información sobre proyectos puede resultar
desconcertante. En algunos casos, los datos aparecen en magnitudes
enormes que no hacen referencia a proyectos específicos. Por ejemplo,
el Sitio de Consulta del Ciudadano, que depende de Economía, muestra
que el programa denominado "Formulación, programación, ejecución y
control de obras públicas" (su objetivo es ejecutar obras de
infraestructura en todo el país) tiene disponibles $ 869 millones para
gastar este año, pero no especifica en qué.

El Gobierno tiene herramientas para mostrar el grado de avance de las
obras, cuánto costaron y a qué se destinó el dinero, pero suelen estar
desaprovechadas. En la página de la Secretaría de Política Económica
se puede revisar el Banco de Proyectos de Inversión (Bapin). Allí
figura, por ejemplo, que se gastaron $ 12.317 millones para terminar
la central Atucha II. Aunque están los casilleros para llenar, no hay
especificaciones con respecto a cuánto se gastó en cada año, algo que
hace imposible su conversión a dólares, la moneda en que suelen
expresarse los proyectos de infraestructura.

Además, la cifra publicada no coincide con los números que presentan
los funcionarios. Según un cable de la agencia Télam del 27 de junio
del año pasado, "el ministro [de Planificación, Julio De Vido] recordó
que la construcción de la central nuclear demandó una inversión de
18.000 millones de pesos", es decir, casi $ 6000 millones más. Y el
entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , desmintió a De Vido en
una de las respuestas que les dio a los legisladores en un informe del
año pasado. Según sus cuentas, entre 2006 y 2014 la inversión total,
IVA incluido, fue de $ 20.105 millones, 12% más que el cálculo del
ministro de Planificación.

Los informes que el jefe de Gabinete está obligado a presentar
periódicamente ante el Congreso son una fuente importante de
información. Pero se limitan a responder las preguntas que le hacen
los bloques que integran ambas cámaras, que suelen consultar sobre
temas de actualidad. Así, es muy difícil reconstruir series históricas
o tener acceso a datos fuera del interés de los legisladores.

El portal de la Oficina Nacional de Contrataciones (Argentina Compra),
a cargo de la Jefatura de Gabinete, es posiblemente el espacio que
mejor funciona en materia de información. Allí los problemas son
otros. Suelen aparecer las licitaciones del Estado, pero seguir su
evolución implica un enorme ejercicio de paciencia. En la mayoría de
los casos, además, es casi imposible relacionar las compras con
proyectos específicos, en especial en los más grandes.

'En todos los casos, no sólo en infraestructura, hoy el acceso a la
información pública es difícil. Si no está en Internet, es como que no
está', explica Santiago Urbitztondo, uno de los economistas de FIEL

"En todos los casos, no sólo en infraestructura, hoy el acceso a la
información pública es difícil. Si no está en Internet, es como que no
está. Hay una centralización de datos en la Oficina Nacional de
Contrataciones, con mucha información, pero está de una manera muy
micro y analizarlos representa una gran dificultad", explicó Santiago
Urbitztondo, uno de los economistas de FIEL habituado a trabajar con
datos públicos. "Muchas veces obliga casi a adivinar."

En los últimos tiempos, Argentina Compra sumó otra deficiencia, ya que
muestra el llamado para realizar una contratación, pero en muchos
casos no explicita cómo continuó el proceso, es decir, quién resultó
adjudicado. Una pista de ese problema quedó sentada en una disposición
de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) del 29 de septiembre
del año pasado. Adujo que, por limitaciones técnicas, debía poner en
marcha un procedimiento excepcional de difusión que contempla, entre
otras cosas, la difusión de las licitaciones a través de la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), un organismo empresarial
que, naturalmente, está por fuera del sector público. Los problemas
tecnológicos de la ONC arrastran seis meses.

Otra alternativa, sólo para casos en que proyectos locales se
financian con créditos de organismos multilaterales, es el Sistema de
Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA), una plataforma que
desarrolló en 2006 el Banco Mundial. En ese caso, las deficiencias se
deben a que la actualización de los datos depende de los organismos
locales y suele tener demoras. Lucio Castro, director de Desarrollo
Económico del Cippec y especializado en temas de inversión pública en
infraestructura, hace poco tuvo que hacer un ejercicio extraño:
rastreó en estadísticas de la Cepal (Comisión Económica para América
latina y el Caribe) datos sobre transporte, energía, agua y
saneamiento en la Argentina. "¿Por qué en la Cepal? Aquí esa
información no está", contó a LA NACION. "Faltan datos detallados
sobre cuánto se invierte en cada obra en particular, y, sobre todo, de
porcentaje de ejecución. No se sabe cuánto se hace cada año."



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