Los negocios del poder / Otra derivación del caso lázaro
El fiscal que investiga a Báez denunció amenazas telefónicas
Marijuan contó en la Justicia que le dijeron que matarían a sus hijas si "apelaba" una causa judicial
Por Hernán Cappiello | LA NACION
l fiscal Guillermo Marijuan, que investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero, denunció ayer ante la Justicia que en su fiscalía recibió amenazas telefónicas. En ellas le dijeron que matarían a sus hijas si apelaba en una causa, aunque en el mensaje no se especificó a cuál se refería. Ésta es la segunda intimidación en 48 horas que sufrió el funcionario, aunque es la primera que denuncia.
La sucesión de episodios hizo que el Gobierno le ofreciera una custodia adicional al funcionario judicial -que él rechazó- y que representantes de la oposición se solidarizaran a coro con su caso. Lo mismo ocurrió en estos dos días cuando funcionarios judiciales desfilaron por su despacho para darle su apoyo.
Anteayer el abogado Andrés Rabinovich había dicho que el domingo tomaba un café con Marijuan en un bar de Belgrano cuando un desconocido les dejó una carta en la que le advertían al fiscal: "Pará de joder, te vamos a limpiar a vos y a tu familia". Marijuan no confirmó esta intimidación ni la denunció a la Justicia. Sólo les dijo a sus allegados: "Me están apretando". La actitud mereció un comentario de Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, quien escribió en su Twitter: "No hace denuncias «para no asustar a la familia» pero se lo cuenta a [Héctor] Magnetto", en alusión al CEO de Clarín.
La nueva amenaza al fiscal ocurrió ayer a las 8 de la mañana, cuando recibió en su despacho del quinto piso de Comodoro Py 2002, en Tribunales, una llamada telefónica que atendió un empleado. Del otro lado de la línea, preguntaron: "¿Fiscalía 9? ¿Lo de Marijuan?". Apenas le confirmaron que estaba llamando al lugar correcto, le dijeron: "Decile que si apela, vamos a matar a sus hijas".
Marijuan impulsó una denuncia a Gils Carbó, quien había sido acusada por el senador radical Mario Cimadevilla por designar como fiscales a funcionarios que no tenían acuerdo del Senado para serlo. Pero el juez Sebastián Casanello la desestimó por entender que las designaciones son legales. Marijuan debe decidir ahora si apela o no esa decisión. No se sabe si la amenaza está referida a ese hecho o a otra causa.
Apenas llegó a su fiscalía, Marijuan puso por escrito lo ocurrido y presentó la denuncia en la Cámara Federal. El sorteo determinó que la causa quedara radicada en el juzgado de Casanello, que está de turno justamente con su fiscalía, por lo que Marijuan deberá excusarse en la causa de las amenazas que quedará a cargo de otro colega.
Por la mañana Gils Carbó, enfrentada con Marijuan, dio instrucciones para que el fiscal de Cámara Germán Moldes también denunciara el hecho, por lo que se abrió otra causa, que se adjuntará a la anterior.
A raíz de esta denuncia, el juez Casanello visitó al fiscal en su despacho y le ofreció una protección adicional a la de los custodios que lo acompañan, pero el funcionario entendió que no era necesario. El fiscal también recibió la visita del presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, quien le ofreció reforzar la seguridad del edificio, lo que el fiscal agradeció y rechazó.
Las nuevas intimidaciones ocurrieron luego de las que hizo públicas el abogado Rabinovich, lo que enrareció el clima e intranquilizó a Marijuan, inquieto por sus hijas. El funcionario les comentó a sus allegados su preocupación por lo que interpretaba como "aprietes". Colegas suyos aseguran que el lunes se mostró intranquilo tras una visita de una persona desconocida que recibió en su despacho donde le habían hecho un comentario que el fiscal interpretó como intimidatorio.
El viernes Marijuan firmó un duro requerimiento en el que imputó a Lázaro Báez, su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín y el asesor Fabián Rossi, para adecuar "a la realidad" la investigación por lavado de dinero, en una causa en la que, hasta ese momento, sólo estaban señalados como sospechosos los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña. El dictamen fue crítico con la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Proselac), a cuyo frente Gils Carbó puso a Carlos Gonella, quien había omitido imputar a Báez. Ayer Gonella se solidarizó con Marijuan. Además la procuradora Gils Carbó anunció que pidió al Ministerio de Seguridad que custodiara al fiscal.
En tanto la causa contra Báez siguió con nuevas medidas de prueba. Aún la Unidad de Investigación Financiera no envió los reportes de operaciones sospechosas que involucran Báez como lo pidió el juez Casanello. En la causa sólo están los que complican a Fariña y a Elaskar, a pesar de que los bancos vienen advirtiendo por lo menos desde 2008 operaciones llamativas que fueron denunciadas ante la Unidad Antilavado.
Piden allanar la casa de Cristina en El Calafate
El doctor Alejandro Fargosi, que integra el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados, pidió al fiscal Guillermo Marijuan que impulse el allanamiento de la casa de la presidenta Cristina Kirchner en El Calafate, para establecer si allí existe una bóveda para guardar caudales, como sugirió Miriam Quiroga, la ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner.
El pedido del abogado, hombre de Pro, fue enviado por Marijuan al juez federal Sebastián Casanello para que resuelva. El juez decidió enviarle el escrito al juez Julián Ercolini, quien recogió la denuncia de Quiroga en la causa en que investiga la constitución de una asociación ilícita, según denunció la diputada Elisa Carrió (CC-ARI).
Quiroga dijo en el programa Periodismo para Todos, el domingo último, que vio en el despacho presidencial bolsos con dinero y explicó que escuchó una conversación del ex presidente, en la que urgía a un constructor a terminar la colocación de una puerta en la bóveda
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