El Gobierno no les exige a otros medios el cumplimiento de la norma

Aunque el artículo 161 está vigente para ellos desde 2010, no se abrió aún ningún expediente

Por José Crettaz  | LA NACION

Hay, por lo menos, una decena de grandes empresas de medios que incumplen varios artículos de la ley de medios audiovisuales y, aunque no tienen vigente protección judicial alguna, el gobierno de Cristina Kirchner no inició ningún expediente para obligarlas a ajustarse a la norma.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), encargada de aplicar la ley, ni siquiera intervino en las aparentes violaciones que se produjeron después de la sanción, como la venta a Raúl Moneta y Matías Garfunkel de un paquete de más de diez radios encabezado por la Rock&Pop, en 2010, y la más reciente transferencia de Radio 10, C5N y varias FM al empresario kirchnerista Cristóbal López.

En su momento, un funcionario de Afsca reconoció que el organismo no iba a exigir la adecuación hasta que no estuviera superada la judicialización de la norma. Si eso hubiera sido cierto y terminara cumpliéndose, comprar un canal de TV o una radio -transferencia que sólo está permitida si quien vende lo hace para adecuarse a la norma- nunca habrá sido tan barato, dadas la abundante oferta y las urgencias de los vendedores.

Mientras tanto, Telefónica (Telefe), la familia Pierri (Telecentro), la sociedad del ex ministro del Interior justicialista José Luis Manzano y Daniel Vila (Uno Medios), el tándem Moneta-Garfunkel (este último también controla emisoras en sociedad con Sergio Szpolski y alquila otra junto con Mario Pergolini), el grupo Ick de Santiago del Estero y el grupo español Prisa, entre otros, siguen sin ajustarse a los artículos 25 (incompatibilidad para prestadores de servicios públicos), 41 (intransferibilidad de licencias), 45 (topes a la concentración) y, por supuesto, el 161 (plazo de desinversión).

El grupo Telefe, cuyo accionista controlante es Telefónica de España, no supera la cantidad permitida de licencias: la ley fijó un tope de 10 para la TV abierta y, en el momento de sanción de la norma, esa empresa tenía exactamente ese número. Sin embargo, en su caso hay dos cuestiones de peso: la ley de medios prevé que las empresas titulares de licencias no pueden ser controladas por extranjeros y, además, prohíbe que operadores de "servicios, concesiones o permisos" públicos puedan tener medios audiovisuales. Telefónica de España es la dueña de Telefónica de Argentina y la telefonía fija es un servicio público.

El artículo que impide el ingreso de extranjeros es irrelevante porque cualquier empresa del exterior puede comprar un medio argentino siempre que lo haga desde una filial estadounidense, dada la vigencia de un acuerdo de reciprocidad de inversiones que la Argentina firmó en los años 90 con Estados Unidos. Telefónica, la también española Prisa (dueña de Radio Continental) y el mexicano Remigio González González (dueño de Canal 9), son tratados en el país como si fueran inversores estadounidenses.

 

El grupo Manzano-Vila supera ampliamente los topes de licencias de TV abierta y radio y también como cableoperador (especialmente en las provincias de Mendoza, San Juan, Santa Fe y Entre Ríos), y también es proveedor de servicios públicos porque en Mendoza controla la empresa de energía, entre otros negocios no vinculados con los medios (especialmente la concesión de áreas petroleras, condición que comparte con Cristóbal López).

Mientras a otros cableoperadores se les exige una licencia por cada localidad en la que prestan servicio, a Telecentro (del ex diputado justicialista Alberto Pierri) se le permitió expandirse en 19 partidos bonaerenses con una única licencia (cuando necesitaría una por cada municipio), además de conservar Canal 26, que legalmente es un canal de TV abierta (la ley impide a los dueños de cable tener a la vez TV abierta).

La sanción de la ley de medios dejó en una situación legal precaria a la mayor parte del sistema mediático. Por eso, esta enumeración podría continuar extensamente y abarcar también muchos otros artículos de la norma, cuya aplicación ha sido hasta ahora objetivamente discrecional.