La reglamentación de la ley de mercado de capitales consagra un nuevo avance sobre la propiedad privada y la seguridad jurídica

Martes 06 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I
Atribuciones destructivas a la Comisión Nacional de Valores

La reglamentación de la ley de mercado de capitales consagra un nuevo
avance sobre la propiedad privada y la seguridad jurídica

La consigna presidencial "Vamos por todo" ha tenido una nueva
manifestación con el dictado del decreto que reglamenta la ley de
mercado de capitales.

Ya con la sanción de esta norma quedó en evidencia la pretensión
oficial de utilizarla con el fin de imponer su voluntad y avanzar
sobre la propiedad privada. Debe recordarse que en el proceso de la
votación en el recinto, y luego de la aprobación en general con apoyo
de varios legisladores de la oposición, el oficialismo introdujo
subrepticiamente agregados que le dieron al texto legal un claro
contenido persecutorio y confiscatorio.

En efecto, en el artículo 20 de la ley se otorgaron competencias a la
Comisión Nacional de Valores (CNV) que exceden claramente las usuales
para un órgano regulador de la actividad bursátil. Con la sola
interpretación de que el interés de accionistas minoritarios de una
sociedad que hace oferta pública es vulnerado, la CNV puede nombrar
veedores con derecho a veto y separar a los órganos de administración
por 180 días. A esos efectos la CNV puede pedir el auxilio de la
fuerza pública. También puede solicitar allanamientos al juez
competente y recabar información, que no puede ser denegada.

Ahora la reglamentación avanza aún mas lejos y acentúa la
inconstitucionalidad del artículo 20, ya que supera incluso ciertas
limitaciones que imponía la ley sancionada por el Congreso. La
reglamentación dice que la CNV podrá actuar directamente si el
accionista que alega perjuicios acredita una tenencia de al menos el
2% del capital social. La ley, con buen criterio, ponía en manos de
los juzgados federales de primera instancia aprobar la designación de
los interventores realizada por la CNV, requisito que ahora, de
acuerdo con el decreto reglamentario, no será necesario.

No se requiere demasiada imaginación para entender cuál era el
propósito que subyacía en la ley y que ahora se pone en evidencia en
la reglamentación. La actuación prepotente y violenta del secretario
de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en las asambleas de ciertas
sociedades en las que el Estado tiene participación pone en claro qué
es lo que ahora puede esperarse. Los reiterados ataques a Papel Prensa
y al Grupo Clarín, en los que está de por medio la libertad de
expresión, son demostrativos de cuáles son las empresas a las cuales
apunta el artículo 20 de la ley de mercado de capitales y su reciente
reglamentación.

El presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, ha dado muestras reiteradas
de alineamiento político con la Presidenta y una evidente adhesión a
los segmentos más fuertemente ideologizados del Gobierno. Su actuación
ha estado lejos del equilibrio y de la autonomía que deben
caracterizar a un ente regulador. Como hemos señalado en otras
ocasiones, ese organismo ha sido utilizado abusivamente por el
Gobierno para obstruir la gestión de Papel Prensa en procura de
arrebatarles su control a sus accionistas privados.

El dictado del decreto reglamentario confirma el proceso de
destrucción de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad. Va
exactamente en el sentido contrario de las políticas necesarias para
recuperar la inversión, potenciar la creación de empleos y revertir la
descapitalización y el creciente aislamiento de nuestro país. Es
difícil imaginar quién podría querer desarrollar nuevos
emprendimientos en la Argentina y menos aún utilizar nuestros ya
decaídos mercados bursátiles. Estamos, en consecuencia, ante otro
retroceso que llevará mucho tiempo y esfuerzo corregir cuando se
recupere la normalidad de las instituciones y la plena vigencia de la
Constitución.

La Nacion