Procesan 400 cajas con datos que complican a Cristina

El material está guardado bajo llave desde hace casi un año; aportaría datos a cuatro causas sobre la ex presidenta

s pruebas que pueden llevar a Cristina Kirchner a la cárcel están encerradas en 400 cajas azules y marrones apiladas en una oficina de la Prefectura Naval, en el puerto. La puerta está sellada con una faja que dice "Clausurado" y cerrada con llave. La llave se guarda en un sobre lacrado y firmado, y ese sobre se pone en una caja fuerte donde queda un registro escrito de quien toma la llave para acceder a esas pruebas y de su devolución.

Esas cajas encierran los documentos que el juez federal Claudio Bonadio secuestró en 30 allanamientos realizados en simultáneo en las oficinas de Máximo Kirchner en el Sur, en otras sociedades, en escribanías y en inmuebles de la ciudad de Buenos Aires.

Hoy esas pruebas alimentan las cuatro causas en las cuales Cristina Kirchner aparece complicada y, al final del camino, cuando el asunto llegue a juicio oral -si eso ocurre-, algunos de esos cuatro expedientes pueden terminar reunidos en uno solo.

Esas pruebas comenzaron a ser certificadas esta semana y cada uno de los papeles que contienen esas 400 cajas está siendo escaneado. De cada caja se realiza un registro de lo que contiene, con un número de foja, para estar seguros de que nada desaparezca.

El registro de cada factura, escritura y poder incautado está siendo realizado por el juez federal Julián Ercolini, quien desde hace dos semanas está a cargo de la causa Hotesur, donde la ex presidenta y sus hijos son investigados por supuesto lavado de dinero.

Allí está probado que entre diciembre de 2013 y principio de 2014, ocho empresas de Lázaro Báez alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner, supuestamente sin utilizar esas reservas, y les transfirieron por esas habitaciones más de 15 millones de pesos. Se investiga si ese dinero, que retornó a las arcas de la ex presidenta, forma parte de una maniobra de lavado o si es el pago de un soborno por la obra pública con la que el kirchnerismo benefició a Báez durante sus gobiernos.

Ercolini delegó esa causa en el fiscal Gerardo Pollicita, quien conformó un equipo de fiscales. Ese grupo incluye a su antiguo secretario Ignacio Mahiques, que llegó a fiscal por concurso el año pasado. El juez ya tiene decidido realizar un peritaje sobre los libros de las empresas de Báez y de Hotesur para verificar esas transferencias y luego investigar los registros de pasajeros y consumos del hotel en esos períodos para determinar si los cuartos se ocuparon o no.

Los datos que relevó y publicó LA NACION en 2013 llevan luz sobre el asunto.

Incongruencias

En febrero de 2010, por ejemplo, el hotel Alto Calafate llegó a registrar supuestos ingresos por 888.851,13 pesos, pero sólo ingresaron $ 1257,87 por lavandería -es decir, huéspedes que mandan a lavar algo-, o $ 4138,98 en telefonía y otros $ 8301,63 de ingresos por su "Health Club". Basta contar sábanas, medialunas y jugos de naranja para corroborar la hipótesis del fiscal.

Ese peritaje lo había pedido el fiscal Carlos Stornelli cuando la causa tramitó en el juzgado de Bonadio, hasta que se la sacaron. Allanó y secuestró los documentos pero antes de que las 400 cajas llegaran a Buenos Aires la Sala I de la Cámara Federal -con la firma de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler- lo dejó fuera del expediente, que quedó en manos de su colega Daniel Rafecas. Ese juez se declaró parcialmente incompetente. Desde octubre hasta hace 10 días la causa estuvo congelada hasta que la Sala I resolvió dejarle el caso a Ercolini.

Mientras tanto, nadie tocó las cajas ni avanzó con los papeles hasta esta semana. El juez espera que los peritos terminen el trabajo este año para cerrar la instrucción antes de 2017.

Paralelamente, el juez Bonadio avanza con otro expediente que complica a Cristina Kirchner y su familia, también iniciado por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer. Se trata del caso Los Sauces, por el nombre de la sociedad de la ex presidenta y sus hijos investigada en esta causa. A pesar de llamarse igual que el hotel de la ex presidenta en El Calafate, en este caso Los Sauces es una empresa que nada tiene que ver con el hotel.

Aquí se investiga una maniobra similar a Hotesur, pero en lugar del alquiler de habitaciones de hotel, lo que se indaga es el alquiler de departamentos pertenecientes a Los Sauces que rentaban Báez y también Cristóbal López.

Es un caso más acotado que Hotesur y de más rápida resolución. Allí se investigan omisiones en las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, falsificación de documentos y, eventualmente, lavado de dinero o cobro de retornos por los beneficios que Báez y López tuvieron en la última década.

El fiscal en esta causa es Carlos Rívolo que esta semana analizó con los secretarios de Bonadio y de Ercolini la documentación de algunas de las cajas. Apartó ocho cajas de las 400. En un primer análisis estima que están los documentos que necesita para avanzar. Es en esa causa en la que Bonadio allanó anteayer las oficinas de los consorcios que administran las propiedades de Los Sauces. Entre ellas, dos departamentos y cinco cocheras de la ex presidenta en el edificio Madero Center de Puerto Madero que alquilaba a Báez.

La particularidad que tiene el caso son supuestas irregularidades registrales en las compras de algunas propiedades en el Sur. Además, los terrenos sobre los que Austral Construcciones de Báez levantó departamentos que luego alquiló eran de Cristina o de Néstor Kirchner.

La otra causa que puede alimentar los papeles encerrados en Prefectura es el caso de La Rosadita. Cristina Kirchner apareció hace tres semanas como imputada en esa causa que lleva el juez Sebastián Casanello de la mano de los dichos del arrepentido Leonardo Fariña. No mucho más. Guillermo Marijuan es el fiscal en este expediente. Se investiga si Báez lavó dinero de la evasión fiscal de Austral Construcciones mediante giros al exterior realizados desde La Rosadita o si fondos ilícitos salieron del país y reingresaron luego de ser blanqueados mediante la compra de bonos soberanos de la Argentina.

Estos hechos de 2012, relacionados con el flujo de dinero enviado por Báez a los Kirchner en concepto de alquileres y aunados a las revelaciones de Fariña sobre cómo se digitaba la obra pública para favorecer al empresario patagónico, pueden llevar a Cristina Kirchner y al cobro de retornos. Un peritaje de Vialidad Nacional elevado al juzgado que revela sobreprecios en las obras puede encaminar la causa en ese rumbo.

Similar lógica tiene el fiscal Pollicita en otro expediente donde el investigado es Cristobal López por retener 8000 millones de pesos que debía pagar de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por cada litro de combustible que vendía a través de su red de estaciones de servicio de la marca Oil. Esa causa también está en manos del juez Ercolini.

Pollicita sospecha que los alquileres que pagaba López a los Kirchner por departamentos que supuestamente no usaba eran un modo de retribuirle sus servicios por no demandarle el cobro de deudas impositivas, lo que le permitió financiar el crecimiento de su grupo de empresas Indalo. Esa es la hipótesis que maneja el fiscal. Y los papeles para juntar elementos de convicción en ese sentido también están en las 400 cajas encerradas en una oficina de la Prefectura Naval.

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