Editorial I
YPF, a un año del expolio
El quiebre brutal de las reglas que se produjo con la confiscación agudizó el daño que se pensaba subsanar y ahuyentó a posibles inversores en el país
Hace pocos días se cumplió un año de una de las decisiones más relevantes del kirchnerismo en el campo de la economía, pero también en el de las instituciones: la confiscación de YPF, la empresa más importante del país. La efemérides pasó sin pena ni gloria. Ni siquiera el oficialismo, tan propenso a la autocelebración, encontró motivos para festejar.
Aquel 16 de abril, mientras Cristina Kirchner pronunciaba un discurso encendido en la Casa Rosada, la Gendarmería entró en la sede de la compañía para expulsar a directivos nacionales y extranjeros como si fueran delincuentes. El procedimiento parecía inspirado en películas sobre revoluciones. Pocos días después, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, principal promotor de esa decisión presidencial, explicaba con el dedo levantado a los senadores nacionales cuáles fueron las razones y cuáles serían las consecuencias del expolio. Entre las primeras, consignó una conspiración de la multinacional Repsol que pretendía dañar a la Argentina quitándole riquezas para invertirlas en otros países. Además de sorprender por lo simple, el razonamiento llamó la atención por lo parcial: ni Kicillof ni el Gobierno recordaron que la conducción de la vilipendiada YPF había sido asumida, por orden de Néstor Kirchner, por la familia Eskenazi, que formaba parte del entramado empresarial que rodea a la familia presidencial desde su experiencia de poder en Santa Cruz.
En aquella exposición el viceministro vaticinó que la confiscación mejoraría la situación de las industrias y de los automovilistas argentinos, que accederían a los combustibles a menor precio. También se comprometió a alcanzar el autoabastecimiento de hidrocarburos en poco tiempo.
Al cabo de doce meses, los resultados de aquella toma cinematográfica están muy lejos de los prometidos. Los precios de las naftas son cada vez más caros. Aumentaron 24% en un año. El gasto y la inversión son cada vez menos productivos. Y las importaciones de combustibles, más caudalosas: pasarán de los 9200 millones de dólares de 2012 a los 12.000 millones que se calculan para este año. En la producción se verifica un estancamiento. Y, en la refinación y venta de combustibles, una declinación de las utilidades.
La captura de YPF por parte del Estado interrumpió varias negociaciones de asociación que llevaba adelante la administración privada. Esos procesos fueron interrumpidos para evitar "la enajenación de nuestras riquezas". Lo curioso es que la dirección estatal de la compañía, a cargo del ingeniero Miguel Galuccio, se empeñó en conseguir acuerdos como los repudiados. Todavía no lo consiguió. Al cabo de un año, apenas llegó a anunciar brumosas asociaciones por ahora improductivas.
Los motivos por los cuales esas negociaciones internacionales vienen fracasando son muy evidentes. El más relevante es que ningún inversor se involucra en una sociedad cuya propiedad está en disputa. Es lo que sucede con YPF. El Gobierno no encaró con Repsol negociación alguna. Apenas hizo llegar a sus directivos una propuesta informal que la petrolera española ha rechazado sin siquiera considerarla en una reunión de directorio.
Mientras tanto, el Estado carga sobre sus espaldas una nueva y cuantiosa deuda, que se discute en el Ciadi, en los tribunales de Nueva York, en la justicia civil y en la penal. Además, absorbe reclamos por daños ambientales que formaban parte del pasivo contingente de la compañía y que los funcionarios no incluyeron en su contabilidad en el momento en que, festivos, ingresaron en ella.
Pero hay otros factores que explican el desinterés por invertir en YPF. Son el bloqueo a las importaciones de equipos e insumos, el disparatado manejo cambiario, la prohibición de distribuir dividendos y el cambio incesante de reglas, siempre en el sentido de una mayor limitación a la iniciativa privada. En otras palabras, la falta de entusiasmo por volcar capitales en YPF es un caso más de la falta de entusiasmo por volcar capitales en la Argentina. En estos días se le agregó otro motivo: una reforma judicial que, al pretender convertir a la Justicia en un departamento del Frente para la Victoria y limitar la posibilidad de que los jueces extiendan medidas cautelares, expone los derechos de propiedad a los caprichos de un caudillo.
Las dificultades de YPF para acceder al crédito internacional han tenido consecuencias negativas sobre la economía local, ya que la compañía ha secado la plaza para cualquier otro emprendimiento productivo. Del mismo modo que ha convertido a la Anses en una caja disponible para proyectos de rentabilidad dudosa.
En la administración de YPF se reflejaron también, a lo largo de este año, algunos rasgos inconfundibles del Gobierno. La conducción de la empresa está sometida a los forcejeos de un conjunto de facciones: el equipo de Galuccio, los militantes de La Cámpora liderados por Kicillof, los funcionarios energéticos controlados por Julio De Vido y el personal de la Secretaría de Comercio Interior, encabezado por el violento Guillermo Moreno. La última expresión de esta lucha de todos contra todos es que Moreno resolvió un congelamiento del precio de los combustibles e YPF no le obedeció.
Una manifestación reciente de esta falta de orientación se produjo el lunes pasado en Santa Cruz, cuando la Presidenta anunció que YPF se hará cargo de las obras de asistencia social que no realiza, según ella, esa provincia. Con esa propuesta, que mereció el aplauso de quien había sido convocado para liderar una gestión profesional, el ingeniero Galuccio, terminó de consagrarse un estilo pernicioso de administración de una empresa del Estado: el que la integra a la maquinaria electoral del poder político. Con el anuncio de la Presidenta, YPF dio un nuevo paso hacia el fallido modelo de la bolivariana Pdvsa, y se alejó de paradigmas ejemplares de compañías estatales de petróleo, como pueden ser la sueca Statoil o la colombiana Ecopetrol, en las que los recursos públicos son administrados con racionalidad y transparencia.
El balance de la gestión kirchnerista en YPF ofrece lecciones que se extienden más allá del sector energético. Obligan a reflexionar sobre la liviandad con la que la Presidenta confió una decisión compleja y costosa a un grupo de inexpertos en los que las ensoñaciones ideológicas reemplazan el saber técnico. La fantasía en esa especie de Eldorado que Kicillof y sus ayudantes creyeron descubrir en el yacimiento Vaca Muerta es un ejemplo, entre muchos, de esa falta de experiencia. La actividad de exploración y producción de hidrocarburos tiene duraciones largas y requiere inversiones costosas, sobre todo para la extracción de los recursos no convencionales. Sólo ofrece resultados al cabo de años de formación de recursos humanos, trabajo sistemático y estabilidad en los contratos. Todas conductas lejanas a la magia, disciplina con la que se pretende identificar al ingeniero Galuccio.
El quiebre brutal de las reglas que se produjo con la confiscación de la empresa volvió más agudo el daño que se pensaba subsanar. La inversión se retrajo, no sólo en el área de los hidrocarburos, sino en toda actividad productiva, por temor a la avanzada estatizante.
La lección de YPF es muy antigua: la riqueza de las naciones no radica en los recursos naturales, sino en los incentivos que las instituciones y las reglas económicas introducen en el comportamiento de las personas para volverlo más productivo.
La reversión del actual desaliento sólo se conseguirá con una política agresiva de atracción de inversiones que genere confianza, ya que el interés técnico en la exploración y producción de hidrocarburos argentinos tiene una justificación científica razonable. La vuelta atrás en el proceso de pérdida del valor de YPF, que ha sido superior al 70%, puede conducir a una formidable generación de riqueza, en un contexto económico racional y en un entorno institucional de respeto por las leyes. Es un cambio cultural que, si se produjera, daría un justificado motivo para festejar
La Nación
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