Un llamado de atención para que los jueces controlen la reforma

Viernes 03 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa

El escenario

Un llamado de atención para que los jueces controlen la reforma

Por Adrián Ventura | LA NACION

La advertencia de la Relatoría Especial de la ONU sobre los riesgos de la reforma judicial para la independencia de los jueces no modificará el rumbo del Gobierno, pero sí les da a los jueces una importante cuota de oxígeno para que declaren inválidas las nuevas leyes y, además, obligará a la Argentina a dar explicaciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Gobierno, utilizando la misma estrategia con la que descalifica a periodistas, medios o economistas que no adoptan sus diagnósticos y hacen propia la línea oficial, viene descalificando a los partidos, a los jueces y a los abogados que critican la reforma.

Pero, ¿cómo puede tachar de ser parcial a la titular de la Relatoría Especial, que es nombrada por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, y que está integrado por 47 países que son muy distintos entre sí? Por otra parte, pedir que la ONU no se inmiscuya en los asuntos internos de un país, ¿no es una contradicción en sí misma?

Lo primero que hay que entender es que el titular de la Relatoría Especial, lejos de poder abrigar alguna animosidad contra un país, es nombrada luego de una votación o con un amplio consenso y su tarea es, precisamente, denunciar violaciones en cualquier país.

"Hace meses que unas treinta organizaciones locales intentaban que Gabriela Knaul escuchara sus reclamos a diversos problemas, pero ella se negaba a intervenir sobre la Argentina. Sin embargo, la velocidad con la que la presidenta Cristina Kirchner y los legisladores kirchneristas están aprobando esta reforma, sin consenso, llenó su cuota de paciencia", dijo a LA NACION un diplomático con larguísima trayectoria en la ONU.

Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la Relatoría Especial, para evaluar la situación de un país, no maneja criterios antojadizos, sino que se ciñe a parámetros aprobados en tratados y acuerdos internacionales.

Por ejemplo, tiene en cuenta cómo se elige a los jueces, cómo se los destituye, el grado de injerencia del poder político en esos mecanismos, los méritos que se respetan para seleccionar a un magistrado, el respeto del derecho de defensa a la hora de remover al juez y la autonomía presupuestaria. Y la Argentina, que viene haciendo agua desde hace años en algunos de esos puntos, ahora está a un paso de ahogar la independencia judicial.

Pero, por sobre todo, hay que prestar atención a los múltiples mensajes que está transmitiendo la Relatoría Especial:

• El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Argentina en 1986 en el ámbito de las Naciones Unidas y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA prevén que la "independencia" y la "imparcialidad del juez" son condiciones necesarias para que exista Estado de Derecho y conforman "un derecho humano fundamental" que, según el Comité de Derechos Humanos, es absoluto.

• Si en la Argentina fracasan los planteos judiciales, al final del camino la Corte Interamericana de la OEA o el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenarán al país sobre la base de esas normas.

• Pero, en plazos mucho más inmediatos, la relatora Knaul podría poner en aprietos al Gobierno: presentará su informe crítico ante el Comité de Derechos Humanos y ante la Asamblea General y, en algún momento, el gobierno argentino será convocado a dar explicaciones. Algo que en el plano internacional es considerado muy embarazoso.

• Y, todavía, mucho más cerca en el tiempo: el llamamiento de la Relatoría es una palmada en la espalda a los jueces argentinos para que se animen a defender su propia independencia y apliquen las normas que están en los tratados internacionales que firmó el país.

En realidad, los jueces no sólo están obligados a ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, sino también a controlar si se ajustan a las convenciones internacionales. Es lo que dijo la Corte, desde 2007 hasta la fecha, en varios fallos. ¿Estarán motivados ahora a hacerlo?