Lunes 01 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Nuevo avasallamiento a Papel Prensa

Sin el menor fundamento y violando las normas, el Gobierno pretende que la papelera privada sea auditada por la Auditoría General de la Nación

Por pedido del Poder Ejecutivo, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas aprobó instruir a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que realice una auditoría en Papel Prensa SA. Se trata, a todas luces, de otra decisión tan arbitraria como ilegal que, con la finalidad de perseguir a la prensa libre, confirma, una vez más, que el Gobierno concibe a los órganos de control -que deberían vigilar para asegurar la transparencia- como instrumentos de presión y persecución.
También llama la atención que el oficialismo recurra nada menos que a la AGN, organismo cuya función principal es, según el artículo 85 de la Constitución Nacional, el control del sector público y el asesoramiento técnico al Congreso de la Nación. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y la situación general de la administración pública en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos dependen de los dictámenes de la AGN, cuyo presidente es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores, requisito que en la actualidad reúne el radicalismo.
Papel Prensa es una sociedad comercial constituida como una sociedad anónima y, por lo tanto, de carácter privado y sometida al régimen del derecho comercial. No forma parte de la administración pública, no es una empresa ni una sociedad del Estado, ni una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, ni una sociedad de economía mixta, ni se encuentra comprendida dentro de la categoría de organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
El dictado de la ley 26.736, en diciembre del año pasado, por la cual se declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios, no modifica en modo alguno el carácter privado de la sociedad Papel Prensa, de la cual el Estado nacional posee actualmente un 27,46 por ciento, del que tendría que haberse desprendido hace casi dos décadas por obligación contractual.
Por otra parte, la AGN es uno de los contadísimos órganos públicos de control que, hasta aquí, ha cumplido su cometido con imparcialidad y profesionalismo, bajo la titularidad del radical Leandro Despouy, sorteando las constantes trabas con las que el oficialismo ha intentado obstaculizar e impedir su labor, incluido un fracasado intento por lograr el desplazamiento de su presidente.
Por el contrario, la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de la lucha contra el lavado de dinero y a cargo de dirigentes sin experiencia en la materia, se ha dedicado a perseguir políticamente a opositores y disidentes, al igual que la Comisión Nacional de Valores (CNV); lo mismo puede sostenerse de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La Oficina Anticorrupción (OA), en tanto, ha caído en la total inacción.
El repentino interés que ha manifestado el Gobierno por la AGN contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando sumaban 432 los informes sobre irregularidades elaborados por la AGN en relación con distintas áreas de la administración pública que permanecían sin ser analizados por los legisladores y, por lo tanto, sin la posibilidad de ser aprobados o rechazados. La mayoría con que el oficialismo cuenta en ambas cámaras del Congreso impedía el tratamiento de esos expedientes. Ahora, si bien el número de esos expedientes se redujo, aún permanecen sin tratamiento parlamentario las auditorías más comprometedoras para el Gobierno, lo cual demuestra el nulo interés del oficialismo por la genuina labor de la AGN.
Lamentablemente, el pedido de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a la AGN, que además de la auditoría a Papel Prensa incluye otra sobre la concesión de la empresa Artear SA, propietaria de El Trece, del Grupo Clarín, se inscribe, como dijimos, en la persecución al periodismo independiente y se relaciona con el grosero patoterismo, físico y verbal, desplegado en Papel Prensa por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y por el titular de la Sigen, Daniel Reposo, quien forma parte de la Comisión Fiscalizadora en esa empresa.
Hay que destacar que, en su conformación anterior, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida entonces por el diputado radical Heriberto Martínez Oddone, había rechazado el pedido efectuado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado ahora cuando el diputado oficialista Fabián Ríos es quien está al frente de la comisión.
Si de auditorías se trata, debería darse curso prioritario al pedido de investigar a la imprenta ex Ciccone, recientemente expropiada por el Gobierno con el claro objetivo de proteger el delictivo accionar de encumbrados funcionarios del Gobierno, para que la ciudadanía sepa quiénes son sus verdaderos dueños.
No está de más recordar que Papel Prensa debe ser la única sociedad anónima con una participación minoritaria del Estado nacional que cuenta con dos de los tres integrantes de la Comisión Fiscalizadora designados por el Estado y una auditoría conjunta de los estados contables. Así, el ejercicio del control societario tiene una fuerte participación del Estado.
Lo cierto es que ni la participación minoritaria del Estado en Papel Prensa ni el área de acción de la AGN permiten que este órgano audite a una sociedad anónima de capital privado que se rige por las normas de la ley de sociedades comerciales. Una vez más, el Gobierno pretende utilizar a un organismo de control, en otro claro desvío de poder, para presionar y perseguir a quienes no son funcionales a sus dictados.

La Nación

ueves 04 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa

Reabren el debate de un polémico concurso

Entre protestas, el kirchnerismo intentará avanzar con un trámite clave para el caso Clarín


El bloque kirchnerista del Consejo de la Magistratura buscará aprobar hoy un concurso de alto voltaje político: el destinado a cubrir la vacante en el juzgado que tiene la causa que decidirá la aplicación del artículo más controvertido de la ley de medios, el de desinversión, clave para el destino del Grupo Clarín.
Todo indica que será una reunión peleada. La oposición sostiene que se manipuló el concurso para nombrar en ese juzgado a una candidata ligada al Gobierno , María Lorena Gagliardi, directora del Onabe. En principio, el oficialismo no tiene los votos para aprobar el concurso porque la ley exige para eso una mayoría especial de dos tercios. Pero Gagliardi recusó a uno de los consejeros que se oponen al avance del concurso, el juez Ricardo Recondo. Sobre esa presentación, el kirchnerismo apuesta a correr a este consejero de la votación. Para evitarlo, asociaciones de jueces y de abogados convocaron a una movilización, hoy, a las 11, frente al Consejo de la Magistratura.
Según la recusación presentada por Gagliardi, Recondo tiene una incompatibilidad para votar porque intervino en el trámite para nombrar al subrogante que ocupa en forma temporaria el juzgado en cuestión. En el Consejo no hay antecedentes de que se haya probado una recusación en un caso semejante. La oposición sostiene que la pretensión es absurda dado que Recondo no intervino en designación alguna, sólo participó como testigo del sorteo donde se definió qué causas le tocarían a cada subrogante. En las últimas horas, las dos facciones que representan a los jueces nacionales (la lista Bordó y la lista Celeste de la Asociación de Magistrados) exhortaron a los consejeros a no aceptar la recusación. Rara vez estas agrupaciones emiten comunicados de este tenor. La lista Bordó, además, es una de las asociaciones que convocó a la movilización. Preside la Asociación de Magistrados.
De todos modos, como la recusación se resuelve por mayoría simple, el oficialismo podría tener los votos para separar a Recondo, lo que facilitaría el objetivo del kirchnerismo de aprobar el concurso. Quedaría a un voto de lograr el objetivo, especulaban anoche los opositores.
Según ellos, el concurso fue manipulado con el objetivo de nombrar a alguien propio para tratar el caso de la ley de medios y, por eso, no puede aprobarse. Objetan el ascenso en el concurso de Gagliardi (denuncian que computaron sus años en el Gobierno como si hubieran sido años en la Justicia y que así pasó del puesto 16 al 6). Pero advierten que, incluso si ella fuera eliminada, se negarían a aprobar el trámite por los "manejos irregulares". Están convencidos, además, de que al menos otros dos postulantes son cercanos al Gobierno.
"En repudio a la maniobra que pretende llevar adelante el kirchnerismo para excluir al consejero Recondo de una votación y, de ese modo, poder designar una jueza afín al Gobierno", la agrupación de abogados Será Justicia pidió a los abogados que se sumaran a la movilización de hoy. El Colegio de Abogados de la Ciudad emitió una declaración en la que denunció que "se urdió una maniobra" para "digitar la designación" del juez que resolverá sobre la ley de medios. "No puede admitirse que una institución como el Consejo de la Magistratura se convierta en un instrumento al servicio circunstancial de los intereses de un gobierno", afirmó

Jueves 27 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Medios / El uso de fondos públicos

La pauta oficial crece y se concentra

Entre los diarios se consolida el apoyo al grupo Manzano-Vila y desplaza a Página 12

Por José Crettaz  | LA NACION

Un relevamiento privado del mercado publicitario confirma que la pauta oficial creció mucho en lo que va del año -alrededor de 70%- y revela importantes cambios en los grupos de medios más beneficiados con el dinero del Estado. En diarios y revistas, aunque por poco, el grupo Szpolski-Garfunkel le cedió el primer puesto a Manzano-Vila.

En la televisión abierta porteña también hubo un cambio relevante: después de varios años en los que concentró la mayor parte de la pauta oficial, Canal 9 dejó ese lugar a Telefé.
Hace 15 meses que el Gobierno no informa sobre el reparto de la pauta. El gobierno nacional no brinda información oficial sobre el reparto de la pauta publicitaria desde hace quince meses. Tampoco se sabe con exactitud cuál es el presupuesto total destinado a este fin porque hay más de una caja (Anses, AFIP y Jefatura de Gabinete, entre otras) que se administran de manera centralizada o descentralizada según la época (o la intención de dar o ocultar información). De acuerdo con el presupuesto, este año, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, maneja unos $ 606,6 millones para publicidad oficial, pero según asociaciones civiles pro transparencia esa cifra podría superar los $ 1000 millones.
Según el informe, preparado por una consultora internacional reconocida que prefiere no ser identificada, en TV abierta, en el primer semestre, Telefé (líder en rating, propiedad de Telefónica de España) ingresó $ 45,8 millones, un 131% más que el mismo período del año pasado. En tanto, Canal 9 (del empresario mexicano Remigio González) facturó $ 31,3 millones, prácticamente lo mismo que en 2011. América (cuya propiedad comparten el ex diputado justicialista José Luis Manzano, Daniel Vila y el actual diputado opositor Francisco de Narváez) recibió 7% menos que el año pasado, $ 17,1 millones. Y Canal 13 (Grupo Clarín) llegó a $ 1,8 millones, con un crecimiento del 270%.
Todas estas cifras refieren a la inversión bruta en publicidad, sin contar eventuales descuentos, y se construyen midiendo el espacio y el tiempo destinados efectivamente por los medios a emitir avisos del gobierno nacional y multiplicar esas cantidades por los respectivos tarifarios de publicidad. Los descuentos son una práctica común en este negocio, aunque el Estado, que suele demorar sus pagos, es el anunciante que menos porcentaje de rebaja recibe. En lo que va del año, sólo en los diarios relevados, el Gobierno gastó $ 252 millones, un 66% más que en 2011. Y hasta junio, había destinado $ 98 millones a la TV abierta porteña, un 33% más que el año pasado.
En lo que va de este año, los diarios de Manzano y Vila (las versiones de Uno de Mendoza, Paraná y Santa Fe, y La Capital de Rosario) recibieron unos $ 53 millones, un 223% más que en el mismo período del año anterior. En tanto, los empresarios kirchneristas Sergio Szpolski y Matías Garfunkel facturaron $ 52 millones principalmente por la pauta publicada en Tiempo Argentino y la revista semanal Veintirés, lo que significó un 92% de aumento. Página/12, cuyos reales propietarios son una incógnita desde hace casi dos décadas, quedó en tercer lugar con $ 36,5 millones y apenas recuperó la inflación anual porque esa cifra sólo aumentó el 25%.
Otras empresas editoriales privilegiadas con los fondos públicos son la de Raúl y Alejandro Olmos, que embolsó $ 33 millones por los diarios Crónica y BAE (a los que hay que sumar otros $ 14 millones por Crónica TV), y la del empresario rosarino Orlando Vignatti, que con Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald ingresó $ 32 millones.
Algunos medios del interior reciben una pauta llamativamente importante para sus áreas de cobertura, como Norte de Resistencia, Chaco, que habría facturado $ 5,3 millones en lo que va del año (370% más que el mismo período del año pasado), y El Diario de Paraná, Entre Ríos (afín al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri), que ingresó $ 3 millones (413% más) en estos meses.
El diario LA NACION y su grupo de revistas sólo registró ingresos por 184.000 pesos, un 85% menos que el año pasado. Los cinco diarios del Grupo Clarín, en conjunto, perdieron 52% y este año facturaron $ 1,3 millones. Sin embargo, en este caso hay que destacar que Los Andes (Mendoza), del mismo grupo, tuvo un incremento de 513%. Editorial Perfil, que ganó en varias instancias un reclamo judicial por discriminación con la pauta oficial, recibió 700.000 pesos, un 7,5% más que en el período enero-agosto del año pasado, pero lejos de Editorial Televisa/Atlántida, su principal competidor, que sumando sus publicaciones embolsó $ 5,5 millones (de los cuales $ 2,1 millones fueron a la revista Gente). Por su parte, el diario El Cronista y sus revistas (de De Narváez) perdieron el 62% de la pauta, que pasó de $ 2,4 millones el año pasado a 926.000.
En la radiofonía, Radio 10 y sus FM Pop, Mega y Vale, que son líderes en audiencia en sus segmentos y aún están en manos de Daniel Hadad, recibieron $ 14 millones en lo que va del año. Individualmente considerada, Radio del Plata, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, y sexta en audiencia, supera a la Diez: recibió $ 13,2 millones. Más atrás están La Red (Manzano-Vila-De Narváez), tercera en rating, que habría embolsado $ 6,4 millones, y el grupo de emisoras que aún comparten (y disputan) Raúl Moneta y Matías Garfunkel, que ingresaron unos $ 6,1 millones (y tuvieron un crecimiento interanual del 150%). En ese conjunto están las FM Metro, Blue y Rock&Pop..

Del editor: por qué es importante.
Cada vez más fondos públicos son destinados por el Gobierno para crear su propio multimedio.

Domingo 23 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Ley de medios

Nueva ofensiva oficial sobre Clarín

En Fútbol para Todos, el Gobierno emitió un spot en el que sostiene que la empresa debe vender sus licencias para el 7 de diciembre; el grupo respondió que debe haber una resolución judicial

En un spot de Fútbol para Todos, el Gobierno reforzó ayer su ofensiva contra el Grupo Clarín y anunció que el 7 de diciembre piensa avanzar sobre las licencias de radio y televisión y llamar a concurso para asignarlas a nuevos titulares.

En un prolongado aviso oficial, firmado por la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), se dice que el Congreso nacional sancionó la ley de medios en 2009 y que, después de tres años, "llegó la hora de cumplirla".
Según el spot, el gobierno argentino "no va estatizar ni expropiar canales", pero si para el 7 de diciembre Clarín no desinvirtió, "el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares".

De este modo avanzó en el discurso oficial que, incluyendo a la propia presidenta Cristina Kirchner, sostiene que el 7 de diciembre es un día clave en la puja por los medios.
El mensaje fue difundido durante una pausa de Automovilismo para Todos y también en el Fútbol para Todos, antes del comienzo del partido por el Torneo Inicial entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield, a través de la televisión pública, en un spot propagandístico similar a los que emitió en otras transmisiones oficiales de eventos deportivos contra los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba.
Por su parte, el Grupo Clarín salió a responder a través de otro spot y de una solicitada que se publica hoy en algunos diarios. El mensaje del video del holding es que "el 7 de diciembre no debe suceder nada".


El planteo es que ese día no habrá ningún cambio en la situación jurídica porque está en pleno trámite un juicio por inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios, que es el que fijó un año de plazo para desinvertir y vender licencias. Sobre ella pesa una medida cautelar presentada por el grupo de medios.
La constante referencia que hace el Gobierno a la fecha del 7 de diciembre tiene relación con un fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo: el tribunal dijo que en aquella fecha vencerá la medida cautelar, pero según el grupo de medios estableció que Clarín puede pedir la prórroga si el juicio de inconstitucionalidad no está finalizado.
En cambio, el Gobierno interpreta que para ese día el Grupo ya debe haber desinvertido y, ahora, anunció que llamará a concurso para transferir las licencias a un nuevo titular.
El gerente de Comunicaciones de Clarín, Martín Etchevers, afirmó que "el Gobierno quiere quedarse con los únicos canales y radios que se atreven a criticarlo. No es casual que esto ocurra una semana después de que TN y Canal 13 mostraron la protesta de la gente, algo que los otros medios audiovisuales minimizaron u ocultaron".
En rigor, en la empresa sospechan que el Gobierno no sólo busca apropiarse de Cablevisión sino, también, principalmente, de las licencias de esos canales.
"Si el 7 de diciembre no está resuelto el juicio de fondo donde se discute la inconstitucionalidad del artículo 161, que desconoce la propiedad de las licencias, y del 45, que fijó límites arbitrarios, puede prolongarse la medida cautelar. Lo dijo la propia Corte en el fallo de mayo. Incluso, en el peor de los casos, si la Justicia no prorroga la cautelar, recién ese día entra a correr el plazo de un año y, durante todo ese tiempo, Clarín puede lograr una sentencia de fondo", explicó la fuente .
Voceros del Grupo Clarín señalaron que este spot prueba que "el objetivo de la ley siempre fue quedarse con las licencias de Clarín que no pudo controlar", y remarcan que "la ley de medios no trajo más diversidad, sino menos".
Según el aviso oficial difundido ayer, "cada grupo empresario puede operar como máximo en el país, 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta. Y el Grupo Clarín tiene 240 sistemas de TV por cable. 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal".
"No es cierto que no cumplamos la ley de medios. Clarín cuestionó algunos aspectos, como la obligación de desinvertir o los límites de licencias, pero cumple la ley en todos los demás aspectos que la Justicia no suspendió", aclaran en la empresa.
Y después explican que "los grupos de medios oficialistas tienen más licencias de radio y televisión que el Grupo Clarín y, como nunca tuvieron una cautelar que sí obtuvo Clarín, deberían haberse adecuado a la norma el 28 de diciembre de 2011. Pero ninguno lo hizo y el Gobierno no lo exige"

Martes 18 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa

El escenario

Otro encargado para el Armagedón

Por Carlos Pagni | LA NACION

Cristina Kirchner movió una pieza crucial en la guerra que más le importa: la que lleva adelante contra los medios de comunicación independientes. La Presidenta aceptó la renuncia de Santiago Aragón como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el antiguo Comfer. En su lugar propuso al diputado nacional Martín Sabbatella, del partido Nuevo Encuentro, aliado del Frente para la Victoria.

Sabbatella será el encargado de llevar a la práctica la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sin eufemismos: será el responsable de que el Grupo Clarín se someta al artículo 161, es el que obliga a las empresas periodísticas a desprenderse de las señales que exceden un cupo. Clarín obtuvo de la Justicia una medida cautelar que le permite evitar la jibarización hasta tanto se determine si esa cláusula es constitucional. Pero la Corte Suprema de Justicia estableció que, si un tribunal no se pronuncia antes, el amparo caerá el próximo 7 de diciembre.
La interpretación más extendida es que a partir de esa fecha correrá el año que la norma concede para que las empresas se adecuen a la pauta antimonopólica. Pero la Presidenta tendría una lectura diferente: según ella, el 7 de diciembre es el Armagedón o el juicio final. Ese día Clarín deberá dejar de operar las licencias que tiene en exceso. Y, como los artículos 85 y 113 de la ley obligan a continuar las transmisiones, la Afsca deberá poner parte de los activos del Grupo, sobre todo de la red de TV Cablevisión, en manos de otras empresas para que los administren.
Ante esta amenaza, muchos expertos aconsejan a los accionistas de Clarín ejercer la desinversión dentro del propio holding, desmembrándolo entre los socios en, por lo menos, tres empresas ajustadas a la ley.
La principal razón por la que Aragón se alejó de la Afsca, según confesó a algunos profesionales en los últimos meses, es que no estaba dispuesto a cumplir con el agresivo plan trazado en Olivos. El ejecutor será, ahora, Sabbatella. ¿Cómo construirá la escena? ¿Dará la razón a los que anuncian que el 7 de diciembre el Gobierno ingresará con la Gendarmería del coronel Sergio Berni en la sede de la mayor empresa periodística del país? Una jugada audaz para el nuevo clima cacerolero.
El ex intendente de Morón tiene varias condiciones que lo vuelven simpático ante su jefa para esta encrucijada. Acaso la más importante sea su progresiva conversión al kirchnerismo: cuando otros se van, él siempre está llegando. Sabbatella obtuvo su banca de diputado enfrentando a Néstor Kirchner en las elecciones de 2009. Muchos le reprochan ser el culpable de la derrota del ex presidente. Sin embargo, desde aquel momento Sabbatella se abrazó más y más al credo oficial. No sólo se convirtió en un reeleccionista a ultranza. También reinterpretó el curso de la historia, hasta adherir con su partido a la conmemoración del Día del Montonero, en Hurlingham, el último 7 de septiembre: inusual homenaje en alguien procedente del Partido Comunista.
La nominación de Sabbatella es, además, la respuesta más eficiente que el Gobierno piensa dar a los impactantes cacerolazos del jueves pasado. La interpretación canónica de estas protestas es que los sectores medios son víctimas de una patraña informativa de la prensa independiente y, en especial, de los canales de TV de Clarín. Es un criterio tan peyorativo como el que llevó a Juan Manuel Abal Medina a decir que el motor de las movilizaciones era la furia de los vecinos por no poder viajar a Miami: nunca el alcalde de esa ciudad previó que tendría a un promotor turístico tan entusiasta; en cualquier momento, Abal será visto en un spot de algún canal de La Florida.
Según la lectura oficial, el avance sobre el frente informativo emanciparía a los ciudadanos de la caverna en la que están encadenados. Por fin percibirían la verdad y, de ese modo, la caída en popularidad de la Presidenta comenzaría a revertirse.
Este punto de vista guió la cobertura kirchnerista de los cacerolazos. Los canales oficiales -estatales o privados- estuvieron cerca de producir un black out informativo cuya primera consecuencia fue, quizá, la menos buscada: volcaron a la audiencia hacia TN, de Clarín. Si sigue ese método, el Gobierno dotará a esa señal de una inesperada mística cívica.
Aragón no era el soldado de esta guerra. Se va de la Afsca con acusaciones de tibieza alimentada desde la oficina lindera de la suya: su segundo, Ignacio Saavedra, que lo controlaba en nombre de La Cámpora, solía enumerar ante cualquier interlocutor las flaquezas del titular del organismo para llevar adelante la embestida. Para Saavedra también Gabriel Mariotto, el padrino de Aragón, fue otro girondino. Algo similar pensaron Carlos Zannini y Abal Medina cuando descubrieron que Mariotto podría haber dado de baja licencias de Cablevisión antes de marcharse hacia La Plata.
Sin embargo, la postulación de Sabbatella fue imaginada pensando en otro bonaerense. Cristina Kirchner destacó en una torre que para ella es estratégica al candidato que enfrentó a Daniel Scioli en las últimas elecciones. Subrayó así un problema conocido: si Scioli no está en su lista de herederos es porque nunca aceptó decir, como casi todos sus subordinados, que "Magnetto es un mafioso". Curiosa intransigencia la de Scioli

Miércoles 29 de agosto de 2012 | 21:01

Moreno, con agresiones, hizo fracasar la asamblea de accionistas de Papel Prensa

El secretario de Comercio irrumpió, a los gritos, en medio de una reunión que se realizó por orden de la jueza comercial, María Cristina O'Reilly, para reeditar el encuentro societario del año último

Otra vez el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con agresiones verbales y chicanas , hizo fracasar una asamblea de accionistas de Papel Prensa.

Papel Prensa es una empresa privada, en la que Clarín y LA NACION son socios privados y, el Estado nacional tiene una porción minoritaria.
Desde hace tres años, el Gobierno intenta intervenir la empresa.

Video: Escandalosa irrupción de Moreno en la asamblea de accionistas de Papel Prensa (Parte I)

Hoy se realizó una asamblea de accionistas , por orden de la jueza comercial María Cristina O'Reilly, para reeditar la reunión societaria realizada el año último. El Estado había pedido la nulidad de aquella asamblea de 2011 y, hoy, se volvió a hacer la reunión, en la sede societaria de Papel Prensa (Bartolomé Mitre al 700).

Video: Escandalosa irrupción de Moreno en la asamblea de accionistas de Papel Prensa (Parte II)

Pero Moreno, con gritos, interrumpió la reunión y no permitió que se tratara el orden del día. Hubo que suspender la reunión, que quedó postergada para el viernes.
La intención de Moreno sería trabar el funcionamiento de la papelera para justificar su intervención.

Video: Escandalosa irrupción de Moreno en la asamblea de accionistas de Papel Prensa (Parte III)

Otro de los funcionarios públicos presentes repartió llaveros con el slogan "Clarín Miente".
Todo lo ocurrido fue filmado por cámaras de video y quedó constancia en escritura pública.

iércoles 22 de agosto de 2012 | 09:47

Intiman a la Presidenta para que cese el uso reiterado de la cadena nacional

Lo hizo una fundación a través de una carta dirigida a Cristina Kirchner; mencionan un "avasallamiento de derechos" y un "afán por acallar voces disidentes"

La Fundación Bicentenario por la Transparencia y Control de las Políticas Públicas intimó a la presidenta Cristina Kirchner a que cese en el "uso reiterado" de la cadena nacional de radio y televisión.

"Intimamos a la señora Presidenta a que se abstenga de continuar avasallando derechos de raigambre constitucional. Ello bajo apercibimiento de denunciar al Poder Ejecutivo Nacional y a los funcionarios que incurran en ese accionar antijurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", sostiene la misiva.

"Independientemente de que tales actos lesivos puedan también resultar materia de enjuiciamiento a través de las vías que prevé nuestra Carta Magna", añade la nota, firmada por el apoderado de la fundación, el abogado Fabián Bergenfeld.

"Los ciudadanos debemos ser permanentemente testigos de la controversial postura que esgrimen tanto la Presidenta como los funcionarios que la acompañan en su afán por acallar las voces disidentes", indica el texto.

Según la Fundación Bicentenario, la Presidenta usó "espacios afrontados por el erario público" para "afectar el derecho a la imagen o al honor de un abuelo, de un agente inmobiliario o de un periodista".

Quiénes son. Según se describe a sí misma, la Fundación Bicentenario nació en 2003 "como respuesta a los graves problemas nacionales" y con el objetivo de "fomentar, en un marco democrático, la participación ciudadana en el debate de ideas y planes de gobierno".

Apenas fundada, la organización se hizo conocida por su ferviente oposición y mediáticos cuestionamientos a la postulación de Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema de Justicia. En octubre de 2003, LA NACION los entrevistó en su sede de Suipacha al 100, donde ocupaban una oficina en el estudio jurídico de uno de los miembros de la fundación.

En ese momento, la fundación decía no depender de ningún partido político, pero la mayoría de sus simpatizantes estaba cerca del ala de centroderecha del justicialismo y varias de sus autoridades habían encabezado en los 80 la agrupación Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), integrada por la Ucedé y el Partido Demócrata.

La Nación

Ley de Medios: La Presidenta criticó a la Corte por demorar un fallo

La Presidenta criticó a la Corte por demorar un fallo

Dijo que "se tomó demasiado tiempo" por la cautelar sobre Clarín

Viernes 01 de junio de 2012

La presidenta Cristina Kirchner criticó a la Corte Suprema por haberse tomado "demasiado tiempo" para pronunciarse sobre la aplicación de un artículo de la ley de medios al Grupo Clarín. Y advirtió, en tanto, que el próximo 7 de diciembre "todos deberán cumplir la cláusula de desinversión".

"Se tardó un poco demasiado. Tres años para una medida cautelar que no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, me parece que es mucho. Finalmente llegó y esperamos que todos cumplan", advirtió Cristina Kirchner, al cuestionar el tiempo que demoró la Corte para pronunciarse sobre un amparo presentado en 2009 por el Grupo Clarín.

El martes de la semana pasada, la Corte determinó por unanimidad que el plazo de tres años de la medida cautelar que había favorecido al Grupo Clarín para frenar el plazo de desinversión vencerá el 7 de diciembre. Ahora, sin embargo, se espera que avance una demanda presentada por el mismo grupo para pedir la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma.

La ley de medios fue sancionada en octubre de 2009. Desde entonces, el Gobierno sólo exigió la desinversión de las empresas del Grupo Clarín, pero no hizo lo mismo respecto de radios y canales cercanos al oficialismo y de otros conglomerados, como Telefónica de España o el grupo Vila-Manzano, que exceden los marcos regulatorios de la ley 26.522.

"No podemos quedar sujetos al pasado ni al capricho de grupos económicos que, por la fuerte presión que hacen sobre medios y jueces, obtienen beneficios que son privilegios", dijo Cristina Kirchner.

Reveló, además, que dispuso resoluciones para interrumpir la cláusula de desinversión para todos, porque si no se cometía una injusticia con los que no habían recurrido a un amparo.

La controversia que suscitó la sanción de la ley de medios en nuestro país, considerada por muchos sectores un instrumento para perseguir a la prensa independiente, cruzó las fronteras.

El presidente de Uruguay, José Mujica, dijo ayer que elabora en su país una ley de medios, pero, a diferencia del caso argentino, "no busca amordazar a medios o periodistas"

La Nación

ueves 24 de mayo de 2012 | Publicado en edición impresa

La relación con la prensa / Tras el fallo de la Corte Suprema

El Gobierno intima a los grupos de medios para que desinviertan

Afirma que apuntará a todas las empresas y que convocará a Clarín a negociar la cesión de señales

Por Mariano Obarrio  | LA NACION

En las últimas semanas, el gobierno de Cristina Kirchner intimó a algunos grupos de medios de comunicación a que se ajusten al límite de licencias de televisión, radio y cable que permite la ley de medios de 2009. Con otros grupos conversa sobre propuestas que presentaron ellos mismos. Además, decidió convocar al Grupo Clarín para que acelere su adecuación a esa norma .

Así se resolvió en Olivos luego de que la Corte Suprema le puso anteayer a Clarín un plazo hasta el 7 de diciembre próximo para que se desprenda de las señales y frecuencias necesarias si los jueces no le conceden antes su reclamo de inconstitucionalidad de la ley.

 

"Puede ser que Clarín quiera conversar. O que se cumplan los plazos que dispuso la Corte", confió a LA NACION una fuente cercana a la Presidenta. La invitación será formulada por Santiago Aragón, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

"Si Clarín no quiere sentarse a charlar los términos de la adecuación a la ley, se los notificará de que tienen que presentar una propuesta de adecuación", agregó el funcionario.

En rigor, la Afsca comenzó a negociar con varios grupos de medios sobre propuestas que éstos presentaron para desinvertir en señales audiovisuales, plan al que los obligó la ley de medios. "Estamos trabajando con esos grupos. A los que no las hicieron los hemos intimado para que las presenten", agregó.

¿Cuáles son unos y otros? En la Casa de Gobierno señalaron que esa información es reservada por la naturaleza de la negociación.

En esa situación, además de Clarín y otros medios, están los grupos Telefónica, Pierri, Prisa, Vila-Manzano, Moneta-Garfunkel, Cadena Tres y Cristóbal López. Todos ellos -muchos son afines al Gobierno- tienen más señales que las permitidas o vulneran alguna restricción de la ley de medios y deberían ajustarse a ella.

La Corte Suprema acortó anteayer a diciembre el plazo de la medida cautelar que permitía a Clarín no desprenderse de sus medios mientras se tramita en la Justicia su reclamo por inconstitucionalidad de la ley.

El gerente de Relaciones Externas de Clarín, Martín Etchevers, señaló ayer que el fallo de la Corte "hizo un llamamiento a que el juicio de fondo se defina, y eso es lo que le interesa al Grupo Clarín: que se avance lo antes posible en el planteo de inconstitucionalidad de esos artículos de la ley".

La Afsca se propone negociar con Clarín bajo dos informes: uno sobre la cantidad de licencias operativas y otro sobre la cantidad de abonados, que superan el tope permitido de 35% de la población del país.

Una especulación en el mercado indica que los grupos que deben desinvertir buscarían transferir sus medios a empresas vinculadas. En el Gobierno aseguran que la ley dispuso controles cruzados para evitarlo, aunque no descartan que ocurra y admiten las dificultades que habrá para encontrar compradores genuinos. Eso puede llevar a que éstos busquen financiamiento de la publicidad oficial para asegurar la rentabilidad. Y el Gobierno no pasa por su mejor momento económico para solventarlos.

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) le reclamó ayer al Gobierno "garantizar la plena independencia del Poder Judicial" y condenó el "hostigamiento" hacia medios de comunicación "que se propone destruir". Todo eso, dijo, representa "un grave deterioro de la libertad de expresión y el Estado de Derecho en la Argentina".

Otra falencia se detectó en la ley. Tras asignar frecuencias a municipios y universidades, las licitaciones y concursos para el sector privado y la sociedad civil, especialmente en señales de TV digital, fueron un fracaso, según admiten en Balcarce 50.

La ley fragmenta el espectro en tercios: sector privado, sector público y sociedad civil. Esto colapsó. "Los concursos se prorrogaron tres veces y no sabemos si se volverán a prorrogar o si se modificarán los pliegos", dijeron en el Gobierno.

Además de peleas internas sobre el rumbo a seguir, los pliegos imponían costos siderales en inversión y producción propia y ello se sumaba a la competencia publicitaria con la TV por cable. "No conviene el negocio a menos que tengas atada la pauta publicitaria nacional -dijo un funcionario-. Todo eso está parado."

Vila negó que el Gobierno lo beneficie

El empresario Daniel Vila, presidente del Grupo Uno, celebró el fallo de la Corte, que aceleró el proceso para que el Grupo Clarín se desprenda de varios medios, y negó que sus empresas hayan sido beneficiadas por el Gobierno, a través de la publicidad oficial. "El poder que capitalizó Clarín en estos años fue excesivo", dijo Vila, en una entrevista con el periodista Jorge Lanata, por Radio Mitre, y señaló que su grupo recibe menos del 4 % de la facturación total de la publicidad oficial. Agregó que "la ley debe aplicarse a todo el mundo", al sostener que su grupo está "adecuándose voluntariamente a la cláusula de desinversión"

El Gobierno no les exige a otros medios el cumplimiento de la norma

Aunque el artículo 161 está vigente para ellos desde 2010, no se abrió aún ningún expediente

Por José Crettaz  | LA NACION

Hay, por lo menos, una decena de grandes empresas de medios que incumplen varios artículos de la ley de medios audiovisuales y, aunque no tienen vigente protección judicial alguna, el gobierno de Cristina Kirchner no inició ningún expediente para obligarlas a ajustarse a la norma.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), encargada de aplicar la ley, ni siquiera intervino en las aparentes violaciones que se produjeron después de la sanción, como la venta a Raúl Moneta y Matías Garfunkel de un paquete de más de diez radios encabezado por la Rock&Pop, en 2010, y la más reciente transferencia de Radio 10, C5N y varias FM al empresario kirchnerista Cristóbal López.

En su momento, un funcionario de Afsca reconoció que el organismo no iba a exigir la adecuación hasta que no estuviera superada la judicialización de la norma. Si eso hubiera sido cierto y terminara cumpliéndose, comprar un canal de TV o una radio -transferencia que sólo está permitida si quien vende lo hace para adecuarse a la norma- nunca habrá sido tan barato, dadas la abundante oferta y las urgencias de los vendedores.

Mientras tanto, Telefónica (Telefe), la familia Pierri (Telecentro), la sociedad del ex ministro del Interior justicialista José Luis Manzano y Daniel Vila (Uno Medios), el tándem Moneta-Garfunkel (este último también controla emisoras en sociedad con Sergio Szpolski y alquila otra junto con Mario Pergolini), el grupo Ick de Santiago del Estero y el grupo español Prisa, entre otros, siguen sin ajustarse a los artículos 25 (incompatibilidad para prestadores de servicios públicos), 41 (intransferibilidad de licencias), 45 (topes a la concentración) y, por supuesto, el 161 (plazo de desinversión).

El grupo Telefe, cuyo accionista controlante es Telefónica de España, no supera la cantidad permitida de licencias: la ley fijó un tope de 10 para la TV abierta y, en el momento de sanción de la norma, esa empresa tenía exactamente ese número. Sin embargo, en su caso hay dos cuestiones de peso: la ley de medios prevé que las empresas titulares de licencias no pueden ser controladas por extranjeros y, además, prohíbe que operadores de "servicios, concesiones o permisos" públicos puedan tener medios audiovisuales. Telefónica de España es la dueña de Telefónica de Argentina y la telefonía fija es un servicio público.

El artículo que impide el ingreso de extranjeros es irrelevante porque cualquier empresa del exterior puede comprar un medio argentino siempre que lo haga desde una filial estadounidense, dada la vigencia de un acuerdo de reciprocidad de inversiones que la Argentina firmó en los años 90 con Estados Unidos. Telefónica, la también española Prisa (dueña de Radio Continental) y el mexicano Remigio González González (dueño de Canal 9), son tratados en el país como si fueran inversores estadounidenses.

 

El grupo Manzano-Vila supera ampliamente los topes de licencias de TV abierta y radio y también como cableoperador (especialmente en las provincias de Mendoza, San Juan, Santa Fe y Entre Ríos), y también es proveedor de servicios públicos porque en Mendoza controla la empresa de energía, entre otros negocios no vinculados con los medios (especialmente la concesión de áreas petroleras, condición que comparte con Cristóbal López).

Mientras a otros cableoperadores se les exige una licencia por cada localidad en la que prestan servicio, a Telecentro (del ex diputado justicialista Alberto Pierri) se le permitió expandirse en 19 partidos bonaerenses con una única licencia (cuando necesitaría una por cada municipio), además de conservar Canal 26, que legalmente es un canal de TV abierta (la ley impide a los dueños de cable tener a la vez TV abierta).

La sanción de la ley de medios dejó en una situación legal precaria a la mayor parte del sistema mediático. Por eso, esta enumeración podría continuar extensamente y abarcar también muchos otros artículos de la norma, cuya aplicación ha sido hasta ahora objetivamente discrecional.

Alerta opositora por el avance kirchnerista sobre los medios

Por Alejandro Alfie

Cuestionan la venta del canal C5N y las radios de Hadad a Cristóbal López.

28/04/12

Los diputados de la oposición presentaron ayer proyectos en el Congreso para cuestionar la venta de los medios de Daniel Hadad al empresario kirchnerista Cristóbal López, porque “se expande el amigopolio K ”, a través de una operación prohibida por la ley de medios audiovisuales.
Esa misma sensación dejaron dos de los principales periodistas de Grupo Hadad, Marcelo Longobardi y Oscar González Oro, quienes lloraron al aire en Radio 10 y se mostraron “conmocionados” por esta venta. (Ver suplemento Espectáculos) La diputada Laura Alonso (PRO) destacó esa mirada “pesimista de ambos periodistas respecto a lo que vendrá. Esto explica lo que pasó en el programa de Longobardi”, cuando lo sacaron del aire hace un mes y medio, en C5N, mientras entrevistaba al ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La dirigente macrista relacionó la congoja de los principales periodistas de Grupo Hadad con la “destrucción” de los medios que hace el kirchnerismo, como sucedió con la venta de Radio del Plata a Electroingeniería –y su primera medida fue echar a Nelson Castro.
Las diputadas Margarita Stolbizer y Virginia Linares (GEN, en el Frente Amplio Progresista) presentaron un proyecto de resolución en el Congreso, donde señalaron que la compra resulta “una fuerte violación de las normas que regulan la actividad”, que la Autoridad Federal de medios (AFSCA) “pasó por alto”. Las dirigentes del GEN señalaron que el artículo 41 de l a ley de medios prohibe la venta de servicios de comunicación audiovisual, “por lo que estimamos que el área competente (Jurídico y Normativa de AFSCA) debió realizar el sumario correspondiente para decretar las caducidades de licencias por delegación de explotación y por venta no autorizada”.
La ex diputada radical Silvana Giudici adelantó que va a presentar un pedido de información pública. “para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la inversión”, que sería de unos US$ 40 millones, y “también para conocer el rol del organismo de control en toda esta transacción”.
La diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) presentó ayer un proyecto de declaración en el Congreso, donde expresó su “alarma e inquietud” por la transacción, que potencia la “hegemonía comunicacional del kirchnerismo ”. Para Bullrich, el crecimiento “rápido y exponencial” de Cristóbal López, “lo consolida como uno de los grupos que concentra la mayor cantidad de medios” del país.
Desde Proyecto Sur, la diputada Alcira Argumedo afirmó que la compra de Cristóbal López es un nuevo paso en la “concentración de poder del amigopolio K”, que se “burla” de la ley de medios para conformar un nuevo grupo de poder, “bajo la forma de una mano, donde distintos grupos están vinculados con un único vértice”. Según Argumedo, “las prebendas que reciben estos grupos” contrasta con las organizaciones sociales y las universidades, que “no han recibido la más mínima atención ni ayuda que les permita tener un medio de comunicación, salvo que les sean incondicionales”.

Clarín.com

Medios de Comunicacion

Raúl Moneta compró la Rock&Pop
El grupo mexicano CIE también le vendió al empresario Blue 100.7 y Metro

Viernes 22 de enero de 2010

(Télam).- Dos grupos empresariales argentinos se unieron para concretar la compra de la totalidad de las radios que administraba hace 12 años en nuestro país el holding mexicano CIE, entre ellas la Rock& Pop y la Metro.

El resultado de las negociaciones fue oficializado por los flamantes propietarios Raúl Moneta, dueño de varios medios, y Matías Garfunkel Madanes, un joven empresario.

Las emisoras incluidas en la compra son: Rock& Pop, Metro y Blue 100.7, Rock& Pop Mar del Plata , FM San Isidro Labrador y las AM Belgrano, Libertad y Splendid, además de varias repetidoras.

La transacción también comprende la adquisición de los tres edificios que la empresa mexicana poseía en las calles Freire 932, Freire 942 y Conde 935, en el barrio porteño de Colegiales, y el centro de espectáculos "Arena Beach, emplazado en Mar del Plata.

Según se informó, la dirección general de las emisoras, con su actual equipo gerencial, continuará a cargo de Marcelo Ripoll, que designará a Pablo Lete como nuevo director artístico.

"Esta nueva iniciativa, enmarcada en la decisión de los accionistas de invertir fuertemente en la industria de nuestro país, constituye un proyecto de largo plazo, que contempla el desarrollo de nuevos negocios, a partir del fortalecimiento de las inversiones en tecnología y en el desarrollo digital de las emisoras ya existentes", se destacó a través de un comunicado.

Esto -agrega el texto dado a conocer por la nueva sociedad- "permitirá lograr significativas mejoras, cualicuantitativas, que beneficiarán a las correspondientes audiencias.

La Nación