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Reabren el debate de un polémico concurso

ueves 04 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa

Reabren el debate de un polémico concurso

Entre protestas, el kirchnerismo intentará avanzar con un trámite clave para el caso Clarín


El bloque kirchnerista del Consejo de la Magistratura buscará aprobar hoy un concurso de alto voltaje político: el destinado a cubrir la vacante en el juzgado que tiene la causa que decidirá la aplicación del artículo más controvertido de la ley de medios, el de desinversión, clave para el destino del Grupo Clarín.
Todo indica que será una reunión peleada. La oposición sostiene que se manipuló el concurso para nombrar en ese juzgado a una candidata ligada al Gobierno , María Lorena Gagliardi, directora del Onabe. En principio, el oficialismo no tiene los votos para aprobar el concurso porque la ley exige para eso una mayoría especial de dos tercios. Pero Gagliardi recusó a uno de los consejeros que se oponen al avance del concurso, el juez Ricardo Recondo. Sobre esa presentación, el kirchnerismo apuesta a correr a este consejero de la votación. Para evitarlo, asociaciones de jueces y de abogados convocaron a una movilización, hoy, a las 11, frente al Consejo de la Magistratura.
Según la recusación presentada por Gagliardi, Recondo tiene una incompatibilidad para votar porque intervino en el trámite para nombrar al subrogante que ocupa en forma temporaria el juzgado en cuestión. En el Consejo no hay antecedentes de que se haya probado una recusación en un caso semejante. La oposición sostiene que la pretensión es absurda dado que Recondo no intervino en designación alguna, sólo participó como testigo del sorteo donde se definió qué causas le tocarían a cada subrogante. En las últimas horas, las dos facciones que representan a los jueces nacionales (la lista Bordó y la lista Celeste de la Asociación de Magistrados) exhortaron a los consejeros a no aceptar la recusación. Rara vez estas agrupaciones emiten comunicados de este tenor. La lista Bordó, además, es una de las asociaciones que convocó a la movilización. Preside la Asociación de Magistrados.
De todos modos, como la recusación se resuelve por mayoría simple, el oficialismo podría tener los votos para separar a Recondo, lo que facilitaría el objetivo del kirchnerismo de aprobar el concurso. Quedaría a un voto de lograr el objetivo, especulaban anoche los opositores.
Según ellos, el concurso fue manipulado con el objetivo de nombrar a alguien propio para tratar el caso de la ley de medios y, por eso, no puede aprobarse. Objetan el ascenso en el concurso de Gagliardi (denuncian que computaron sus años en el Gobierno como si hubieran sido años en la Justicia y que así pasó del puesto 16 al 6). Pero advierten que, incluso si ella fuera eliminada, se negarían a aprobar el trámite por los "manejos irregulares". Están convencidos, además, de que al menos otros dos postulantes son cercanos al Gobierno.
"En repudio a la maniobra que pretende llevar adelante el kirchnerismo para excluir al consejero Recondo de una votación y, de ese modo, poder designar una jueza afín al Gobierno", la agrupación de abogados Será Justicia pidió a los abogados que se sumaran a la movilización de hoy. El Colegio de Abogados de la Ciudad emitió una declaración en la que denunció que "se urdió una maniobra" para "digitar la designación" del juez que resolverá sobre la ley de medios. "No puede admitirse que una institución como el Consejo de la Magistratura se convierta en un instrumento al servicio circunstancial de los intereses de un gobierno", afirmó

Moreno sancionó a Cablevisión por contratos con consorcios de edificios


Jueves 27 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa
TV por cable

Moreno sancionó a Cablevisión por contratos con consorcios de edificios

Según la agencia Télam, la empresa, que dice no haber sido notificada, recibió una multa de 478.400 pesos por violar las leyes de defensa del consumidor y lealtad comercial


En un nuevo capítulo de su propia pelea contra el Grupo Clarín , el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó sancionar a la cableoperadora Cablevisión "por haber violado disposiciones contempladas en las leyes de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial".
Como en otras decisiones administrativas de Comercio Interior respecto de la compañía, la medida se difundió sólo por la agencia estatal Télam, pero mediante un cable que contenía algunos errores. En ese despacho, que fue corregido posteriormente, se indicaba que de la sanción había participado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Pero fuentes de ese organismo desmintieron ayer a LA NACION haber sancionado a la empresa, con la que Comercio Interior mantiene además una dura puja en relación con el precio del abono básico del servicio de televisión por cable.
Según la información difundida por Comercio Interior mediante la agencia Télam, "la Dirección de Defensa del Consumidor multó a la empresa Cablevisión por 478.400 pesos. La sanción se aplicó después de que la empresa firmara contratos de exclusividad para la provisión del servicio con firmas constructoras, que finalmente trasladaron a los propietarios finales el compromiso de mantener a Cablevisión como única proveedora".
La información agregó que "según una de las cláusulas del contrato que Cablevisión firmaba con las constructoras, la empresa hacía constar que «el consorcio reconoce que la existencia de instalaciones no realizadas por Cablevisión y sin su debida autorización -en adelante llamadas clandestinas- afecta la normal recepción del servicio»".
El mismo cable indicaba que por esos contratos Cablevisión "facturó 253 millones, lo que representa el 4 por ciento de la facturación global de la empresa".
Pero ayer, la firma dijo que no había sido notificada de ninguna multa del organismo recaudador ni de Defensa del Consumidor, pero reconoció que en febrero último la AFIP sí publicó una resolución que prohíbe a todos los cableoperadores facturar colectivamente a los consorcios y obliga a todas las empresas del rubro a cobrar por el servicio individualmente a cada hogar. "La empresa está adaptando los sistemas para empezar a facturar individualmente como pide el ente fiscal", informaron desde Cablevisión.

El precio del abono

Anoche, LA NACION intentó comunicarse con la subsecretaria del área, María Lucila "Pimpi" Colombo, pero no logró contactarla. La funcionaria levantó su perfil en las últimas semanas al defender públicamente al secretario Moreno cuando éste expulsó a Sandra González, presidenta de Adecua, de una reunión
En 2010, Moreno se reservó la atribución de fijar el precio del abono de la TV por cable, un servicio desregulado. Desde entonces, periódicamente establece ese valor, que desde marzo último, según la resolución 25 del organismo, está en 123 pesos. Con base en esas disposiciones, las oficinas municipales de defensa del consumidor de varios municipios iniciaron acciones administrativas o judiciales contra la cableoperadora, como San Antonio de Areco o General Viamonte, en la provincia de Buenos Aires, o Paraná, en Entre Ríos, entre otras.
La empresa sostiene que está vigente una medida cautelar confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata el 1° de agosto de 2011 en favor de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) "que suspende para todas sus asociadas los efectos de la Resolución 50/2010 y de la ley de abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada".

El cable, contra la piratería


  • Los dos actores principales de la industria de la televisión por cable, los cableoperadores y los programadores de señales, reclamaron ayer contra el creciente fenómeno de la piratería en su nueva vertiente: la conexión satelital a través de cajas receptoras que se compran en casas de electrónica. En el primer día de las Jornadas Internacionales de la Televisión por Cable, que organizan las cámaras ATVC y Cappsa, también hubo un fuerte reclamo para que se realicen cambios en la regulación que permitan una mayor competencia en telefonía y banda ancha.

Nueva ofensiva oficial sobre Clarín


Domingo 23 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa
Ley de medios

Nueva ofensiva oficial sobre Clarín

En Fútbol para Todos, el Gobierno emitió un spot en el que sostiene que la empresa debe vender sus licencias para el 7 de diciembre; el grupo respondió que debe haber una resolución judicial

En un spot de Fútbol para Todos, el Gobierno reforzó ayer su ofensiva contra el Grupo Clarín y anunció que el 7 de diciembre piensa avanzar sobre las licencias de radio y televisión y llamar a concurso para asignarlas a nuevos titulares.
En un prolongado aviso oficial, firmado por la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), se dice que el Congreso nacional sancionó la ley de medios en 2009 y que, después de tres años, "llegó la hora de cumplirla".
Según el spot, el gobierno argentino "no va estatizar ni expropiar canales", pero si para el 7 de diciembre Clarín no desinvirtió, "el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares".


De este modo avanzó en el discurso oficial que, incluyendo a la propia presidenta Cristina Kirchner, sostiene que el 7 de diciembre es un día clave en la puja por los medios.
El mensaje fue difundido durante una pausa de Automovilismo para Todos y también en el Fútbol para Todos, antes del comienzo del partido por el Torneo Inicial entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield, a través de la televisión pública, en un spot propagandístico similar a los que emitió en otras transmisiones oficiales de eventos deportivos contra los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba.
Por su parte, el Grupo Clarín salió a responder a través de otro spot y de una solicitada que se publica hoy en algunos diarios. El mensaje del video del holding es que "el 7 de diciembre no debe suceder nada".


El planteo es que ese día no habrá ningún cambio en la situación jurídica porque está en pleno trámite un juicio por inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios, que es el que fijó un año de plazo para desinvertir y vender licencias. Sobre ella pesa una medida cautelar presentada por el grupo de medios.
La constante referencia que hace el Gobierno a la fecha del 7 de diciembre tiene relación con un fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo: el tribunal dijo que en aquella fecha vencerá la medida cautelar, pero según el grupo de medios estableció que Clarín puede pedir la prórroga si el juicio de inconstitucionalidad no está finalizado.
En cambio, el Gobierno interpreta que para ese día el Grupo ya debe haber desinvertido y, ahora, anunció que llamará a concurso para transferir las licencias a un nuevo titular.
El gerente de Comunicaciones de Clarín, Martín Etchevers, afirmó que "el Gobierno quiere quedarse con los únicos canales y radios que se atreven a criticarlo. No es casual que esto ocurra una semana después de que TN y Canal 13 mostraron la protesta de la gente, algo que los otros medios audiovisuales minimizaron u ocultaron".
En rigor, en la empresa sospechan que el Gobierno no sólo busca apropiarse de Cablevisión sino, también, principalmente, de las licencias de esos canales.
"Si el 7 de diciembre no está resuelto el juicio de fondo donde se discute la inconstitucionalidad del artículo 161, que desconoce la propiedad de las licencias, y del 45, que fijó límites arbitrarios, puede prolongarse la medida cautelar. Lo dijo la propia Corte en el fallo de mayo. Incluso, en el peor de los casos, si la Justicia no prorroga la cautelar, recién ese día entra a correr el plazo de un año y, durante todo ese tiempo, Clarín puede lograr una sentencia de fondo", explicó la fuente .
Voceros del Grupo Clarín señalaron que este spot prueba que "el objetivo de la ley siempre fue quedarse con las licencias de Clarín que no pudo controlar", y remarcan que "la ley de medios no trajo más diversidad, sino menos".
Según el aviso oficial difundido ayer, "cada grupo empresario puede operar como máximo en el país, 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta. Y el Grupo Clarín tiene 240 sistemas de TV por cable. 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal".
"No es cierto que no cumplamos la ley de medios. Clarín cuestionó algunos aspectos, como la obligación de desinvertir o los límites de licencias, pero cumple la ley en todos los demás aspectos que la Justicia no suspendió", aclaran en la empresa.
Y después explican que "los grupos de medios oficialistas tienen más licencias de radio y televisión que el Grupo Clarín y, como nunca tuvieron una cautelar que sí obtuvo Clarín, deberían haberse adecuado a la norma el 28 de diciembre de 2011. Pero ninguno lo hizo y el Gobierno no lo exige"

La Presidenta atacó a Clarín y defendió la cadena nacional


Viernes 07 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa
Ley de medios

La Presidenta atacó a Clarín y defendió la cadena nacional

Por Mariano Obarrio | LA NACION


a presidenta Cristina Kirchner mezcló la Biblia y el Grupo Clarín . En una furibunda crítica contra la prensa, aseguró que "la cadena ilegal del desánimo y del temor tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre". De ese modo, insistió en que ese día Clarín tendrá que desprenderse de sus licencias para ajustarse al artículo 161 de la ley de medios, pese a que ese conflicto se seguirá discutiendo en la Justicia.
Con el mismo énfasis, le preguntó públicamente al secretario de Comercio, Guillermo Moreno: "Usted que está en Papel Prensa, ¿no los podrá convencer de que hagan papel biblia?". Y prosiguió, en tono jocoso: "Faltan algunas asambleas más, dale convénzalos de que hagan papel biblia... es lo único que importamos".
La jefa del Estado habló durante 47 minutos en un acto con teleconferencia con Santa Fe, en contacto con el gobernador Antonio Bonfatti, para inaugurar obras en esa provincia.
Tuvo frases llamativas: "Sólo hay que tenerle temor a Dios, y a mí, en todo caso, también un poquito"; "los jueces no son dioses"; "el que inventó el pañal descartable está a la altura de Bill Gates" y "los pañales descartables y -que me perdone la santa madre Iglesia- los anticonceptivos lograron la liberación femenina".
Al anunciar inversiones de $ 500 millones de la empresa de artículos de limpieza Procter & Gamble, recordó cuando lavaba los platos y cuando les cambiaba pañales a sus hijos.
Sin embargo, a la defensiva, Cristina Kirchner aseguró que "la cadena nacional no es ilegal, no la uso para hablar de mi vida personal, la utilizo para informarles a los argentinos las cosas que les quieren ocultar".
"Parte de este despliegue mediático sin precedente tiene que ver con que este 7 de diciembre comienza a regir la desinversión." Y sentenció: "La cadena ilegal del desánimo y el temor tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre", en alusión a la fecha en que, según el Gobierno, el Grupo Clarín deberá desprenderse de licencias, como Cablevisión.
Ese día, sin embargo, concluye el plazo que la Corte Suprema dispuso como fin de una medida cautelar, en una causa en la que Clarín reclama la inconstitucionalidad de la ley de medios, lo cual no está resuelto en primera instancia. Tras esa fecha, el juicio continuará y Clarín podría pedir ampliar la medida cautelar.
La Presidenta también señaló que la imposibilidad de viajar al exterior por el cepo cambiario es "un mito urbano" e ironizó con que "parece que el único lugar donde suben los precios es en la Argentina".
Reprendió, además, a sus funcionarios por el retraso de las obras del saneamiento del Riachuelo debido a una disposición del juez Luis Armella. "Sólo hay que tenerle temor a Dios, y a mí, un poquito. Por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento", dijo.

Cristina, en frases

Criticó a Clarín y reprendió a sus propios funcionarios

  • "Sólo hay que tenerle temor a Dios, y a mí, en todo caso, también un poquito."
  • "La cadena nacional no es ilegal, no la uso para hablar de mi vida personal."

El modelo cristinista desafía las libertades y la propiedad


Domingo 26 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

El modelo cristinista desafía las libertades y la propiedad

Por Fernando Laborda | LA NACION



Nunca antes, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se asistió como en la última semana a la presencia de un coro de funcionarios rogando por inversiones en la Argentina frente a empresarios estadounidenses. Tampoco con anterioridad se había visto a hombres de negocios riéndose en la cara del representante gubernamental que buscaba convencerlos de que nuestro país está condenado al crecimiento y de que "jamás escucharán a la Presidenta echándoles la culpa a otros, haciendo reproches, olvidando pactos o desconociendo los problemas".
Semejante papelón lo protagonizó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el jueves pasado en el hotel Alvear, durante un seminario organizado por el Consejo de las Américas, en el que estuvo acompañado por los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y de Industria, Débora Giorgi. Casi al mismo tiempo, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, no podía ocultar ostensibles dificultades para seducir a inversores de riesgo.
Desde hace mucho tiempo, los capitales no se dirigen a países donde no tienen garantías de que puedan salir. El modelo cristinista está trascendiendo las fronteras argentinas por los abusos derivados de las expropiaciones de empresas; la prohibición de comprar moneda extranjera; las restricciones al giro de utilidades al exterior; la falta de estadísticas oficiales confiables; la deuda impaga con el Club de París (unos 9000 millones de dólares) y con los bonistas que no adhirieron al canje (otros 3500 millones de dólares); los fallos del Ciadi contra la Argentina aún no cumplidos; la exclusión del país del sistema general de preferencias por el gobierno de Barack Obama; la denuncia de 40 países ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones a las importaciones y la falta de acceso al crédito internacional.
Al igual que ante el auge de la delincuencia, el Gobierno ahora intenta convencer a los inversores extranjeros de que aquellas cuestiones son sólo una sensación, alimentada por medios periodísticos y calificadoras de riesgo. En otras palabras, de la llamada cadena del miedo y del desánimo. El problema radica en que, en el transcurso de las últimas semanas, se han sucedido demasiados hechos asociados a un intervencionismo estatal arbitrario y a la inseguridad jurídica, que espantarían hasta al más inocente inversor.
El principal de esos hechos se vincula con algo tan preciado como la libertad para salir del país. Nunca los argentinos percibimos tantos obstáculos para viajar por el mundo. Son cada vez más quienes están convencidos de que no falta mucho para que el Gobierno imponga un impuesto a los consumos en el exterior con tarjetas de crédito. Esto explica que muchos de los que piensan visitar otro país el próximo verano ya estén anticipando el pago de los servicios aéreos y hoteleros, adelantándose a cualquier posible cambio en las reglas de juego.
Incluso si un residente en la Argentina decidiera vender su patrimonio en el país para radicarse en el exterior se encontraría con severos problemas. Si vendiera sus propiedades en pesos, no estaría habilitado para convertirlos en moneda extranjera. Y si tuviera la suerte de que por sus propiedades se le pagaran dólares, no podría transferirlos legalmente hacia su país de destino. Sólo le quedaría recurrir a algún circuito ilegal o bien hacer sucesivos viajes, transportando hasta 10.000 dólares en cada uno de ellos.
El derecho de propiedad se ha visto sacudido por la intervención y la virtual confiscación de las acciones de Repsol en YPF y también por el más reciente decreto de intervención de la ex imprenta Ciccone, emitido antes de la ley de expropiación sancionada por el Congreso. Este decreto no sólo sería ilegal e inconstitucional ya que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen facultades para intervenir una empresa privada, algo que sólo puede hacer la Justicia dentro de ciertas condiciones. También es inconstitucional por no existir las condiciones de necesidad y urgencia que lo justifiquen; la única urgencia era esconder las huellas de la corrupción y encubrir al vicepresidente Amado Boudou. Finalmente, el nombramiento del ministro Lorenzino y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, como interventores en la ex Ciccone violaría la ley de ética pública, que prohíbe que un funcionario ejerza funciones en empresas sujetas a su propio control o que sean proveedoras o contratistas del Estado. El artículo 17 de esa ley determina que los actos dictados en situación de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta.
Como para sembrar más temor, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, revelaron el martes que el Gobierno tenía en estudio un anteproyecto de ley tendiente a "garantizar la accesibilidad de todas las personas" a countries y barrios cerrados, a fin de "evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas". El avance de esa iniciativa no sólo hubiera significado un golpe contra la natural tendencia de la población a refugiarse del flagelo de la inseguridad, sino también contra la propiedad privada. Los countries se han organizado bajo un régimen similar al de la propiedad horizontal, donde hay espacios comunes solventados por los copropietarios en proporción a la superficie que cada uno posee. Admitir la libre circulación en un barrio privado equivaldría a permitir el acceso de cualquier persona al hall o a la piscina de un edificio de departamentos.
Un días después, apercibidos por la propia Cristina Kirchner tras la negativa reacción de la opinión pública, Alak y Rossi negaron sus propios dichos y, como de costumbre, culparon al mensajero.
Como no podía ser de otra manera, la culpa de los desaciertos del oficialismo siempre es del periodismo. La Presidenta ya le ha puesto fecha a su próxima batalla. Comenzará el 7 de diciembre, día en que vencería el plazo de la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la ley de medios audiovisuales, que obliga a esa empresa a desprenderse de algunos medios de comunicación, desconociéndose las licencias otorgadas por el Estado con anterioridad a la sanción de esa norma y el principio de no retroactividad de la ley, además de los derechos de propiedad y de libertad de expresión.
Si hasta el 7 de diciembre no hay un pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tendría resuelto avanzar hacia el desguace del Grupo Clarín y algunos de sus canales de televisión podrían salir del aire. La firma afectada sostiene que, en el caso de que ese día entrara a regir el artículo 161, hoy suspendido, tendría un año desde ese momento para adecuarse a la nueva norma, lapso durante el cual podría obtener una sentencia favorable.
Un ex ministro de Comunicación del gobierno venezolano de Hugo Chávez, Andrés Izarra, señaló que su objetivo no era otro que avanzar hacia "la hegemonía comunicacional e informativa del Estado".
Al referirse al modelo Chávez, el académico hispano-venezolano Marcelino Bisbal lo caracteriza así: "Uso indiscriminado de las cadenas por parte del presidente; menciones denigrantes o intimidatorias contra periodistas y propietarios de medios; agresiones contra reporteros y camarógrafos; ataques directos contra instalaciones de medios; uso de recursos administrativos como medidas de presión; desatención de las medidas cautelares a favor de comunicadores emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; retiro de la publicidad oficial a aquellos medios críticos con el gobierno; falta de acceso a la información pública; sesgo informativo en los medios del Estado". Cualquier parecido con la realidad argentina no es mera casualidad.

La Justicia suspendió la intervención de Cablevisión


Martes 14 de agosto de 2012 | 10:57

La Justicia suspendió la intervención de Cablevisión

La Cámara Federal de la Capital rechazó que el juez de Mendoza Walter Bento tenga jurisdicción en la Ciudad


La Cámara Federal Civil y Comercial de la Capital Federal rechazó la competencia del juez mendocino Walter Bento, que había dispuesto la intervención del directorio de Cablevisión (empresa del Grupo Clarín). Por eso, esta decisión quedó en suspenso.
Tal como lo anticipo LA NACION en la edición de hoy , la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal resolvió que el caso iniciado con una demanda del Grupo Vila-Manzano -que desarrolla una estrategia para tomar Cablevisión, que es funcional al Gobierno- debe tramitarse en la Capital Federal y no en Mendoza.
Durante el fin de semana, había trascendido que el juez Bento, por segunda vez en seis meses, había hecho lugar a una presentación de Daniel Vila y José Luis Manzano y dispuso la intervención del directorio de la empresa del Grupo Clarín.
Pero la Càmara Civil y Comercial Federal resolvió que Bento nunca debió haber intervenido, porque Cablevision no opera en Mendoza y porque la sede societaria de la firma está en el barrio porteño de Barracas.
Con este nuevo fallo de la cámara de apelaciones, del que la empresa se acaba de notificar -el fallo confirma otro de primera instancia-, se suspenden todos los procedimientos y quedó sin efecto la nueva intervención dispuesta por Bento


La orden de Cristina es desguazar Cablevisión


Lunes 13 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa
El escenario

La orden de Cristina es desguazar Cablevisión

Por Carlos Pagni | LA NACION











Es imposible que Cristina Kirch- ner se refiera a los medios de comunicación sin despotricar por las dificultades que encuentra frente a su principal objetivo: la reducción del Grupo Clarín. Por esa razón, hace tres semanas impartió una instrucción para terminar con lo que, para ella, son dilaciones derivadas de una conspiración mediática y judicial. A partir del 7 de diciembre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) no sólo deberá revocar al holding de Héctor Magnetto las licencias que excedan el cupo establecido por la nueva ley de servicios audiovisuales. También deberá entregar a competidores de Clarín la infraestructura de las empresas de las que ese grupo deba desprenderse. En el caso de Cablevisión, la transferencia incluye a los abonados. Para justificar esta cirugía se dirá que, por los artículos 85 y 113 de la norma, el Estado debe garantizar la regularidad y continuidad de las emisiones.
También en Clarín se sienten víctimas de un complot mediático y judicial. Es el que llevarían adelante los mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila para terminar de instalar en Cablevisión a un interventor afín, que conduzca la jibarización de la empresa según las pautas del Gobierno. Manzano y Vila aspiran a quedarse con algunos de los activos a los que tenga que renunciar Clarín.
El 7 de diciembre es el límite que fijó la Corte Suprema para el amparo que el juez Eduardo Carbone concedió a Clarín hasta que se defina si el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión, es constitucional. Si la Justicia no se expide antes de esa fecha, la medida cautelar quedará anulada. Como Carbone se jubiló, el concurso del que surgirá su reemplazante se ha convertido en una batalla crucial para esta guerra.
Los expertos en radiodifusión coinciden en que, si no hay un pronunciamiento judicial de fondo, el 7 de diciembre se activarán los plazos para adecuar el número de licencias, que tomarían otro año. La Presidenta, en cambio, instruyó a la Afsca para que revoque las licencias y transfiera los activos ese mismo día.
Cristina Kirchner se ufanará de estar brindando un homenaje a la democracia. Está convencida de que Magnetto es el cerebro de una operación destituyente. (Incógnita: ¿a qué va a atribuir sus desventuras cuando ese genio maligno sea reducido?)
Sin embargo, la imagen de una administración que arrasa con las garantías de la prensa terminará de consolidarse. El debate se plagará de referencias a Hugo Chávez, que también retiró la licencia e incautó los activos de la cadena Radio Caracas Televisión, bajo acusaciones de golpismo. Aunque el peronismo no necesita de la experiencia bolivariana para encontrar antecedentes. Dispone de ellos en su propia tradición.
Los funcionarios que venían negociando con los medios las pautas de la desinversión suspendieron las conversaciones. El 19 de julio pasado intimaron a las empresas a informar su composición accionaria y el número de permisos para operar. Fue un requerimiento muy tardío, ya que sólo Clarín consiguió un amparo judicial. Los demás deberían haberse adecuado a la ley el último 28 de diciembre. La demora demuestra lo obvio: la única desinversión con la que sueña el Gobierno es la de ese grupo. Esta arbitrariedad es un regalo que acaso Magnetto no esperaba. La propia señora de Kirchner alimenta la tesis según la cual ella no pretende garantizar la pluralidad de voces, sino desguazar una empresa "enemiga".

LICENCIAS

Para doblegar a Clarín el kirchnerismo puso en la mira a Cablevisión, que representa el 60% de los ingresos de ese emporio. La empresa controla 158 licencias de TV por cable, 134 más de las permitidas. La Presidenta quiere que se deshaga de ellas cuanto antes. Pero pretende evitar un apagón que la enemiste con la audiencia. No quiere que se repita lo que sucedió a Julio De Vido en agosto de 2010, cuando anunció que "Fibertel no existe" y que, por lo tanto, los usuarios debían buscarse otro proveedor. Como esa alternativa tampoco existía, sólo consiguió la antipatía de los internautas.
Santiago Aragón, el titular de la Afsca, tiene instrucciones de entregar infraestructura y abonados de Cablevisión a los competidores de cada zona. Aunque los convierta en monopólicos. Ejemplos: Telecentro, de Alberto Pierri, en el área metropolitana; Tele Imagen, de Néstor Ick, en Santiago del Estero; Supercanal, de Vila y Manzano, en Santa Fe. A esos recipiendarios se les exigirá, claro, dejar de emitir Todo Noticias.
La señora de Kirchner eligió como socio a Manzano para esta batalla decisiva. Quedó demostrado el 20 de diciembre pasado, cuando la Gendarmería irrumpió en la sede porteña de Cablevisión para hacer cumplir una orden del juez mendocino Walter Bento. A pedido de Supercanal, y por un conflicto que se desarrolla en Salta, Bento intervino la compañía y le dio un plazo de 60 días para que divida sus activos. La justicia federal porteña y la de Salta lo declararon incompetente. El 5 de julio pasado, los representantes del Gobierno en el Consejo de la Magistratura debieron salvar a Bento del juicio político.
Pero Bento consiguió designar en Cablevisión a un coadministrador. Es Enrique Anzoize, a quien en Clarín vinculan con Manzano. Ayer la empresa denunció que el juez mendocino, con la colaboración de un colega porteño, estaría por remover a su directorio. De verificarse esa profecía, el avance sobre Cablevisión, el 7 de diciembre, no encontraría resistencia. Al contrario: Anzoize sería el dócil y solitario ejecutor del plan del Gobierno. Y de Vila y Manzano.
Juan Manuel Abal Medina es el nexo entre la Presidenta y Manzano. Las vueltas de la vida: Abal fue discípulo de Carlos "Chacho" Alvarez, quien acusó a Manzano de "robar para la corona", cuando "la corona" era Carlos Menem. La frase tituló un libro del periodista Horacio Verbitsky, quien meses atrás recordó sus reproches a Néstor Kirchner por aliarse con Manzano en la guerra contra Magnetto. A la luz de estos datos, la Presidenta debería descartar el tribunal de ética para la prensa. No vaya a suceder que los que vayan a la hoguera sean los propios. Aunque ya lo aclaró aquel colaborador de Ramón Saadi: "En política la ética es un procedimiento para aplicar al adversario".

DIFICULTADES

Supercanal tiene dificultades para quedarse con los negocios de Clarín. Cuenta con 90 licencias, 66 más de las permitidas. En cambio Advsps no tiene ese límite: es la sociedad que constituyeron el 12 de abril del año pasado el hijo de Vila, Agustín, con el abogado de Supercanal, Eduardo Vila. Advsps está gestionando, con bastante éxito, permisos en la Capital Federal, Lomas de Zamora, Tigre, Paraná, Rosario y Santa Fe, ciudades en las que opera Cablevisión.
Carlos Zannini diría que el conflicto con Clarín es la "contradicción principal" del kirchnerismo. Pero la tormenta que se prepara en Olivos siembra miedo entre los funcionarios de la Afsca. Allí rige una conducción bicéfala, como en casi todo el organigrama oficial: Aragón es controlado por su segundo, Ignacio Saavedra, un delegado de La Cámpora. Saavedra ganó notoriedad como productor de contenidos de TV -Telefé ha sido casi su único cliente- en sociedad con Fernando Pérez, el responsable de conducir los procesos de desinversión.
Los talibanes del Gobierno tienen con Aragón los mismos reparos que les provocaba su padrino y antecesor, Gabriel Mariotto: lo acusan de tibio. A Mariotto se le reprocha haberse marchado a La Plata dejando inconcluso el expediente de suspensión de la licencia de Cablevisión. Saavedra sostiene esa tesis.
Aragón y Saavedra amenizan las conversaciones con sus ocasionales visitantes hablando mal del otro. Todo en voz bien alta, para que el vituperado se entere. El dúo está separado apenas por un tabique en un gran salón en "L".
Sería superficial, sin embargo, atribuir el enredo de la política de medios a que la Afsca se ha convertido en un conventillo. El problema central es que la norma diseñada por Mariotto resulta inaplicable. De hecho, todavía no se ha otorgado ninguna frecuencia bajo el nuevo régimen. Tampoco se conoce el censo de radiodifusores, que debía estar listo para marzo de 2010. En esta nueva etapa se realizó un solo concurso, el de la televisión digital, que debió declararse desierto. Como en YPF, en Aerolíneas o en la guerra contra Boldt, también en esta reforma el kirchnerismo se arriesga a quedar empantanado. Hasta ahora sólo ha sido eficaz en demorar la constitución de la comisión bicameral que debe designar a los representantes de la oposición en la Afsca.
Las dificultades del Gobierno se deben a que tampoco en el campo mediático comprende cómo funcionan los mercados. Las compañías de comunicación no son sustentables por debajo de determinada escala. Sobre todo porque la publicidad no es infinita. Ni siquiera la oficial. Basta ver cómo Gerardo Luis Ferreyra, Sergio Szpolski, y muchos otros empresarios alineados con el Gobierno, hacen malabares para pagar los sueldos, debido a que la agencia Télam les abona las facturas con una demora de 200 días. La crisis fiscal también llegó a esos medios.
RECHAZAN UNA EVENTUAL INTERVENCIÓN JUDICIAL
Diputados nacionales de fuerzas políticas opositoras coincidieron ayer en rechazar una posible intervención a la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, y advirtieron sobre el "intento de hegemonía" del Gobierno sobre los medios de comunicación.
Los legisladores Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (Pro), Oscar Aguad (UCR) y Patricia Bullrich (Unión por Todos) criticaron, además, al juez mendocino Walter Bento, quien promovería una nueva orden para intervenir Cablevisión, según publicó ayer el diario Clarín.
"Causa alarma que un juez federal de provincia, fuertemente sospechado de responder a un grupo económico afín al Gobierno, que ha tenido comportamientos judiciales inaceptables, pero que goza de protección oficial en el Consejo de la Magistratura, pretenda ahora ejecutar una medida contra Cablevisión", dijo Gil Lavedra.
En tanto, Pinedo opinó que el posible avance del juez mendocino sobre la empresa Cablevisión significaría un "abuso de poder" y sostuvo que el magistrado "actúa con el aval del oficialismo".

Cristina Kirchner tildó de "nazi" a un columnista del diario Clarín

Cristina Kirchner tildó de "nazi" a un columnista del diario Clarín


En una de sus más fuertes críticas, la Presidenta también cargó contra un periodista de LA NACION; "En otra época darían miedo, ahora dan pena"

Lunes 12 de marzo de 2012

En una de sus más fuertes acusaciones contra los medios, Cristina Kirchner tildó de "nazi" a un columnista de Clarín y lanzó fuertes críticas contra un periodista de LA NACION por sus artículos publicados hoy en dichos periódicos.
La Presidenta se refirió a dos columnas publicadas hoy: Los 'imberbes' de Aerolíneas , escrita por el secretario de redacción de Clarín Osvaldo Pepe y a Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Boudou , de Carlos Pagni en LA NACION.
"Me pareció muy nazi", dijo la Presidenta luego de referirse durante minutos a al artículo de Pepe en Clarín.

"Lo que no me pareció tan gracioso es cuando decía que muchos de ellos, de los chicos son hijos o familiares de militantes montoneros", señaló. "Los identifica el mismo gen", reprodujo y lanzó: "Me sonó a [Josef] Menguele. Esto de creer en la identificación genética. Qué es esto que alguien nace predeterminado, me pareció muy nazi"

La mandataria también se refirió a la columna escrita por Pagni en este medio. "¿Está por ahí el marxista Axcel Kiciloff? El editorial tenía cierto tuifillo antisemita. La verdad no le pregunto a mis funcionarios cuáles son sus orientaciones políticas", lanzó. Y volvió a cargar contra los medios: "En otra época darían miedo, ahora dan pena"


La Nación

Gobierno de Kirchner: Kirchner vs Grupo Clarin

MENSAJE DEL GRUPO CLARIN
64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos


Usted conoce Clarín. Somos un diario que nació en 1945 con una mirada nueva. La de ser un diario masivo y de calidad. Que pueda llegar a todos. Que privilegie la información y que desde lo editorial apueste al desarrollo integral de la Argentina.

Clarín fue asentándose: con los años se convirtió en el primer diario nacional y uno de los líderes de habla hispana. Sostenido por el trabajo de sus periodistas y el acompañamiento sus lectores. Cuidando la independencia empresaria como reaseguro de la periodística.

Con una visión focalizada en el crecimiento del país, Clarín no sólo quiso ser espectador, sino protagonista de los cambios que vivieron los medios y las audiencias en las últimas décadas.

No hicimos nada diferente de lo que hicieron grandes medios alrededor del mundo. Decidimos acompañar la evolución tecnológica. Invertimos para llegar a nuestros públicos a través de otros lenguajes, audiovisuales y digitales.

Lo hicimos conscientes de que los medios de comunicación se globalizan cada vez más y creyendo importante preservar nuestro rol como actores argentinos. Actores con la dimensión suficiente para competir sin diluirse frente a los conglomerados internacionales que llegaban al país. Para sostener nuestros valores y nuestra identidad. Para producir, informar y entretener con nuestro acento.

Así fuimos conformando el Grupo Clarín. Una compañía de capitales argentinos, cuyos accionistas y números son de dominio público. Aunque somos más pequeños, nuestra estructura es similar a la de otros grupos de medios de Iberoamérica, como Prisa de España, Globo de Brasil o Televisa de México. No fue fácil hacerlo desde aquí, en un país con discontinuidades, un menor tamaño relativo y contando únicamente con recursos propios. Si nos comparamos con el mundo, nuestra facturación es 66 veces menor a la de Telefónica, 40 veces menor a la de Time Warner y 24 veces menor a la de CBS.

Nuestras inversiones, plantadas aquí, superaron los 20.000 millones de pesos en los últimos 20 años. Hoy cotizamos en las Bolsas de Londres y Buenos Aires pero tenemos el orgullo de haber crecido en la Argentina, de haber decidido quedarnos pese a las ofertas de compra de grupos extranjeros. E incluso de tener operaciones en Uruguay, Paraguay y México.

Para cualquier país, una empresa como Clarín suele ser un exponente del emprendimiento privado, un motivo de orgullo nacional. Porque se trata de una voz de peso local en un mercado cada vez más transnacional. Porque genera empleo calificado y configura una importante industria cultural. Pero en la Argentina de hoy eso parece no contar. Clarín está siendo estigmatizado con intenciones políticas. Por eso vale aclarar algunos puntos.

En ninguna de sus actividades el Grupo Clarín es un monopolio. De hecho, el mercado argentino de medios es uno de los más diversos del mundo. Y Clarín actúa en cada segmento compitiendo intensamente. Nos gusta la competencia. Nos estimula y estamos acostumbrados a ella.

En Buenos Aires, Clarín compite con 12 diarios nacionales pagos de interés general, número muy difícil de encontrar en las principales capitales del mundo. C ompite en los kioscos con La Nación, La Prensa, Diario Popular, Crónica, Página/12, Crítica de la Argentina, Bae, Buenos Aires Herald, El Cronista, Ambito Financiero, Perfil y Miradas al Sur. En el país compite con más de 200 diarios regionales y locales que son voces de referencia en su zona, donde los diarios nacionales tienen una inserción reducida.

En televisión abierta, el grupo es titular de Canal 13, una de las cinco estaciones que se reciben en el Gran Buenos Aires. Allí mismo también se escuchan más de 550 radios. De todas ellas, Clarín participa en una AM y una FM (Mitre y La 100). Hay varios grupos que tienen más radios que las permitidas. No es nuestro caso.

En canales de noticias, la Argentina cuenta con 5 señales nacionales, todas de dueños diferentes (Crónica TV, América 24, C5N, Canal 26 y TodoNoticias). Una de ellas, TN, es de Clarín. No hay otro país en el mundo con una oferta semejante.

En Internet, cualquier persona puede distribuir contenidos. De los sitios más visitados del país, Clarín.com ocupa el puesto número 10. Los anteriores no son argentinos. Estamos orgullosos de sostener esta presencia en un espacio donde lo nacional suele caer en la insignificancia.

En el mercado del cable, Clarín viene invirtiendo, desde 1993, en la conformación de una red que hoy encabeza Cablevisión. Es el primero entre más de 700 operadores, y siempre compite con otras opciones, en cable o en satélite. Conformó la primera red alternativa a las grandes telefónicas. Así logró, por ejemplo, una presencia en Internet que dinamizó el mercado de banda ancha.

Se ha llegado a decir que Clarín tiene el 73% de las licencias de radiodifusión del país. Es falso. Para que quede claro: e n todo el país, Artear posee cuatro licencias de televisión abierta, sobre 42 existentes. Radio Mitre posee 9 licencias, so­bre más de 5.000 existentes. El cable no es radiodifusión porque no usa éter: sus licencias son locales (a diferencia de la TV satelital, que goza de una licencia nacional). Cablevisión tiene un 47% de participación en ese mercado. Este porcentaje es similar o está por debajo de los mayores operadores de cable de países como Francia (65%), I talia (75%), España (57%), Alemania (52%), Reino Unido (50%), Chile (67%), Perú (82%) y Venezuela (50%), Brasil (46%), Colombia (46%) y México (46%).

Clarín ha invertido siempre en la Argentina con una misión central: el periodismo y los medios de comunicación. Por eso tenemos los equipos de periodistas más numerosos y premiados del país. Por eso, muchos de los profesionales más prestigiosos han surgido de nuestros medios o eligen trabajar en ellos. En 1995, cuando se constituyó como tal, el Grupo se definió en esta actividad. No nos dedicamos a otra cosa. Clarín tiene medios porque esa es su razón de ser. No los tiene para otro fin.

Somos el principal multimedios del país, pero no el único. Y nos gustaría que hubiera varios más. Lamentamos que colegas que iniciaron proyectos parecidos hayan decidido vender a lo largo de estas décadas. O que grupos fuertes, que parecían de largo aliento, se desarticularan según los ciclos políticos y económicos.

Cada uno de nuestros pasos los dimos cumpliendo la ley. En 1990, cuando Artear se presentó a los concursos de Canal 11 y Canal 13, ganó los dos. Obtuvo los máximos puntajes y optó por la frecuencia del 13. Fue el único canal que no cambió, en 20 años, su composición accionaria. El único que no se vendió, que apostó siempre a la producción nacional, que se especializó en ficción y noticias.

En paralelo, Artear generó señales nacionales para alimentar una grilla de cable donde hasta las noticias y el deporte venían desde afuera del país. Nos propusimos hacer contenidos argentinos, que reflejaran nuestra realidad, nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestro talento, nuestra cultura.

Así nació TN, realizado con los más altos estándares periodísticos y tecnológicos. O Volver, que se convirtió en un resguardo entrañable de la historia del cine y la televisión argentinos. O TyC Sports, con foco en los deportes y los deportistas nacionales. O Quiero, pensado para difundir la música de nuestros artistas.

Canales de libre creación que no usan espectro radioeléctrico. Que contribuyen a dar trabajo, a generar y preservar contenidos nacionales. Sin razón técnica alguna, el proyecto de Ley de Medios pretende limitar o silenciar esas voces. ¿Eso es promover la diversidad?

En el cable, Clarín comenzó con una operación en San Pedro. Fue creciendo en una industria madura, conquistando nuevos abonados y a partir de cables existentes. En los 90, el sector se extranjerizó: vinieron las grandes compañías norteamericanas: US West, Continental, TCI, Hicks, Liberty. Clarín hizo el esfuerzo y se mantuvo como el segundo operador nacional.
Luego vino la crisis, con la deuda en dólares. El 95% de ella tomada en el exterior, por lo que se multiplicó por tres. Tuvimos que desprendernos de compañías importantes, como CTI y DirecTV. Reestructuramos esa deuda de manera privada, con recursos enteramente propios. Y tras la recuperación, volvimos a apostar en el país.

Nadie nos regaló nada. En 2006 adquirimos el 60% de Cablevisión, lo que permitió que una compañía extranjera vuelva a ser argentina. Desde entonces, la empresa sumó 1000 nuevos empleados, no distribuyó dividendos e invirtió más de 550 millones de dólares en redes y digitalización. Como sucede en varios países de Europa y América, los cables se consolidaron para generar masa crítica y prepararse para competir con las grandes empresas de telecomunicaciones. Claro que mientras los países serios equilibran los mercados para que compitan entre iguales, aquí se quiere fracturar en partes a los locales.

Sabemos que el futuro de nuestra industria pasa en gran medida por la banda ancha. Y esto requiere dos cosas, que el proyecto de ley desconoce. Primero, promover la inversión en redes alternativas y la competencia en Internet, para lograr mejor capacidad, velocidad y precio. En lugar de eso, se limita arbitrariamente el alcance de los cables y se destruyen sus inversiones recientes, discriminándolos frente a las telefónicas que pueden llegar al 100% de los hogares. Segundo, promover sólidas empresas audiovisuales para que nuestro talento no se diluya en un mar de contenidos globales. Los países del mundo y de la región lo entienden así, y por eso en lugar de ponerle trabas, acompañan a sus grupos de comunicación. No parece ser la intención hoy en la Argentina.

La paradoja es que en varios aspectos, este proyecto se emparenta con la vocación de fragmentar y controlar que tenía la ley de la dictadura. Parece que se quiere regular para un escenario de hace treinta años, donde sólo existían la radio y la TV abierta. Hoy el cable, Internet y la digitalización multiplican al infinito las posibilidades. Deberíamos apostar a que nuestras producciones puedan llenar esos espacios. Sin embargo se imponen restricciones arbitrarias y alejadas de los ejemplos internacionales.

¿Cuál es la lógica de prohibir a un grupo tener un cable y un canal abierto en la misma área? Uno produce y otro transporta lo que producen muchos. Esta exclusión no existe en todo el mundo.

¿Cuál es la lógica de limitar a sólo una señal la que pueden producir los canales abiertos o los cables? Afuera sucede todo lo contrario: los canales abiertos y los cables son los principales productores de contenidos. Las cuatro cadenas privadas de televisión de EE.UU. producen señales de noticias propias (MSNBC, Fox News y CBS News) y otras señales temáticas (History Channel, ESPN, Disney Channel, Fox Sports, National Geographic, Bravo, USA Network, Discovery, etc). Lo mismo sucede con operadores de cable importantes, como Time Warner, que produce HBO, Cinemax, CNN o Cartoon Network.

En los últimos meses, se ha emprendido una batalla contra un grupo periodístico nacional. No es inusual que los gobiernos se molesten con los medios: la tensión prensa-poder es natural en la democracia. Lo que sí resulta inaudito es que se haya puesto todo el aparato estatal (el formal y sus resortes más oscuros) para amedrentar, a través la estigmatización política y la difamación personal. Una campaña direccionada a Clarín pero que lo excede como destinatario. Y que revela un objetivo muy claro: desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia.

No estamos en guerra con nadie. Aunque nos ataquen seguiremos contando lo que entendemos le pasa y le interesa a la sociedad. Eso quizás molesta. Y por eso las campañas sucias, los panfletos paraoficiales, las intimidaciones de la AFIP, el uso de organismos públicos como herramientas de apriete.

16 mil personas trabajan con nosotros. Somos uno de los principales generadores de empleo calificado en el país. Todas nuestras operaciones cumplen la ley. Quizás por eso quieren hacer una ley para que no la podamos cumplir.

Coincidimos en que la democracia se debe una nueva ley de radiodifusión. Este proyecto pregona la democratización pero consagra un poder discrecional sobre los medios. Además busca atomizarlos y debilitarlos. Para que no se escuchen y dependan de las dádivas oficiales. O directamente para acallarlos.

Este proyecto deja a los medios en estado de precariedad absoluta, al no respetar las licencias vigentes, algo que ni siquiera sucedió en Venezuela. Y autoriza que la única red de radio y TV que llegue a todo el país sea la del Estado.

Cuando las leyes son pensadas contra algunos, cuando el personalismo utiliza el poder del Estado y no encuentra freno en las instituciones, están en riesgo las garantías de todos.

Esto es parte de lo que el Grupo Clarín tenía pensado decir en el Senado de la Nación, antes de que se anticipara el final del debate en Comisión. Queremos compartirlo con los senadores y con toda la sociedad.

Creemos que de nada sirve nuevamente forzar la polarización de un debate. Desde nuestro lugar apelamos a la racionalidad. A que se proteja no sólo la seguridad jurídica sino nuestro derecho a seguir apostando en el país.

Confiamos en que el debate legislativo pueda servir para tener una mejor ley, que pemita preservar la libertad de expresión, el desarrollo de la industria audiovisual y el acceso de más ciudadanos a los nuevos medios.

Desde Clarín seguiremos trabajando, como siempre, en comunicar a los argentinos en su mismo idioma.

Grupo Clarín
Buenos Aires, 4 de octubre de 2009.



Nunca tantos parecidos con Caracas
Joaquín Morales Solá
LA NACION

Viernes 11 de setiembre de 2009

Nunca, como ayer, Buenos Aires se pareció tanto a Caracas ni los Kirchner fueron tan similares a Hugo Chávez. Cuando más de 200 inspectores de la AFIP se agolparon en la puerta del Grupo Clarín, las imágenes recordaban nítidamente un ataque de grupos chavistas a Globovisión, la única cadena privada de televisión que quedó en Venezuela en los primeros días del último agosto. Era la perversión de cualquier sentido normal del Estado: el operativo se produjo en medio de una guerra personal desatada en las semanas recientes por el ex presidente Néstor Kirchner contra ese grupo periodístico.

Ya importa poco contra quién está combatiendo el caudillo de la administración. Es la existencia del periodismo argentino lo que está en juego una vez que él ha decidido usar los recursos del Estado con otros fines. ¿Cuál, si no ésa, fue la lógica de las dictaduras militares tan denostadas por el matrimonio presidencial? En Venezuela, Chávez primero le quitó la licencia al más grande y antiguo canal de televisión de aire, Radio Caracas Televisión, y ahora la está emprendiendo contra el único canal privado e independiente que queda en su país, Globovisión. Lo que quiere es el silencio del periodismo en general y no sólo ganar una batalla en particular. ¿Kirchner está haciendo aquí lo mismo?

Un vaho con aroma a peligro ya existía para la prensa argentina. De hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa, la más importante organización americana de defensa de la libertad de prensa, apoyó ayer las posiciones explícitas de todas las asociaciones periodísticas argentinas sobre el proyecto de ley de radiodifusión. Desde hacía décadas no existía tal unanimidad en contra de algo, como sucedió ayer con las entidades de prensa argentinas, con el respaldo manifiesto de poderosas organizaciones internacionales.

Pocas horas antes, la oposición no kirchnerista (radicales, peronistas disidentes, macristas y socialistas) se había reunido con el vicepresidente Julio Cobos para preparar el rechazo del proyecto del Gobierno o, en el peor de los casos, cambiar luego del 10 de diciembre cualquier cosa que se apruebe ahora sobre la relación del Gobierno con los medios. No estuvo Elisa Carrió, pero estará cuando haya que votar en contra o cambiar lo que haya hecho el kirchnerismo. El despacho de Cobos se convirtió en lugar de peregrinación para los legisladores críticos del proyecto de radiodifusión; él adelantó su posición crítica sobre el tema, pero su papel cobra mayor importancia por ser la segunda figura de la República.

Ni la SIP ni Cobos ni los opositores hicieron, de todos modos, tanto como el propio Néstor Kirchner para pulverizar el proyecto enviado por su esposa al Congreso. Kirchner carece del instinto de la astucia. Su bagaje político carga sólo con audacia sin talento. El operativo de la AFIP contra las oficinas de Clarín parecía ayer un sainete escrito por un escritor chapucero. El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se disculpó ante la empresa periodística mediante una carta formal a su editor general, Ricardo Kirschbaum.

Pero ¿puede una oficina del Estado movilizar a 200 empleados sin la autorización expresa de su jefe? ¿Puede hacerlo cuando se trata de un virtual allanamiento contra un medio de prensa, más sensible siempre que cualquier otra empresa a los allanamientos o revisiones del Estado? ¿Puede, por último, enviar inspectores a un diario con soflamas contra el mismo diario? Todo fue demasiado extraño. Un medio periodístico puede ser allanado -cómo no-, pero sólo cuando hay razones suficientes para hacerlo y el proceso está en manos de jueces independientes, cuando ya no queda, en fin, otra alternativa más que ésa. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso que sucedió ayer en las dependencias de Clarín .

Según fuentes oficiales, el allanamiento lo habría dispuesto el director de Seguridad Social de la AFIP, una de las tres direcciones que dependen de Echegaray. El director de esa área es Iván Bulassi, un dirigente kirchnerista de Bahía Blanca que responde políticamente a Echegaray. Bulassi fue elegido diputado bonaerense por el kirchnerismo en las elecciones del 28 de junio.

* * *

"La orden la dio Néstor Kirchner", disparó ayer, malhumorado, un alto funcionario del Gobierno. "Pregunten a Kirchner", había sido, más temprano, la respuesta de los inspectores de la AFIP cuando empleados de Clarín les preguntaron qué estaban buscando. Kirchner dio la orden, en efecto, aunque nunca se sabrá si usó para eso a Echegaray o si pasó por encima de Echegaray. En cualquier caso, el jefe de la AFIP quedó ayer más cerca de su casa que de su oficina; el despido parecía inminente.

No se iría, en tal caso, por el daño que le hizo a la prensa argentina, sino por una presunta disputa en el interior del propio matrimonio presidencial. Cristina Kirchner, dicen ministros que la vieron, estaba ayer fuera de sí luego de enterarse de las correrías de su marido. ¿Es cierto? ¿O, acaso, se trata sólo de una excusa perfecta para separarla a ella de los devastadores alcances de un desvarío que rompió con todos los límites conocidos?

Doscientos empleados de Echegaray se habrían movilizado sin autorización de Echegaray. La AFIP, un ente clave del Estado, que conoce la confesión de vida de todos los argentinos, actuó en nombre de los Kirchner sin el conocimiento de la Presidenta. ¿Es posible semejante deformación del Estado y del Gobierno, donde mandaría sólo un hombre sin cargo ni funciones? Casi imposible de creer. Aun si fuera así, lo que pasó ayer fue posible porque antes existió un clima que colocó al Gobierno como militante de una causa contra los medios periodísticos en general y hoy contra Clarín en particular. Ninguno de los Kirchner es inocente.

El llamado progresismo latinoamericano está haciendo lo mismo que hacían con la prensa las dictaduras militares de hace tres décadas. Venezuela, la Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicaragua tienen gobiernos democráticos por elección, pero están perdiendo esa condición en el ejercicio del poder. El martes, el diario El País , de Madrid, le dedicó un duro editorial a esa tendencia latinoamericana, en la que incluyó a los Kirchner, de destruir las libertades en nombre de supuestos intereses populares. Conviene reproducir uno de sus párrafos: "El último paso de los regímenes populistas latinoamericanos es acomodar la ley a sus intereses y acabar con la libertad de expresión". Acomodar la ley, en efecto, pero también, como hemos visto ayer, apropiarse de los recursos del Estado para satisfacer a los que mandan en una democracia cada vez más debilitada.

La Nación



La Casa Rosada insiste en despegarse del operativo en  Clarín  y lo tilda de "pantomima"
Aníbal Fernández apuntó a quienes, según él, "pagaron" la inspección; además, advirtió que el diario "no tiene coronita" y que "tendrá que bancársela como cualquier hijo de vecino"

Viernes 11 de setiembre de 2009

La polémica en torno al inusual  operativo  que la AFIP realizó ayer en la sede del diario  Clarín  para un supuesto control fiscal no cede.

Esta mañana, el Gobierno volvió a tomar distancia de la inspección y a sugerir que pudo haber estado organizada por terceros.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, justificó que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no haya renunciado tras haber reconocido que no ordenó la inspección.

El embate más fuerte llegó cuando el jefe de los ministros avanzó sobre los supuestos responsables "finales" de la inspección. "Vamos a investigar a quienes pagaron para hacer esta pantomima", lanzó en declaraciones a radio Continental.

Fernández insistió con el argumento oficial de que el Gobierno no tomó la decisión de realizar el operativo, algo que el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray había asegurado ayer en una entrevista con LA NACION.

"Sería de estúpidos haberlo organizado para para después aparecer en la tapa del diario", argumentó en alusión a la edición de Clarín de hoy que lleva el tema en la portada.

"Coronita". Fernández se reservó las advertencias para el final. Se quejó de que Clarín "cuestiona al Gobierno hasta en los chistes" y afirmó: " Clarín no tiene coronita y se dispusiera una inspección integral [en la empresa] tendría que bancársela como cualquier hijo de vecino".

La Nación





BUENOS AIRES (Dow Jones)--Former Argentine President Nestor Kirchner Thursday slammed the country's largest media conglomerate, Grupo Clarin (GCLA.BA), saying it's a monopoly that's abusing its power and muddying Argentina's politics.
SEPTEMBER 4, 2009, 7:37 A.M. ET

The former president, who is widely believed to exert significant influence over the administration of his wife and successor, Cristina Fernandez, said he will do everything necessary to reduce Clarin's power.

"I'm not afraid of anyone," Kirchner said in response to a Clarin reporter's question about Kirchner's unusually large pension. "If they want to insult me, they can insult me. If they want to attack me, they can attack me. They can insult me everyday, but everyone should know that they're doing it to maintain their monopoly, to maintain their position, to keep the privileges that they have."

Kirchner repeatedly named the group's owner and director, saying he isn't afraid of them or their power.

The government and Clarin have been engaged in an increasingly epic battle this year.

Kirchner has accused Clarin of biased reporting by the company's flagship newspaper of the same name.

The government recently played a key role in canceling - and later virtually nationalizing - a contract Clarin had to broadcast soccer games as pay-per-view events.

Earlier Thursday, the Federal Broadcast Committee ordered a halt to a merger between the country's top cable television providers, Cablevision S.A. and Multicanal.

Cablevision, which is 60% owned by Grupo Clarin, bought Multicanal in 2006 and said it would merge the company into Cablevision, creating a virtual monopoly over cable television services in parts of Argentina, including the City of Buenos Aires and surrounding areas.

Kirchner's government had approved the merger just days before he left power. When asked about the apparently contradictory reversal, Kirchner said he wasn't aware of the rational behind the broadcast committee's decision.

Kirchner's comments came just hours after the Lower House of Congress held public hearings on a government proposal to reform a media law that dates back to Argentina's 1976-1983 military dictatorship.

Among other things, the proposal would force Grupo Clarin to sell two of its television stations in order for it to be able to keep its cable distribution service.

In its reporting, Clarin has labeled the proposal "the media control bill" and has repeatedly highlighted what analysts say are the bill's weaknesses.

When asked why critics say the bill is akin to efforts by Venezuelan President Hugo Chavez to silence media companies critical of him, Kirchner said the bill simply aims to improve Argentine democracy.

"This bill has a lot in common with the European and American models," Kirchner said. "It's great that the bill will be modified. The bill should have all the changes it needs to be the best possible law for Argentines."

Kirchner declined to say if he is considering running for the presidency again in 2011.

"It's not the time to talk about candidacies," he said.



-By Taos Turner, Dow Jones Newswires; 5411-4103-6728; taos.turner@dowjones.com