Martes 30 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Insólita persecución del Banco Central

La intrusión de la entidad monetaria en la vida de quienes usan su tarjeta de crédito para obtener dólares en el exterior afectará aún más la confianza

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) está requiriendo la entrega de información, con amenaza de penalidades, a los ciudadanos que en los últimos meses hubieran extraído dólares de cajeros automáticos en el exterior utilizando su tarjeta de crédito.

A partir de datos proporcionados por los bancos sobre sus clientes, el Banco Central les remite un pedido con carácter de declaración jurada a aquellos que registran en sus resúmenes alguna operación de ese tipo. Les solicita, concretamente, comprobantes de cómo se gastaron esos dólares en el exterior. Y en caso de que les hubiere sobrado dinero, se les pide la demostración de cómo lo ingresaron al país y la forma en que lo cambiaron por pesos. El Banco Central asume que quienes extrajeron dólares sin usarlos en el país extranjero debieron venderlos en el mercado formal al retornar a la Argentina. De ninguna manera considera que la gente pueda utilizar su tarjeta de crédito para hacerse de divisas que pueda atesorar, lo cual no sólo es legal, sino también el único camino que ha quedado en nuestro país para conservar en forma líquida el valor de los ahorros. La inflación no parece entrar en la realidad percibida por el Gobierno y por el Banco Central, que además no se hacen cargo de haber sido responsables de ocasionarla.

La compra de divisas para atesoramiento ha quedado así virtualmente prohibida. Quien quiera hacerlo, deberá realizar una transacción no legal y a un precio más alto en el mercado informal. El cepo cambiario ha despertado la imaginación de millones de argentinos para encontrar la forma de eludirlo, mediante distintos procedimientos que no siempre están al margen de la legalidad. El retiro de dólares por medio de tarjetas de crédito en cajeros del exterior ha sido y todavía es una forma legal y admitida, con la sola condición de pagar un impuesto del 20% luego de su transformación a pesos por el tipo de cambio oficial. Con una tan alta brecha entre las cotizaciones oficial y paralela, cercana al 80%, la ventaja es muy significativa. Todos los que han podido aprovecharla lo han hecho y esos dólares, que a su vez son obtenidos del Banco Central por los emisores de tarjetas de crédito, han ocasionado una parte de la merma de las reservas internacionales.

Como en otros casos, este pedido de información con ribetes amenazantes está utilizándose para modificar comportamientos de la gente por la vía del miedo, cuando la aplicación de normas puede generar otras complicaciones. Es una dramática puesta en escena del Gran Hermano imaginado por George Orwell.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha venido resistiéndose a desdoblar formalmente el mercado cambiario con un dólar comercial y otro turístico o financiero. Sabe que las experiencias históricas que la gente recuerda muestran que esa medida es la antesala de una devaluación. De esto no se quiere hablar a pesar de que ya está en las predicciones de todo analista económico.

El cepo cambiario está generando daños cada vez más importantes en una economía plagada de intervenciones. La producción está afectada y, si no hay modificaciones en las políticas, se camina hacia una crisis. Cada nueva medida que pretende corregir una desviación, inmediatamente provoca otra, y la libertad y el derecho de propiedad se van limitando en cada paso. Así ocurrirá con esta nueva intrusión del Banco Central -que, a todas luces, no figura dentro de las facultades de la entidad monetaria- en la vida de los ciudadanos angustiados por preservar sus ahorros. Debiera saber el Gobierno que, en definitiva, el efecto más concreto será el de afectar aún más la confianza y la seguridad jurídica, ahuyentar la inversión y destruir el empleo.

La Nacion

Martes 30 de abril de 2013 | 10:38

Duro informe contra la administración de Cristina Kirchner en Estados Unidos

"Bajo su corrupto gobierno populista de la Argentina está regresando a la ruina", sotiene el dossier que será discutido en el Congreso

"Bajo el corrupto gobierno populista de Cristina Fernández de Kirchner la Argentina está regresando a la ruina". Con esa afirmación empieza un duro informe que será discutido en el Congreso de Estados Unidos, realizado por Douglas Farah, investigador del "think-tank" International Assessment and Strategy Center.

Farah, tal como da cuenta Carlos Pagni de LA NACION en su edición de hoy , publicó su dossier en febrero pasado. A lo largo de 64 páginas repasa los aspectos más sombríos de la gestión de Cristina Kirchner: la relación con el régimen iraní; el cambio de posición frente al atentado contra la AMIA a pesar de las investigaciones del fiscal Alberto Nisman, reconstruidas en el texto; la expansión del crimen organizado, en especial del tráfico de drogas; las relaciones sospechosas con empresarios amigos del poder, sobre todo en el sector energético, y los ataques a la libertad de expresión, no sólo por la estigmatización del periodismo independiente, sino también por la presión sobre los medios a través de la administración de la publicidad oficial y de la intervención en el mercado del papel.

"Cristina Kirchner, internamente se enfrenta a una serie de crisis. La inflación se ha disparado a un estimado del 28% anual, el nivel más alto de Latinoamérica. El desempleo está subiendo, la fuga de capitales se está acelerando, la corrupción oficial está muy extendida, el cepo cambiario ha minado oportunidad de negocios y decenas compañías internacionales se han visto impulsadas a abandonar la Argentina", se sostiene en el documento.

El libro negro que Farah se propuso escribir sobre el kirchnerismo es anterior al avance de la Casa Rosada sobre la Justicia y al estallido del caso Báez, cuyas derivaciones internacionales, sobre todo en el terreno financiero, todavía están por aparecer.

"El gobierno de Cristina Kirchner está enfrentando múltiples crisis políticas y económicas y se ha afianzado cada vez más sus alianzas con las dos fuerzas más antagónicas a los intereses en Estados Unidos y la democracia en el continente: Venezuela e Irán", asegura en la conclusión del trabajo.

Asimismo, Farah manifiesta que el "creciente autoritarismo de Kirchner en el país y el aumento de desprecio por el estado de derecho a nivel nacional e internacional, pone a Argentina en el camino hacia el valor predeterminado internacional y el aislamiento de sus más importantes socios democráticos tradicionales, incluidos los Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia"

La Nacion

Martes 30 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

El escenario

El acuerdo del Gobierno con Repsol, en vía muerta

Por Carlos Pagni | LA NACION

Las negociaciones entre el Gobierno y Repsol para reparar a la petrolera española por la confiscación del 51% del paquete accionario de YPF han fracasado.

La compañía reclamaba el equivalente a US$ 10.270 millones, según un dictamen que había pedido al Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE, de España). Pero desde Buenos Aires se envió a Madrid una oferta consistente en otorgar a Repsol el 20% de una sociedad a crearse, de la que YPF sería accionista mayoritario. Ese 20% estaría constituido por 400 millones de dólares en efectivo, un bono soberano por otros 1100 millones y una fracción del yacimiento Vaca Muerta valuada por las autoridades argentinas en 3500 millones de dólares. Repsol se obligaría a hacer las inversiones de esa nueva compañía y a renunciar a sus demandas contra la Argentina.

Los ejecutivos de la empresa española consideraron que la ecuación sugerida desde Buenos Aires es inaceptable. Ni siquiera será incorporada al orden del día de la próxima asamblea de accionistas, a mediados de mayo.

La deuda derivada de la estatización de YPF se termina de agregar, entonces, a la que el Estado mantiene con el Club de París, con las empresas que ganaron arbitrajes en el Ciadi y con los holdouts . Antonio Brufau, el presidente de la acreedora, feliz: una de las condiciones que fijaba el kirchnerismo para el pacto era que rodara su cabeza.

El naufragio del acuerdo con Repsol es otra complicación para la política energética. A Miguel Galuccio se le volverá dificilísimo conseguir los fondos indispensables para incrementar la producción de hidrocarburos sin cerrar ese entredicho. Ningún inversor se arriesga a comprometer su capital en una empresa cuya propiedad está en litigio. Por lo tanto, las promesas formuladas por Galuccio al hacerse cargo de YPF seguirán siendo quimeras. Ésta es la razón por la cual él sigue empeñado en que Cristina Kirchner autorice una oferta más generosa para Repsol antes de la próxima asamblea.

No debería llamar la atención, en consecuencia, que el revés en las conversaciones con los españoles coincida con la versión de que este "mago" del petróleo pretendió, otra vez, abandonar el cargo. "Antes de las elecciones cualquier renuncia debe venir acompañada por el certificado de defunción", le habrían contestado desde la Casa Rosada. Al lado de Galuccio desmienten la versión y explican que él está trabajando en devolverle a la compañía sus viejo rol de actor social, con programas como el lanzado ayer desde Las Heras.

La imposibilidad de desarrollar los recursos de YPF tiene efectos sobre la política cambiaria. El Estado seguirá monopolizando la compra de dólares para pagar las caudalosas importaciones de combustibles. Esta urgencia explica el cepo montado por el Gobierno. Y produce un desequilibrio por culpa del cual también la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, amenazó con dejar su puesto hace dos viernes. Le respondieron lo mismo que a Galuccio.

La frustración de un entendimiento en torno de YPF mantendrá congeladas las relaciones con España. De modo que el principal puente que el país tenía con Europa seguirá roto. Esa novedad se incorpora a un panorama externo que produjo novedades decisivas en los últimos meses. Sobre todo después del acuerdo con Irán, que se aprobó en febrero -ahora se sabe- con votos que se habrían canjeado por recursos para las provincias, como confesó el diputado Jorge Garramuño.

El acercamiento con Teherán es visto por muchos gobiernos occidentales como un cambio de bando en medio de la guerra. Tal vez esa lectura haya influido en la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), que decidió no renovar el contrato de su subdirector Rafael Grossi. Se trata del diplomático argentino que estaba encargado de monitorear el programa nuclear iraní en nombre de las Naciones Unidas. Varias potencias, entre las cuales están los Estados Unidos e Israel, sospechan que ese programa podría estar destinado por los ayatollahs a la construcción de armas de destrucción masiva. Es posible, por lo tanto, que Grossi haya sido relevado por pertenecer a una cancillería que todavía no pudo dar razones convincentes de su giro en las vinculaciones con Irán. De todos modos, Grossi seguirá en Viena, la sede de la AIEA. Héctor Timerman lo designó embajador en esa capital.

Idilio enturbiado

Semanas después del pacto con Irán entró en crisis el vínculo con Brasil, el mayor socio comercial de la Argentina. Fue porque Vale, la segunda minera del planeta, resolvió abandonar el proyecto Río Colorado, radicado en Mendoza y presupuestado en 6000 millones de dólares. La insultante reacción del kirchnerismo llevó a Dilma Rousseff a suspender un viaje al país. La visita se produjo recién el jueves pasado. Tuvo un formato extraño. Las presidentas pasaron un par de horas a solas y después convocaron a algunos funcionarios de manera individual (el odio de la señora de Kirchner por las reuniones de gabinete se incrementa en presencia de terceros). El ritual sirvió para dar una buena noticia: Vale se irá igual, pero sin ruidos laborales. El optimismo brasileño es inclaudicable.

El idilio con el principal vecino también se vio enturbiado por la pretensión de que Cristóbal López -a quien la prensa brasileña presenta, con escándalo, como "el amigo de Cristina Kirchner"- capture el control de Petrobras Argentina. La presidenta de la empresa, Maria das Graças Foster, que formó parte de la comitiva de Rousseff, opone cierta resistencia. Ahora se evalúa que la compradora sea YPF. Tenaz, López sigue golpeando puertas en Río de Janeiro con una oferta que podría alcanzar los 1800 millones de dólares. O su equivalente en kilogramos.

El trato de los Estados Unidos con la Argentina también ha empeorado. La dirigencia de ese país ya no se inhibe de tomar decisiones que antes evitaba para mantener la armonía con Buenos Aires. El viernes pasado, 16 diputados oficialistas y opositores, encabezados por el republicano Mario Díaz-Balart, presentaron un proyecto de resolución (http://www.opencongress.org/bill/113-hr170/text) para que la administración de Barack Obama reconozca el resultado del referéndum de marzo pasado, en el que los habitantes de las islas Malvinas manifestaron su voluntad de seguir bajo el dominio británico.

La iniciativa de estos legisladores rompe con la neutralidad que había mantenido hasta ahora la política norteamericana frente al conflicto por Malvinas. Un paso que fue insinuado por John Kerry en su primera visita a Londres como secretario de Estado, en febrero pasado. En esa ocasión, Kerry se apartó del discurso de su antecesora Hillary Clinton. Ya no recomendó que las partes dialoguen sobre la soberanía. Apenas pidió que lo hagan sobre asuntos prácticos -turismo, petróleo, pesca-, que es lo que reclama el Reino Unido.

Como si se hubiera clausurado una era de "indiferencia estratégica", desde que Cristina Kirchner acordó con Irán la Argentina despierta interés en la clase dirigente norteamericana. Otra demostración es el largo informe que Douglas Farah presentó en el Senado de los Estados Unidos, con el título Back to the future (Regreso al futuro: http://www.strategycenter.net/docLib/20130227_BacktotheFuture.pdf ).

Farah es un analista de asuntos internacionales, sobre todo en cuestiones de defensa y seguridad. Tiene su propia consultora, pero también investiga para el gravitante Center of Strategic and International Studies (CSIS), un think tank con el que el petrolero Carlos Bulgheroni tuvo una relación histórica y en el que Nilda Garré tomó lecciones cuando era ministra de Defensa.

Farah publicó su dossier en febrero pasado. A lo largo de 64 páginas repasa los aspectos más sombríos de la gestión de Cristina Kirchner: la relación con el régimen iraní; el cambio de posición frente al atentado contra la AMIA a pesar de las investigaciones del fiscal Alberto Nisman, reconstruidas en el texto; la expansión del crimen organizado, en especial del tráfico de drogas; las relaciones sospechosas con empresarios amigos del poder, sobre todo en el sector energético, y los ataques a la libertad de expresión, no sólo por la estigmatización del periodismo independiente, sino también por la presión sobre los medios a través de la administración de la publicidad oficial y de la intervención en el mercado del papel.

El trabajo de Farah, que será discutido en el Congreso de los Estados Unidos, se abre con esta afirmación: "Bajo el corrupto gobierno populista de Cristina Fernández de Kirchner la Argentina está regresando a la ruina". El libro negro que Farah se propuso escribir sobre el kirchnerismo es anterior al avance de la Casa Rosada sobre la Justicia y al estallido del caso Báez, cuyas derivaciones internacionales, sobre todo en el terreno financiero, todavía están por aparecer.

Como describió un sofisticado analista porteño, "el Gobierno tiró de la cola de demasiados leones y ahora esos leones se dan vuelta". Países que se consideran afectados por el kirchnerismo toman ahora resoluciones perjudiciales para la Argentina. Es decir: el ciclo del aislamiento ha terminado, pero por iniciativa de los otros. Todo un desafío para la épica de Cristina Kirchner. O para su álter ego imaginario, Daenerys Targaryen, la heroína de la serie Game of Thrones, la Madre de los Dragones, que sueña dominar el mundo

Lunes 29 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

El escenario

El nuevo cepo: los comicios de octubre

Por Carlos Pagni | LA NACION

Cristina Kirchner ha llevado a un extremo sorprendente su creencia en el señorío de la política sobre otras dimensiones de la vida pública.

Toda dinámica colectiva es susceptible de ser sometida, según ella, a la voluntad del que manda. Este axioma explica por qué, ante cada desequilibrio en un mercado, no atina a atacar las causas del problema, sino a anular sus efectos con una reglamentación. Para terminar con la inflación apeló al control de precios. Para superar el déficit de energía estatizó YPF y decretó lo que cada empresa debía producir. Para evitar que los ahorristas corran hacia el dólar construyó el cepo, que es un vallado tributario.

La misma terapia fue administrada en otros "mercados" en los que aparecieron trastornos. Cuando tuvo "problemas de comunicación", optó por encorsetar al periodismo con una nueva ley de medios. Y cuando esa ley encontró dificultades en la Justicia, en vez de mejorar los argumentos o aceptar las sentencias, se lanzó a "democratizar" los tribunales con magistrados que le dieran la razón.

Este año la Presidenta teme que se perturbe el mercado más decisivo: el de los votos. La supervivencia de su sueño de poder necesita de un triunfo contundente en las elecciones legislativas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La estrategia para sortear esa encrucijada vuelve a ser la de siempre. En lugar de mejorar su mensaje y su política, se propuso alterar la regulación de los comicios. Cristina Kirchner se parece cada vez más a sí misma. En 2009 se ilusionó con que la manipulación del calendario y las candidaturas testimoniales le darían la victoria. Y hace 15 días, ante el dudoso triunfo del chavismo en Venezuela, rechazó cualquier recuento y exigió a Barack Obama que bendijera la elección. Curiosa reivindicación de la política, que es capaz de hacerla prevalecer sobre la propia democracia.

Ahora las ventajas en las urnas deben provenir de algunas reglas incorporadas a último momento en la remodelación del Consejo de la Magistratura. La reforma judicial lleva en su seno una reforma electoral.

La propuesta de que los representantes de los jueces, los académicos y los abogados se elijan en una votación general supuso desde el comienzo una alteración para los comicios de este año. Ya no se votaría sólo por los diputados o senadores de cada distrito. Habría también una boleta de consejeros capaz de unificar la elección en varias provincias. Como definió Graciela Camaño, "cuando sólo iba a haber comicios por distritos, el Gobierno inventó una elección nacional".

El kirchnerismo llevó esta innovación mucho más allá, con dos cambios en el texto original de la ley. Por un lado, prohibió a los partidos o alianzas rivalizar en todos los rubros, pero compartir los candidatos al Consejo. Esa combinación hubiera permitido, en teoría, que se enfrentaran sólo dos listas de consejeros: la del Gobierno y la de la oposición.

Por otro lado, el oficialismo se aseguró también la dispersión de sus rivales al modificar en Diputados el artículo 18 sancionado por el Senado. Los partidos o alianzas que promovieran una lista de consejeros debían estar inscriptos, con la misma composición, en por lo menos 18 distritos. La única fuerza capaz de cumplir con este nuevo cepo es el Frente para la Victoria.

Con este requisito el kirchnerismo aspira a nacionalizar la elección y presentar en 2013 un resultado parecido al de 2011. Propondrá en todo el país un conjunto de consejeros identificados con la Presidenta. Hay quienes suponen que en la lista estará la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, por portación de apellido. Del lado de sus rivales sólo figuraría la fuerza que haya homologado una alianza en 18 distritos. El recuento de los votos sería presentado como un triunfo arrasador de la Casa Rosada. Se trata de mantener la sensación de que el país carece de una alternativa al Gobierno. Sensación indispensable para cualquier intento de reelección.

Esta organización de las elecciones estuvo en la raíz del escándalo que sacudió a la Cámara de Diputados durante la sanción de la ley. Agustín Rossi quiso evitar la votación particular porque sabía que varios aliados provinciales se negaban a que sus partidos no pudieran postular consejeros. La resistencia más notoria fue la de la neuquina Alicia Comelli, que se abstuvo de votar el artículo 2º. El oficialismo quedó en 128 votos y estalló la guerra.

La polémica electoral puede determinar, cuando llegue a tribunales, el destino de toda la reforma. No porque la regulación de los comicios sea más inconstitucional que otros aspectos de estas nuevas leyes, sino porque su trámite procesal puede ser más veloz. El 13 de mayo es el nuevo Día D de la señora de Kirchner. En esa fecha debe convocar a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Si para entonces la Corte declaró que la forma de elegir los consejeros es inconstitucional, el empeño de la Presidenta por controlar la Magistratura deberá esperar, por lo menos, hasta 2015, ya que debería modificarse la normativa.

A pesar de las denuncias de Elisa Carrió sobre un pacto de los radicales con el oficialismo, Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra se pusieron al frente de un equipo para impugnar por inconstitucional la elección de consejeros. Es el camino que seguirán otros partidos, sobre todo los de escaso despliegue territorial, como Unión Celeste y Blanca (De Narváez), el Frente Progresista de Santa Fe (Binner) o Pro (Macri).

La carrera de la oposición será infartante. En cambio, el Gobierno apostará a que los jueces se pronuncien después del 13-M. Por esta razón, el Senado aprovechará el feriado de pasado mañana para "ganar" una semana. La dilación tiene una dificultad: el recurso de per saltum que reglamentó el kirchnerismo para ganar velocidad en el litigio con Clarín. Cristina Kirchner tropieza contra su propia invención. Como dijo Gómez Dávila, "no hay nada peor que dar soluciones permanentes a problemas transitorios".

La Cámara Nacional Electoral y, después, la Corte quedarán en el centro de la escena. Los primeros indicios insinúan que en el máximo tribunal ya se ha formado una mayoría contra la que chocaría el Gobierno. "Para ser presidente de la Nación basta con estar habilitado en cinco distritos. No se pueden exigir más requisitos para ser consejero", interpretan allí.

Nunca los políticos se enfadan más con la Justicia que cuando ésta les quita ventajas electorales. Barack Obama vapuleó a la Corte de los Estados Unidos en 2010, durante el discurso sobre el estado de la Unión, por una sentencia sobre el financiamiento de las campañas. El escándalo ganó temperatura cuando la televisión leyó los labios del juez Samuel Alito repitiendo "no es verdad".

¿Qué sucedería si la Corte voltea la elección para el Consejo? ¿Las PASO se realizarían igual o el Gobierno las suspendería para desalentar la polarización del voto en las generales? Es la pregunta que desvela a toda la clase política.

El disenso de la Corte no se limita a la alteración del sistema electoral. Cuando analizaron la reforma, los jueces detectaron cinco razones para la declaración de inconstitucionalidad. Entre ellas está la eliminación de los dos tercios para remover a los magistrados: "Es una mayoría especial que se exigía desde la Constitución de 1853 y que se trasladó al Consejo", apuntó un experto que conoce bien el tribunal.

También habrá otra controversia por la creación de las cámaras de casación. O, mejor dicho, de "la" Cámara de Casación: es la que tendría competencia en el caso Clarín. Hasta que se sustancien los concursos, Cristina Kirchner puede integrar ese tribunal por decreto y hacerlo intervenir en una causa que está en curso. Justicia legítima.

El juego es inquietante. La Cámara Civil y Comercial -Najurieta, Guarinoni y De las Carreras- falló a favor de Clarín.

El Poder Ejecutivo debe apelar esa medida, pero pretende hacerlo ante la Cámara de Casación, creada por la Presidenta. Para hacerlo ese tribunal debería estar creado antes de que venza el plazo de la apelación: 10 días hábiles, que están corriendo. Aquí la intención del kirchnerismo es que el proceso se demore. La ayuda de los paros judiciales es, en este aspecto, invalorable. En el caso de que se consiga injertar esa nueva instancia: ¿la Cámara Civil y Comercial aceptará esa alzada o la declarará inconstitucional?

Gracias al monumental poder que ha acumulado, cuando el Gobierno va perdiendo un pleito, puede sacar de la galera un nuevo tribunal que corrija el resultado. Y cuando las urnas presentan algún riesgo, crear una ortopedia para torcer la corriente de los votos. La democratización judicial cambió de rostro. Y a la Corte la espera un reto escalofriante: impedir que se instale en la Argentina una república fraudulenta.

Lunes 29 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

El pulso económico

Cristina, la gran desajustadora

Por Jorge Oviedo | LA NACION

La Presidenta ha dicho muchas veces que es enemiga de los ajustes económicos que significan reducción de gastos, aumentos de impuestos, quita de subsidios. Pero lo está haciendo, aunque lo niega. La rebaja de los salarios a parte del sector público la denomina "quita de complementos" y la quita de subsidios al transporte urbano la llama "que cada uno se haga cargo de lo suyo", en referencia a intendentes y gobernadores que no cuentan con fondos para evitar los aumentos de tarifas.

Al no actualizar las escalas del impuesto a las ganancias es brutal el aumento de la presión impositiva sobre los salarios, y mantener congeladas por años las escalas del monotributo hace crecer la presión sobre esos contribuyentes.

Pero Cristina Kirchner también muestra que la forma en que está manejando la economía está causando fenomenales desajustes, que, para los economistas, son la evidencia más clara de que todo funciona cada vez peor. Por ejemplo, en la recesión de 2008 a 2009 la tasa de inflación estuvo moderándose, por malas razones, pero lo hizo. Eso no ocurre ahora. La actividad no logra despegar, pero la inflación se mantuvo alta en 2012 y en lo que va de este año.

En la misma recesión anterior el déficit energético se moderó y consecuentemente lo hizo la importación de energía, disminuyendo las necesidades de importaciones y de que el Gobierno compre dólares. No pasó ahora.

Las cifras del Indec, al que hasta el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, tiene graves problemas para creerle, muestran que las importaciones han seguido aumentando y las exportaciones siguieron cayendo. En una recesión sería esperable obtener todo lo contrario.

Salvo que el problema sea una fenomenal inflación de costos, como está ocurriendo, que hace que producir localmente sea tan caro en dólares que ya casi ninguna industria pueda vender afuera con ganancias.

Las noticias del exterior, para colmo, no son buenas. En la consultora Analytica, Ricardo Delgado advirtió sobre los efectos de la reciente suba de tasas de interés en Brasil. Calcula que el país este año crecerá como máximo 3 por ciento.

Dilma Rousseff estuvo en la Argentina sobre el fin de la semana pasada. El trato con la presidenta Cristina Kirchner fue de enorme amistad, pero las noticias no fueron buenas. Brasil quiere reforzar las ventas a la Argentina, uno de los pocos socios con los que mantiene superávit comercial. Y, además, está retirando inversiones. La más grande que estaba en marcha era la de la minera Vale.

Murillo Ferreira, presidente de la minera que tiene participación estatal brasileña, lo dijo claramente el jueves, mientras Dilma y Cristina estaban reunidas: "Esperemos que con estas discusiones que están en marcha esta semana, Vale deje la Argentina en la forma más tranquila posible y que el proyecto Río Colorado se lleve a cabo, pero con otros socios". Hay un solo plan: que los empleados de lo que era la mayor inversión en la Argentina, que generaría exportaciones y dólares, cobren hasta octubre. Después de las elecciones se verá.

El mayor de los síntomas de desajustes lo ofrece el dólar blue o paralelo. Pero ése ya dejó de ser un síntoma de desajuste económico y lo es más bien de temores, o terrores, político-institucionales.

El Gobierno sigue aplicando una política de terror. El Banco Central se lanzó a averiguar ahora qué hacen los argentinos que en cajeros del exterior sacan adelantos de efectivo en moneda extranjera con sus tarjetas de crédito. Las autoridades están cada vez más cerca de explicitar que consideran un delito la tenencia de moneda extranjera. Lo hizo Malasia en 1997 durante la crisis del sudeste asiático. La Malasia que elogia Joseph Stiglitz. Aquí apoya ideas semejantes el Plan Fénix.

"Mientras muchos se desviven mirando lo que pasa en la economía, el Gobierno está interesado en otra cosa: Cristina quiere cambiar por completo el sistema político y lo está haciendo. Los desajustes ya no sólo tienen origen económico, lo que está en riesgo absoluto son las libertades individuales y la propiedad privada, si el Estado podrá tomar por asalto compañías enteras, quedarse hasta con quioscos y farmacias, y no habrá recurso de amparo que valga. Entonces, tiene razón Martín Redrado: el dólar blue no tiene techo", dijo un economista.

Cerca de Mauricio Macri hay asesores económicos que no entienden bien las jugadas: "Es una lógica extraña, el Gobierno acelera a fondo en unas jugadas que causan conmociones profundas, a todo o nada; es como si quisieran maximizar las tensiones y que todo salga mal, para luego victimizarse y decir que hubo un golpe de mercado".

Las denuncias de "golpe económico" ya aparecieron en las charlas con empresarios de Guillermo Moreno y en los tuits del piquetero proiraní Luis D'Elía. Cerca de Macri piensan que sería tremendo si, parafraseando a Lorenzino, fuera la Presidenta la que si no logra someter todo a su voluntad diga: "Me quiero ir".

Lunes 29 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Exigir inversiones sin fomentarlas

Resulta paradójico el rigor con que el Estado impone obligaciones a empresas como las de telefonía móvil, cuando no hace más que incumplir las propias

En nuestro editorial del 14 de febrero de este año, destacamos el grave estado de la infraestructura del país, resultado de políticas que combinan subsidios, intervenciones que producen distorsiones de todo tipo y desaliento a la inversión por un lado y, por el otro, un estímulo irresponsable al consumo. Las obras viales, el transporte y la energía son algunas de esas muestras de un Estado que se dedica a gestionar mal lo que no le compete mientras desatiende sus funciones específicas, más de una vez con consecuencias trágicas como lo han demostrado la tragedia de Once y las recientes inundaciones.

Uno de los pocos sectores en que nuestro país ha podido atraer importantes inversiones privadas, que se sostuvieron en el tiempo, es el de las comunicaciones móviles, que nació y se desenvolvió en condiciones de competencia y que en la Argentina muestra una difusión de las más altas de América latina. La tecnología de primera generación dio origen a la telefonía móvil a fines de la década de 1980, permitiendo las llamadas de voz. Más tarde, en 1998, la segunda generación agregó servicios de datos y una mejor calidad de sonido. En 2005, fue introducida la llamada tercera generación, que permite transmitir información a alta velocidad, no sólo bajo la forma de voz sino también de audio, videoconferencia e Internet móvil. Sólo basta imaginarnos cómo sería nuestra vida diaria, cómo se verían afectadas la seguridad, la productividad y las relaciones humanas sin el teléfono móvil para comprender su contribución al bienestar.

El crecimiento del sector requiere de frecuencias radioeléctricas, que el Estado nacional adjudicó por última vez en 1999, cuando existían poco más de dos millones de usuarios, y que continúa retaceando a las empresas prestadoras cuando hay más de 55 millones de líneas en servicio. No sólo se mantienen límites regulatorios que han sido abandonados por casi todos los países del mundo, pues en naciones como Perú, Chile, Brasil, México y los Estados Unidos cada operadora dispone de aproximadamente el doble del máximo autorizado por empresa en nuestro país, sino que además ha vuelto sobre sus pasos al dejar sin efecto, luego de un año y medio de trámite, el concurso que venía tramitando para distribuir frecuencias entre los operadores establecidos, y ha dispuesto que sea una empresa estatal la que se lance a prestar el servicio a costa de todos los contribuyentes. La recaudación que perdió el Estado en concepto de licencias por las frecuencias que no se usan rondaría los 300 a 400millones de dólares, según estimaciones empresariales.

Como la telefonía móvil reutiliza cada frecuencia en varias comunicaciones, al no disponer de ese insumo en cantidad suficiente debe instalar más antenas, tarea que se enfrenta muchas veces con restricciones o prohibiciones municipales y que, además, genera un impacto visual negativo.

Por eso, es contradictorio el embate que el Gobierno ha iniciado contra el sector a través de una genérica acusación de falta de inversión. El sector de las comunicaciones móviles presenta una relación entre ingresos e inversión muy superior al que muestran otros sectores como el financiero o energético, al tiempo que contribuye en aproximadamente más del 4 por ciento al Producto Bruto Interno. Del mismo modo llama la atención que después de las recientes inundaciones, el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones, Norberto Berner, haya dictado una resolución que pone en cabeza de las compañías celulares estrictas obligaciones de restablecimiento del servicio en caso de "catástrofes". Se trata de una medida tan demagógica como inútil ya que, por definición, a nadie puede exigirse que tome a su cargo obligaciones cuando, precisamente, existen causas que pueden ser calificadas como de fuerza mayor.

Resulta paradójico el rigor con que el Estado pretende imponer obligaciones a las empresas privadas sin mostrar similar preocupación por el cumplimiento de sus propias obligaciones en materia de salubridad, seguridad e infraestructura, que son las que la sociedad echa de menos cuando ocurren ese tipo de fenómenos.

El Estado debe ejercer con rigor sus funciones de control y de protección a los consumidores, pero con transparencia, justicia y razonabilidad. Imputar livianamente falta de inversión a los operadores desde un doble rol de regulador y de flamante competidor cuando el poder público se encuentra en falta respecto de sus obligaciones esenciales exhibe un improvisado populismo.

Como hemos dicho ayer en esta columna editorial, cada vez son más las empresas que abandonan el país como consecuencia de sus políticas erráticas, y crece también el porcentaje de las que deciden afincarse en otras naciones donde existen reglas claras y cumplimiento de los compromisos asumidos. Por esa razón no sorprende que durante los últimos diez años los países de nuestra región hayan triplicado el monto de las inversiones recibidas, mientras que en la Argentina se redujeron a la mitad.

Está claro, entonces, que si el gobierno nacional persiste en hostigar al sector privado difícilmente consiga su declamado objetivo de que aumenten las inversiones en beneficio de la calidad de vida de los argentinos

La Nacion

Lunes 29 de abril de 2013 | 17:08

Radicaron dos denuncias contra Guillermo Moreno por irrumpir en Clarín

El diputado opositor Eduardo Amadeo radicó hoy una segunda denuncia que recayó en Oyarbide, pero debido a que existía una causa previa, el expediente fue derivado al juez Canicoba Corral

Por Facundo Chaves Rodríguez  | LA NACION

El diputado peronista opositor Eduardo Amadeo confirmó a LA NACION que presentó hoy una denuncia contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por "irrumpir de manera violenta" en la asamblea que el grupo Clarín. La acción recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.

El pasado viernes, no obstante, una denuncia por los mismos hechos había sido radicada por el propio Grupo Clarín y en ese caso, había salido sorteado el juez Rodolfo Canicoba Corral, por lo que Oyarbide le remitió esta segunda denuncia al juzgado de origen.

El diputado nacional del Frente presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 una denuncia contra el funcionario por considerarlo "autor material" de supuestos delitos de coacción agravada e intimidación tras presentarse en una asamblea del Grupo Clarín .

No obstante, el propio Grupo Clarín había iniciado una causa la semana pasada con una denuncia contra Moreno por las mismas figuras penales, que recayó en Canicoba Corral.

El secretario de Comercio, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el síndico General de la Nación, Daniel Reposo, se presentaron el jueves pasado como apoderados de la ANSeS en las oficinas del Grupo Clarín en el marco de la Asamblea Anual que debía aprobar la Memoria y el Balance 2012.

Allí, Moreno criticó los resultados económicos de la compañía, instó "a la reflexión" y a que "tengan cuidado" y luego arremetió con un "váyanse de la conducción de la compañía". Por estos dichos, Amadeo presentó la denuncia contra el secretario de Comercio por considerarlo "autor material de los delitos de coacción agravada e intimidación pública con el fin de imponer sus ideas, artículos 149 bis y 213 bis", durante esa asamblea.

"Es un ejemplo del Gobierno: fracasa en todo lo que hace, fracasa en el control de los precios, fracasa en mejorar la balanza de pagos, fracasa al destruir sectores productivos enteros y por los fracasos reiterados genera violencia", expresó Amadeo días atrás.

 El diputado Amadeo confirmó que la denuncia que presentó contra Guillermo Moreno recayó en el juzgado de Oyarbide.. Foto: LA NACION / Maxie Amena

El diputado del Peronismo Federal afirmó en diálogo con LA NACION que espera que la Justicia "tome conciencia de la trascendencia de lo que está en discusión en la Argentina, porque en el país hoy Guillermo Moreno se convirtió en símbolo de la violencia y el odio".

"Lo que hizo Moreno el otro día al irrumpir en la asamblea del Grupo Clarín fue marcar a la gente, como lo hacían los militares en la dictadura militar. El secretario de Comercio entró con cámaras y les pidió que filmaran a todos. Esto es inaceptable y espero que la Justicia sea consciente de esta situación", afirmó el diputado.

Martes 30 de abril de 2013 | 00:25

Lázaro Báez se presentó en la Justicia para iniciar acciones contra Fariña y Elaskar

Acudió al juzgado de Casanello para "ponerse a disposición" y "aclarar" que no tuvo "conducta alguna al margen de la ley"

El empresario kirchnerista Lárazo Báez se presentó ayer ante el juez federal Sebastián Casanello, encargado de investigar las denuncias sobre presunto lavado de dinero que lo involucran, y anunció que iniciarán acciones legales contra el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña.

Según informó el empresario en un comunicado, la presentación fue "espontánea" con el fin de "ponerse a disposición en la causa y brindar todas las explicaciones" para "aclarar que no ha intervenido en la realización de conducta alguna al margen de la ley", informó DyN.

Además, Báez informó que nombro a Gabril Gandolfo como su abogado defensor. Se trata del letrado que supo defender al empresario Raúl Moneta, por el desguace al Banco Mendoza; y al ex funcionario menemista Aldo Dadone en la causa IBM-Banco Nación.

El juez Casanello tiene en sus manos una causa caratulada como "Báez Lázaro sobre encubrimiento y asociación ilícita", en la que sólo se ha pedido investigar como sospechosos a Elaskar y Fariña.

En los próximos días el fiscal Guillermo Marijuán, que se incorporó el jueves pasado a la investigación, pedirá ampliar la investigación.

Como había prometido

Se trata de la segunda vez que Báez responde por las denuncias que lo involucran en una presunta red de lavado de dinero. El pasado 20 de abril, a pocos días de que estallara es escándalo, el empresario kirchnerista desmintió ser parte de operaciones financieras, y anticipó que daría explicaciones a la Justicia.

En una conferencia de prensa, advirtió que accionaría legalmente "contra los responsables de la maniobra", aunque no había aclarado nombres. Había prometido que tras las acciones judiciales, respondería preguntas a los periodistas.

En la lectura de aquel comunicado acusó al programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT) de instalar una campaña difamatoria en la opinión pública y afirmó que las imputaciones "fueron promovidas sobre la base de la edición de versiones que brindaron personas de dudosa credibilidad y de documentación de la cual se desconoce su autenticidad y procedencia".

De este modo hizo referencia a las declaraciones de Fariña y Elaskar, quienes confesaron haber realizado presuntas maniobras de lavado de dinero para empresas de Báez

Martes 30 de abril de 2013 | 00:23

Fariña volvió a hablar: "¿Por qué Lanata no llevó las pruebas a la Justicia antes del programa?"

El contador le envió una carta a Luis Majul; hizo críticas a la investigación periodística sobre el caso; "Elaskar habló para extorsionar a los compradores de su empresa", sostuvo

Las sospechas por la presunta red de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez no ceden y sus involucrados responden con críticas al periodismo. Ayer Leonardo Fariña, ex contador del empresario kirchnerista, volvió a referirse al caso y, aunque no desmintió buena parte de las acusaciones que pesan sobre él, buscó desacreditar algunas versiones.

Lo hizo a través de un correo electrónico remitido a Luis Majul, cuyos fragmentos fueron dados a conocer por el periodista. Allí el contador se pregunta: ¿Por qué Jorge Lanata no presentó en la Justicia las supuestas pruebas antes de que saliera su programa?". "Si esto hubiera sido así las actuaciones habrían sido distintas. Lo que pasa es que con esto la Corpo quiso hacer terrorismo mediático", responde.

En tanto, Fariña embistió contra Federico Elaskar, el financista que también fue testimonio del primer programa de Lanata y con quien estaría distanciado. "¿Por qué Lanata no dijo en el primer programa que Elaskar le había dicho que no sacara su informe porque había hablado para extorsionar a los compradores de su empresa?", agregó Fariña en otro de los párrafos.

Asimismo, Fariña negó que el dinero saliera desde Argentina hacia Panamá, aunque no desmientió que lo hiciera vía Uruguay, o a través de otro tipo de transacciones financieras. "El avión que Lanata dice que se usaba para llevar dinero físico de Argentina hacia Panamá es un avión que compró Elaskar para él, de uso personal, que no tiene salida desde Argentina hacia Panamá. Esto demuestra que no existe salida de dinero hacia ese país. El avión se lo compró Elaskar a Fred Machado", dijo.

"Lanata dice que el Tango 10 está en un hangar de Lázaro en San Fernando ¿Eso es prueba de qué? La empresa Top Air de Lázaro es de reparación y mantenimiento aeronáutico", agregó en otra crítica contra el periodista.

En tanto, criticó las investigaciones que inició el periodismo de Uruguay. "Dicen que detectan vuelos nocturnos míos a Punta del Este con migración en el aeropuerto de El Jagüel. Investiguen mi registro de migraciones, y verán que nunca hice migraciones en El Jagüel porque ese aeropuerto no está habilitado para aterrizaje de aviones desde hace años. Solo salen helicópteros", señaló Fariña.

"Dicen que tengo una causa por contrabando desde Ezeiza. Que me la traigan, porque no existe causa por contrabando", desafió

La Nacion

Martes 30 de abril de 2013 | 00:18

Tras las críticas de Cristina Kirchner, Daniel Peralta acusó a Julio De Vido: "Sólo manda obras a los chupamedias"

El Gobierno anunció nuevas obras en Santa Cruz, pero el gobernador cuestionó al ministro de Planificación; "Me gustaría que él tenga en cuenta que hay 14 localidades", lanzó; antes, la Presidenta lo había criticado en un acto

Luego de que Cristina Kirchner anunciara inversiones en infraestructura para la provincia de Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta dijo que son "bienvenidas", pero criticó al ministro de Planificación, Julio De Vido, por la forma en que elige los destinos de las obras públicas.

Ayer a la tarde, durante un acto que encabezó Cristina en la localidad santacruceña de Las Heras, la jefa del Estado defendió enfáticamente la gestión que hizo Néstor Kirchner como gobernador santacruceño, en especial en cuanto a obra pública, y criticó indirectamente a la administración del actual jefe del Ejecutivo local, enfrentado políticamente con el gobierno central desde hace meses.

Más tarde Peralta, que no participó del acto, se refirió a esos anuncios: "Me parece una actitud inteligente de la petrolera", dijo, pero pidió que las inversiones "también lleguen a Caleta Olivia, Cañadón Seco, Koluel Kaike y Pico Truncado, que es la zona de influencia de YPF". "Todo lo que sea inversiones es bienvenido, importante sería que YPF acierte con el aumento de la producción", deslizó.

"No hacer llegar obras a todos los pueblos de la provincia es inentendible", insistió. Y criticó al ministro De Vido, a quien acusó de querer "dividir a los santacruceños con la billetera del Estado".

"Me gustaría que él tenga en cuenta que hay 14 localidades y sólo manda obras a aquellos de los que están alineados políticamente en la categoría de chupamedias", aseguró.

La Nacion

Lunes 29 de abril de 2013 | 23:36

Alberto Fernández: "La Presidenta nos hace retroceder peligrosamente"

El ex jefe de Gabinete volvió a embestir contra la reforma judicial y la tachó de "escandalosa"; opinó que el único beneficiario de la "democratización" judicial es el Estado

El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, volvió a pronunciarse en contra de la reforma judicial que promueve el oficialismo y la tachó de "escandalosa", al mismo tiempo que opinó que es un "enorme retroceso" para el Poder Judicial.

En diálogo con Desde el llano, que trasmite la señal TN, el ex funcionario señaló que el único beneficiario de la denominada "democratización" de la Justicia es el Estado y dijo que titular del Ejecutivo "debería escandalizarse por lo que ha hecho". "La Presidenta no nos hace avanzar, nos hace retroceder peligrosamente", lanzó Fernández.

En esa línea, el líder del Partido del Trabajo y la Equidad (Parte), señaló que en estos años se hicieron muchas cosas a favor de la democracia y del sistema judicial argentino y expresó su confianza en la Corte. "No tengo por qué no confiar, la Corte en épocas de Kirchner dictó fallos complejos", enfatizó.

Luego, volvió a disparar contra la jefa del Estado y fustigó: "La Presidenta entiende que el 54 por ciento le dio una potestad absoluta para resolver sobre el futuro de la Argentina, yendo más allá de las instituciones". Y sobre la mandataria agregó: "Entiende que el que no está a favor del Gobierno está en contra de la revolución que tiene en su cabeza".

El ex jefe de Gabinete aludió a una posible candidatura, pero aseguró que ello depende de que se concrete "un proyecto más amplio". "Abracé el proyecto en 2003 con muchas ilusiones y veo con decepción lo que pasa, en los años que estuve no se veían estos atropellos", manifestó.

"Hay muchos peronistas que avalan la reforma espantosa de la Justicia, hasta dónde van a seguir avalando este tipo de cosas", prosiguió el ex funcionario. Y finalizó: "Se nos está pidiendo algo mejor que Cristina, no estar contra Cristina".

La Nacion

Martes 30 de abril de 2013 | 00:30

El PJ respaldó a Cristina Kirchner, defendió la reforma judicial y advirtió sobre un "clima destituyente"

Tras una reunión presidida por Daniel Scioli, integrada por funcionarios y legisladores kirchneristas, el Justicialismo emitió un comunicado para defender la "democratización de la Justicia"; acusaron a los "grupos económicos y mediáticos concentrados" de "inventar causas judiciales"

El consejo nacional del Partido Justicialista (PJ) ratificó su respaldo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en especial en relación a la reforma de la Justicia, y acusó a los "grupos económicos y mediáticos concentrados" de crear un clima destituyente e inventar causas judiciales.

En una respuesta directa a las denuncias que involucran al empresario Lázaro Báez y funcionarios, el partido del gobierno señaló que "no es casualidad que se inventen causas judiciales en esta inmensa maquinaria de desprestigio latente para provocar debilitamiento e inducir al caos y a la anarquía". Anteayer, el programa Periodismo Para Todos (PPT), publicó nuevos indicios sobre los vínculos del empresario Lázaro Báez con el kirchnerismo, en especial con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

En un documento dado a conocer esta noche tras una breve reunión realizada en la sede del PJ nacional, varios gobernadores y legisladores del oficialismo, con la participación del jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el PJ expresó: "Nuestro movimiento Nacional Justicialista pretende reafirmar categóricamente el respaldo a nuestra Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de las iniciativas para democratizar el Poder Judicial y advertimos una estrategia deliberada para vulnerar la voluntad popular a través de medidas cautelares que impidan la efectiva aplicación de las leyes votadas democráticamente por el Congreso, como ya lo hicieron con la Ley de Servicios de Comunicación", agregó.

El encuentro, que se extendió apenas 10 minutos, fue presidido por el bonaerense Daniel Scioli como titular interino del PJ nacional, quien sin embargo, se limitó a presentar a su par del Chaco, Jorge Capitanich, para la lectura del documento y se retiró enseguida de la sede de la calle Matheu 130, sin formular ningún tipo de declaraciones.

En el cónclave estuvieron presentes los jefes de bloques de diputados y senadores del FPV, Agustín Rossi y Miguel Angel Pichetto, y los diputados ultra kirchneristas Carlos Kunkel, Jorge Landau (apoderado del partido), Héctor Recalde y el asesor presidencial Juan Carlos Mazzon, entre otros dirigentes del oficialismo.

Agencia DyN

La Nacion

Domingo 28 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

Columnista invitado

El modelo se quedó sin financiamiento

Por Roberto Cachanosky | LA NACION

Algunos de mis colegas economistas consideran que el modelo ya dio todo lo que tenía que dar y que ahora necesita ser revisado. Tengo una visión diferente. El problema del llamado "modelo" es que siempre fue inconsistente, pero pudo sobrevivir durante bastante tiempo gracias a que tuvo financiamiento para cubrir las inconsistencias. El drama actual es que ya no tiene mucho margen de financiamiento de sus inconsistencias. Es decir, el modelo estaba destinado de entrada al fracaso, pero pudo sobrevivir por diferentes circunstancias que ya no se dan.

¿Por qué el modelo siempre fue inconsistente? Porque partió de la base de que primero se puede consumir y luego producir. Para poder consumir cada vez más, hay que producir cada vez más. Y para eso hay que aumentar la productividad vía inversión.

Si bien hubo mecanismos de financiamiento del populismo, como el viento de cola que fueron la soja y el crecimiento del mundo, la primera ya no alcanza y el segundo desapareció. ¿Cómo se financió el aumento del consumo durante todos estos años? Básicamente consumiéndose el stock de capital. Se consumieron nuestros ahorros en las AFJP, el stock ganadero, el sistema energético, la infraestructura del país (rutas y transporte público destruidos), una presión impositiva descomunal y ahora con la maquinita de emitir billetes, dejando con patrimonio neto negativo al BCRA.

Ahora bien, obviamente que estos mecanismos para financiar la fiesta de consumo artificial tuvieron un costo. Uno es la crisis energética que han generado. Basta con ver los datos de importación de combustibles de marzo y del primer trimestre de este año para advertir el serio problema que han generado en este rubro. En marzo de este año las importaciones de combustibles aumentaron 65% en comparación con marzo de 2012. Si tomamos el primer trimestre de este año, las importaciones de combustibles subieron 57% con relación al mismo período de 2012.

El retraso del tipo de cambio real también les juega en contra. El saldo de balance comercial del primer trimestre de este año es prácticamente la mitad del saldo de balance comercial del año pasado, y eso que se cerraron las importaciones. Caso contrario, ya estarían con saldo negativo en este rubro o muy cerca, por la sencilla razón de que la caída del tipo de cambio real estimula las importaciones y desestimula las exportaciones.

Seguramente que la gran brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo debe estar generando sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, pero de todas formas al Central le será cada vez más difícil recuperar las reservas que viene perdiendo a pasos acelerados. Al 15 de abril, siendo optimistas, las reservas del BCRA representaban sólo 29% del total del activo de la entidad.

Si uno mira la recaudación impositiva, en el primer trimestre creció 25,8%, es decir, empató con la inflación en el mejor de los casos. Pero dos impuestos que reflejan la actividad interna como son el IVA DGI y el impuesto al cheque subieron 26 y 24%, reflejando el estancamiento con inflación que atraviesa la economía argentina. Por su parte, los derechos de exportación, que eran la vaca lechera del gobierno nacional, cayeron 32% en el primer trimestre respecto de ese período de 2012.

La desaceleración de la economía se observa hasta en los datos del Indec, que informa un aumento de las ventas de los supermercados en pesos corrientes de 21,2% en febrero de este año en términos interanuales, lo que significa una caída en términos reales.

Por último, la demanda laboral en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se ubicó 9% por debajo de abril de 2002, que fue el peor mes del año de la crisis, de acuerdo con datos de la Universidad Torcuato Di Tella.

Con el tipo de cambio deteriorado hasta niveles que ya son equiparables a los de la convertibilidad en pesos constantes, el sector externo no le dará dinamismo a la actividad económica. Salvo la soja y algún producto en particular, exportar con estos costos en dólares es todo un desafío.

El consumo no va a tener el impulso de otros años porque ya no queda margen para financiar la fiesta artificial. Es más, con la baja demanda laboral que hay hoy, mi impresión es que en cualquier momento pueden comenzar los problemas de desocupación.

Y aquí llegamos al punto crucial. Las inversiones que podrían sentar las bases del crecimiento de largo plazo, crear más empleo y mejores salarios reales brillan por su ausencia. Las arbitrariedades que implementa Moreno en representación del Gobierno (no haría lo que hace sin el visto bueno de la Presidenta) ya son suficiente argumento para no invertir en la Argentina. Para colmo, luego le agregaron el cepo cambiario por el cual nadie va a invertir para después no poder girar sus utilidades y dividendos. Y como frutilla del postre, ahora tenemos un avance sobre la Justicia en el que los derechos de propiedad quedan totalmente sometidos al capricho del gobierno de turno.

Así que volvemos al punto de siempre: no hay posibilidad de crecimiento de largo plazo sin calidad institucional. Sin ella no habrá inversiones ni más puestos de trabajo ni mejores salarios. Y calidad institucional es justamente lo que tenemos cada vez menos.

Domingo 28 de abril de 2013 | 14:17

Fariña, ¿con avión y métodos de los Juliá?

Por Jorge Oviedo | LA NACION

Si el autodenominado valijero y lavador de dinero Leonardo Fariña hubiera querido sacar grandes cantidades de dinero del país con mecanismos financieros habría necesitado la intervención de un banco importante, como publicó recientemente LA NACION. Pero la sospecha de algunos especialistas del sistema financiero es que también podría haber contrabandeado el dinero con los métodos que los hermanos Juliá usaron para traficar cocaína a España: vuelos privados con escasos controles.

La consolidación de esa sospecha la dio primero el periodista argentino Daniel Santoro y luego el viernes último El Observador de Montevideo, cuando citando fuentes propias dijo que se habían detectado vuelos nocturnos de Fariña a Punta del Este.

Pero los vuelos no habrían sido directos a la terminal de El Jagüel, sino que habría hecho una primera parada, aduana y migraciones en el aeródromo de Melilla, donde, aseguran, los controles son casi inexistentes.

"Llevarse millones de euros o de dólares es finalmente un problema logístico, por eso todos los grandes lavadores siempre aparecen relacionados con aviones privados", dijeron dos fuentes con amplio conocimiento de estas operaciones delictivas. "Lo único que hace falta son aeropuertos pequeños donde haya pocos controles o donde sea posible corromper funcionarios o lograr alguna clase de impunidad", dijeron.

También señalaron que "es obvio que es más razonable hacerlo por intermedio de un banco, pero para una entidad grande es muy riesgoso; hay personal que tendrá que contar el dinero, son empleados y por más de confianza que sean, el riesgo es enorme".

La idea es que para una importante institución financiera "en una operación tan grande deberían intervenir muchos empleados y cada uno puede ser un eventual 'arrepentido' que termine mandando a los directivos o dueños a la cárcel", dijeron los dos expertos.

También explicaron: "Por eso siempre aparecen compañías pequeñas como SGI, de Federico Elaskar, pequeñas, discretas, con muy poca gente". La operatoria que apuntala la versión de El Observador podría haber sido así: "Se llevan millones en un vuelo y por eso había que pesar el dinero, porque era carga de una avión y hay que mantenerse en los límites y distribuir la carga, según de qué aeronave se trate". La continuación, dicen los expertos es así: "Se llega a destino y se divide el dinero en varios paquetes y se los hace ingresar por financieras pequeñas tipo cuevas, como la de Elaskar, en Uruguay, y de allí, uno por uno, esos paquetes van pasando, ahí sí a un banco".

Elaskar reveló en el primer programa del ciclo actual de Jorge Lanata que Fariña trasladaba dinero en un Lear Jet del empresario K Lázaro Báez millones de euros a Uruguay.

El periodista Daniel Santoro reveló en Clarín planillas de vuelo de la ANAC que muestran vuelos del avión que Báez compró a los Juliá y que tenían origen y destino en Uruguay. Pero en esos registros se ve como destino el aeropuerto uruguayo de Laguna del Sauce y como origen el de Montevideo.

Y en el caso de la Argentina el origen y destino está el Aeroparque, que no es un aeródromo pequeño. Sin embargo, el vuelo de los Juliá que terminó con los hermanos presos en España comenzó en la basea aérea militar de Morón y salió del país desde Ezeiza

Domingo 28 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

Cristina camina hacia un conflicto de poderes

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

 Vamos a actuar con firmeza . Este gobierno sólo retrocede ante la firmeza. Uno de los jueces más importantes del país hizo ese anticipo pocas horas antes de que una rocambolesca reunión de Diputados aprobara la parte más significativa (y la más grave también) de la reforma judicial cristinista. La Presidenta ha logrado abroquelar a una inmensa mayoría de los jueces en contra de su decisión de deponer a la Justicia. La fisura que en el mundo judicial había abierto en su momento Justicia Legítima se cerró ahora. Los jueces temen por su futuro en manos de un gobierno de jacobinos. El país camina hacia un casi insalvable conflicto de poderes.

Es probable que esta reforma naufrague antes de zarpar. No sólo viola cinco artículos de la Constitución; también va contra la opinión de una mayoría social. Ninguna política revolucionaria es posible, en democracia al menos, contra el criterio de amplios sectores sociales.

La colisión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia es una de las peores crisis institucionales de una República. Es lo que sucedió en los días recientes. Una crisis silenciosa, que se resolvió, por ahora, con duros mensajes y con más serias advertencias. Lo más revelador de ese conflicto soterrado fue la decisión de los jueces supremos del país: dieron y darán pelea. La eventual renuncia en bloque de la Corte, que ciertamente formó parte de las conversaciones de jueces afligidos, fue una consecuencia directa de aquella decisión de enfrentar la virtual destitución del tribunal.

Se habló mucho del papel que jugó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Hay, en el fondo, un gran desconocimiento del funcionamiento del máximo tribunal de Justicia del país. Se trata, en primer lugar, de un cuerpo colegiado. Su presidente tiene atribuciones administrativas y contribuye más que cualquier otro juez a elaborar la agenda del tribunal. Tiene, además, la representación institucional del cuerpo. Pero ninguna decisión política de la Corte (ni las resoluciones del tribunal) puede prescindir de la opinión de los otros seis jueces. Todos los magistrados de la Corte son personas con una larga trayectoria jurídica o política, que no permitirían que su presidente opinara o actuara por su exclusiva cuenta. El propio Lorenzetti ha cultivado permanentemente el diálogo y la consulta con sus pares. Yo no soy yo; yo expreso la opinión y el sentir de la Corte , suele repetir.

El caso de Elena Highton de Nolasco merece analizarse para llegar a la conclusión de que la posición crítica de los jueces de todas las instancias es casi unánime. La jueza es el único miembro del tribunal, entre los cinco nuevos, que llegó a la Corte directamente desde la carrera judicial argentina. Carmen Argibay era jueza en La Haya y Eugenio Zaffaroni había dejado de ser juez hacía mucho tiempo. La jueza Highton de Nolasco cultivaba en los últimos años cierta simpatía por la Presidenta. No era una militante, ni mucho menos, pero se inclinaba más por la comprensión de Cristina que por la crítica.

Sin embargo, ahora se pregunta con insistencia qué han hecho los jueces (ella lo es de cabo a rabo) para merecer semejante embestida del poder político. ¿Por qué los jueces hemos pasado a ser lo peor de la vida institucional argentina? , averigua, recurrente y molesta. Un fiscal que había asistido a la primera reunión de Justicia Legítima le advirtió al juez Alejandro Slokar, inspirador de esa corriente judicial junto con Alejandra Gils Carbó, que no contaran con él en adelante. Si nosotros no somos un poder contramayoritario perdemos nuestra razón de existir , le explicó. Entre Highton de Nolasco y ese fiscal hay una gran diferencia jerárquica, pero ambos pertenecen a una carrera que abrazaron desde muy jóvenes. Son ejemplos cabales de un Poder Judicial que se siente acosado por un gobierno que decidió agredir a la democracia con las herramientas de la democracia.

El Poder Ejecutivo nunca le envió a la Corte el proyecto con las reformas a la reforma que había conseguido Lorenzetti. Es cierto que esos cambios fueron impulsados por la advertencia de que el máximo tribunal tumbaría de un solo golpe las decisiones que tenían que ver con los recursos de la Justicia y con sus atribuciones. La Corte renunciaría, si al final terminaban deponiéndola como cabeza del Poder Judicial. Una presidenta asustada mandó los cambios, pero no los consultó con los jueces supremos. Éstos tuvieron acceso a esas modificaciones porque el presidente de la Asociación de Magistrados, Luís María Cabral, recogió en la Cámara de Diputados un papel suelto del Gobierno y se lo llevó. Las sospechas de pacto son imposibles cuando se conocen los detalles del conflicto.

Los detalles siguen siendo muy malos para la Corte. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, casi un prófugo político, podrá disponer de 5000 millones de pesos que la Justicia ahorró durante diez años. El Gobierno se adjudicó por sí solo, a través del Consejo de la Magistratura, la facultad de nombrar o no nombrar a los jueces interinos para el 30 por ciento de los juzgados vacantes que hay en el país. Era una facultad de la Corte o de las cámaras, que la perdieron.

El Ministerio de Justicia se llevó la conducción académica de la Escuela Judicial, que estaba en manos de un consejo académico presidido por el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda. Maqueda había hecho ahí un trabajo que mereció el reconocimiento aquí y en el exterior. Se trata de una escuela que les enseña a los abogados, con aspiraciones a ser jueces, los rudimentos del oficio. El camporista Julián Álvarez, viceministro de Justicia, dijo en el Senado que en esa escuela deben entrar los nuevos vientos de la revolución cristinista. Y se la llevó. ¿Qué enseñarán ahora? ¿Acaso a administrar justicia con la prudencia y la elegancia de Guillermo Moreno?

El país ha perdido la noción de la normalidad. No es casual que un día después de la escandalosa aprobación de la reforma por parte de los diputados, Moreno haya hecho otra excursión por la intimidad de una empresa de medios periodísticos. Una intromisión cantinflesca que hubiera provocado un escándalo monumental en cualquier país con las cosas en su sitio. La violación de la intimidad del periodismo, el probable acceso a sus datos por parte del poder político, es siempre una ofensa a las libertades. El asalto político que sufrió el Grupo Clarín es propio de un gobierno que ha recibido la buena nueva de la impunidad judicial.

El país ha perdido también el sentido de las proporciones. Mauricio Macri puede exhibir los argumentos de una sociedad cansada de la dictadura de los violentos. De que hay una mayoría que reclama la reaparición del Estado. Pero eligió un mal momento político para dar respuesta a esas necesidades. El kirchnerismo estaba buscando un escándalo para cubrir su propio escándalo con la Justicia. Los duros enfrentamientos en el Borda y la injustificable golpiza al periodismo por parte de su policía le hicieron el favor que el kirchnerismo buscaba afanosamente. Cristina se aleja aún más de la clase media, es cierto, y se coloca en el riesgo teórico de una derrota electoral. El trabajo que resta lo debe hacer la oposición, pero ésta no puede evitar la pertinacia del error ni ha encontrado hasta ahora una atrayente fórmula política y electoral.

Al país lo aguarda una mayor confrontación política y un período de graves conflictos entre el Gobierno y los jueces. Hace pocos días, el papa Francisco, un auténtico líder moral de la Argentina, lo llamó a Giorgio Napolitano, el entrañable presidente reelegido de Italia, que aceptó entregarle a su país los últimos años de su vida. Usted es un ejemplo para mí, porque el acuerdo es siempre superior al conflicto , le dijo el Papa. El país del Papa habita en el conflicto permanente.

Domingo 28 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Empresas que se van e inversiones que no vienen

En los últimos años, la Argentina ha desperdiciado una oportunidad histórica para consolidar su economía de la mano de un contexto mundial excepcional

Cada vez con mayor frecuencia se sabe de empresas que abandonan la Argentina o que reducen sus actividades. Las razones declaradas suelen ser similares: las condiciones en las que se desenvuelven las compañías se han deteriorado y las perspectivas futuras distan de ser promisorias. Lamentablemente, no se trata de factores coyunturales, sino de las erróneas políticas oficiales consideradas intervencionistas y abusivas.

Una decisión de abandonar inversiones y asumir costos importantes por hacerlo implica un diagnóstico pesimista sobre el posible cambio de las condiciones dentro de horizontes extendidos. Quienes toman decisiones tan drásticas seguramente advierten que no hay perspectivas políticas y económicas para una reorientación cercana hacia ideas más favorables a la inversión y a los negocios. Este pesimismo puede tener relación no sólo con los errores y abusos institucionales del oficialismo, sino también con las ideas prevalecientes en una parte importante de la oposición.

Son varias, crecientes y acumulativas las políticas oficiales de rechazo a la inversión. El control de cambios y las trabas a la remisión de utilidades han sido tal vez el golpe de gracia. Nadie entra donde no lo dejan salir. Tampoco es concebible que se obligue a ingresar fondos a un tipo de cambio que es sustancialmente menor que el que se aplicaría para remitir dividendos. El solo hecho de una tan arbitraria manipulación del valor de la divisa en el actual contexto de desborde monetario, alta inflación y control de precios, hace impredecible cualquier cálculo de rentabilidad.

El cepo cambiario hoy vigente fue antecedido por prohibiciones de importar y por la insólita orden oral a muchas empresas exigiéndoles que compensen sus importaciones con exportaciones propias. Cualquier dirigente de empresa que haya asistido a las convocatorias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tiene muy buenas razones para recomendar a sus accionistas el abandono de la actividad. A los exabruptos y arbitrariedades de este funcionario -puestas de manifiesto en la asamblea de accionistas del Grupo Clarín del jueves pasado - deben agregarse los abusos impositivos que responden a un desborde del gasto público. Además, cualquier asesor económico le dirá al empresario que hay déficit fiscal cubierto con emisión debido a la imposibilidad de financiarlo con crédito del que el gobierno argentino no dispone.

A estas circunstancias deben sumarse cuestiones institucionales que son absolutamente relevantes para garantizar seguridad jurídica y un marco apropiado para el largo plazo. De efectos devastadores ha sido el avance del Ejecutivo sobre la Justicia y la amenaza que esto supone. Las reformas, además de su impacto sobre los derechos individuales, no serán gratuitas para las actividades productivas. Lo mismo puede afirmarse en relación con los ataques a la libertad de prensa y con la falta de combate a la corrupción.

La aberrante reforma judicial -parte de ella aprobada por el Congreso- no hace sino ponerle un obstáculo más a la posibilidad de inversiones. La virtual eliminación de las medidas cautelares contra el Estado y la intención de someter a los magistrados al poder político sólo garantiza negocios para los circunstanciales amigos del poder. Cualquier empresario que aspire a depender del mercado antes que de los caprichos de los funcionarios pensará varias veces antes de arriesgar su capital.

El caso más notorio de salida de una empresa ha sido el de la brasileña Vale, que dejó trunco el proyecto minero más importante que haya tenido la Argentina. A pesar de haber invertido ya 1500 millones de dólares, la empresa decidió dejar de someterse a las exigencias cambiantes y crecientes del gobierno nacional, así como de las provincias y municipios relacionados con ese proyecto minero. Quienes plantearon esas exigencias abusivas seguramente aceptaban el lugar común de que las grandes empresas ganan dinero en exceso, que se les puede y debe quitar sin mayor dificultad. En algunos de ellos esto se refuerza por un sentimiento anticapitalista.

Han abandonado la Argentina buena parte de las firmas internacionales de indumentaria y moda. Tales son los casos de Louis Vuitton, Calvin Klein, Yves St Laurent, Escada, Polo Ralph Laurent, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Kenzo y muchas otras. Se trata de una actividad que no concilia con las trabas al intercambio ni puede concebir tener que exportar garbanzos o calamares para compensar sus importaciones de indumentaria. Se pueden mencionar muchos otros casos, como los de Petrobras y Esso, que dejaron sus cadenas de estaciones de servicio y claramente apuntan a reducir sus actividades en nuestro país. En el área energética, también British Gas vendió su participación en Metrogas, de la misma forma que se retiraron otras empresas extranjeras que habían participado en compañías privatizadas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Varias empresas de origen brasileño han dejado actividades locales, algunas de ellas en el sector alimenticio, en particular frigoríficos, como JBS.

El desaliento empresario ha alcanzado a la agricultura, un sector en el cual la Argentina debería presentar claras ventajas comparativas. Las grandes empresas de siembra que iniciaron su expansión en nuestro país actualmente están desplazando su actividad a Brasil, Paraguay y Uruguay. El Tejar, una empresa líder del sector, anunció el traslado de sus oficinas centrales a Brasil y la reducción del área sembrada en la Argentina a tan sólo un 10% de lo que fue una década atrás. El empeño oficial en mantener altísimos derechos de exportación y el cepo cambiario han creado un marco hostil a empresas agrícolas tecnificadas y de amplia escala.

El fenómeno de la salida de empresas y reducción de la inversión impacta negativamente en la creación de empleo y en el desarrollo. Después de más de una década ya no se dispone de capacidades ociosas como ocurría luego de la crisis de 2001, tras una década anterior de importantes inversiones. Se hace cada vez más imperiosa la necesidad de cambiar las erróneas políticas que han llevado a esta situación.

La retirada de empresas ha sido correlativa a la caída de la inversión directa extranjera y al escaso inicio de nuevos proyectos. Es éste uno de los más palpables indicadores del lucro cesante para la Argentina durante la supuesta "década ganada" de la que nos habla el relato oficial y de la excelente oportunidad que han desperdiciado nuestros gobernantes para recibir los beneficios que merecieron otros países de la región en los últimos años.

Mientras en la última década los países latinoamericanos triplicaron el monto de las inversiones recibidas, la Argentina lo redujo a menos de la mitad. De esta forma pasó de ser el segundo receptor después de Brasil, a ser el sexto, superado también por Chile, México, Colombia y Perú. Algo que sólo puede explicarse porque la Argentina, que hoy podría integrar el grupo de países de la región que recibe inversiones, ha optado por seguir un modelo fracasado como el de la Venezuela chavista, un espejo en el que lamentablemente se refleja cada vez más nuestro país.

Domingo 28 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa

Turismo / Presión oficial a las agencias

Viajes de egresados: salir del país, un objetivo casi imposible

El Gobierno obliga a las agencias a contratar seguros que duplican los gastos

Por  Soledad Vallejos  | LA NACION

Rodrigo San Pedro vive en Cipolletti, Río Negro, y en septiembre del año pasado con sus compañeros de curso comenzaron a pagar en cuotas el tan anhelado viaje de egresados. Destino: Camboriú, Brasil. Pero la semana pasada la agencia de viajes contratada por el grupo les informó a los chicos, y a sus padres, que ya no está habilitada por el Ministerio de Turismo de la Nación para ofrecer destinos en el exterior. Les sugirieron cambiar por un clásico de cabotaje, Bariloche.

"¿Qué gracia tiene para ellos ir a Bariloche? Podemos escaparnos cualquier fin de semana; es como para un porteño irse de viaje de egresados a Mar del Plata", comentó a LA NACION, visiblemente molesto, Carlos San Pedro, el papá de Rodrigo. El hombre se sintió estafado y, antes de hacer la denuncia, comenzó a llamar a otras agencias de viajes para corroborar la situación.

"En una empresa importante de la Capital me dijeron lo mismo, que al no poder cumplir con los requisitos de una nueva reglamentación del Ministerio de Turismo, los viajes al exterior estaban cancelados."

Sucede que, a través de la resolución 143/2012, meses atrás el Ministerio de Turismo modificó el Reglamento Estudiantil para viajes de egresados.

Nuevas exigencias y mayores requisitos, como contar con un seguro de caución obligatorio por una suma equivalente al 100 por ciento del monto total del viaje (que debe contratar la misma agencia), en lugar del 30 por ciento actual. Además, tienen que acreditar todas las plazas contratadas antes del inicio del viaje y presentar la conformidad de la autoridad educativa correspondiente y de padres, o sus representantes legales. También, por supuesto, hay que cumplir con el recargo del 20 por ciento para los viajes al exterior, aunque se paguen en el país y en pesos, dictado por resolución de la AFIP.

"Casi imposible". Así resulta para algunas agencias, según confirmó LA NACION, responder a la nueva reglamentación exigida. "Los viajes que se vendieron antes de junio del año pasado no tienen inconvenientes, pero con la última normativa hubo un giro de 360 grados, las cosas se complicaron bastante. Cumplir con un seguro de caución por el 100% del viaje es muy difícil. Nos hemos reunido con la Superintendencia de Seguros y nos juntamos con las agencias para elevar un pedido de revisión, pero hasta el momento no hay cambios ni novedades", contó Adrián Manzotti, vicepresidente de la Asociación argentina de agencias de viajes y turismo (Aaavyt).

En la página del Ministerio de Turismo de la Nación la leyenda es clara: "Se hace saber que no se habilitarán destinos en el exterior de la República Argentina a aquellas agencias que no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto por la resolución 143/2012". Hasta hoy, según constató LA NACION con fuentes de esa cartera, sólo dos agencias están habilitadas.

"Todas las nuevas exigencias son para la seguridad de los chicos. Hace algunos años logramos evitar los fraudes y resarcir a los estudiantes cuando las empresas no cumplían con los contratos. De hecho, miles de chicos engañados por distintas agencias pudieron concretar su viaje de egresados gracias a la cuota cero, que paga el pasajero y se destina a un fideicomiso del Banco Nación. Los viajes al exterior fueron aumentando año tras año, cada vez teníamos más quejas de padres y conflictos. Cuando los estudiantes están afuera, poder tener injerencia y articular con los operadores o la policía, en caso de ser necesario, es muy complicado. La nueva resolución sirve para garantizar a los chicos y a sus padres que el viaje se cumpla correctamente", afirmaron desde el Ministerio de Turismo, y estimaron un breve "y lógico" período de adaptación al nuevo código.

"Mala palabra"

"¿Qué querés que te diga? El segmento de viajes al exterior creció tanto que para algunos pibes hoy decir Bariloche es una mala palabra -cuenta Mariano del Mastro, titular de la agencia Moon Travel, que opera en el mercado desde 1996 con los destinos de Cancún y Porto Seguro-. Cuando les decís que por el momento no se pueden ofrecer destinos en el exterior, se vuelven locos. Si yo no estoy habilitado, ellos no pueden pagar la cuota cero, no tienen ningún respaldo, y la agencia es punible de multa y hasta de clausura. Pero la ansiedad de los chicos es tan grande que llegan a convencer a los padres de cualquier cosa. Piden sacar los viajes como pasajeros individuales, lo que sea con tal de irse. Y así no tienen ninguna de las garantías establecidas por la ley".

Según opina Del Mastro, lo mejor es tener cautela. Si no quieren ir a Bariloche, entonces deberán esperar a que las agencias renueven su habilitación. Es un tema serio. Que la ansiedad de los chicos no le gane a los padres".

En Soulmax Travel, referentes en viajes de egresados a Porto Seguro, entienden como "lógica" la fiscalización por parte del Ministerio de Turismo. "Tenemos que realizar una presentación en estos días y estimamos que la próxima semana estaremos nuevamente autorizados a comercializar viajes al exterior, como lo hacemos desde hace 15 años", sostuvo Mariano Diez, gerente general de la empresa, que no considera el nuevo seguro de caución como un mayor impedimento. "Para los viajes de este año está toda la documentación exigida y nunca hemos tenido que redireccionar a otro destino a ningún grupo", aclaró Diez.

La división de cuarto año del colegio Aberdare de Bella Vista está pagando en cuotas su viaje a Brasil. "El tema es así, si el dólar oficial sigue subiendo vamos a replantearlo. Todavía nos falta pagar varias cuotas, asi que decidimos poner como techo que el dólar oficial llegue a los 8 pesos. Ahí nos sentaremos a discutir. Si pasa esa barrera, directamente nos vamos al cerro Catedral", confió uno de los representantes del grupo.

Mientras tanto, las chicas de un colegio privado de Recoleta, que prefirieron el anonimato, están esperando el llamado de la agencia con buenas noticias. "Todavía tenemos tiempo y no vamos a contratar ya. Queremos irnos a Brasil o a Cancún, así que vamos a esperar un poco", confesó una de ellas.

En "Portoloche", como rebautizaron los estudiantes a Porto Seguro, aún están puestas las ilusiones de muchos cursos. Será el traje de baño o el equipo de esquí. La valija sigue vacía.

"Portoloche", el destino preferido

Le dicen "Portoloche", y no hace falta explicar el juego de palabras. La tendencia de cambiar las nevadas montañas argentinas por las blancas arenas de las playas brasileñas está en crecimiento sostenido. "Antes eran sólo los colegios ABC1 los que viajaban al exterior. En los últimos años, el mercado creció mucho, y la ciudad de Porto Seguro es la estrella", dice Mariano Del Mastro, de Moon Travel.

La razón detrás del fenómeno es muy simple: el precio. "Por el paquete de una semana en ese destino de Brasil hay una diferencia respecto de viajar a Bariloche que no supera los 2000 pesos", apunta Mariano Diez, de Soulmax.

"Antes la brecha era mayor, pero las tarifas dentro del país siguieron aumentando y la diferencia se achicó cada vez más -agrega Del Mastro, para explicar la creciente predilección por aquel destino-. Pero hoy surgen nuevos conflictos. Hay padres que pagan todo el viaje de sus hijos de una sola vez y otros que lo financian en varias cuotas. ¿Y si el dólar sube mucho y la mitad del grupo quiere dar marcha atrás? Ya ha pasado, y son más conflictos para el grupo, para los padres y para las agencias.

Sobre los encantos de las playas brasileñas nadie discute. "Es un viaje de playa y sol, en ojotas todo el día y con una propuesta de diversión típica del verano adolescente. No hace falta explicar demasiado.", opina Del Mastro.

¿Cuántos estudiantes argentinos pisan la arena blanca de Brasil cada año en plan de egresados? Unos 6000 alumnos por temporada. Habrá que ver cuántos viajan este año, y aún más incierto es el panorama para 2014.

"Los padres están mareados. Yo les aconsejo tener cautela a la hora de comprar un paquete para sus hijos. Viajar dentro del país es una opción segura y confiable", insiste Del Mastro.

¿Adiós "Portoloche"? Habrá que esperar..

Cuáles son los requisitos

El procedimiento que deben cumplir las agencias

• Seguro obligatorio
  La agencia debe contratar un seguro de caución en favor de Nación Fideicomiso por el 30% del contrato, y otro en favor del cliente, por el 100% del valor total del viaje

• Un año antes
  Las agencias deben presentar todas las garantías y adelanto de contratación de servicios ante el Ministerio de Turismo un año antes del viaje

• Habilitación
  Sólo una vez habilitado el destino a comercializar, se procede a la venta

• Contrato grupal
  Los padres firman un contrato grupal bajo las leyes establecidas del turismo estudiantil

• Cuota cero
  La primera cuota que se paga incluye la llamada cuota cero (6% del valor del paquete básico), más el 20% de recargo por resolución de AFIP 3450/13

• Menores
  También se debe presentar la conformidad de la autoridad educativa y de los padres o representantes legales de los chicos