Jueves 04 de diciembre de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

La desquiciada carrera por legislar sin consensos

Una vez más, el kirchnerismo en el Congreso se apresta a sancionar a las apuradas y sin debate leyes exigidas por el Poder Ejecutivo

Como sucede cada diciembre, el Congreso se ha vuelto a anotar en una carrera frenética con el fin de sancionar centenares de proyectos que, por una u otra razón, nunca pudieron ver la luz a lo largo del año.

Este diciembre no sólo no es la excepción, sino que viene a convalidar una metodología usada por el kirchnerismo a lo largo de los últimos 12 años de sesiones: imponer sin debate las iniciativas propuestas o exigidas por el Poder Ejecutivo, haciendo abuso de su representación parlamentaria y frente a una oposición débil y hasta desarticulada aun en la victoria, como ocurrió tras los comicios de 2009, en los que el partido del Gobierno sufrió una fuerte derrota electoral y los bloques opositores no pudieron arribar a mínimos acuerdos, con lo que el Congreso quedó virtualmente paralizado.

A este fin de sesiones ordinarias, prorrogadas por el PE hasta el 31 del mes actual, se suma el hecho, concreto y totalmente novedoso para el oficialismo, del final de ciclo que se producirá en diciembre del año próximo con la asunción de un nuevo presidente de la Nación que no llevará el apellido Kirchner.

La inescrupulosa corrida parlamentaria del oficialismo contra ese inexorable reloj político está hoy más que nunca determinada por el apuro de Cristina Kirchner porque el Congreso sancione un paquete de leyes controvertidas -muchas de ellas, códigos de fondo destinados a regir durante las próximas décadas- antes de que comience la diáspora electoral de su propia gente.

Esa urgencia se verifica en la enorme presión que el Poder Ejecutivo ha venido ejerciendo para que se aprueben, entre otras iniciativas, nada menos que un nuevo Código Procesal Penal; el marco regulatorio de las telecomunicaciones; la flexibilización de las condiciones para que el Congreso pueda designar a los defensores del pueblo adjuntos; el adelantamiento de la puesta en marcha del Código Civil y Comercial para agosto próximo, en lugar de esperar a 2016 como dice la ley impulsada por el propio oficialismo, y la reglamentación de la elección de los parlamentarios del Mercosur. Sobre este último tema, el kirchnerismo ya ha dejado trascender, sin ningún tipo de reparos, que la estrategia está pensada para favorecer una eventual candidatura de la Presidenta el año próximo. Ello le permitiría encabezar las boletas electorales partidarias del todo el país y conseguir los fueros necesarios para protegerse ante las graves y numerosas causas por corrupción que acosan a su administración y que en las últimas semanas avanzaron directamente sobre su persona.

Ciertamente, hay que decir que ese apuro por obtener leyes a medida mediante trámites exprés no es un ejercicio que el kirchnerismo practique solamente antes de cada cierre anual parlamentario. Valga recordar la premura, la falta de debate y la polémica que generaron normas como la de abastecimiento, las sucesivas prórrogas de la emergencia económica -inexplicables si se las confronta con el relato que sólo habla de una década a pura ganancia para el país-; los flexibles, continuos y fracasados blanqueos de capitales; el Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA, surgido de un pacto secreto del Gobierno con el principal sospechoso de haber producido el atentado que costó la vida de 85 argentinos; la ley de hidrocarburos; la fallida reforma de la Justicia, siempre remozada con nuevos ataques al sector; el paquete de leyes de regulación de las relaciones de consumo; las reformas al Consejo de la Magistratura y a la Carta Orgánica del Banco Central; la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; la ley antiterrorista; la confiscación de Repsol; la estatización de Ciccone y, más recientemente, el proyecto de creación de una universidad militar y de una comisión bicameral para investigar cuentas no declaradas en el exterior.

La ley de medios, sancionada con posterioridad a la derrota legislativa del oficialismo en 2009, vino a consagrar, además, lo que algunos analistas han denominado "la reforma retroactiva" acuñada por el kirchnerismo, es decir, aquel cambio legislativo destinado a tumbar los derechos adquiridos, algo que ya había sido puesto en práctica un año antes con la derogación del sistema de capitalización privado de jubilaciones, gestionado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), entre otras leyes con idénticos propósitos.

Representantes de la oposición parlamentaria anunciaron su intención de revisar muchas de las normas de la era kirchnerista, con el fin de derogarlas o modificarlas a partir de diciembre de 2015, cuando se produzca el recambio presidencial. Consciente de esa posibilidad y de que ninguno de los precandidatos del oficialismo garantiza hasta el momento la continuidad del kirchnerismo al frente del Poder Ejecutivo para dentro de un año, el oficialismo se muestra decidido a no resignarse a "ir por todo" aunque, en esa corrida, se profundice aún más el enorme daño que ya se le ha causado a la institucionalidad del país.

Por esa misma razón, resulta especialmente lamentable que las voces supuestamente discordantes que se estarían registrando en los dos bloques oficialistas del Congreso no se verifiquen a la hora de votar en el recinto las leyes reclamadas arbitraria y caprichosamente por Cristina Kirchner



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