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En las últimas semanas, el gobierno de Cristina
Kirchner intimó a algunos grupos de medios de comunicación a que se
ajusten al límite de licencias de televisión, radio y cable que permite
la ley de medios de 2009. Con otros grupos conversa sobre propuestas que
presentaron ellos mismos. Además, decidió convocar al Grupo Clarín para que acelere su adecuación a esa norma .
Así se resolvió en Olivos luego de que la Corte Suprema
le puso anteayer a Clarín un plazo hasta el 7 de diciembre próximo para
que se desprenda de las señales y frecuencias necesarias si los jueces
no le conceden antes su reclamo de inconstitucionalidad de la ley.
"Puede ser que Clarín quiera conversar. O que se
cumplan los plazos que dispuso la Corte", confió a LA NACION una fuente
cercana a la Presidenta. La invitación será formulada por Santiago
Aragón, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (Afsca).
"Si Clarín no quiere sentarse a charlar los términos de
la adecuación a la ley, se los notificará de que tienen que presentar
una propuesta de adecuación", agregó el funcionario.
En rigor, la Afsca comenzó a negociar con varios grupos
de medios sobre propuestas que éstos presentaron para desinvertir en
señales audiovisuales, plan al que los obligó la ley de medios. "Estamos
trabajando con esos grupos. A los que no las hicieron los hemos
intimado para que las presenten", agregó.
¿Cuáles son unos y otros? En la Casa de Gobierno señalaron que esa información es reservada por la naturaleza de la negociación.
En esa situación, además de Clarín y otros medios,
están los grupos Telefónica, Pierri, Prisa, Vila-Manzano,
Moneta-Garfunkel, Cadena Tres y Cristóbal López. Todos ellos -muchos son
afines al Gobierno- tienen más señales que las permitidas o vulneran
alguna restricción de la ley de medios y deberían ajustarse a ella.
La Corte Suprema acortó anteayer a diciembre el plazo
de la medida cautelar que permitía a Clarín no desprenderse de sus
medios mientras se tramita en la Justicia su reclamo por
inconstitucionalidad de la ley.
El gerente de Relaciones Externas de Clarín, Martín
Etchevers, señaló ayer que el fallo de la Corte "hizo un llamamiento a
que el juicio de fondo se defina, y eso es lo que le interesa al Grupo
Clarín: que se avance lo antes posible en el planteo de
inconstitucionalidad de esos artículos de la ley".
La Afsca se propone negociar con Clarín bajo dos
informes: uno sobre la cantidad de licencias operativas y otro sobre la
cantidad de abonados, que superan el tope permitido de 35% de la
población del país.
Una especulación en el mercado indica que los grupos
que deben desinvertir buscarían transferir sus medios a empresas
vinculadas. En el Gobierno aseguran que la ley dispuso controles
cruzados para evitarlo, aunque no descartan que ocurra y admiten las
dificultades que habrá para encontrar compradores genuinos. Eso puede
llevar a que éstos busquen financiamiento de la publicidad oficial para
asegurar la rentabilidad. Y el Gobierno no pasa por su mejor momento
económico para solventarlos.
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) le
reclamó ayer al Gobierno "garantizar la plena independencia del Poder
Judicial" y condenó el "hostigamiento" hacia medios de comunicación "que
se propone destruir". Todo eso, dijo, representa "un grave deterioro de
la libertad de expresión y el Estado de Derecho en la Argentina".
Otra falencia se detectó en la ley. Tras asignar
frecuencias a municipios y universidades, las licitaciones y concursos
para el sector privado y la sociedad civil, especialmente en señales de
TV digital, fueron un fracaso, según admiten en Balcarce 50.
La ley fragmenta el espectro en tercios: sector
privado, sector público y sociedad civil. Esto colapsó. "Los concursos
se prorrogaron tres veces y no sabemos si se volverán a prorrogar o si
se modificarán los pliegos", dijeron en el Gobierno.
Además de peleas internas sobre el rumbo a seguir, los
pliegos imponían costos siderales en inversión y producción propia y
ello se sumaba a la competencia publicitaria con la TV por cable. "No
conviene el negocio a menos que tengas atada la pauta publicitaria
nacional -dijo un funcionario-. Todo eso está parado."
Vila negó que el Gobierno lo beneficie
El empresario Daniel Vila, presidente del Grupo Uno,
celebró el fallo de la Corte, que aceleró el proceso para que el Grupo
Clarín se desprenda de varios medios, y negó que sus empresas hayan sido
beneficiadas por el Gobierno, a través de la publicidad oficial. "El
poder que capitalizó Clarín en estos años fue excesivo", dijo Vila, en
una entrevista con el periodista Jorge Lanata, por Radio Mitre, y señaló
que su grupo recibe menos del 4 % de la facturación total de la
publicidad oficial. Agregó que "la ley debe aplicarse a todo el mundo",
al sostener que su grupo está "adecuándose voluntariamente a la cláusula
de desinversión"
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