Viernes 29 de junio de 2012 | 20:15
Fue liberado el único detenido por la tragedia de Once
Se trata de un abogado de Trenes de
Buenos Aires acusado de eliminar documentación importante para la causa;
el juez Bonadío deberá resolver la situación del resto de los imputados
La Cámara Federal porteña revocó la decisión del juez
federal Claudio Bonadio y ordenó la liberación bajo palabra de Carlos
Lluch, un abogado de Trenes de Buenos Aires (TBA) que permanecía
arrestado en la causa por la tragedia de Once que provocó 51 muertos . Estaba detenido acusado de destruir documentación.
Bonadio deberá resolver ahora la situación procesal de
los imputados. Entre ellos se encuentran directivos de TBA, el
maquinista Marcos Córdoba y los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.A principios de mes, por orden del magistrado, fueron arrestados Claudio Cirigliano , presidente de Cometrans; Carlos Ferrari, presidente de TBA; y Daniel Rubio y Darío Tempone, gerentes de Administración y Operaciones de TBA.
Todos fueron detenidos bajo la sospecha de haber ocultado o destruido documentación contable en el marco de la causa que investiga la tragedia de Once, una vez que el Estado Nacional le quitó la concesión a TBA de los ramales Sarmiento y Mitre. Días más tarde recuperaron la libertad por orden de la Cámara Federal y el único que quedaba tras las rejas era Lluch.
"Los fundamentos expuestos por el Sr. Juez de grado se presentan insuficientes como para mantener la restricción de la libertad de Carlos Alberto Lluch, cobrando virtualidad otras medidas menos lesivas para contrarrestar eventuales riesgos procesales", señala el fallo que lo liberó.
El 22 de febrero una formación que llegaba a la estación de Once se estrelló contra el andén , accidente en el cual murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
Por esa tragedia el fiscal de la causa, Federico Delgado, solicitó que se procese a "dos grandes conjuntos" de presuntos responsables por la tragedia: el Grupo Cirigliano, que incluye a Córdoba, y los funcionarios públicos que tenían injerencia en el control del funcionamiento y los fondos aportados al concesionario.
La Nacion
