Viernes 02 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa

Madres

Vuelve a foja cero la investigación del caso Schoklender

Apartaron a Oyarbide y anularon los procesamientos por el desvío de fondos

Por Hernán Cappiello  | LA NACION

El caso en que se investiga el desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales y otras maniobras de lavado de dinero volvió prácticamente a foja cero después de dos años de proceso en los que hubo varias detenciones y resonantes allanamientos.

Así lo decidieron los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, que apartaron al juez federal Norberto Oyarbide del caso con duras críticas a su desempeño y anularon las declaraciones indagatorias de los 66 acusados, incluidas las de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y la de María Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Anularon además los 44 procesamientos que había dispuesto Oyarbide.

Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah decidieron, asimismo, que el caso de las viviendas de las Madres debe juntarse con otro que está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, paralizado desde hace dos años y en el que, supuestamente, se investiga a los funcionarios que entregaron los fondos para hacer viviendas sin los controles adecuados. La decisión implicaría también un cambio de fiscal: Jorge Di Lello dejaría el caso y lo continuaría Miguel Ángel Osorio, cercano al Gobierno.

El fallo también anula los millonarios embargos sobre los bienes de los acusados, lo que implica que en caso de ser hallados culpables no se les podrá reclamar el dinero.

La razón esgrimida por la Cámara Federal para dar este golpe al caso Schoklender es la "falta de racionalidad" con la que Oyarbide llevó la investigación al no darle "una dirección lógica". El juez ni siquiera precisó a los acusados los hechos específicos por los cuales se los acusaba para que pudieran defenderse. Calificaron su investigación de "defectuosa", "imprecisa" y "confusa", y dijeron que "la verdad permanece oculta".

Los camaristas señalaron que esta circunstancia afecta el derecho de defensa de los acusados y sus garantías, pero además significa "la violación del debido proceso, que se ha traducido en un obstáculo para la averiguación de la verdad". No obstante, reconocieron que con esta medida se compromete "la necesidad de una pronta y eficaz administración de justicia" y destacaron que "no puede soslayarse el interés de la sociedad para que se investiguen de modo rápido y eficiente los sucesos presuntamente delictivos, fundamentalmente aquellos en los que se encuentran involucrados los intereses del Estado".

Los camaristas Ballestero y Farah le dieron al juez Martínez de Giorgi, que tendrá ahora el caso, una orientación sobre cómo seguir la causa: le señalaron que debe volver a citar a indagatoria a todos los acusados sobre los que tenga elementos precisos, pero debe centrarse en buscar la ruta del dinero. Además, debe focalizarse en rastrear los fondos públicos desde que salieron de las arcas del Estado, determinar cuánto dinero fue a Madres para cada obra, comprobar el avance de cada una de ellas y si eran fondos públicos o no. También deberá analizar los contratos de la fundación con cada provincia o municipio y determinar si se cumplieron esos convenios y en qué medida.

Los retiros de dinero realizados por los Schoklender de las cuentas de Madres, o las transferencias a empresas donde tienen intereses, o los pagos realizados contra facturas falsas, dijo la Cámara, deben analizarse en el contexto de los cumplimientos contractuales, intentando correlacionar las irregularidades con los faltantes detectados. Además, el examen sobre la intervención de cada uno de los acusados sólo debe alcanzar a quienes hayan hecho "un aporte relevante" a la administración fraudulenta o al lavado de dinero que son investigados.

La decisión de la Cámara no anula todas las evidencias recogidas por Oyarbide en las decenas de allanamientos realizados, como el hallazgo de transferencias realizadas a Meldorek, la empresa de Sergio Schoklender, de fondos que habían ingresado a las cuentas de Madres, o las adquisiciones de bienes que hicieron esas firmas, o los contratos entre Madres y Meldorek. El juez había detectado operaciones de desvío de fondos recibidos por la fundación con los que se adquirieron departamentos, dos aviones privados y un yate. El juez se centró en las financieras Monetización y Trade Travel, que cambiaban cheques de la fundación o entregados a ella por el Estado, que se transformaban en efectivo. La suma de las operaciones daba la cifra de 280 millones de pesos de desvío, pero el juez nunca hizo él mismo un cálculo del perjuicio al Estado.

El Gobierno reconoció que durante la instrumentación del plan Sueños Compartidos de construcción de viviendas sociales había transferido a Madres 750 millones de pesos.

Tras el estallido del escándalo, el 25 de mayo de 2011, el caso aterrizó en la Justicia y el Gobierno dejó a las Madres fuera de los convenios para construir viviendas sociales. Les dio esos contratos a municipios, provincias y a otras organizaciones sociales.

Los camaristas federales que ayer revisaron la investigación de Oyarbide la destrozaron. Advirtieron que seis días después de iniciada la causa ya le habían señalado que el éxito del caso estaba en peligro por la "ausencia de racionalidad" del juez al buscar información. Ballestero y Farah afirmaron que los cargos de Oyarbide contra los acusados eran de "redacción confusa", "indeterminados", "imprecisos", e impiden individualizar cuál fue la defraudación cometida. Indicaron que no se precisó cuánto dinero recibió la fundación, qué parte fue desviada y cuál fue su destino final, ni los terrenos adquiridos con esa plata, ni las financieras que recibieron depósitos.

Dijeron que en ninguna de las indagatorias constan los miembros de la supuesta asociación ilícita, las empresas o financieras utilizadas, las operaciones y el monto de dinero desviado. Fueron 200 cuerpos y un auto de procesamiento de 800 páginas que quedaron casi en la nada. Los acusados, aliviados, y nada se sabe del destino de los fondos públicos.

Dinero, poder y polémica

El escándalo estalló en mayo de 2011 y llegó a la Cámara Federal

• Sergio Schoklender / Ex apoderado de Madres
  Estaba acusado de desviar 280 millones de pesos de los fondos recibidos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para hacer viviendas sociales. Ahora dicen que las acusaciones fueron "imprecisas"

• Alejandra Bonafini / Hija de Hebe de Bonafini
  Fue investigada por comprar bienes personales con fondos de las madres. Oyarbide le había dictado la falta de mérito

• Pablo Schoklender / Ex apoderado de Madres
  Manejaba la imprenta de Madres. Estaba acusado de retirar dinero de la fundación sin justificación y de ser parte de la asociación ilícita que cometió el fraude. Ahora anularon su indagatoria

• Alejandro Gotkin / Contador de Schoklender
  Integraba sociedades ligadas a Schoklender donde fueron depositados fondos públicos que salieron de Madres

LOS HECHOS

• La pelea
  El 25 de mayo de 2011 los hermanos Schoklender, apoderados de Madres, se pelearon entre ellos y con Hebe de Bonafini por los fondos de la fundación

• La causa judicial
  El 11 de junio ya había una causa. Oyarbide encarceló a los Schoklender y a empresarios. Fue luego de investigaciones periodísticas que desnudaban los bienes de Sergio Schoklender y su constructora

• Allanamiento tardío
  Oyarbide protegió a las Madres. Primero les pidió documentos, no le dieron todo y las allanó con un mes de demora

• Procesamientos
  Procesó con demoras a 44 personas, incluidos los Schoklender, pero dejó afuera a la hija de Bonafini y a financistas