Domingo 17 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

El laboratorio de un modelo que fracasó

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Un círculo se cerró cuando Máximo Kirchner debió volar casi tres horas para curarse una rodilla infectada. Veinte años de gobierno kirchnerista en Santa Cruz han dejado una provincia que ni siquiera tiene un módico sistema de salud. Una provincia potencialmente rica convertida en muy pobre. El caso es revelador para la Argentina, porque la familia que gobernó durante dos décadas aquella provincia es la misma que gobierna el país. Los métodos son también los mismos, desde el exceso de protagonismo del Estado en la economía hasta la sofocación de las libertades y de las instituciones.

Eduardo Duhalde solía decir que los Kirchner intentarían trasladar a la Nación los métodos provinciales, pero que fracasarían. Equivocó el pronóstico. Nueve años después del desembarco de los Kirchner en la Casa Rosada, la Argentina se parece más a Santa Cruz que a cualquier otra cosa. El país está desaprovechando las oportunidades de la crisis internacional (no seduce a las inversiones que se alejan del escabroso mundo desarrollado) y malgastó el dinero que recibió en los buenos tiempos de la economía internacional. Santa Cruz es como un espejo: la provincia dilapidó en el pago de salarios los cientos de millones de dólares de las regalías petroleras, depositados en el exterior.
Hasta hace cuatro años, el Banco de Santa Cruz , propiedad de la familia Eskenazi, informaba anualmente al Banco Central que administraba más de 500 millones de dólares de la provincia. Esa cuenta desapareció en algún momento. La versión más seria indica que el banco provincial recibió orden de transferir esos recursos al Banco Nación, donde se licuaron entre cifras y cuentas mucho más millonarias que la santacruceña. Lo cierto es que después del desgastante conflicto con los docentes, en 2007, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue instruido para que usara esos fondos en el pago de aumentos salariales. La provincia tiene petróleo y es atractiva para un turismo internacional y caro. Su población es escasa, parecida sólo a un municipio mediano de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ya le quedarían sólo monedas de aquellos depósitos que llegaron a superar los 1000 millones de dólares en los años 90.
En Buenos Aires, y después del período más largo de crecimiento económico desde la Segunda Guerra, la primera brisa en contra sorprendió al gobierno nacional con déficit en sus cuentas públicas, con salidas de capitales en los últimos años que significan mucho más que las actuales reservas nacionales y con la necesidad de echar mano a los recursos que no son del Gobierno, como los del Banco Central, la Anses o programas especiales para obras sociales. El juego macabro con los fondos de los jubilados (que financiarán un plan de vivienda con tasas de interés por debajo de la fantasiosa inflación del propio Indec) significa una continuidad de la política de gastar ya todo lo que hay. Mañana será otro día, aunque ese día podría encontrar quebrado al sistema jubilatorio.
Máximo Kirchner llegó enfermo al Hospital Austral, en el avión de mayor porte de la flota presidencial . Una cosa es el uso de ese avión (que sólo se explica en la certeza kirchnerista de que el Estado es suyo) y otra cosa es la decisión de su madre de trasladarlo. No fue esta última una decisión equivocada. El sistema de salud de Santa Cruz está devastado. Carece de insumos y de presupuesto, y sus médicos se han ido de los hospitales y hasta de la provincia. Cristina Kirchner jamás dejaría a su hijo en tales condiciones. Puede no hacerlo. Es una copia exacta de lo que sucede con la salud en el territorio nacional, a cargo ahora de un ministro sumiso que acató la orden de evadirse hasta desaparecer.
Con todo, los rasgos institucionales y políticos son los más graves y los más parecidos. El actual senador nacional Alfredo Martínez es radical y fue intendente de Río Gallegos durante ocho años; el gobernador de la provincia era Néstor Kirchner. Martínez suele recordar que jamás, durante casi una década, el gobernador lo invitó a tomar un café. En los pocos actos oficiales en los que debía compartir el palco con Kirchner, su presencia era borrada por los medios periodísticos de Santa Cruz. La televisión sólo tomaba a Martínez de espaldas. Mauricio Macri debió investigar esa historia para saber de antemano lo que le esperaba.
La libertad de prensa es una nostalgia en Santa Cruz. Diarios, radios y televisión fueron cooptados por el kirchnerismo. La prensa crítica desapareció o sobrevive a duras penas, minúscula, ahogada por la presión directa o indirecta del oficialismo. El antiguo chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, terminó convirtiéndose en el zar del periodismo santacruceño. Hace lo que le ordenan. Tenía un diario, El Periódico, que recibía tanta publicidad provincial y nacional que no cabía en sus páginas.
Es la misma receta que se aplicó en el país. La editorial Perfil nunca recibió publicidad, a pesar de una orden de la Corte Suprema, y LA NACION y Clarín sólo acceden a una pauta testimonial de tan insignificante. La prensa kirchnerista rebosa, en cambio, de fondos publicitarios del Estado. La crónica de la realidad es la misma aquí que en Santa Cruz. El periodismo oficialista no informa de lo que los Kirchner no quieren que se sepa. ¿No sucedió lo mismo con el cacerolazo del jueves 7 de junio? La política no se resuelve, ni en Santa Cruz ni aquí, en el debate público ni en los partidos políticos ni en el Parlamento, sino dentro del Palacio y según el equilibrio de las intrigas entre muy pocos.
Carlos Zannini es el único amigo fiel, disciplinado y permanente que los Kirchner tienen en el Gobierno desde que llegaron. ¿Qué era Zannini en la provincia antes de 2003? Presidente de la Corte Suprema de Justicia local. La justicia provincial está en manos de familiares y de amigos del kirchnerismo. Hubo una sola persona, el jefe de los fiscales Eduardo Sosa, que tomó distancia del kirchnerismo. Fue despedido en 1995. Sosa inició un largo planteo que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Corte le ordenó varias veces a la provincia que lo repusiera en el cargo. Los Kirchner la desobedecieron. Pasó el tiempo. También para Sosa, que acaba de jubilarse sin el cargo. Fin de la historia. El caso es ahora abstracto.
La Corte Suprema nacional reclamó en estos días a la Anses que le diga cuánto dinero tiene y en qué lo gasta. Se cansó de tratar causas de jubilados y de dictar fallos que el Gobierno no cumple. Si cumpliéramos, la Anses quebraría, le dijo el jefe del organismo, Diego Bossio. La Anses paga las asignaciones universales por hijo, asiste al Tesoro nacional cuando éste lo requiere y ahora se prepara para financiar un ambicioso plan de viviendas. Hace de todo, menos lo que debe. Eso es lo que cansó a los máximos jueces del país, aún impotentes.
La Nación y Santa Cruz están terminando igual. Ninguno de los dos gobiernos tiene plata. Una parte de sus sociedades está sublevada. Los sindicatos protestan duramente contra la inflación. El gobernador Peralta debió desmentir su renuncia hace un mes, en medio de reclamos y de huelgas, después de haber ganado la gobernación por más del 50 por ciento de los votos en octubre pasado.
Una prestigiosa empresa de encuestas acaba de constatar que Cristina Kirchner bajó 4 puntos en mayo. En un mes perdió más de lo que había ganado en abril con la estatización de YPF. Ronda ahora el 45 por ciento de aceptación nacional, muy lejos de los casi 70 puntos que tenía en diciembre. La Presidenta está perdiendo popularidad desde enero y nada indica que esa tendencia cambiará. Cristina la ignora. La realidad es todo lo que el relato niega

Sábado 16 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Las jubilaciones / Discusión en la Justicia

El enojo con Bossio fue lo que disparó el pedido de la Corte

Por Adrián Ventura | LA NACION

En la Corte Suprema aseguran que hubo un factor que desencadenó la decisión del alto tribunal de pedirle a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) un nuevo informe sobre los juicios previsionales pendientes y sobre los fondos del organismo: el malhumor que les provoca la falta de Diego Bossio.

"Bossio, luego de enviar un informe insuficiente e incompleto, vino una sola vez a la Corte y después desapareció. Nunca aportó una solución al problema. Nosotros creamos una comisión, pero ni Bossio ni la Anses colaboraron", afirmó uno de los titulares del máximo tribunal. Otro de los magistrados coincidió, casi palabra por palabra, con esa descripción.
En el máximo tribunal existe un fastidio silencioso, pero perceptible, con el tema jubilatorio y, en particular, con relación al director de la Anses, Bossio. Sobre este punto, las críticas son casi unánimes. Y los motivos de ese enojo son varios:

• Ya transcurrieron seis años desde que la Corte dictó el caso Badaro. Otra sentencia, Eliff, completó también el abanico y lo cierto es que la Anses está lejos de pagar todos los fallos en los que fue condenado el Estado a pagar esos reajustes.

• Durante todos estos años, se acumularon en la Justicia un número excesivamente elevado de juicios. Algunos calculan en 430.000; en un documento de la Anses se habló, el año pasado, de unos 360.000. Cualquiera que sea el número correcto, siempre es muy alto.

• El 90 por ciento de esos casos terminan en condena, por lo cual sólo un 10 por ciento beneficia a la Anses. Se podría descontar a esas condenas otro 10 o 15 por ciento de casos que fueron iniciados incorrectamente, porque el fallo, si bien es favorable al jubilado, no arroja un saldo positivo. Aun así, los juicios y fallos en contra de la Anses se siguen contando en cientos de miles.

• En contraste con esas cifras, la Anses está dispuesta a brindar una solución muy acotada. Según reconoció Bossio, el año que pasó pagó casi 17.000 sentencias y, entre enero y la actualidad, unos 9800 fallos.

• En la Anses se había prometido pagar, en 2012, unos 25.000 fallos, pero en los últimos meses se vienen liquidando, en promedio, unas 1500 sentencias mensuales. Es decir, una cifra muy menor a la proyectada, aun cuando el presupuesto, este año, asciende a 3500 millones.

Estos últimos números parecen irrisorios frente a la magnitud de las cifras que describen el problema. "Tal vez, en el futuro, las pensiones e invalideces, que se calculan conforme a los haberes de los últimos cinco años, no generen nuevos juicios, porque los aumentos de estos últimos cinco años fueron buenos. Pero el problema es que el incendio, hacia el pasado, está muy lejos de apagarse", explica el abogado previsionalista Guillermo Jáuregui.
Es decir, los jueces de la Corte, igual que los magistrados de los tribunales inferiores, vislumbran que seguirán tapados de expedientes.
Lo que todavía no está claro, y la Corte no lo tiene en claro tampoco, es por qué la Anses utiliza una cantidad limitada de recursos para pagar las sentencias: el organismo destina para ello un presupuesto que, este año, es de 3500 millones de pesos y que, encima, subejecuta.
Pero lo que está claro es que no hay decisión política de pagar todas las condenas de actualizaciones ni, tampoco, de echarle mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que el Estado usa como una caja para financiar otros planes. Lo dijo anteayer Bossio mismo, en respuesta al pedido de informes de la Corte. Por eso, el tribunal insistirá en conocer cómo se usa ese fondo

Viernes 15 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Los fondos de la seguridad social / Polémica por la intimación de la justicia

Pese al fallo de la Corte, no actualizarán las jubilaciones

Bossio dijo que si se universalizara el 82%, la Anses perdería $ 50.000 millones; críticas de Lorenzetti

Por Mariano Obarrio  | LA NACION

Tras anunciar el uso de fondos previsionales para un plan de crédito barato destinado a construir viviendas, el Gobierno confirmó ayer su decisión política inamovible de no actualizar los 5.600.000 jubilaciones del país al 82% móvil, en consonancia con lo ordenado por la Corte Suprema en los fallos Badaro y Eliff.

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, argumentó que ese aumento implicaría un "riesgo institucional" y desfinanciaría el sistema.
Luego de consultarlo con la Presidenta, según pudo saber LA NACION, Bossio formuló esa justificación definitiva como respuesta a la Corte, que anteayer intimó a la Anses a informar en un plazo de 30 días sobre el atraso en el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los jubilados que demandaron mayores haberes, y también sobre el destino de los recursos previsionales.
En declaraciones efectuadas en Canal 7, el funcionario había dicho anteanoche que cumpliría con la requisitoria y que se trataba de "una ampliación de la información que ya se presentó". Añadió que "en el primer semestre de este año se canceló más deuda previsional que en los dos primeros de 2010 y 2011". La polémica se reavivó ayer cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le replicó: "Queremos que los jubilados no tengan juicios y acabar con su padecimiento". Y reclamó a "los poderes del Estado mejorar y facilitar la vida" de los mayores.
En medio del revuelo por el anuncio del plan de créditos para vivienda, el Gobierno considera que "si universalizara" el fallo Badaro, la Anses "perdería $ 50.000 millones por año" y "desaparecería" en pocos años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo. Fuentes del gabinete y de la Anses ratificaron ayer que ello "sería un riesgo de quiebra".
"El sistema previsional toleraría pagar, quizás, el 60% móvil a todos los jubilados. Y eso sería aceptado por la Cámara Nacional de Previsión Social, porque se sinceraría que no alcanzan los recursos. Disminuiría la litigiosidad. ¿Pero quién se anima promover una ley y sincerar el sistema y a pasar a la historia como quien eliminó el 82% móvil?", se preguntó ante LA NACION un alto funcionario.
Según confiesan las fuentes oficiales, los camaristas conversaron este asunto en forma reiterada con funcionarios, incluso con Bossio. Se lo barajó como una solución para terminar con parte de los 460.000 juicios previsionales por mala regulación de haberes que están impagos. La Presidenta conoce esas charlas, pero no tiene la decisión política para instrumentar ese sinceramiento.
El resultado es que el Gobierno paga jubilaciones muy por debajo de ese nivel.
A principios de 2011, la Corte pidió a la Anses que discriminara la cantidad de causas abiertas porque la Defensoría del Pueblo reclamó un fallo que universalizara el pago jubilatorio conforme los fallos Badaro y Eliff. En aquella oportunidad, Bossio contestó en un escrito de 600 páginas y se presentó ante el tribunal, donde explicó la imposibilidad de cumplir esos pagos.
Al insistir en la necesidad de atender las necesidades de los mayores, Lorenzetti dijo ayer que la Corte quiere "trabajar en medidas concretas para que los jubilados no tengan que hacer juicios en una edad en la que es difícil hacer juicios, un momento difícil de la vida".

Riesgo institucional

"La apuesta es que el sistema siga mejorando todos los años y no que quiebre el sistema y no se puedan pagar las jubilaciones", dijo Bossio , cuando explicó lo que sería un "riesgo institucional".
Luego de que Cristina Kirchner anunciara que el Gobierno usará $ 20.000 millones del FGS de la Anses para créditos destinados a viviendas -lo que generó críticas de diversos sectores de la oposición-, la Corte intimó nuevamente a la Anses para que informe sobre el pago de las jubilaciones, el destino de los recursos del fondo previsional y la lista de jubilados de privilegio.
El FGS tiene casi $ 200.000 millones. La polémica se originó porque con él se solventan la Asignación Universal por Hijo, el Programa Conectar Igualdad (reparto de netbooks), el Plan de Inclusión Jubilatoria (amas de casa), el plan Inversiones Para Proyectos Productivos (créditos a empresas), a lo que se agregará el plan de créditos Procrear, anunciado el martes por la Presidenta en la Casa Rosada.
Esa distracción de recursos de los jubilados está en el centro del pedido de la Corte. Otro costado conflictivo es que el Poder Ejecutivo sólo debería cambiar el destino de los fondos previsionales, mediante una ley del Congreso y no a través de una resolución o un decreto de necesidad y urgencia.
"Lo que le decimos a la Corte es que no se puede poner en riesgo un sistema previsional que viene creciendo año a año. La jubilación mínima creció 11 veces, se dieron aumentos que llegaron al 37% e incluimos 2 millones y medio más de personas al sistema", dijo Bossio a 6,7,8 . Además, informó en un comunicado que "en 2011 se abonaron 16.932 retroactivos jubilatorios y este año se llevan liquidadas y puestas al pago 9857 sentencias, por $ 1.174.781.008,16".

recursos y prioridades

 

Antecedentes

AGOSTO DE 2006
El caso Badaro
Con este nombre se conoce un fallo histórico de la Corte Suprema, que se publicó en agosto de 2006. El máximo tribunal le reconoció al jubilado Adolfo Valentín Badaro una actualización de sus haberes. Al año siguiente, como ni el Ejecutivo ni el Congreso definían los porcentajes, fijó el ajuste en 88%.
MAYO DE 2011
Primer reclamo
Sobre la base del caso Badaro, que fue tomado como un antecedente para las demandas de miles de jubilados, la Corte Suprema le pidió a la Anses que informara cuál sería el impacto económico de extender el criterio aplicado en esa causa a todos los que habían iniciado recursos contra el Estado por falta de actualización jubilatoria.
JULIO DE 2011
Respuesta negativa
El titular de la Anses, Diego Bossio, le respondió a la Corte que replicar el caso Badaro a todos aquellos en igual situación demandaría 14.136 millones de pesos anuales, a los cuales habría que sumar 28.000 millones en retroactivos, a ser pagados por única vez. Ese escenario, consideró, implicaría un "riesgo institucional".
JUNIO DE 2012
Insistencia
Un día después de que el Gobierno anunciara un megaplán de créditos hipotecarios a ser financiado por la Anses, la Corte Suprema reiteró su pedido del año pasado, con cálculos actualizados, y una proyección de ingresos y gastos para este año. Bossio salió a responderle con el mismo argumento: "Implicaría riesgo institucional".

"Esperemos que puedan pagarnos"

CORDOBA.- Con ironía y una fuerte crítica recibió el gobernador José Manuel de la Sota el anuncio del plan de viviendas. "Estamos muy contentos, porque si la Nación tiene los fondos, que son $ 20.000 millones, esperemos que también tengan los recursos para pagarnos lo que nos deben, que son casi $ 2000 millones", dijo el mandatario, al reactivar la disputa por la deuda que ya exigía su antecesor, Juan Schiaretti. "LA NACION les debe a los jubilados de Córdoba. La provincia lleva 18 meses pagando el 82% a los jubilados sin que ellos cumplan", se quejó, al no descartar la presentación de una demanda judicial

Domingo 03 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Impericias en la nueva guerra del cristinismo

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

La recaudación impositiva por el consumo de la sociedad, que es la que más se coparticipa con las provincias, ha caído verticalmente. Más de una docena de provincias recurrió en los últimos días al Banco Nación para pedir créditos en pesos. Esos síntomas de una rápida desaceleración de la economía son los que explican, más que cualquier otra cosa, el nuevo conflicto entre el kirchnerismo y los productores rurales. Daniel Scioli puede tener su parte de culpa por acatar sin condiciones una orden presidencial, pero el núcleo duro del conflicto está en las chapucerías de la conducción económica nacional. Hasta las cacerolas han vuelto apenas siete meses después de una impetuosa victoria presidencial.

Las cosas ya no son como eran. Una franja importante del Gobierno está fuera del gobierno. Son personas mejor formadas que las que están hoy en la conducción real. Ni Julio De Vido ni Florencio Randazzo ni Hernán Lorenzino ni Diego Bossio ni hasta el propio Axel Kicillof comparten la mala praxis cotidiana de Guillermo Moreno Aquellos ministros y funcionarios prefieren el silencio. Cada vez hablan menos en público, pero cada vez también reciben menos a representantes sociales a los que antes solían frecuentar. La Presidenta los llama muy de vez en cuando, y hasta es probable que prefieran no ser consultados por ella. ¿Para qué? Moreno tiene siempre la última palabra.

La excesiva concentración del poder en una persona, la Presidenta, está provocando una sensación de vacío de poder debajo de ella. Hasta los contratistas del Estado no tienen con quien hablar. Esas anormalidades pasan inadvertidas cuando las cosas andan bien. Al revés, se convierten en el peor obstáculo político cuando un gobierno debe enfrentar la sublevación del sector más dinámico e independiente de la economía, la producción rural, y cuando, encima, tiene una clase media sublevada por la inflación, la inseguridad y la prohibición de acceder al dólar. El kirchnerismo se metió en otro grave conflicto con ruralistas y sectores sociales urbanos, pero tiene menos reservas económicas e intelectuales que en 2008, cuando se enfrentó con ellos por primera vez.

Moreno actúa ante sus interlocutores con un increíble desinterés por su destino. Dice no saber si estará en el Gobierno dentro de un mes. Importa, con todo, lo que hace entre las conspiraciones de los cortesanos. Ocupa gran parte de su tiempo en desacreditar a los que acceden a Cristina Kirchner (incluido Kicillof) y expulsó del vecindario a los empresarios que antes eran amigos o confidentes del poder. ¿Quién, si no Moreno, ahuyentó a los Eskenazi, a los Brito o a los Mendiguren del trato asiduo con Cristina Kirchner? Moreno detesta que la Presidenta reciba una información o una opinión distinta de la suya.

Sólo un trío de funcionarios se acerca a Cristina. Moreno está entre ellos. Carlos Zannini es otro. El tercero es el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Moreno nunca podría ganar una batalla contra Zannini, que cuenta con décadas de confianza política de los Kirchner. Lo necesita a Echegaray, dueño y señor de los recursos persecutorios de la AFIP. Suele haber frecuentes reuniones entre los tres para establecer las políticas, pero también hay disidencias. Moreno se manifestó crítico de las medidas policiales de Echegaray para desalentar la compra de dólares. No soy tan estúpido , les aclaró a empresarios que lo vieron en los últimos días. A él le basta con un insulto o con una amenaza.

La Presidenta no se ha repuesto aún completamente de su operación de tiroides. De hecho, no es ahora la misma que los argentinos conocieron durante muchos años. En su reciente visita a Angola pasó inadvertido un hecho que marcó la diferencia entre una presidenta y otra. Aceptó que Moreno le dijera al oído lo que debía expresar. Justo a ella, que se jactó siempre de que podía hablar sin leer ante los auditorios más selectos del mundo. Cierta inclinación por el aislamiento y una paciencia más corta son rasgos que se han agravado.

Pero, ¿por qué Moreno sí puede llegar a ella e influir en sus opiniones? Moreno le lleva soluciones rápidas, que empeoran los problemas después de mañana, y tiene una visión conspirativa de los hechos políticos, que es también la visión de la propia Presidenta. Moreno no le explica las causas de los problemas; le cuenta los nombres de los culpables. Es lo que ella espera. Es un mal que prendió en varios ministros. El titular de Agricultura le contó que los productores de soja están atesorando su producción. Avaros , los descalificó Cristina. La verdad es otra: se exportó más soja en lo que va de este año que en el mismo período de 2011. Este año hubo, además, menos cosecha como consecuencia de la sequía.

Moreno ha fracasado en todo lo que se propuso. Lloverá gasoil, dijo hace varios años. Todavía la Argentina está importando gasoil. Intervino de hecho el Indec, pero hasta el propio Gobierno ya no le cree al Indec. El oficialismo acaba de alegrarse porque los metalúrgicos firmaron un aumento salarial del 23 por ciento, cuando el Indec informó que hubo una inflación de menos del 10% en 2011. O el país asiste al mayor proceso histórico de redistribución de la riqueza o la inflación fue del 25%, como aseguran los economistas privados. Después de la alegría, Cristina Kirchner mandó frenar el acuerdo de los metalúrgicos. Alguien le hizo llegar la información correcta: el aumento no era del 23%, sino que se acercaba al 30%, según la letra chica del pacto.

Moreno hizo bajar de los barcos cargamentos de carne de exportación, hace cuatro años, para asegurar a los argentinos, dijo, carne barata. Ahora, el kilo vivo vale más en la Argentina que en los Estados Unidos. En el trayecto fulminó casi 15 millones de cabezas de ganado. En las últimas semanas, cuando se metió con el dólar, la diferencia entre el oficial y el paralelo era del 10 por ciento. En días recientes, esa brecha se amplió a más del 30%. Espantados, los ahorristas se llevan los dólares de los bancos.

El ministro de Economía, Lorenzino, estuvo a punto de firmar una resolución cambiando los plazos para que los exportadores liquiden sus ventas al exterior. Moreno fijó ese plazo en 15 días, cuando los barcos ni siquiera han llegado a su destino. Lorenzino no pudo. Ganó Moreno. La saga de derrotas del prepotente funcionario está colocando al Gobierno en el ojo de un huracán político.

La inflación es para Cristina Kirchner lo que el control de la calle y las amenazas de corridas bancarias eran para su esposo. Es el problema irresuelto y más sensible de su gobierno. Es cierto que el arte de los chambones no es sólo una destreza de Moreno. Kicillof denunció maniobras devaluatorias y acciones destituyentes de los que hablan de pesificaciones. Raro: los primeros que hablaron de pesificaciones de la economía fueron un ministro, Randazzo, y un senador hiperoficialista, Aníbal Fernández. No lo hicieron por mala voluntad; simplemente no saben qué hacer.

¿Qué hacer? Al kirchnerismo le gustan las guerras y está entrando, campante, en otra. Es más que probable que los productores rurales nacionalicen el martes la protesta bonaerense. El problema no termina ni empieza en Scioli. Los productores de soja están liquidando su producción a un dólar a 2,75 pesos, por efecto de las retenciones, cuando el dólar paralelo está cerca de los 6 pesos. El costo de los insumos está más próximo al dólar paralelo. Dólar e impuestos. Con esas dos variables se construyó la ratonera en la que el Gobierno se metió solo. Nadie lo llamó ni lo obligó, pero también le gusta crear problemas donde no los hay