Argentina, en la lista gris y con una alerta por lavado
El GAFI reclamó que se resuelva "sin demoras" las deficiencias "estratégicas" de su sistema de prevención de este delito. Por Hugo Alconada Mon
Viernes 24 de junio de 2011
Por Hugo Alconada Mon
Para lanacion.com
Tras cinco largos días de debate y negociaciones contrarreloj, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó este noche a la Argentina en su lista gris y emitió un "comunicado público" en el que destacó los avances alcanzados, pero reclamó que resuelva "sin demoras" las deficiencias "estratégicas" de su sistema de prevención y lucha contra el lavado.
Así lo confirmaron a LA NACION testigos directos de la deliberación que se llevó a cabo desde el lunes en el Distrito Federal de México, donde el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado se reunió para analizar el "caso argentino" y la evolución de otros países bajo la lupa.
La decisión del GAFI de emitir un comunicado dejó en evidencia la gravedad con que el GAFI observa la situación antilavado en la Argentina. Por un lado, porque en la práctica se equipara a la emisión de un alerta internacional sobre las falencias observadas en el país evaluado. Por el otro, porque hasta ahora sólo se utilizaron para dos casos: Irán y Corea del Norte.
La Nación
Sanción internacional / A pesar de la nueva ley que impulsó el kirchnerismo
La Argentina será incluida en la "lista gris" del lavado
Según el GAFI, tiene serias deficiencias para combatir el blanqueo de dinero; fuerte golpe al Gobierno
Lunes 20 de junio de 2011
Hugo Alconada Mon
LA NACION
Lejos de la retórica del Gobierno , que comunicó a sus propios legisladores y a los de la oposición que con la aprobación de la nueva ley antilavado se evitarían todos los males y sanciones internacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluirá en los próximos días a la Argentina en su "lista gris" de países con serias deficiencias técnicas. Así lo adelantaron a La Nacion diversas fuentes vinculadas con las negociaciones.
La decisión del principal foro intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado se oficializará durante el plenario del GAFI, que comenzará a sesionar hoy en la ciudad de México, detallaron informantes argentinos, de otros países de la región y europeos consultados por este diario.
Los gobiernos más críticos de la Argentina, entre los que se destaca el de Estados Unidos, analizan incluso plantear que el país debe descender aún más, hasta el último escalón de la "lista negra", junto a Irán y Corea del Norte e incluso hasta pedir la suspensión de su membresía, basados en que viene incumpliendo desde hace años 47 de los 49 parámetros de evaluación general.
La lista incluye, además, quejas contra la Unidad de Información Financiera (UIF) y el uso político que el gobierno kirchnerista ha hecho del organismo que debe controlar el lavado de dinero.
La tensión imperante provocó fuertes discusiones durante la sesión preliminar del "grupo de revisión especial" para la región -en la jerga, "ICRG America"-, en Perú. Allí, la delegación argentina presidida por el embajador y experto en normativas antilavado y contra la corrupción, Eugenio Curia, se cruzó con Canadá, que copreside ese grupo regional y bregó por incluir un párrafo en la revisión del país, en la que exponía la falta de compromiso político en la materia, según detallaron tres informantes.
Para la delegación oficial, esa visión es inexacta. "Si se ve la foto de la situación, sí, estamos mal. Pero si se analiza la evolución, el sistema argentino repuntó muchísimo durante el último año y el compromiso contra el lavado del Gobierno y de la oposición llevó a que se aprobara una ley sensible [por la de antilavado] en pleno año electoral", comentó a La Nacion un alto funcionario involucrado en las negociaciones con el GAFI y su foro regional, Gafisud, más flexible a la posición argentina.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en tanto, viajó a Ciudad de México la semana pasada para abrir las negociaciones y evitar, además, el riesgo de que las cenizas volcánicas lo mantuvieran varado en Buenos Aires. El cuadro que afrontarán Sbattella, Curia y el resto de la delegación es aún incierto. En los anteriores encuentros, en octubre y febrero, la línea dura incluyó a España, México, Noruega y Francia, entre otros, pero Estados Unidos logró apaciguar los ánimos y evitó que el proceso se acortara en perjuicio de la Argentina, posibilidad que carecía de antecedentes históricos dentro del GAFI.
Declaración pública
Desde entonces, sin embargo, el gobierno de Barack Obama endureció su posición, a medida que el incidente del avión militar decomisado en Aeroparque en febrero último empantanaba las relaciones bilaterales. En simultáneo -pero sin que quedara en claro si como efecto de aquello-, desde el Departamento del Tesoro y la unidad antilavado norteamericana (FinCen) dejaron trascender que verían con buenos ojos aplicar una sanción "ejemplificadora" con la Argentina. Cerca de Sbattella creen que eso equivaldría a "correrle el arco" a la Argentina. "Se acordó un plan de acción con pautas y plazos concretos, y se nos pidió que para México tuviéramos sólo la media sanción del proyecto de ley contra el lavado y encaminado para octubre otro sobre financiamiento del terrorismo, y nosotros fuimos mucho más allá", argumentaron.
Las delegaciones más críticas, sin embargo, objetan otros ejes. Entre otros, consideran que no está claro si la UIF posee facultades sancionatorias y de reglamentación, y hasta plantean dudas sobre la vigencia actual de la figura del encubrimiento del artículo 277 del Código Penal para el lavado. Junto a la inclusión en la lista gris, además, el GAFI podría junto dar otro paso e incluir a la Argentina en su comunicado de cierre del plenario, según reconstruyó La Nacion. Eso podría conllevar que algunos países emitieran alertas para sus sistemas financieros sobre los riesgos de operar con la Argentina, en línea con lo que ya ocurrió tras el plenario de febrero en Alemania e Inglaterra, con el consiguiente aumento los costos transaccionales y los requisitos burocráticos en el comercio internacional desde y hacia la Argentina, entre otras secuelas.
Desde la delegación oficial replican que la inclusión en la lista gris no debería interpretarse como una "sanción en sí", sino como "una etapa dentro de un procedimiento de revisión y corrección de las deficiencias" del sistema antilavado local. En la lista gris, hoy figura otro país miembro del G-20: Turquía. También aparecen Grecia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Bolivia, aunque los dos últimos afrontan horizontes muy distintos. Paraguay podría salir de la lista por las mejoras en su sistema y Bolivia descendería al listado negro.
La Argentina se encuentra a mitad de camino, según quien analice su caso. "En febrero se evitó el desastre histórico de la Argentina siendo incluida en la lista negra junto a Irán o Corea del Norte mediante un proceso acelerado. Pero el resto de la discusión y de los reclamos continuó", comentó uno de los interlocutores al tanto de las negociaciones.
LA AUDIENCIA SE HARA EN ESPAÑOL
Viejo anhelo y reclamo del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, la discusión sobre el "caso argentino" que celebrará el GAFI será en español. De este modo, Sbattella ya no deberá lidiar con el inglés ni con el francés, con el que se defendió hasta ahora.
La Nación
El uso político de información confidencial
Lavado: admitió el Gobierno un cortocircuito con Estados Unidos
Se intenta restablecer la comunicación; Washington objetó la filtración de datos
Martes 9 de noviembre de 2010
Hugo Alconada Mon
LA NACION
El Gobierno admitió que el canal de información confidencial con Estados Unidos sobre operaciones financieras se encuentra interrumpido desde mediados de 2009, cuando Washington suspendió el intercambio ante la sospecha de que los datos que enviaba a Buenos Aires eran usados por la Casa Rosada para fines políticos. LA NACION
"Hay un problema con el intercambio de información", reconoció el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, José Sbattella, quien sin embargo buscó desligar al Gobierno del contrapunto. Afirmó que la "filtración", como la calificó, pudo haber ocurrido dentro del Poder Judicial o entre los fiscales que manejaron el caso que disparó el entredicho, centrado en el empresario y dirigente opositor Francisco de Narváez, que ayer cargó contra la Casa Rosada.
"El kirchnerismo persigue políticamente a sus adversarios y para hacerlo usa la estructura del Estado y fondos públicos; me persiguen por mis ideas", planteó el diputado del PJ Federal, que durante la campaña electoral de 2009 intercambió acusaciones y denuncias penales con funcionarios, en particular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Sbattella destacó, no obstante, que el Gobierno se encuentra "trabajando" para restablecer el intercambio de datos sobre operaciones sospechosas de lavado de activos correspondientes a personas y empresas privadas. Ese intercambio está suspendido desde entonces, según informó LA NACION ayer sobre la base de testimonios de cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.
El cortocircuito con la unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro, llamada Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), se desencadenó poco después de que la información confidencial que le había solicitado la UIF se publicara en el diario Página 12 , afín a la Casa Rosada. El artículo, titulado "Los negocios del patán", apareció el domingo posterior a las elecciones de junio del año pasado, con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank habrían enviado a la Fincen sobre De Narváez.
La Fincen ordenó entonces el inmediato corte del canal de comunicación. Para eso, dio por terminado el "Memorando de entendimiento" con la UIF local. Desde entonces, el flujo de información se encuentra interrumpido, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades argentinas, que explicitó en reuniones en Washington y Buenos Aires.
Sbattella detalló que ese cortocircuito se originó a partir del incumplimiento de la regla de confidencialidad que impone el llamado Grupo Egmont -foro que regula este tipo de intercambio entre las unidades antilavado alrededor del mundo-. Exige, además, que "no se usen los datos en términos políticos si ellos no autorizan", según reconoció el titular de la UIF.
El funcionario afirmó, sin embargo, que ignoraba cómo ocurrió la "filtración", como la definió, que adjudicó a la gestión anterior al frente de la UIF, encabezada por la contadora Rosa Falduto -quien continúa dentro de la órbita del Gobierno-, o incluso a funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio Público que manejaron luego esa información sensible.
Esa "filtración", remarcó Sbattella, "puede pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio Público, se pierde el control del expediente", argumentó, en alusión al legajo con información confidencial solicitado a la Fincen y que la UIF complementó en un legajo, también secreto, con su propios datos.
La salida apresurada de Falduto a principios de este año y su reemplazo por Sbattella no lograron mejorar la relación con las autoridades de la Fincen, aun cuando se concretaron reuniones en Washington y en Buenos Aires en las que funcionarios de los dos países evaluaron esa posibilidad.
"Una victimización" "¿Quién manda en el sistema antilavado argentino? ¿Usted?", llegaron a sondear los funcionarios estadounidenses ante Sbattella, quien detalló las nuevas medidas de seguridad que instrumentó en las oficinas de la UIF y ofreció obligar a jueces y fiscales que firmen un "compromiso de confidencialidad" cuando reciban este tipo de información en el futuro.
La Fincen optó, sin embargo, por mantener en suspenso la colaboración. De manera formal, argumentó que deseaba conocer la evaluación que el GAFI difundió ayer, mientras negociaba la firma de un nuevo "memorando de entendimiento". Pero por canales extraoficiales dejaron trascender su malestar y sus temores acerca de las "motivaciones políticas" que vislumbran dentro de la UIF, según reconstruyó LA NACION de fuentes de ese país.
La ruptura de ese canal de comunicación vedó a las autoridades locales de obtener información privilegiada para avanzar en sus investigaciones sobre lavado de activos o financiación del terrorismo. Entre otras, sobre eventuales operaciones sospechosas en la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.
La decisión unilateral de la Fincen llevó a una situación peculiar: la UIF sigue enviando reportes sobre posibles operaciones sospechosas a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide "con cuentagotas", según relató a LA NACION un funcionario argentino al tanto de lo que ocurre dentro de la unidad. "Lo de De Narváez fue un error que nos «excomulgó»", admitió.
El equipo que rodea a Sbattella dentro de la UIF considera injusto, sin embargo, que el flujo continúe interrumpido, según indicaron ayer dos de sus allegados a LA NACION. Tanto porque responsabilizan a la gestión de Falduto o a terceros ajenos a la unidad de esa "filtración" como porque la difusión pública del contrapunto con Estados Unidos "victimiza" a De Narváez y, apuntan, "politiza" todavía más la labor del organismo antilavado.
LA OPOSICION QUIERE APURAR LAS REFORMAS Por impulso del diputado nacional Gustavo Ferrari, mano derecha de Francisco de Narváez, la oposición en la Cámara de Diputados intentará apurar el tratamiento de los proyectos tendientes a reformar la Unidad de Información Financiera (UIF). Autor de una de las tres iniciativas para reformar el organismo, Ferrari conversó con el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), para incluir el tema en la próxima reunión de la comisión. En tanto, el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Legislación Penal, piensa crear una subcomisión especial para debatirlo.
DIXIT JOSE SBATTELLA
Jefe de la Unidad Antilavado
"Hay un problema con el intercambio de información porque el Grupo Egmont pide confidencialidad"
Sin voluntad de combatir el lavado
Tanto Washington como el GAFI cuestionan que el Gobierno no haga nada contra el reciclado de dinero proveniente del delito
Martes 9 de noviembre de 2010
Por un lado, fue merecedor de un contundente ultimátum del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que de una buena vez por todas se comprometa con medidas concretas en el combate contra el reciclado de dinero negro. Por el otro, Washington decidió negarle información sensible sobre operaciones financieras ante la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines políticos.
Ha sido una constante de los últimos gobiernos, pero en especial del kirchnerismo, esta sospechosa pasividad ante un serio problema que prácticamente todas las naciones han encarado con seriedad.
El GAFI, un organismo internacional encargado de combatir el reciclado de dinero negro, proveniente generalmente de hechos ilícitos como narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y terrorismo, le ha otorgado a la Argentina un plazo de cien días para aplicar las medidas necesarias y, en caso de que ello no ocurra, nuestro país podría ingresar en la lista "gris" de este organismo, que expresó oficialmente su "decepción y seria preocupación por el fracaso de la Argentina".
De esta manera, nuestro país se hizo merecedor del más crítico de los documentos emitidos por el GAFI desde su creación, en 1989.
El ministro de Justicia, Julio Alak, no tuvo más remedio que admitir que la Argentina "ha ingresado en un procedimiento de revisión y ha recibido recomendaciones para fortalecer el sistema de control y sanción de lavado". El reclamo involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado.
Es tan poco lo realizado en una materia tan sensible que la deuda atraviesa los tres poderes, todas las provincias y el sistema bancario en su totalidad, si bien este último es el mejor preparado para prevenir este delito.
El lavado de dinero no es una actividad reciente, y con el tiempo sus mecanismos se han vuelto cada vez más sofisticados. Una misma operación de lavado de fondos provenientes de la corrupción o la venta de estupefacientes dentro del país puede, a su vez, involucrar a dos o más países, y no sólo a los llamados paraísos fiscales. Ha sido en los últimos años cuando los organismos internacionales han redoblado su combate y han procurado involucrar a la mayor cantidad de países.
En lo que a la Argentina respecta, el hecho de que hasta el momento no haya ni siquiera una sentencia condenatoria por lavado de dinero muestra a las claras, por un lado, la falta de voluntad, que en este caso equivale a permisividad, y por el otro, lo imperioso de introducir modificaciones a la legislación vigente para desnudar y sancionar adecuadamente los delitos en este campo.
Nada han hecho los gobiernos kirchneristas por cambiar este cuadro de situación. Al contrario. Han querido valerse de la colaboración internacional para fines por completo ajenos al combate contra el lavado. Así, como publicó LA NACION, la red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), que es la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, ha verificado que los datos confidenciales que le había pedido la anterior administración de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el candidato opositor Francisco de Narváez luego fueron filtrados a la prensa argentina para intentar perjudicar su imagen pública. Esto determinó que la Fincen pusiera fin a su colaboración con nuestro gobierno.
Las únicas medidas que adoptó la administración kirchnerista han sido cosméticas, como la designación de José Sbattella, un hombre sin antecedentes en este campo, al frente de la UIF, un organismo que se ha convertido en una herramienta del oficialismo para perseguir a empresas, empresarios y políticos considerados opositores.
En el campo del lavado no puede haber medias tintas ni mucho menos un dejar hacer que es lisa y llana complicidad y que permite sospechar con fundamento que, entre los funcionarios que deberían hacer y nada hacen, podría haber varios que se benefician con los ingentes recursos que derivan del lavado.
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