Gobierno de Kirchner: alta inflación

El alza del costo de vida / Encuesta de poliarquía para LA NACION
El 74% de los argentinos se siente afectado por la inflación
El mismo porcentaje considera que el Gobierno está poco o nada preocupado por el tema

Domingo 13 de febrero de 2011

Protagonista recurrente de la historia del país en las últimas décadas, la inflación vuelve a ser un tema ineludible de preocupación y debate entre los argentinos.

Según una encuesta realizada por la consultora Poliarquía para LA NACION, hoy el 74% de la sociedad cree que la inflación lo afecta mucho o bastante. Exactamente el mismo porcentaje de los consultados (74%) considera que el Gobierno está poco o nada preocupado por el tema.

Sin embargo, no es la única respuesta llamativa que dan los encuestados. A pesar del desinterés que advierten en el Gobierno, el 52% culpa del aumento de los precios a los "empresarios y comerciantes que buscan ganar más", en tanto que el 38% responsabiliza directamente a las políticas oficiales, y el 10% no sabe o no contesta sobre las causas inflacionarias.

"El dato puede llamar la atención, pero siempre es más sencillo culpar al último eslabón de una cadena por la suba de los precios que comprender las medidas de política económica que provocaron esa inflación", opina Alejandro Catterberg, director de Poliarquía. De todos modos, a la hora de buscar responsables de la suba de precios, la respuesta varía según el alineamiento que el consultado tenga con el gobierno nacional y, en medida mucho menor, su nivel de instrucción.

Así, entre los que aprueban la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, el número de los que responsabilizan al empresariado por la inflación trepa al 70%, mientras que sólo el 22% culpa a las políticas del Gobierno. En cambio, entre los que no adhieren a la gestión oficial, el 64% cree que es culpa del kirchnerismo y sólo el 25% apunta a empresarios y comerciantes.

En cuanto al nivel de instrucción, a mayor educación sube la tendencia a atribuir los aumentos a los fenómenos macroeconómicos provocados por las políticas oficiales. Lo hace el 47% de los consultados con estudios universitarios o terciarios, aunque el 43% responsabiliza a los empresarios. En cambio, el 58% de los entrevistados con educación únicamente primaria culpó al empresariado, y el 31%, al Gobierno.

El estudio también revela que los argentinos consideran a la inflación un problema que los perjudica personalmente, pero creen que impacta en menor medida sobre el país.

"¿Cuál es el principal problema que lo afecta personalmente?", preguntó Poliarquía. Con un 34% de menciones, la inseguridad encabeza la lista muy lejos del resto. La siguen el desempleo (15%) y en tercer lugar la inflación (8%).

En cambio, cuando se les pregunta por el mayor problema que afecta al país, en la lista se ubica la inseguridad (40%), el desempleo (11%), la pobreza (8%), la educación (7%), la clase dirigente (4%) y recién en el sexto puesto asoma la inflación (3%), empatada con la corrupción y los problemas económicos en general.

"Da para pensar que con tasas de desempleo de un dígito se lo considere un problema más grave que la inflación, que tiene tasas del 25%", apuntó Catterberg.

Para el analista, el dato podría explicarse por el trauma que dejaron en la sociedad argentina los años 90 y la crisis de 2001, indefectiblemente asociadas al desempleo. En cambio, la crisis inflacionaria de finales de los 80 aparece más lejana, porque no está tan fresca en la memoria de los que la vivieron y porque las nuevas generaciones no la presenciaron.
Sólo palabras

También es interesante ver las palabras que eligieron los encuestados para definir el sentimiento que sienten frente a la inflación.

La bronca (14% de menciones) y la impotencia (13%) encabezan la lista, seguidas mucho más atrás (con 3%) por la angustia, la preocupación y la sensación de inseguridad. Sólo el 2% dijo que la inflación le provocaba sentimientos de incertidumbre, mayor pobreza o injusticia.

Paradójicamente, el 35% de los encuestados estimó que la inflación en los últimos 12 meses cruzó la barrera de los 30 puntos, una cifra que supera incluso los estudios privados, que la ubicaron en torno a los 25 puntos. En cambio, el 26% de los consultados la estimó entre 21 y 30 puntos, y para el 15% estuvo entre 11 y 20 puntos. Sólo para el 3% de los entrevistados la inflación fue inferior a los diez puntos.

Esos números muestran que la opinión pública no les cree a las estadísticas del Indec, según las cuales la inflación en 2010 fue de 10,9 puntos. El sondeo arroja el mismo resultado: para el 78% de los entrevistados, los datos del Indec no reflejan la inflación real y la incredulidad sube mucho más en el segmento con estudios universitarios (al 87%) y en los mayores de 50 años (82%).

Mirando hacia adelante, el valor promedio que predijeron los consultados para la inflación en el próximo año es del 25%, el mismo con el que se manejan los acuerdos salariales y contratos según las estimaciones privadas.

La inflación debería tener un peso mayor en la opinión pública si se compara con la evolución de los ingresos que perciben los argentinos. Si bien el 57% de los encuestados admitió que su sueldo o jubilación aumentó en los últimos 12 meses, el 41% dijo que no había sido así.

Pero además, para el 63% de los consultados, esos aumentos estuvieron por debajo de la suba de precios, es decir que admitieron que su poder de compra cayó. Sólo para el 7% el incremento salarial que recibió superó la inflación, mientras que para el 24% las dos cosas corrieron a la par.

Como broche final del sondeo, Poliarquía preguntó en su encuesta si la inflación será el problema prioritario para el próximo gobierno. El 51% de los encuestados consideró que sí. En cambio, para la otra mitad (el 47%), hay otros temas que deben solucionarse antes.

Los candidatos que quieran conquistar votos dentro de los dos sectores deberán ocuparse especialmente de la inflación... y de todo lo demás.

La Nación

Avión de USA con armamento no declarado.

Cierran la causa por el material incautado al avión militar de los Estados Unidos
Fuentes judiciales adelantaron a lanacion.com que a última hora de hoy el juez Aguinsky firmará el archivo de la investigación por "inexistencia de delito"
Jueves 10 de marzo de 2011 

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky decidió cerrar la causa por el material militar "sensible" incautado de un avión de los Estados Unidos.

Según adelantaron fuentes judiciales a lanacion.com, el juez llegó a la conclusión de que no hubo delito, por lo que ordenará el cierre del expediente. La resolución se firmará en las próximas horas.

Tras recibir una informe de la Aduana, el magistrado determinó la "inexistencia de delito", conforme a la legislación argentina, es decir, que los militares norteamericanos no intentaron ingresar armas de contrabando.

El juez había intimado a la Dirección General de Aduanas a que presente un informe técnico por el avión de los Estados Unidos demorado.

El propio organismo había asegurado días antes que el material ingresado en el avión militar estadounidense demorado en Ezeiza no constituyó un delito, sino una infracción al Código Aduanero.

Así lo había explicado el subdirector general de Técnico Legal Aduanera, Pedro Roveda, al manifestar que "la mercadería se encuentra en un container precintado en Ezeiza y que aún no se finalizó el inventario del contenido", y agregó que "notificarán al magistrado para que concurra al lugar cuando se produzca la verificación".

El episodio por la demora del avión militar de EE.UU. y la confiscación de material militar "sensible" provocó un fuerte cimbronazo en la relación bilateral con Washington. Mientras que el gobierno argentino aseguró que se actuó en estricto cumplimiento de la ley aduanera, la administración de Barack Obama consideró que las autoridades nacionales tuvieron una reacción desmedida y que el incidente pudo haberse resuelto sin que pasara a mayores.

"Escándalo innecesario". Aunque la resolución con el cierre del expediente no está firmada aún, la noticia ya generó reacciones en la oposición. El diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Alfredo Atanasof, celebró la medida.

"Lo dijimos desde el primer día. La situación no ameritaba el escándalo que incentivó el Gobierno. Una vez más, fuimos testigos de como se utilizó la política externa para satisfacer necesidades de política doméstica sin medir las dañinas consecuencias que acarrea para la relación argentina con los Estados Unidos en particular y las relaciones exteriores en general", planteó el legislador del Peronismo Federal.

La Nación


EE.UU. le respondió al Gobierno: "No tenemos por qué pedir disculpas"
El vocero del Departamento de Estado volvió a manifestar su "sorpresa" y "preocupación" por la reacción de la Casa Rosada tras la llegada del avión militar estadounidense; Aníbal Fernández había reclamado que un funcionario pida perdón por llamar mentiroso a Timerman
Miércoles 16 de febrero de 2011

El gobierno de los Estados Unidos respondió hoy a la Argentina al asegurar que no tiene por qué pedir disculpas por el caso del avión militar de ese país que fue demorado el jueves último en Ezeiza con mercadería no declarada.

"No tenemos por qué pedir disculpas", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, en rueda de prensa, luego de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, exhortara hoy al Pentágono a que "obligue" al subsecretario del Departamento de Defensa para Asuntos Hemisféricos, Frank Mora, a "pedirle disculpas" personales al canciller Héctor Timerman por haberlo "llamado 'mentiroso'".

Crowley destacó el "largo historial de estrecha cooperación" con la Argentina y señaló en este sentido la "sorpresa" y "preocupación" que provocó en Washington la "reacción" del gobierno de Cristina Kirchner.

"Mora hasta se animó a llamar mentiroso a nuestro canciller (Héctor Timerman). Espero que el Departamento de Defensa lo obligue a pedir disculpas porque hay un acta que demuestra que quisieron ingresar tres cañones de ametralladora, un cañón de carabina, una carabina y otros materiales que no estaban declarados", había afirmado Aníbal Fernández.

Destrucción del material. El funcionario aseguró además que el avión incurrió en una "infracción aduanera" y que la legislación argentina vigente permite "decomisar el material y disponder de él hasta llegar a su propia destrucción".

"Ante una infracción aduanera como la cometida, hay una ley argentina que hay que cumplir en el marco de la soberanía nacional, que tienen que respetar de nuestro país como nosotros respetamos la de otros países", declaró.

Audio: «Hay una ley argentina que hay que cumplir»

Esta primera frase de Aníbal pareció inspirada por el discurso con el que la Presidenta se metió ayer de lleno en el conflicto, en el que llamó a "defender" la soberanía y los intereses nacionales.

El funcionario aludió a la posibilidad de que la carga confiscada sea finalmente destruida. Mencionó los artículos 954 y 977 del Código Aduanero y precisó: "Si se declara una importación y se trae otra cosa, es atribución de la Aduana decomisar el material y disponer de él hasta llegar a su propia destrucción".

En custodia. El armamento, los equipos de comunicación y el puñado de sustancias ilícitas que traía el avión de la Fuerza Aérea norteamericana permanecen custodiados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la zona primaria aduanera de Ezeiza. Todo está prolijamente ubicado en un container, ordenado en siete pallets y sellado con un precinto satelital que remite directo a un laboratorio emplazado en la sede de la Aduana.

El Globemaster III, de matrícula 77184, arribó a la Argentina el jueves pasado, con el fin de traer material para cursos de seguridad con la Policía Federal. Esta práctica, que se realizó en 2009, fue cancelada en agosto pasado por un evento similar: la declaración hecha previamente por Estados Unidos no coincidía con el cargamento inspeccionado por los organismos de control en Ezeiza.

Esta vez, a pesar de que la Casa Rosada buscó mantener bajo reserva el infortunio, la información se filtró. Después de 48 horas de silencio, el Gobierno optó por dirigir duras críticas a Washington y se abrió un frente inesperado.

La Nación



La Cancillería rompió el silencio sobre el avión norteamericano demorado en Ezeiza
En un comunicado, explicó que había una diferencia entre el material transportado y lo declarado por la embajada de EE.UU.
Sábado 12 de febrero de 2011

Luego de dos días de silencio, la Cancillería envió un comunicado para informar sobre el avión de EE.UU. con un cargamento de armas demorado desde el jueves pasado en el aeropuerto de Ezeiza.

Según el informe, tras un procedimiento realizado por la Aduana y la PSA se detectó que había una diferencia entre el material recibido y el manifiesto entregado a las autoridades locales.

"Como resultado de dicha verificación debieron ser incautados cerca de mil pies cúbicos de material que no figuraba en el listado oficial entregado por la Embajada a la Cancillería", indicaron desde Cancillería.

"Con el material incautado por Aduana y PSA se realizó un inventario que fue firmado por las autoridades presentes de ambos países y quedando a disposición de las autoridades competentes en la materia", añade el informe.

En tanto, "el resto de la carga fue liberado y retirado por las autoridades diplomáticas de Estados Unidos y trasladado a un depósito de su elección".

Según la Cancillería, en agosto pasado debió ser cancelado otro curso de seguridad "cuando un avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se vio imposibilitado de descargar el material "sensitivo" ya que no coincidía con el manifiesto entregado a las autoridades locales".

Curso de seguridad. El cargamento del avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, dice la Cancillería, está destinado a un curso sobre seguridad.

Si bien el informe no especifica qué tipo de material venía en ese cargamento ni qué fuerza lo utilizaría, LA NACION pudo averiguar que se trata de armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.

En diálogo con LA NACION, un alto funcionario contó ayer que el avión norteamericano vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad", práctica que se realiza desde 2009, avalada por acuerdos oficiales. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense.

El pasado 3 de febrero, el canciller Héctor Timerman acusó al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas". Aunque luego trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman pidió informes sobre los planes de estudio.





El avión de EE.UU. que incomodó al Gobierno
Traía armas para un curso con la Federal
Sábado 12 de febrero de 2011

Jesica Bossi
LA NACION

El avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, generó un sacudón puertas adentro del Gobierno. La aeronave, perteneciente a la fuerza aérea de Estados Unidos, demorada anteayer en Ezeiza por presuntas irregularidades, traía armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.

La Casa Rosada manejó el asunto con absoluto sigilo y buscó evitar que se filtrara información. Desde temprano, la historia del avión varado incomodó a Cristina Kirchner, que pidió máxima cautela a ministros y funcionarios.

El infortunio cayó en un momento incómodo. Justo en las últimas semanas, el canciller Héctor Timerman abrió un frente de tormenta contra Estados Unidos: criticó a Mauricio Macri por enviar agentes de la Policía Metropolitana a cursos en una academia de El Salvador, financiados por Estados

Unidos. Lo que no sabía el encargado de las Relaciones Exteriores es que también la Federal toma clases en la misma escuela y eso generó malestar en su par del Gabinete, la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Desde la residencia de Olivos, ayer se bajó la orden de que el propio Timerman se hiciera cargo de los pormenores de la aeronave que investiga el juez penal económico Ezequiel Berón de Astrada. De hecho, según confiaron dos fuentes a La Nacion, el funcionario estuvo recorriendo el aeropuerto y solicitó datos sobre el hecho.

Al mismo tiempo y en otra sintonía, Garré -de quien depende la Policía Federal y uno de los organismos de control que intervino en la inspección- se reunió con el ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, fuertemente cuestionado por el canciller. Así, en una cita repentina, acordaron cómo coordinar las fuerzas que comandan (ver Información general).

En Balcarce 50, la mayoría se excusó de hablar acerca del avión. Cada ministerio y organismo consultados respondían que el único que iba a dar explicaciones era Timerman. Mientras crecía el misterio, en las oficinas de Cancillería nadie aportaba una versión oficial.

La aeronave norteamericana, de 55 metros de largo y fabricada por Boeing, arribó anteayer a la Argentina. Durante el control de rutina, personal de la Aduana, junto con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), detectó anomalías que son objeto de la pesquisa que se abrió de oficio.

Según pudo saber La Nacion, había diferencia entre las armas declaradas por la tripulación y lo que cotejaron los agentes locales. Por eso, Berón de Astrada pidió informes y más precisión sobre los alcances de la tarea que iba a desempeñar la delegación estadounidense aquí.

El correlato de los entretelones es seguido, a la distancia, por Estados Unidos. Ante la consulta de La Nacion en Washington, fuentes del Pentágono confirmaron estar al tanto de la situación y señalaron que estaban elaborando una respuesta sobre el tema.

Hasta que el affaire lo concentrara Timerman, varios funcionarios se involucraron. Anteanoche, se acercaron al aeropuerto el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados. Ambos responden al ministro de Planificación, Julio De Vido.

Ante la ausencia de comunicados y de postura gubernamental, hubo una catarata de versiones, algunas disparatadas: desde que se trataba de una compra de armamento por parte del gobierno argentino hasta que habían detectado sustancias ilegales en uno de los compartimentos. Llegada la noche, todas esas hipótesis eran descalificadas por fuentes que llevan la investigación.
Días de entrenamiento

En diálogo con La Nacion, un alto funcionario contó que el avión norteamericano, usado para el envío rápido de tropas y cargamento, vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad".

Se trata de una práctica que se realiza desde 2009 y avaladas por acuerdos oficiales, que en su momento suscribieron los ministerios de Justicia y Seguridad (hoy dividido en dos) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense. Es decir, la administración de Barack Obama afrontó todos los gastos operativos de la cruzada.

¿En qué consisten los programas de entrenamiento? Entre otros, efectúan pruebas de tiro y simulacro de rescate de personas. Duran alrededor de 20 días. "Estados Unidos lo hace con la mayoría de los países de Occidente. No sé por qué arman tanto revuelo", inquirió un funcionario.

Anoche, el avión militar seguía en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Estaba celosamente custodiado por una camioneta de la Policía Federal. Nadie del Gabinete había hecho pública la postura del Gobierno, y Timerman, frenético usuario de Twitter, optó también por el silencio.
Idas y vueltas

Denuncia contra Macri y EE.UU. El canciller acusó el 3 de este mes al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas".

Nuevo contrataque A pesar de que trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman insistió y pidió informes sobre los planes de estudio.

Rol incómodo. La Presidenta le ordenó que se hiciera cargo del avión militar demorado en Ezeiza, que venía al país a hacer ejercicios nada menos que con la Policía Federal.



Jesica Bossi
LA NACION

El avión militar C-17 Globemaster III, matrícula 77187, generó un sacudón puertas adentro del Gobierno. La aeronave, perteneciente a la fuerza aérea de Estados Unidos, demorada anteayer en Ezeiza por presuntas irregularidades, traía armamento para realizar prácticas de entrenamiento con la Policía Federal, financiadas por Washington.

La Casa Rosada manejó el asunto con absoluto sigilo y buscó evitar que se filtrara información. Desde temprano, la historia del avión varado incomodó a Cristina Kirchner, que pidió máxima cautela a ministros y funcionarios.

El infortunio cayó en un momento incómodo. Justo en las últimas semanas, el canciller Héctor Timerman abrió un frente de tormenta contra Estados Unidos: criticó a Mauricio Macri por enviar agentes de la Policía Metropolitana a cursos en una academia de El Salvador, financiados por Estados

Unidos. Lo que no sabía el encargado de las Relaciones Exteriores es que también la Federal toma clases en la misma escuela y eso generó malestar en su par del Gabinete, la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Desde la residencia de Olivos, ayer se bajó la orden de que el propio Timerman se hiciera cargo de los pormenores de la aeronave que investiga el juez penal económico Ezequiel Berón de Astrada. De hecho, según confiaron dos fuentes a La Nacion, el funcionario estuvo recorriendo el aeropuerto y solicitó datos sobre el hecho.

Al mismo tiempo y en otra sintonía, Garré -de quien depende la Policía Federal y uno de los organismos de control que intervino en la inspección- se reunió con el ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, fuertemente cuestionado por el canciller. Así, en una cita repentina, acordaron cómo coordinar las fuerzas que comandan (ver Información general).

En Balcarce 50, la mayoría se excusó de hablar acerca del avión. Cada ministerio y organismo consultados respondían que el único que iba a dar explicaciones era Timerman. Mientras crecía el misterio, en las oficinas de Cancillería nadie aportaba una versión oficial.

La aeronave norteamericana, de 55 metros de largo y fabricada por Boeing, arribó anteayer a la Argentina. Durante el control de rutina, personal de la Aduana, junto con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), detectó anomalías que son objeto de la pesquisa que se abrió de oficio.

Según pudo saber La Nacion, había diferencia entre las armas declaradas por la tripulación y lo que cotejaron los agentes locales. Por eso, Berón de Astrada pidió informes y más precisión sobre los alcances de la tarea que iba a desempeñar la delegación estadounidense aquí.

El correlato de los entretelones es seguido, a la distancia, por Estados Unidos. Ante la consulta de La Nacion en Washington, fuentes del Pentágono confirmaron estar al tanto de la situación y señalaron que estaban elaborando una respuesta sobre el tema.

Hasta que el affaire lo concentrara Timerman, varios funcionarios se involucraron. Anteanoche, se acercaron al aeropuerto el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados. Ambos responden al ministro de Planificación, Julio De Vido.

Ante la ausencia de comunicados y de postura gubernamental, hubo una catarata de versiones, algunas disparatadas: desde que se trataba de una compra de armamento por parte del gobierno argentino hasta que habían detectado sustancias ilegales en uno de los compartimentos. Llegada la noche, todas esas hipótesis eran descalificadas por fuentes que llevan la investigación.
Días de entrenamiento

En diálogo con La Nacion, un alto funcionario contó que el avión norteamericano, usado para el envío rápido de tropas y cargamento, vino con la misión de realizar "ejercicios conjuntos con las fuerzas de seguridad".

Se trata de una práctica que se realiza desde 2009 y avaladas por acuerdos oficiales, que en su momento suscribieron los ministerios de Justicia y Seguridad (hoy dividido en dos) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los costos están a cargo del gobierno estadounidense. Es decir, la administración de Barack Obama afrontó todos los gastos operativos de la cruzada.

¿En qué consisten los programas de entrenamiento? Entre otros, efectúan pruebas de tiro y simulacro de rescate de personas. Duran alrededor de 20 días. "Estados Unidos lo hace con la mayoría de los países de Occidente. No sé por qué arman tanto revuelo", inquirió un funcionario.

Anoche, el avión militar seguía en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Estaba celosamente custodiado por una camioneta de la Policía Federal. Nadie del Gabinete había hecho pública la postura del Gobierno, y Timerman, frenético usuario de Twitter, optó también por el silencio.
Idas y vueltas

Denuncia contra Macri y EE.UU. El canciller acusó el 3 de este mes al jefe de gobierno porteño de enviar agentes de la Metropolitana a una academia en El Salvador, financiada por Estados Unidos, para tomar cursos de "técnicas golpistas".

Nuevo contrataque A pesar de que trascendió que la Federal también asistía a esa academia, Timerman insistió y pidió informes sobre los planes de estudio.

Rol incómodo. La Presidenta le ordenó que se hiciera cargo del avión militar demorado en Ezeiza, que venía al país a hacer ejercicios nada menos que con la Policía Federal.




La Justicia le pedirá un informe a la Aduana
Un juez y un fiscal investigan si existió alguna irregularidad
Sábado 12 de febrero de 2011


Gabriel Di Nicola
LA NACION

Para la Justicia no es un tema más. Un juez y un fiscal quieren investigar en detalle cuál era la carga del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos demorado en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Así lo informaron a La Nacion fuentes judiciales. "Queremos saber si existió alguna irregularidad. Si el avión abandona el país y después se descubre una anomalía se complicará la investigación", agregaron los voceros consultados.

El juez y el fiscal en lo penal económico, Ezequiel Berón de Astrada y Roberto Leanza, respectivamente, le solicitarán en las próximas horas a la Aduana que les remita un informe completo sobre la carga del avión y sobre los días que la aeronave iba a permanecer en territorio argentino.

Anteanoche, Berón de Astrada y Leanza habían comenzado a actuar de oficio después de enterarse por los medios de comunicación que se estaba realizando un control aduanero sobre la carga del avión. En un principio se rumoreaba que podía haber un contrabando de armas o de material ingresado al país sin ser declarado.

"La Aduana no hizo ninguna denuncia. Si se descubre alguna irregularidad, la responsabilidad será de la Aduana", afirmó un investigador judicial.

Por medio de una comunicación telefónica y un informe de una carilla, la Aduana le informó a Berón de Astrada que la carga se trataba de armas con ingreso "de importación temporaria" con documentación en orden y que no hacían la denuncia porque consideraban que ni siquiera había ocurrido una infracción aduanera, informaron a La Nacion fuentes judiciales.

Pero el juez y el fiscal no se conformaron. Quieren un informe detallado porque "si bien las armas tenían la documentación en orden, habría otros elementos como cascos y chalecos, que pertenecerían a la tripulación, que no fueron declarados", explicó un investigador judicial.

La misma fuente agregó: "Se solicitará que se elabore en detalle cuál era la carga inventariada. Se pedirá con precisión la cantidad de armas que transportaba el avión que presuntamente tenían la documentación en orden y si había otro material que no fue declarado. Informalmente se explicó que los cascos y los chalecos no habían sido declarados porque la tripulación sostenía que era cuestiones personales".

Berón de Astrada y Leanza fueron comunicados sobre los motivos del arribo del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a la Argentina: ejercicios en conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales.

"Pero no hubo una información oficial sobre cuántos días iba a durar el curso y otros detalles que puedan ser de importancia", explicó a La Nacion una fuente de la causa.

Si bien La Nacion pudo saber que los ejercicios en conjunto se iban a hacer con personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal la Justicia no tenía ninguna información al respecto.

Después de que la Aduana le conteste el pedido de informes, Berón de Astrada y Leanza determinarán los pasos por seguir y sabrá si hubo alguna irregularidad o si, como dijo la Aduana, no hubo "ni siquiera una infracción aduanera".