Gestión Echegaray
La AFIP, un arma de presión política
Empresas y empresarios, economistas, productores
agrícolas, un club de rugby y deportistas, políticos, medios de
comunicación y periodistas, el esposo de una jueza e incluso ex
funcionarios kirchneristas. Todos tienen algo en común: los visitaron
inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
justo cuando salieron a la escena pública con algo incómodo para el
Gobierno, según surge de un relevamiento de los últimos años.
Los antecedentes cobran relevancia luego de la inusual
revelación de la Presidenta de que había pedido informes al ente
recaudador respecto de un empresario inmobiliario que criticó medidas
oficiales. En este contexto, se desató ayer una ola de críticas al
Gobierno por el uso de la AFIP como "arma política", que incluyeron
críticas del ex vicepresidente Julio Cobos, el senador radical Ernesto
Sanz y la diputada Patricia Bullrich. Pero sólo 24 horas después de la
revelación presidencial por televisión, la inmobiliaria de Jorge Toselli
fue inhabilitada para operar. Días antes, otros inspectores habían
visitado la panadería de la mujer que lidera un comedor comunitario en
Tucumán y que había aparecido en el programa de televisión de Jorge
Lanata. Al igual que con Toselli, la irrupción de los sabuesos se
concretó en 24 horas.
Esas acciones comenzaron, sin embargo, con el arribo
mismo de Echegaray a la AFIP, donde llegó tras su paso por la Aduana y
la Oncca; allí también había cosechado planteos por presuntas
represalias contra empresas y personas. En noviembre de 2008, por
ejemplo, socios del club de rugby Los Cardos, de Tandil, lo increparon
para que se fuera del predio. Poco después, seis miembros de la comisión
directiva fueron investigados por la Oncca y la AFIP.
Cada vez que afrontó críticas por estas inspecciones,
Echegaray retrucó con que sólo busca potenciales evasores, aunque las
visitas muestran una notable correlación temporal con la exposición
pública del investigado. Así, ordenó visitas inusuales contra
productores, como denunció la Federación Agraria, o suspendió del
registro de operadores de granos a exportadoras cerealeras en plena puja
con el campo. O dispuso inspecciones contra casas de cambio cuando la
fuga de divisas centralizó la agenda.
El Grupo Clarín también sufrió a la AFIP tras
enemistarse con el Gobierno. En septiembre de 2009, horas después de que
el diario denunció desde su tapa un subsidio irregular por $ 10
millones en la Oncca, cosechó un operativo con más de 200 inspectores en
su sede central.
"La Argentina parece Cuba"
Para entonces, el diputado Francisco de Narváez, que
derrotó a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas, ya había
denunciado a Echegaray por, según dijo, armar denuncias en su contra,
violar el secreto fiscal y filtrar información tributaria en plena
campaña. Y el tenista Juan Martín del Potro recibió la visita de la
AFIP, una semana después de que, como ganador del US Open, declinó
reunirse con la Presidenta porque su familia vivía "del campo".
Meses después, a principios de 2010, Clarín también se
convirtió en el objetivo central de un "grupo de tareas" -como se
definió a sí mismo-, con funcionarios de la unidad antilavado (UIF), la
AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.
En octubre, cuando el kirchnerismo mostraba signos de
agotamiento que llevaron a los empresarios a expresar sus críticas en
voz alta, dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la
Asociación Empresaria Argentina recibieron las visitas de sabuesos. El
entonces titular de la UIA, Héctor Méndez, justo luego de que dijo que
"así, la Argentina parece Cuba". Pero también llegó a ejecutivos de
Techint y Bagó.
La ofensiva alcanzó, a veces, niveles insólitos. En
octubre de 2010, Echegaray removió como agente fiscal sin sumario
previo, ni acto fundamentado, al marido de la jueza María José
Sarmiento, quien habría frenado el uso de las reservas del Banco Central
y ordenado restituir a Martín Redrado al frente de la entidad.
El economista Roberto Cachanosky expuso en septiembre
de 2011 lo que consideró secuelas de ofrecer un cálculo propio de la
inflación. "Es evidente que mientras yo tengo tres inspecciones en cinco
años, los Kirchner lograron que la Justicia les diera por aprobado un
incremento patrimonial injustificable, y [Amado] Boudou declara tasas de
rentabilidad envidiables", ironizó.
Las denuncias también golpean muy cerca de la propia
AFIP. La empresa de limpieza Ricardo Bilbao padeció una inspección
integral tras impugnar la licitación para limpiar el organismo porque
perdió, aunque ofertó menos de la mitad que la ganadora, Limpialux SA: 7
millones en vez de 15 millones de pesos.
También alcanza al personal del propio organismo. Así,
Echegaray dispuso a mediados de 2011 la disolución del "grupo E" de
sabuesos que investigó casos sensibles, desde IBM-Banco Nación hasta
Skanska.
Su actuación en el caso Ciccone también muestra
singularidades. Se presentó ante el juez comercial para informarle que
pediría la quiebra de la imprenta cuando estaba en manos de Héctor y
Nicolás Ciccone, a los que les rechazó los pedidos de moratoria. Pero
dio su aprobación plena e incondicional al levantamiento de la quiebra
cuando desembarcó Alejandro Vandenbroele. Algo que el juez consideró
"cuanto menos llamativo". Y le concedió cinco moratorias excepcionales,
en las que omitió "por error" $ 140 millones en intereses.
La Nacion
