Jueves 16 de agosto de 2012 | 19:32

Los empresarios que auditaron la SUBE financiaron la campaña de Cristina Kirchner

Iatasa, una de las firmas investigadas por la Justicia, aportó $ 42.000 para el kirchnerismo en las presidenciales de 2007

Por Iván Ruiz y Maia Jastreblansky  | LA NACION

La suma es menor, pero simbólica. Iatasa, la consultora que supervisaba la SUBE, financió la campaña de Cristina Kirchner. La firma aportó $ 42.000 al kirchnerismo para las elecciones presidenciales de 2007. En la nómina que el Frente para la Victoria (FPV) presentó ante la justicia electoral, seis directores de Iatasa comparten la nómina con bancos, farmacéuticas y empresas vinculadas a la obra pública.

Los aportes de campaña hicieron explícita la afinidad que esta firma mantiene con el kirchnerismo. Ganó decenas de licitaciones en el Ministerio de Planificación y, para sus trabajos en Santa Cruz, se asoció con Consular SA, una compañía conocida del ministro Julio de Vido. En medio de las controversias por el contrato del boleto electrónico, ex funcionarios vinculados a Transporte aseguraron a LA NACION que Iatasa tiene privilegios porque es "amiga de la casa".
Los socios Carlos Verdi, Fernando Fazzolari, Enrique Prats, Daniel Ratti, Raúl Juiz y Angel Ferrigno figuran, uno debajo del otro, con aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner por $ 8.000 y por $ 6.500 para acciones proselitistas.
En la nómina del FPV algunos de sus nombres aparecen con errores. Según reveló el diario Perfil, Verdi tiene un documento falso y Ratti fue inscripto con un DNI femenino. En aquel momento, desde el kirchnerismo consignaron problemas en el software que elaboró el listado.
En un carta a este medio, los directivos de Iatasa consignaron que "los aportes fueron legítimos y a título personal de los socios". El escrito fue firmado por Verdi, presidente de la consultora, que fue imputado por la Justicia por las irregularidades en la licitación para supervisar la SUBE. Tras los reiterados llamados de LA NACION, esta fue la única vía de comunicación a la que accedieron los empresarios.


Iatasa quedó bajo la lupa por la polémica supervisión de la SUBE. Esta consultora formó un consorcio con Global Infrastructure, IRV y González Fischer y Asociados para controlar el boleto electrónico. Un comité integrado por funcionarios de la Secretaría de Transporte les asignó el contrato, que fue suspendido por el Gobierno y que ahora investiga la Justicia.
Por las irregularidades en la licitación, el fiscal Ramiro González imputó a Verdi, entre otros empresarios y funcionarios. Como apoderado del consorcio, su firma consta en los documentos más importantes de la licitación.
Sin embargo, cuatro ex funcionarios aseguraron a LA NACION que el nexo de Iatasa en Transporte es su vicepresidente, Ferrigno. "Es un amigo de la casa, por eso siempre son número puesto en las licitaciones", dijo un testigo de sus movimientos.
Ferrigno también es presidente de la Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería.
Otra fuente que conoce el sector, afirmó: "Tiene una gran relación con Juan Pablo Schiavi [ex secretario de Transporte]. Todas las consultorías están bajo su tutela". Como titular de Transporte, Schiavi autorizó la contratación del consorcio que lideró Iatasa para controlar el SUBE por $ 65 millones, pese a contar con una oferta $ 10 millones más económica.
"Es normal y habitual que una firma de ingeniería tenga relaciones con organismos públicos y privados, con sus funcionarios y gerentes, así como es normal las reuniones con organismos públicos, bancos de crédito y organismos internacionales", señaló Verdi en la carta.
El británico Chandler, ex jefe del control de la SUBE, aseguró que Iatasa "orquestó" la licitación con los funcionarios de Transporte y Andrés Pizarro, gerente del Banco Mundial.
"Cuando llegué a la fiesta de inauguración de las oficinas del consorcio [a cargo de controlar el boleto electrónico] me sorprendió verlo a Pizarro [Andrés, gerente del Banco Mundial]. Estaba conversando muy amistosamente con Angel Ferrigno [Iatasa], Fernando Fazzolari [Iatasa], Pablo Vainberg [IRV], Hernán Sraer [asesor de Transporte] y Nora Turco [funcionaria de Transporte]", aseguró Chandler. Y detalló que el cóctel se realizó en Tacuarí 32, las oficinas de la consultora.
Los vínculos de Iatasa se concentran en Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), oficina que ejecutó la supervisión de la SUBE. Ptuba -que reporta directamente al secretario de Transporte- le adjudicó a Iatasa diez contratos en los últimos años.

De Vido

Además de su experiencia en Transporte, los contratos de Iatasa durante la gestión kirchnerista se cuentan por decenas. Cuando sus accionistas aportaron a la campaña de 2007 habían sido contratados para estudios de ingeniería en dos importantes obras en Santa Cruz: la represas Condor Cliff y La Barrancosa y la ampliación del puerto Caleta Paula. Para ambos trabajos se asociaron a Consular SA, una firma que desde 2005 es dirigida por un grupo de agrimensores santacruceños conocidos de De Vido.
Los socios patagónicos de Iatasa también aportaron a aquella campaña de Cristina Kirchner: el presidente de Consular, Jorge Luis Pinto, depositó $ 26.666.
De Vido admitió que conocía a los empresarios de Consular tras una investigación publicada en mayo por el diario Clarín, que revelaba irregularidades en los negocios de obra pública de la firma. "He tratado en Santa Cruz a partir de mi actividad como arquitecto en el sector privado y en la función pública", señaló el ministro.
Desde Iatasa alegaron que desconocen las denuncias y explicaron: "Los motivos por las que una firma se asocia con otras son variados y están fundamentados en razones de conveniencia técnica y comercial"
La sociedad entre Iatasa y Consular volvió a repetirse. A principios de este año se volvieron a unir para ejecutar otro millonario contrato. Se trata de la elaboración del proyecto de la represa argentino-brasileña Garabí y Panambí, financiado por la Secretaría de Energía. Según De Vido, este trabajo le cuesta al Estado $ 37 millones.
iruiz@lanacion.com.ar
mjastreblansky@lanacion.com.ar

Sábado 04 de agosto de 2012 | 16:19

Chandler: "Schiavi intenta defender a sus compinches en Transporte y en las empresas"

El consultor inglés desmintió las acusaciones del ex secretario y ratificó que cuando se firmó el contrato, en marzo de 2011, no estaba en el país

En un nuevo round en la polémica supervisión de la SUBE , el consultor inglés Stephen Chandler, ex jefe de las operaciones, desmintió al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y tildó sus declaraciones como "falsos rumores".

"No sé qué motiva a Schiavi a difundir rumores maliciosos de esta manera. Puedo entenderlo de una sola manera: está tratando de protegerse y también intenta proteger a sus compinches en la Secretaría de Transporte y en las empresas", dijo el inglés.

En una entrevista televisiva, el ex secretario de Transporte mostró el miércoles por la noche un documento en el que figuran Marcela Ashley y Steve Beer , los empleados fantasmas, que estaría firmado por Chandler.

"Realicé en los últimos 16 meses numerosos viajes a la Argentina pero no estuve en marzo de 2011 cuando el contrato final fue firmado. Esto es fácil de probar: alcanza con chequear mi pasaporte", dijo el ex jefe de la supervisión de la SUBE.

Chandler , dueño de la firma Global Infrastructure, asegura que el contrato de $ 65 millones fue adjudicado en una operación "orquestada" entre la Secretaría de Transporte, el Banco Mundial y sus socios de las empresas Iatasa e IRV.

Pese a que cuenta con un sueldo de 40.000 dólares por contrato, el inglés asegura que nunca superó montos equivalentes a 22.000 dólares en sus recibos y que ese dinero incluía todos los gastos de GI. También asegura que sus facturas siempre fueron en pesos.

"No tengo idea si los empleados fantasmas fueron cargados por IRV o Iatasa, pero ellos tienen el control de todas las facturas y recibieron todo el dinero", sostuvo Chandler.

Luego de que el Gobierno suspendiera el contrato, Chandler aseguró que demandará a sus socios locales (IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados) por una deuda impaga que supera los 1,5 millones de pesos. Para esa tarea, el inglés contrató al letrado Joaquín Otaegui, abogado comercialista especialista en litigios complejos.

Esta cifra -sostiene- incluye salarios adeudados de todo 2012 y la parte correspondiente de GI del adelanto financiero que la Secretaría de Transporte le pagó al consorcio a comienzos de 2011

La Nación

Martes 24 de julio de 2012 | Publicado en edición impresa

Polémica licitación / Nuevas acusaciones del consultor inglés

SUBE: Chandler mostró un mail que complicaría al Gobierno

El texto revela un supuesto acuerdo entre funcionarios de Transporte y del Banco Mundial

Por Iván Ruiz  | LA NACION

LONDRES.- Stephen Chandler expuso sobre tinta y papel las acusaciones lanzadas la semana pasada contra sus socios locales, la Secretaría de Transporte y el Banco Mundial (BM). El consultor inglés, ex jefe de la supervisión del SUBE , entregó a LA NACION un correo electrónico que compromete a la funcionaria Nora Turco y al ex gerente del BM Andrés Pizarro.

El correo firmado por Pablo Vainberg, socio de IRV, fue enviado a Chandler y a varios miembros de Iatasa, otra de las firmas que integraron el consorcio que se quedó con el control del SUBE. En el texto se menciona un acuerdo entre los funcionarios a cargo de la licitación y los consultores que luego ganaron el contrato de $ 65 millones. También se señala la posibilidad de ingresar "en la lista", en un momento clave del concurso.
"Nora [Turco] habló con Andrés [Pizarro]. El piensa que estará todo bien si presentamos la documentación como Andrés y Stephen [Chandler] acordaron", dice. Y continúa: "También él [en referencia a Pizarro] revisará la lista corta [la primera evaluación de la licitación] y dirá que nuestro grupo tiene que estar en la lista con o sin los antecedentes de GI. Pero él todavía tiene algunas dudas sobre la inscripción de GI". Por último, con mayúsculas: "Sugiero que le entreguemos toda la documentación al BM para finalizar este paso".
Turco y Pizarro fueron determinantes en la licitación. La directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte integró el comité de evaluación que recomendó contratar a la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Global Infrastructure (GI), IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados, pese a que el Estado contó con una oferta $ 10 millones más económica realizada por una consultora internacional. Ese tribunal, integrado por tres miembros, también estuvo compuesto por Alberto Barrionuevo, un técnico que trabajaba en la cartera comandada por Turco.
Pizarro fue el hombre que el BM asignó -como entidad que financió el contrato- para controlar el proceso. Cada uno de los pasos del concurso fue avalado con la emisión de los documentos de "no objeción". Pizarro renunció al BM en julio de 2011 y desde ese momento es consultor externo del organismo para proyectos en Asia, informó la entidad.
El correo que entregó Chandler está fechado el 19 de julio de 2009, un momento clave en la licitación. El comité de evaluación integrado por los funcionarios de Transporte todavía no había realizado la apertura de sobres número dos -fue el 4 de agosto-, correspondientes a las ofertas económicas. Tampoco estaban habilitadas las negociaciones formales que permiten a los funcionarios entablar diálogo con el oferente mejor calificado para pautar los detalles del contrato.

La acusación

Chandler fue el máximo responsable del control del SUBE hasta que hace dos semanas el Gobierno decidió suspender el contrato. Ante la consulta de LA NACION sobre el "acuerdo" que se menciona en el correo electrónico, el consultor acusó al funcionario del BM. "Me llamó Vainberg para que fuera urgente a la Argentina porque había algo importante. Después me dijeron que había una reunión con el BM, pero en las oficinas de Iatasa. Cuando llegué, como era un encuentro secreto, hablamos con Pizarro por teléfono. En esa misma conversación, el 19 de julio -el día que se escribió el correo-, Pizarro me presionó para que creara una sociedad argentina y me asociara con IRV e Iatasa. Era un acuerdo forzado; si no, me dejaba afuera", se defendió. Y agregó: "Era evidente que necesitaban mis antecedentes como pantalla". Chandler acreditó antecedentes en la Oyster card, la tarjeta que se utiliza en el transporte de Londres.
Vainberg fue uno de los empleados calificados por el comité de evaluación integrado por Turco, Barrionuevo y Gabriela Boaglio. Este ingeniero obtuvo la máxima performance según los funcionarios de Transporte y luego fue contratado como parte del personal clave de la supervisión del SUBE con un sueldo $ 1.700.000 por los cuatro años de trabajo.
Desde IRV se limitaron a decir: "El único vínculo que tuvieron con la gente del Banco Mundial era una requisitoria por parte del organismo para que GI presentara documentación. En ese contexto Vainberg puso en contacto a Chandler con Pizarro". No quisieron dar mayores detalles ante los requerimientos que hizo LA NACION.
A la vez, este diario intentó comunicarse ayer con la Secretaría de Transporte y con los socios locales, pero no hubo respuesta para explicar los alcances del correo electrónico mencionado por Chandler. Desde el Banco Mundial aseguraron que están "muy preocupados por las informaciones que han tomado estado público" y afirmaron que están "analizando" los procesos de la contratación. Pero evitaron referirse al correo electrónico.

Sugestivo correo

Pablo Vainberg, socio de una de las empresas del consorcio que se quedó con el control de la SUBE, le reveló en un correo electrónico al consultor inglés Stephen Chandler un pacto entre funcionarios encargados de la licitación y los consultores que luego la ganaron. Se menciona a Nora Turco, directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte, y a Andrés Pizarro, del BM.
STEPHEN CHANDLER
Fue jefe de la supervisión del SUBE hasta que el Gobierno suspendió el contrato. Global Infrastructure, su empresa, presentó irregularidades. En su domicilio legal funciona una peluquería. El asegura que la licitación fue "orquestada" por Transporte, el BM y sus socios locales.

Miércoles 18 de julio de 2012 | 19:20

Chandler: "No soy un fantasma y voy a demostrarlo"

Desde Londres, el consultor inglés rompió el silencio en una entrevista exclusiva con LA NACION; "Firmaron el contrato sin mi consentimiento", dijo sobre la supervisión de la SUBE bajo la mira de la Justicia; aseguró que se trató de una acción "orquestada" entre sus socios argentinos, los funcionarios y el Banco Mundial

Por Iván Ruiz  | LA NACION

LONDRES.- "Aquí estoy. No soy un fantasma y voy a demostrarlo", desafió Stephen Chandler apenas se presentó. A sus espaldas, la City de Londres no paraba, la lluvia tampoco. Con el sobretodo aún mojado, el consultor se encontró con LA NACION frente al Banco de Inglaterra.

En una entrevista exclusiva, el consultor inglés que estaba a cargo de controlar la SUBE se desligó de cualquier responsabilidad con respecto a las irregularidades del contrato de $ 65 millones y aseguró se trata de una acción "orquestada" entre sus socios argentinos, los funcionarios y el Banco Mundial (BM), organismo que financió la operación.
El empresario británico rompió el silencio tras las irregularidades detectadas en el contrato de supervisión de la tarjeta SUBE, reveladas por una investigación exclusiva de LA NACION, que derivó en una intervención judicial y condujo al gobierno de Cristina Kirchner a dar de baja el contrato celebrado por la Secretaría de Transporte.
Pese a las ironías típicas del humor inglés, Chandler sólo esbozó una sonrisa en más de dos horas de entrevista, cuando festejó que el Gobierno haya suspendido el contrato para controlar el boleto electrónico. "Si pudiera hablar con el ministro [Florencio] Randazzo le diría que lo cancele directamente", lanzó.

"Nunca firmé ese contrato porque está viciado. Lo firmaron sin mi consentimiento, a mis espaldas. La Secretaría de Transporte y el BM lo saben. Les avisé que había que hacer cambios"

El consultor inglés, máximo responsable de la supervisión, asegura que nunca tuvo acceso al contrato, que ni siquiera lo vio: "Nunca firmé ese contrato porque está viciado. Lo firmaron sin mi consentimiento, a mis espaldas. La Secretaría de Transporte y el BM lo saben. Les avisé que había que hacer cambios".

Oficinas y empleados "fantasma"

Chandler sostiene que hubo "empleados fantasmas" que fueron avalados por el Banco Mundial y la Secretaría de Transporte y que sus socios locales cobraron ese dinero. "Les avisé que había que hacer modificaciones en el contrato. Que había gente que ya no estaba disponible para trabajar [por Marcela Ashley]. Pero decidieron firmarlo así".
El consultor inglés reconoció que no tiene oficinas porque son muy caras y se justificó: "No quería poner una compañía. El Banco Mundial, Transporte y mis socios locales me dijeron que tenía que hacerlo sí o sí. Me obligaron a hacerlo. Sólo quería ser un consultor subcontratado".
Con un tono pausado, Chandler se permite hacer alguna broma en español. Incluso para atacar al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. "No sé por qué difunde información incorrecta. Nunca cobré 140.000 dólares. Ni siquiera cobré en dólares. El debería saberlo bien. Era el secretario de Transporte en ese momento". Y lo acusó de manipular en su contra por ser inglés.
Mueve las manos y se lamenta por no haber hablado antes. "No me dejaban. En la Secretaría de Transporte me amenazaron. Me dijeron que si hablaba con la prensa no cobraría un peso más. Así estoy, todavía me deben seis meses de contrato", lanzó.
Días atrás, el ex secretario de Transporte apuntó al inglés y habló del caso como una "estafa entre privados".

¿Quién es Chandler?

Stephen Chandler es el titular de Global Infraestructure (GI), la firma británica que conformó un consorcio con empresas argentinas y firmó un contrato por $65 millones con la Secretaría de Transporte para la supervisión de la SUBE.
Sus socios argentinos, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA), rompieron el vínculo con el inglés la semana pasada, cuando el Gobierno dio de baja el polémico contrato.
Según los documentos a los que accedió LA NACION, GI estaba a cargo del "liderazgo técnico" de la operación, pero a pesar de su importancia estratégica en el proyecto, nunca tuvo sede en Argentina y en la dirección que figura en Gran Bretaña se emplaza una peluquería.
Además, una de las personas contratadas como asistentes de Chandler para el control de la SUBE reveló a LA NACION que nunca participó del proyecto ni cobró honorarios. Según el contrato al que accedió LA NACION, el consultor inglés tenía pautado un sueldo de40.000 dólares mensuales.
Tras la investigación de LA NACION, el nuevo titular de la secretaría de Transporte, Florencio Randazzo dio de baja el contrato y dio intervención a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que analizara todo el proceso licitatorio.
La licitación para controlar el SUBE además quedó bajo la lupa de la Justicia: el fiscal Carlos Stornelli le pidió el miércoles al juez Julián Ercolini -a cargo de la causa- que cite a declarar al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por haber autorizado la contratación..

En la edición de mañana, LA NACION publicará la entrevista completa a Stephen Chandler

Miércoles 11 de julio de 2012 | 17:00

SUBE: la contrataron por un millón de pesos, pero nunca se enteró

Marcela Ashley conoció por los medios que fue contratada por 24.300 dólares mensuales para supervisar la tarjeta; "Nunca firmé ningún contrato", denuncia; y agrega: "Es una historia de Fellini"

Por Iván Ruiz  | LA NACION

"¿Podés creer que nunca vi un peso de la SUBE? Es más: me enteré de que era empleada cuando leí las notas en el diario", dice Marcela Ashley mientras toma el té en un estudio de Recoleta. Da un trago y se lamenta: "Qué vergüenza, por favor. Nunca pensé que iba a estar involucrada en una cosa así. Esto es una historia de Fellini".
LA NACION reveló que Ashley fue contratada en 2011 para supervisar durante diez meses el boleto electrónico, según consta en el expediente de la Secretaría de Transporte. Como "stakeholders management" su sueldo mensual era de 24.300 dólares; su contrato sumó 247.860 dólares.
"¡Mirá si voy a cobrar eso! ¡Ya sería millonaria! Nunca firmé un contrato. Nunca trabajé para Global Infrastructure [la empresa que supervisa la tarjeta]. No entiendo qué pasó", repite Ashley.
En diálogo con LA NACION, Ashley explica que Stephen Chandler, jefe del control de la SUBE, le ofreció "el trabajo soñado": implementar la Oyster card [la tarjeta del transporte de Londres] en Buenos Aires. Un alto cargo gerencial como número dos de Global Infrastructure (GI), la empresa que supervisa la SUBE, con decenas de viajes a la capital británica pagos -incluida su mudanza a la Argentina- y un sueldo en dólares. Pero la ilusión terminó de golpe: tras dos años de espera, el consultor inglés -asegura- se esfumó sin dar explicaciones.

"Cuando volví a Buenos Aires y vi esas máquinas en los colectivos no lo podía creer. No tenían nada que ver con la Oyster. «Qué lástima que no le dieron el contrato a Stephen [Chandler]», pensé.

Ashley es especialista en transporte, habla cuatro idiomas, estudió en Estados Unidos y se diplomó en La Sorbona. Aunque figura como contratada para supervisar la SUBE, ella asegura que está desocupada. Vivió cuatro años en Inglaterra y trabajó en el London Underground hasta que, en 2011, ésta inconclusa promesa laboral -sostiene- terminó con su estadía.
"Me imaginé que Chandler no había ganado la licitación. Que le daba vergüenza decírmelo después de tanto esperar", relata Ashley. Y, entre risas, recuerda su primer contacto con la SUBE: "Cuando volví y vi esas máquinas en los colectivos no lo podía creer. No tenían nada que ver con la Oyster. «Qué lástima que no le dieron el contrato a Stephen [Chandler]», pensé".
Su sonrisa se transforma en un segundo. Con el ceño fruncido, lanza: "Me quería morir cuando veía colas desde las cuatro de la madrugada para conseguir la tarjeta. En Londres jamás vi a la gente muerta de calor matándose por la Oyster, ni tener que mostrar su documento para que se la den".


Ashley vivía en el coqueto barrio de Marylebone. Sus actividades sociales estaban vinculadas al círculo anglo-argentino, entre el arte y la filantropía. Desde que su nombre apareció en la sugestiva licitación para controlar la SUBE, esta profesional de "30 y pico" intentó reconstruir sus últimos años en Londres. Entre anécdotas tragicómicas recuerda cada paso de la negociación que la mantuvo alerta durante dos años.
Todo comenzó el 3 de julio de 2009 en una conferencia sobre la situación política en la Argentina de la que participaron diplomáticos y empresarios. Allí -cuenta- conoció a Chandler, uno de los disertantes. En el primer diálogo le ofreció trabajo, un puesto que fue su anhelo antes de convertirse en pesadilla.
Se reunían dos veces por mes en el mismo restaurante cerca del Green Park . El consultor británico la mantenía al tanto de las novedades de Buenos Aires. "Siempre me decía que el contrato se estaba por firmar. Así me tuvo todo ese tiempo". Luego intercambiaban documentos por correo electrónico. Lo primero que le envió -rememora- fue el pliego de la licitación.
Aunque el concurso recién daba sus primeros pasos en 2009, Chandler decía que era "segurísimo" que lo ganarían. "Ibamos a trabajar en las oficinas de Iatasa [otra de las empresas que conforma el consorcio]. Chandler no quería pagar alquiler. «Vamos a ganar lo máximo posible», me decía", detalla Ashley.
LA NACION reveló que GI, actualmente a cargo del control de la SUBE, no tiene oficinas en Buenos Aires. Tampoco tiene sede central en Gran Bretaña. En la fachada de su domicilio legal, en el pueblo de Bicester, funciona una peluquería.
"Me hablaba sobre [el ex secretario Juan Pablo] Schiavi. Me decía que había dos mujeres dentro de la Secretaría de Transporte que estaban organizando todo. Que el contrato ya estaba ganado", asegura.
La supervisión de la SUBE le cuesta al Estado 10 millones de pesos más como consecuencia de una sugestiva licitación ganada por ex asesores de Transporte, en ese entonces a cargo de Schiavi.


Las únicas mujeres que firmaron los documentos clave del concurso fueron Nora Turco, directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte, y Gabriela Boaglio, asesora legal de Proyecto Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba).
En esa licitación -financiada por el Banco Mundial-, Turco y Boaglio integraron el comité de evaluación que recomendó contratar al consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA) pese a contar con una oferta un 25% más económica.
Según pudo saber este medio, Chandler fue recibido por estas funcionarias en las oficinas de Transporte a comienzos de 2009, antes de que comenzara el concurso.
LA NACION accedió a decenas de correos electrónicos que Ashley intercambió con Chandler. En esos e-mails, el consultor inglés sostiene que la información sobre los avances en la licitación se la entregan sus "espías" dentro de "la Secretaría".
Ante la consulta de este medio, en Transporte fueron tajantes: "Ya dijimos todo lo que teníamos para decir".
En uno de los encuentros -continúa Ashley- Chandler le pidió un CV firmado. Según pudo comprobar LA NACION, ese mismo currículum enviado por correo electrónico es el que consta en el expediente (traducido al español).

"Cuando discutimos el sueldo, le sugerí ganar 10.000 dólares por mes. «¿No es un poco excesivo?», me respondió. Después, cuando me enteré de los 24.000 dólares me moría de la risa. Esto es de Fellini"

En los documentos oficiales de la licitación, la especialista en transporte integra el equipo de profesionales de GI. Sus antecedentes, sus virtudes y su formación fueron parte de la evaluación realizada por Transporte.
Sin embargo, sus antecedentes -denuncia- fueron fraguados. "Recién me entero que trabajé en la India, en la República Checa y Alemania. Esto es una truchada total", se quejó.
Mientras acomoda sus papeles, Ashley recuerda un diálogo con Chandler. "Cuando discutimos el sueldo, le sugerí ganar 10.000 dólares por mes. «¿No es un poco excesivo?», me respondió. Después, cuando me enteré de los 24.000 dólares me moría de la risa. Esto es de Fellini", repite.
En su último encuentro, en marzo de 2011, el consultor inglés le hizo un pedido y una promesa. Le reclamó una fotocopia apostillada de su pasaporte y le prometió que en 72 horas le mandaría una copia de su contrato. Feliz por el desenlace, Ashley ya buscaba fecha de mudanza. "Desde ese momento, desapareció. Nunca más me respondió una llamada, un e-mail, un mensaje de texto. Nunca supe más nada sobre el proyecto", explica.
Ante las consultas de LA NACION, en GI no se pusieron de acuerdo sobre la situación de Ashley. Primero aseguraron que no la conocían, pero después dijeron que "ya no pertenece a la compañía". Este diario comprobó que actualmente no es empleada de la firma inglesa.
Los salarios de los empleados para supervisar el boleto electrónico representan casi el 70% del contrato de 65 millones de pesos. Sólo para los tres "empleados extranjeros", la suma es superior a los 2,5 millones de dólares.
Chandler, dueño de GI, cobra 40.000 dólares mensuales durante cuatro años como máximo responsable de controlar la tarjeta. Para tal fin, la empresa británica debía emplear -según consta en el contrato- a dos asistentes: Ashley y Steve Beer. La suma de sus haberes alcanzan los 650.000 dólares.
Además de los millonarios sueldos, el Estado contempla casi 500.000 dólares entre los 72 vuelos internacionales y sus respectivos viáticos.
Ashley toma un trago de té y cuenta otra anécdota: "Le dije a Chandler que estaba muy contenta de trabajar en la Argentina con una empresa inglesa porque no eran corruptos. Me miró y me respondió: «No te creas. Los ingleses somos iguales de corruptos que los argentinos, pero lo escondemos mejor»".
iruiz@lanacion.com.ar
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tras el "fantasma" que controla la tarjeta SUBE

Lunes 09 de julio de 2012 | 01:35

Lanata, tras el "fantasma" que controla la tarjeta SUBE

Periodismo para todos retomó la investigación que inició LA NACION sobre Stephen Chandler y viajó a Londres para encontrarlo; accedé al video del informe

El programa Periodismo para todos, conducido por Jorge Lanata, retomó anoche una investigación que lleva a cabo LA NACION sobre la empresa inglesa que encabeza el control de la tarjeta SUBE, y sobre su máximo responsable, Stephen Chandler.

El informe de PPT fue titulado "¿Quién controla la tarjeta SUBE?", y subtitulado: "El fantasma de Mr. Chandler", en referencia al consultor británico y dueño de Global Infraestructura, el consorcio que ganó la licitación de la secretaría de Transporte para operar el control de la tarjeta magnética.

Las imágenes fueron tomadas en Londres y en Buenos Aires, y muestran las diferentes direcciones donde funcionan las supuestas "oficinas" de la firma.
Como reveló LA NACION, el informe muestra que GI no tiene sede en el país: en Tucuman 1, 4° piso funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero ya no mantiene ningún vínculo. La firma montó "oficinas virtuales" en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE.

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Viernes 22 de junio de 2012 | 01:39

En Inglaterra también investigan a la firma que controla la SUBE

El gobierno británico abrió un expediente porque GI no declaró los millonarios contratos con Transporte; la Justicia argentina también puso la lupa en la licitación

Por Graciela Iglesias  | Para LA NACION

LONDRES.- Las autoridades británicas posaron la lupa sobre Global Infrastructure (GI), la empresa que encabeza el control de la tarjeta SUBE. Como consecuencia de las notas publicadas por LA NACION, desde Companies House , registro oficial de corporaciones de Inglaterra, informaron que la empresa quedó bajo proceso de investigación.

Según pudo saber este medio, la empresa británica omitió informar a las autoridades locales sobre sus contratos por $ 65 millones con la Secretaría de Transporte. Ese motivo, sumado a otras irregularidades administrativas, motivaron la investigación por parte del gobierno británico.
GI no tiene oficinas en Buenos Aires. En su supuesta casa matriz, en un pueblo inglés, funciona una peluquería. Nadie sabe dónde trabajan sus empleados extranjeros ni a qué se dedican, pero cobran en dólares.
La empresa británica encabezó el consorcio integrado por ex asesores de Transporte que ganaron la licitación para controlar la SUBE, pese a que la consultora internacional PWC realizó una oferta $ 10 millones más económica por el trabajo. El concurso público quedó esta semana en la mira de la Justicia en la Argentina, que investiga supuestas irregularidades en la asignación del contrato de $ 65 millones.
El derrotero de GI en Inglaterra despierta misterio. La compañía todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado: fue inscripta el 22 de junio de 2009 en Companies House, entidad que reporta a la Secretaria de Estado para el Comercio y la Industria británica. Se registró con el domicilio 78 York Street, de Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales que funciona como oficina virtual. Con esos mismos datos, la firma inglesa está registrada ante la Inspección General de Justicia de la Argentina.
Meses después, GI informó su cambio de domicilio a Bicester, una localidad inglesa de 29.000 habitantes. LA NACION reveló que en la fachada principal de Claremont House , su dirección en el pueblo, funciona una peluquería. En el contrafrente opera un estudio de contadores que se encarga de recibir su correspondencia. Ese es el único contacto británico de la empresa que controla el funcionamiento de la SUBE.

  

Fachada principal de Claremont House, domicilio de Global Infrastructure en Inglaterra.  Foto: LA NACION

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Stephen Chandler, dueño de GI, es el máximo responsable de controlar la SUBE. El consultor británico, que pronuncia pocas palabras en español, cobra 40.000 dólares mensuales como "jefe de proyecto"; casi 2 millones de dólares por los cuatro años de contrato.
Algunas omisiones llamaron la atención de las autoridades británicas. Chandler registró a GI con "cuenta durmiente" (dormant account). "Ese status sólo se puede utilizar cuando la compañía está literalmente «durmiente», es decir que no opera para nada o lo hace por montos muy pequeños", explicó a LA NACION Neil White, vocero de Companies House. Y señaló que, por sus contratos de $ 65 millones con la Secretaría de Transporte de la Argentina, quedó "inmediatamente" bajo investigación. "Ciertamente no entra dentro del criterio de una cuenta durmiente", agregó.
La rapidez de las autoridades británicas está vinculada a que la firma ya se encuentra en infracción por no haber cumplido con la entrega de sus cuentas anuales que deberían haber sido presentadas el 31 de marzo. Hace dos meses, Companies House envió una carta documento alertándola de los costos y riesgos de la demora. Por el momento pagará multas de 1125 dólares; pero puede aumentar hasta los 2250 dólares si no regulariza su situación en los próximos seis meses. Pasado ese plazo, la compañía será retirada del registro, sus bienes confiscados y sus directivos serán pasibles de sufrir sanciones penales que incluyen la prisión.
La empresa británica, que cuenta con un capital formal de 100 libras esterlinas, tampoco dio cuenta aquí de la apertura de sucursales en el exterior. El 15 de octubre de 2010, Global Infraestructure Group fue inscripta en la Argentina. En ese entonces, la licitación para supervisar la SUBE ya estaba en su última etapa.

Problemas con la Oyster

La participación de la Chandler en la Oyster card, el boleto electrónico que se utiliza en el transporte de Londres, fue determinante para la Secretaría de Transporte. Los funcionarios tomaron ese antecedente del "jefe de proyecto" para asignarle la máxima responsabilidad en el control de la SUBE.
El consultor inglés de 58 años trabajó como representante en el Reino Unido de la firma norteamericana Electronic Data System (EDS), accionista del consorcio TranSys que operó en la primera fase en la introducción de la Oyster en el Underground.
El contrato de TranSys con la empresa pública a cargo del transporte, Transport for London (TfL) fue cancelado abruptamente en agosto de 2008. La razón oficial de la ruptura del contrato suscripto en 1998 y que debía extenderse hasta 2015 fue que, al costarle al Estado 150 millones de dólares anuales, se había probado no ser un "costo efectivo".
En los medios ingleses, en cambio, se hizo referencia a múltiples inconvenientes sufridos por los usuarios a raíz de problemas técnicos así como a un escándalo provocado por dos estudiantes universitarios holandeses que lograron hackear el sistema.
Tras las negociaciones, TranSys continuó operando la venta de boletos electrónicos hasta agosto de 2010 cuando la TfL se hizo cargo total del servicio adquiriendo incluso la propiedad intelectual de la marca Oyster que el consorcio todavía detentaba.
iruiz@lanacion.com.ar
@iruiz

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Lunes 18 de junio de 2012 | 10:57

La empresa que controla la SUBE, sin oficina en Inglaterra

Su domicilio registrado en Gran Bretaña es de un estudio de contadores que recibe su correspondencia; en la fachada de esa oficina funciona una peluquería

Por Graciela Iglesias  | Para LA NACION

OXFORD.- En el Fnky-Hair Salon , una peluquería del pueblo de Bicester, Inglaterra, nada conocen sobre la tarjeta SUBE ni sobre los problemas del transporte en la Argentina. Sin embargo, esta peluquería ocupa la fachada principal de la supuesta casa matriz de Global Infrastructure (GI) , la empresa británica a cargo de supervisar el funcionamiento del boleto electrónico en Buenos Aires.

LA NACION comprobó que GI no tiene casa matriz en Inglaterra. La empresa que controla la SUBE se constituyó en Londres con un domicilio virtual y mudó su dirección a un pueblo de 29.000 habitantes. En el contrafrente de la peluquería funciona un estudio de contadores que se encarga de recibir su correspondencia. Ese es el único contacto británico de la firma que controla la SUBE. Tampoco cuenta con oficinas en la Argentina.

  

El centro de Bicester, un pueblo inglés de 29.000 habitantes.  Foto: LA NACION

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GI encabezó el consorcio integrado por ex asesores de la Secretaría de Transporte que ganaron la licitación para supervisar el boleto electrónico , pese a que una reconocida consultora internacional ofreció una oferta $ 10 millones más económica. Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del "liderazgo técnico". Stephen Chandler, dueño de la firma, es el máximo responsable de controlar la tarjeta.
GI no existía cuando la licitación para supervisar el boleto electrónico ya había comenzado. La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro oficial de Inglaterra y Gales con un capital de 1 libra. Su domicilio fundacional era 78 York Street, en Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales que funciona como oficina virtual. Con esos mismos datos, la firma inglesa está registrada ante la Inspección General de Justicia de la Argentina.
Meses después de su inscripción en Inglaterra, la empresa cambió su domicilio. Según informó al registro oficial británico, Companies House , la dirección exacta que figura en los estatutos es Claremont House, Deans Court, Bicester, Oxon OX26 6BW.
Claremont House, la supuesta sede central de GI, tiene como entrada principal una peluquería llamada Fnky-Hair Salon. El local, decorado en su ventana con banderas Unión Jack, ofrece también tatuajes y piercing. No hay placa ni cartel que identifique al sitio como la sede de la firma que controla la SUBE. En los negocios de los alrededores nadie escuchó hablar de la empresa.

Correspondencia

Sobre un costado de la fachada de Claremont House se puede tomar un oscuro callejón techado para acceder al centro comercial Deans Court, que también figura en el domicilio oficial de GI. En el contrafrente de la peluquería, frente a un negocio de golosinas y otro de reparación de electrodomésticos, se encuentra el estudio Baxter Payne &Haigh. Es la firma de contadores que Chandler registró como su domicilio profesional ante distintos movimientos administrativos de la firma.
Las oficinas de Baxter Payne & Haigh tienen la típica dimensión de una firma notarial provincial. Su especialidad es la contaduría de empresas de la construcción, rurales y de pequeñas inversiones británicas. Su página web no hace referencia alguna a GI.
Cuando LA NACION llamó a Baxter Payne & Haigh para consultar su relación con GI, la respuesta fue contundente. La única forma de impedir que la empleada que atendió el llamado no cortara la comunicación fue cuando rápidamente se le preguntó si estaba al tanto de que los responsables de GI habían registrado su dirección como sede oficial. Sólo entonces la vocera de Baxter Payne & Haigh recordó que era uno de sus "muchos clientes".
Entre los servicios que los contadores de Bicester prestan a sus clientes, reciben y retransmiten su correspondencia. "Aquí no hay nadie que trabaje en la firma que usted menciona- indicó la vocera -. Pero si nos envía una carta dirigida a GI, nosotros nos encargaremos de hacérsela llegar", dijo.
LA NACION intentó contactarse con Chandler, pero el británico prefirió no hablar con este medio. Pese a ser consultada en distintas ocasiones, la Secretaría de Transporte también evitó pronunciarse sobre el tema.

Sin oficina local

Un consorcio liderado por GI audita la puesta en marcha y la operación de la SUBE, a cargo de la empresa Nación Servicios SA (NSSA). Las tareas consisten en supervisar el montaje de equipos de validación y recarga de tarjetas, controlar el software, inspeccionar la transferencia de datos y verificar la cobertura de la red de bocas de entrega de la tarjeta.
La auditoría del SUBE es clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto electrónico. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, la Secretaría de Transporte no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.
A pesar de que ejerce el liderazgo técnico de la supervisión, GI tampoco tiene sede en la Argentina: en Tucuman 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio legal en la Argentina.
CRONOLOGIA
LA NACION reveló que Chandler, dueño de la empresa, realizó gestiones antes de la licitación en la que obtuvo rédito: la firma inglesa, que fue creada durante el proceso, ganó el concurso. El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI pese a que el consorcio compuesto por PWC-Barimont SA realizó una oferta $ 10 millones más económica. La empresa Deloitte también participó en la última etapa de la licitación, aunque su propuesta perdió competitividad al superar en $ 25 millones el presupuesto estatal.
Luego del encuentro con los funcionarios de Transporte, Chandler también se reunió con el presidente de NSSA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora el consultor inglés debe controlar.
El liderazgo de GI se fundamentó en el currículum de Chandler. Según consta en su CV, este especialista de 58 años fue vicepresidente de Electronic Data System, entidad que participó en el desarrollo de la tarjeta Oyster card de Londres. Según el contrato al que accedió LA NACION, el consultor inglés cobra 40.000 dólares mensuales. Casi 2 millones de dólares por los cuatro años de trabajo. Aunque su labor requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia.
El consultor británico no es el único contratado en dólares por Transporte. También Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones. Entre los dos suman contratos por unos 650.000 dólares. LA NACION intentó contactarse con ellos para consultarles sobre sus tareas específicas, pero no pudo ubicarlos en Buenos Aires.

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