Lunes 13 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Incentivar la cultura filantrópica

La presión impositiva y la superposición de información que el Gobierno exige a asociaciones civiles y fundaciones desalientan el trabajo por el bien común

Vaclav Havel, recientemente fallecido, fue un humanista que formó parte de la resistencia anticomunista checa para acceder luego a la primera magistratura. Él decía: "El elemento fundamental y más legítimo de la democracia es la sociedad civil. Aunque el totalitarismo pueda coexistir con la propiedad privada, incluso con la empresa privada, jamás podrá coexistir con una auténtica sociedad civil".

La deformación de la democracia que sufrimos, representada por el modelo hegemónico del actual Gobierno, poblado de numerosos abusos y avances sobre los derechos de los ciudadanos, crea peligrosas malformaciones en la sociedad civil, expresadas, por un lado, en marcos normativos que condenan a la mayoría de las organizaciones sociales a la informalidad y, por el otro, en políticas fiscales que limitan y quitan recursos a la sana y tan necesaria generación de bien público.

Las cifras y los datos son contundentes. En primer lugar, el marco legal e impositivo, anticuado y poco amigable, queda dramáticamente fuera de cualquier iniciativa de modernización. Por ejemplo, la reciente propuesta de reforma del Código Civil incluye un capítulo que, lejos de modernizar las regulaciones, las asimila a criterios y definiciones obsoletas, muy alejados de la normativa que se impulsa en los países donde la sociedad civil organizada es garante de la pluralidad de voces, de la libertad de expresión, de la interpelación a la discrecionalidad de los gobiernos, de la participación más allá del voto y de la diversidad de corrientes de pensamiento y militancia social.

En estos momentos hay en la Argentina 420.000 empresas y sólo 24.606 asociaciones civiles y fundaciones registradas en la Inspección General de Justicia (IGJ). Hay que destacar que, de ellas, sólo el 40,4 por ciento tiene personería jurídica vigente, después de la depuración compulsiva que realizó aquel organismo. La AFIP también contribuye a ese "saneamiento" del sector: sólo el 31% están exentas del pago del impuesto a las ganancias y tan sólo el 3% puede encuadrarse bajo los rubros que permiten a los donantes deducir de ese impuesto los montos generosamente aportados.

La actitud de la AFIP en la aplicación de la ley es claro reflejo de la voluntad del Gobierno. Por una parte, extiende el concepto de "actividad comercial o financiera" a cuestiones absurdas como percibir rentas de una propiedad o de un capital propio donado. Se pretende que las entidades no puedan disponer de un fondo con rentas que garantice su sustentabilidad en el largo plazo. De esta manera, se asimila increíblemente el fin de lucro que genera dividendos para accionistas o ganancias para los dueños al excedente generado desde una actividad destinada al bien común, cuyo fin es prestar servicios a la comunidad merced al apoyo a la ciencia, la educación o la salud.

Otro capítulo es el de la multiplicación y superposición de información requerida por los organismos públicos respecto a las donaciones. Las organizaciones deben informar simultáneamente a la AFIP, a la IGJ y, más recientemente, también a la Unidad de Información Financiera (UIF). Como todas las donaciones deben concretarse por depósito o transferencia bancaria, las entidades financieras ya cumplen con la carga informativa, pero incluso así se exige a las organizaciones presentar detallados informes a tres organismos con la sobrecarga administrativa y el aumento de los costos operativos que deben absorber las entidades sociales.

Estas políticas desincentivan la cultura filantrópica y llevan a la desaparición de las donaciones como fuente de financiación a la sociedad civil. Un estudio reciente indica que en los Estados Unidos se dona el 1,67% del Producto Bruto; en el Reino Unido, el 0,73%, y en Canadá, el 0,72%, mientras que en la Argentina apenas alcanza al 0,04% del PBI.

Todo indica que, para el Gobierno, la sociedad civil sólo cuenta en tanto es un contribuyente neto de impuestos. En efecto, la estimación del gasto tributario del sector -es decir, lo que el Estado deja de percibir por exenciones se hace incluyendo a las cooperativas y mutuales sin discriminar lo correspondiente a las asociaciones civiles y fundaciones. La cifra para 2012 de las ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas exentas de pagar ese tributo es de 0,19% del PBI, es decir $ 3877,7 millones. Pero aquí hay gato encerrado, ya que las mutuales y cooperativas más importantes, que son de hecho bancos y financieras, no son otra cosa que empresas disfrazadas, con dirigentes multimillonarios provistos de aceitados contactos políticos, que nada tiene que ver con el espíritu cooperativista y mutualista de fomento al trabajo y desarrollo social. Algo similar ocurre con asociaciones civiles como la AFA o los clubes de fútbol profesional, que sólo con una mirada miope pueden ser incorporados en el rubro "sociedad civil". Ciertamente el señor Julio Grondona no es el modelo del donante preocupado por la inversión social privada y el bien común, sino más bien todo lo contrario.

Un cálculo relacionado con el gasto tributario ocasionado por las exenciones de las donaciones de las personas jurídicas y físicas sobre el impuesto a las ganancias indica que sólo llegaría a $ 79,8 millones, mientras que la tributación del impuesto a los movimientos bancarios pagados por las organizaciones de la sociedad civil es de $ 131,6 millones. Es decir, el actual sistema impositivo responde a una perversión: el Estado recupera con creces por un lado lo que deja de percibir por el otro.

El absurdo intento totalitarista que encarna este Gobierno pretende socavar los cimientos de la democracia genuina y, en aras de este objetivo, amenaza gravemente también la supervivencia de la sociedad civil y la promoción de la filantropía cuando la ausencia del Estado hace más que nunca imperativos su defensa y sostenimiento