Límites a los monopolios sindicales

Negocios gremiales en Pinamar
A Moyano no le va nada mal con el turismo VIP
Camioneros regentea un hotel de 4 estrellas, al que no van afiliados

Sábado 16 de enero de 2010

Juan Pablo Morales
Enviado especial


PINAMAR.? La vista de los inmensos vidrios del lobby daba directo a la pileta y al parque, donde un par de señoras tomaba sol a resguardo del viento costero. Un grupo de recién llegados miraba mientras hacía los trámites para alojarse. "¿De quién dijiste que era el hotel?", se sorprendió un señor cuando escuchó que es propiedad de la Federación de Camioneros. "¿De Moyano?", preguntó otro, que jugaba con un smartphone frente al lujoso hogar a leña, coronado en lo alto por la cabeza de un antílope africano. Le pareció raro: "¿Estás seguro? Vengo hace años. Jamás vi a un camionero".

Desde hace 15 años, el hotel Reviens aloja a turistas tradicionales de Pinamar que combinan la playa con el hidromasaje, la pileta climatizada con la ducha escocesa, el restaurante internacional con el gimnasio de última generación. Un rentable hotel VIP, que este verano cumple su segunda temporada como hotel sindical, aunque ni clientes ni afiliados camioneros parezcan muy al tanto del negocio. El jefe de la CGT, Hugo Moyano, se jactó del éxito de su operación inmobiliaria -lograda a fines de 2008- en su última aparición pública, en la inauguración simbólica del Hospital Antártida, en diciembre pasado. "¡Entre nuestros orgullos está el de tener el primer hotel gremial de Pinamar!", se ufanó el líder sindical ante LA NACION, en medio de una larga enumeración de beneficios exclusivos para camioneros. Insistía: "Cuando quieran ir, van a poder pagar lo mismo que un recolector de residuos".

Pero los afiliados a su gremio, por ahora, no conocen demasiado los lujos del Reviens. Dos encargados se encogieron de hombros para contestar si había pasajeros con descuentos gremiales. "Son pocos", respondió uno, pudoroso, temeroso de ser identificado. Después susurró: "Los descuentos se tratan directamente en las filiales. Pero acá el negocio es otro. Es de otro nivel".

A juzgar por los precios, los lujos del hotel de cuatro estrellas no parecen del todo populares. En enero, la habitación más barata cuesta 630 pesos por día. Una dúplex, 1020. En total, son 59 habitaciones: todas alfombradas, con aire acondicionado y cerraduras magnéticas. Las suites tienen hidromasaje. Cuentan aquí que, en la década del 90, supieron aprovechar esas bondades los hermanos Carlos y Eduardo Menem, entonces habitués de Pinamar.

En la Federación de Camioneros elogian los beneficios a los afiliados. Los ofrecen sólo para el interior del país. "En el Reviens, cada camionero paga sólo 150 pesos, con media pensión", detalló la encargada de las reservas en Buenos Aires, Roxana Torres. Pero evitó cuidadosamente hablar de la ocupación sindical: "No puedo darle ese número sin autorización".

LA NACION quiso hablar con la gerenta del hotel, María Ottaviano, para conocer la inversión y la presencia gremial. Ottaviano salió al lobby y se mostró dispuesta a dar respuestas hasta que supo las razones de las preguntas. "Ah, no. Yo pensé que venían a alojarse. De ese tema no tenemos nada para decir", contestó, se levantó del sillón y se escabulló en la sala de administración.

Un pasajero se sonrió a un costado. Esperaba en el lobby para ir a la playa. Había pagado 8000 pesos con su familia para alojarse menos de una semana. "Moyano es amigo del Gobierno y hace la de él, ¿no? Esto un negocio", decía, rodeado de pinturas: hasta mayo, en la planta baja hay una muestra de cuadros exclusivos, organizada desde Capital.

Ubicado en pleno centro, el hotel es la envidia de cualquier empresario. El nivel de ocupación es altísimo. Lo confirman los telefonistas en la línea directa destinada a las reservas: enero ya está todo completo, y para febrero quedan pocas habitaciones.
Clientes históricos

La mayoría de los pasajeros son clientes históricos. De sostenerse las reservas habituales, para fin de la temporada debería haber facturado por lo menos 2.500.000 pesos.

Aunque nadie sabe confirmar aquí cuánto pudo haber pagado la Federación de Camioneros por el complejo, los operadores inmobiliarios de la zona coinciden: para comprar un edificio de ese estilo se necesitarían al menos 3 millones de dólares.

El hotel está a 20 metros de la avenida principal, tiene una vista privilegiada y una larga tradición en servicios de primer nivel. Es uno de los pocos complejos que cuenta con un jardín privado con salida directa a la costanera, frente al mar. Los mismos operadores que hablan de cifras millonarias coinciden en otro detalle: con el hotel en funcionamiento, en menos de un lustro el propietario debería recuperar la inversión.

Desde hace años, el Sindicato de Camioneros dispone fondos propios para poner al servicio de este tipo de emprendimientos. El complejo hotelero más famoso del gremio está en Mar del Plata. Se llama 15 de Diciembre. Y lo inauguraron hace dos años Moyano y Néstor Kirchner, cuando todavía era presidente.

Allí, los precios sí son algo más populares. Ninguna habitación cuesta más de 150 pesos por día. Y su uso, como estilan la mayoría de los sindicatos, es exclusivo para afiliados. En Pinamar, en cambio, Moyano prefirió, a la vista del negocio, refinar los gustos.

La Nación


El tesoro de los gremios
Jorge Oviedo
LA NACION

Domingo 3 de enero de 2010

Néstor y Cristina Kirchner parecen entender el poder, entre otras cosas, como una cuestión de caja. Quien maneja la mayor cantidad de dinero es el que manda. Y quizá por eso han tratado a la poderosa CGT con tanto respeto: las obras sociales sindicales manejan el triple de dinero que el Ministerio de Salud. El enorme poder que administran reparte también muchas ganancias y ha sido en los últimos tiempos origen de operaciones oscuras, como las relacionadas con los medicamentos truchos. Por eso hay quienes creen que sólo existen dos alternativas posibles para evitar que la CGT sea un grupo de presión espectacular: que se termine con el sindicato único, como quiere la CTA, o que se prohíba la reelección indefinida de las conducciones, como quieren algunos empresarios y propone en conversaciones privadas Alberto Fernández.

Las obras sociales terminaron recaudando en 2009 unos 15.000 millones de pesos, con un crecimiento respecto de 2008 superior al 30%. Si la economía crece este año como se prevé en el presupuesto y la recaudación avanza cumpliendo los pronósticos, que el año pasado fracasaron, entonces la cartera de Salud contará con unos 5500 millones para su tema específico. Los sindicatos y sus obras sociales ya manejaron en el año de la recesión y el déficit fiscal una suma casi tres veces más alta.

Ese nivel de recaudación creció porque los Kirchner, en medio de la recesión, aumentaron la presión impositiva al hacer crecer casi al doble, en sucesivas medidas, el haber máximo sujeto a aportes.

Eso transformó en privilegiadas a las obras sociales, que en un contexto de caída del empleo e inflación lograron hasta noviembre último recaudar el 39% más que en los 11 primeros meses de 2008, según la AFIP. Para la Administración Nacional los recursos tributarios sólo crecieron en once meses el 1,3%; mientras que para las provincias la suba fue de sólo el 8,6%. Magros incrementos frente a una inflación que según las estimaciones privadas rondó el 15%.

Esa estructura de ingresos también permite a los sindicatos armar negocios conexos, como gerenciadoras de las mismas prestadoras de salud, empresas constructoras y, para Hugo Moyano, hasta formar una ART y una compañía aseguradora, ambas llamadas Caminos Protegidos.

Las obras sociales se financian con aportes que se recaudan de las remuneraciones de los más de seis millones de cotizantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La recaudación la realiza la AFIP y las transferencias, salvo para los casos de los programas especiales, son automáticas.

El enorme poder que eso les concede es lo que algunos discuten. La CTA quiere que haya más de un sindicato por actividad y tiene para ello un pronunciamiento favorable de la Suprema Corte. La CGT, con sindicalistas que se mantienen en las titularidades de sus gremios y obras sociales durante décadas, se niegan a ese recorte de poder.

Muchos empresarios tampoco ven con buenos ojos una división, porque creen que así se complicarán mucho las negociaciones. "La mala experiencia de empresas como Aerolíneas Argentinas, donde hay montones de sindicatos, es muy reveladora", dice un alto ejecutivo de una enorme empresa argentina. "Si encima hubiera más de un gremio por actividad, la cosa sería más complicada. El problema es que si no se puede disputar el poder desde adentro, la gente trata de agruparse afuera; los «Gordos» y [Hugo] Moyano se han quedado muchos años y se han hecho enormemente ricos. Eso es un gran problema", amplía el informante.

Por eso es que algunos creen que una forma de evitar las divisiones, cuyas intentonas han causado enfrentamientos violentísimos, es limitar los mandatos. "Nadie debería poder tener reelecciones indefinidas en organismos que se financian con recursos públicos", desliza a veces con picardía Alberto Fernández.

Las obras sociales dicen ser "de los trabajadores", pero se financian con un impuesto. Los trabajadores no pueden, por ejemplo, elegir no pagar las contribuciones. Son una carga, un gravamen. Sin embargo, los gastos no pueden ser auditados por el sector público, porque se dicen entidades privadas. Públicas, para recaudar; privadas, para gastar. Es una fórmula segura para hacer poco transparente el sistema.

La mayor cantidad de afiliados la posee la obra social que atiende a los empleados de comercio, que supera al millón. Ninguna otra pasa los 400.000.

Sin embargo, por los salarios menores en la actividad, está muy debajo del ingreso promedio por cotizante del sistema y que en 2008 fue, según los números de la AFIP y para meses en que no se paga aguinaldo, de alrededor de 180 pesos mensuales. La obra social del sindicato de Armando Cavalieri no llegó a los 120 mensuales.

En cambio, la obra social de los metalúrgicos, con un número de cotizantes que rondó los 150.000 tuvo en 2008 el mejor promedio, con 290 pesos.

Los camioneros tienen dos obras sociales, la de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas, presidida por Hugo Moyano, con unos 64.000 cotizantes y unos 239 pesos promedio mensual por cada uno, con sede en Caseros al 900; y la de Choferes de Camiones (Oschoca), también vinculada a Moyano, con unos 70.000 aportantes y unos 180 mensuales promedio y tiene sede en San José al 1700.

La Nación

"El fallo. Ayer, la Corte Suprema, en un histórico fallo que pone límites al monopolio sindical, resolvió que cualquier trabajador puede ser delegado gremial aunque no esté afiliado al sindicato.
A pesar de que el artículo 14 bis de la Constitución nacional garantiza la organización sindical libre y democrática, sucesivas leyes de asociación sindical otorgaron a las agrupaciones que tienen reconocimiento gremial del Estado muchas atribuciones que les niegan a otras asociaciones que sólo gozan de una simple inscripción. Por ejemplo, tienen el manejo del dinero de las obras sociales." (La Nacion)





La CGT dijo que el fallo de la Corte es "una cosa de locos" El secretario adjunto de la central obrera, el metalúrgico Juan Belén, calificó hoy el fallo de la Corte Suprema a favor de la libertad sindical como algo "fuera de todo sentido común"; "no sé en qué país está", enfatizó Miércoles 12 de noviembre de 2008 Como antesala de lo que sucederá mañana en la reunión del consejo directivo de la CGT, el secretario adjunto de la central obrera, el metalúrgico Juan Belén, calificó hoy el fallo de la Corte Suprema a favor de la libertad sindical como algo "fuera de todo sentido común, una cosa de locos". En declaraciones a DyN, Belén sostuvo que la decisión de la Corte "está fuera de toda lógica y es descabellada porque con el cuento de la libertad sindical se pierde de vista lo que significa la representación gremial: alguien que no está afiliado a un gremio no puede representar a nadie". "No sé en qué país está la Corte" enfatizó visiblemente molesto el dirigente y recordó que "en 1945, el general Juan Domingo Perón, definía a este tipo de figuras como poli fulleros". Y añadió: "Esta película, este mamarracho, ya lo vimos y les fue muy a los trabajadores cuando se alejaron de las medidas aconsejadas por Perón". Belén adelantó que mañana, cuando se reúna el consejo directivo de la CGT que lidera Hugo Moyano, "analizaremos en conjunto las medidas a adoptar". El fallo. Ayer, la Corte Suprema, en un histórico fallo que pone límites al monopolio sindical, resolvió que cualquier trabajador puede ser delegado gremial aunque no esté afiliado al sindicato. A pesar de que el artículo 14 bis de la Constitución nacional garantiza la organización sindical libre y democrática, sucesivas leyes de asociación sindical otorgaron a las agrupaciones que tienen reconocimiento gremial del Estado muchas atribuciones que les niegan a otras asociaciones que sólo gozan de una simple inscripción. Por ejemplo, tienen el manejo del dinero de las obras sociales. Otra de esas facultades fue, hasta ayer, la de ejercer con exclusividad la representación de los trabajadores ante las empresas. El máximo tribunal, en una sentencia que, invocando numerosos tratados internacionales, introduce la cuña de la libertad en el sindicalismo, declaró inconstitucional el artículo 41, inciso a, de la ley 23.551. La resolución, firmada por seis ministros de la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti, recayó en la causa ATE, un gremio afiliado a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Mientras Hugo Yasky, secretario general de la CTA, afirmó que "marca un antes y un después", Julio Piumato, dirigente de la CGT, lo calificó como "un verdadero disparate con intencionalidad política que busca fragmentar el movimiento sindical".
Advierten que el fallo por la libertad sindical podría complicar las negociaciones salariales Especialistas consultados por lanacion.com plantearon que se podrían multiplicar los actores que pretendan participar en las paritarias y que habrá más enfrentamientos entre gremios; no obstante, elogiaron la medida y cuestionaron la reacción del Gobierno Miércoles 12 de noviembre de 2008 Por Lucrecia Bullrich De la Redacción de lanacion.com lbullrich@lanacion.com.ar "Muchos hablan de que el fallo de la Corte es un ataque al corazón sindical, pero nadie habla del golpe al corazón de las empresas". La frase sintetiza la reacción que la resolución del máximo tribunal, -que ayer estableció que cualquier trabajador puede ser delegado gremial aún sin estar afiliado a un sindicato-, generó entre especialistas en derecho laboral. Los abogados consultados por lanacion.com no dudaron en elogiar la decisión de la Corte Suprema y en destacar que se trata de un "avance importantísimo" en materia de respeto por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, como el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que invoca el fallo del máximo tribunal. No obstante, coincidieron en que, tendrá efectos "no deseados" como un inevitable aumento de la conflictividad sindical, mayores enfrentamientos hacia adentro de los gremios y mayores dificultades para negociar salarios. Además, enmarcaron todas estas posibles consecuencias en el panorama económico sombrío que diagnosticaron para el año próximo. Más comensales, la misma torta. "En vez de negociar con uno o dos gremios, las empresas van a tener que hacerlo con todos los que quieran ejercer el derecho de ser delegados. Se va a multiplicar la cantidad de voces. No sólo se perjudicará el empresario, sino también el nivel de actividad y más si pensamos en un año crítico como va a ser el 2009", planteó el abogado laboralista Mario Biscardi. El especialista apeló a una imagen para graficar su pensamiento. "Es muy simple, va a haber más comensales para sentarse en la misma mesa y frente a una torta más chica. Es como si se ampliara la fumata que elige al Papa", explicó. Sin embargo, no descartó que el Ministerio de Trabajo elabore "algún tipo de reglamentación" que ordene la relación entre los sindicatos. Sobre todo, porque no dudó en que, a partir del fallo de la Corte "va haber más gremios". También vaticinó que, en este marco de mayor segmentación sindical, "no va a ser nada fácil manejar la convivencia" entre viejos y nuevos gremialistas. Paritarias ampliadas. Marcelo Aquino, por su parte, consideró que la primera consecuencia palpable del cambio que supone el fallo de la Corte se notará en la conformación de paritarias para la negociación de salarios. "Sin duda, va a cambiar la estructura de las paritarias. Habrá que ver qué criterio adopta el Ministerio de Trabajo, pero lo más probable es que los nuevos representantes sindicales pidan formar parte de la paritaria para negociar los convenios colectivos, y van a estar en todo su derecho", advirtió el laboralista. El también especialista en derecho laboral, Juan Carlos Mariani, destacó que, aunque se refiere únicamente a la situación de los delegados gremiales, el fallo de la Corte, "deja abierta la puerta" para que "se avance" sobre otros puntos que consideró cuestionables de la ley de asociaciones sindicales (23.551). "Esta es la punta del iceberg", resumió. Además, coincidió con sus pares en que se extenderá el número de actores que pidan intervenir en las negociaciones, lo cual, aseguró "terminará afectando a los empresarios". "Si mañana una nueva asociación sindical se presenta y pide participar en una negociación colectiva le van a tener que dar espacio y los empleadores van a terminar siendo los patos de la boda. Si cualquier organización puede elegir delegados, puede llegar a pasar que haya tantos delegados como sindicatos". Adaptar el resto. En este punto, Mariani señaló que aunque el fallo "es muy elogiable" habrá que encarar una "transformación profunda" del resto del sistema legal que regula las relaciones laborales. "La decisión de la Corte es histórica. Pero no podemos negar que se da de patadas con el resto del sistema legal argentino, que se armó en función de los sindicatos de representación única y organizados por actividad. Va a haber que readaptar toda la legislación", indicó. Al igual que sus pares, Mariani vislumbró un "aumento" de la conflictividad sindical que impactará de lleno en las negociaciones salariales. "Sin duda, esto va a generar una competencia feroz entre sindicatos que irremediablemente se va a trasladar al terreno de las negociaciones con el Gobierno", opinó. Competencia interna. También Juan José Etala diagnosticó una "inevitable superposición de delegados" y se preguntó: "Queda claro que esto aumenta la libertad sindical, pero ¿con quién va a negociar el empresario? ¿Cómo se van a unificar los criterios de negociación?". El abogado añadió que, en lo concreto, el fallo provocará problemas para las empresas "en el día a día". "Se van a acumular las protecciones gremiales que tiene que otorgar la empresa y las negociaciones se van a volver más complejas. Además, los gremios van a empezar a competir para ver quién consigue más. Veo un panorama muy complicado y conflictivo", alertó. Visión oficial. Tanto Biscardi como Aquino cuestionaron la evaluación del fallo que ayer hizo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, según la que no correspondería "extrapolar" la decisión de la Corte al área privada. "El fallo alude a la ley de asociaciones gremiales, por lo que la separación tajante entre público y privado no existe. Rige tanto para uno como para otros. La declaración de inconstitucionalidad [que hizo la Corte] es hacia un articulo de una ley general como la 23.551 que no plantea una distinción en ese sentido", retrucó Biscardi. Aquino apeló al mismo argumento. "El fallo alude a la ley de asociaciones sindicales que se aplica tanto para el sector público como para el privado. La Corte no aclara que la declaración de inconstitucionalidad sea sólo para las asociaciones públicas, por lo que la doctrina del fallo podrá hacerse valer judicialmente aún para sindicatos que representan trabajadores del sector privado", concluyó.
Adrián Ventura Justicia Una cuña en el monopolio gremial Adrián Ventura Noticias de Política: anterior | siguiente Miércoles 12 de noviembre de 2008 La Corte Suprema de Justicia, mediante un muy importante fallo, abrió una cuña en el modelo sindical y dio un primer paso para restablecer la libertad sindical, que está garantizada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En primer lugar, cabe destacar que el tribunal se animó a enfrentar a los sindicatos con representación gremial, que con el correr de los años se convirtieron en grandes corporaciones que gozan del respaldo del Gobierno y del peronismo. Desde ese punto de vista, la decisión de la Corte es una muestra más de una creciente independencia respecto del poder político actual. El tribunal, en los últimos años, dictó importantes sentencias: los casos Río Negro, en el que prohibió distribuir arbitrariamente la publicidad oficial; Luis Patti, en el que ordenó incorporar al ex comisario a la Cámara de Diputados; el caso del Riachuelo, en el que estableció obligaciones y multas para la autoridad de cuenca, y el caso Badaro, en el que ordenó al Congreso restablecer la movilidad jubilatoria. El reciente fallo del caso de ATE avanza en esta misma línea. * * * En la Argentina, la ley 23.551 estableció un régimen que permite la coexistencia de varios sindicatos por actividad, pero donde sólo el más representativo de ellos recibe del Gobierno personería gremial. Este privilegio implica que el gremio favorecido goza de la posibilidad de hacer retenciones salariales, administra las obras sociales, negocia convenciones colectivas de trabajo, recibe exenciones impositivas y, hasta ahora, tiene el monopolio de la representación gremial. De todas esas atribuciones, ayer las grandes obras sociales perdieron sólo la última. Por cierto, el fallo no pone en jaque a las dirigencias de los gremios y sólo introduce la libertad sindical en la representación gremial de las empresas. Pero es un primer paso muy importante para restablecer el modelo de libertad sindical tal como lo interpreta la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y, por otro lado, como advierte Mario Ackerman, miembro de la Comisión de Expertos de la OIT, el fallo hace "algunos señalamientos sobre el modelo sindical". En efecto, la sentencia reiteradamente sostiene que la personería gremial que pueda obtener el sindicato más representativo en modo alguno puede significar que la ley le reconozca privilegios. Esa sí es una lanza blandida directamente sobre el corazón del sistema sindical, que va más allá de la decisión del caso y que anticipa otras sentencias del mismo tenor. Esas limitaciones -concluye la Corte en su fallo histórico- no resultan necesarias en una sociedad democrática.
Editorial I Un paso hacia la libertad sindical Jueves 13 de noviembre de 2008 En un fallo histórico que debería mover al Poder Legislativo argentino a adecuar nuestras leyes al principio de libertad sindical que reconoce la propia Constitución nacional, la Corte Suprema de Justicia señaló que no es necesario pertenecer a un sindicato con personería para ser delegado gremial. Si bien la sentencia del máximo tribunal de la Nación se refiere exclusivamente a un caso entre dos gremios estatales, cobra especial importancia porque declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley 23.551 de asociaciones sindicales según el cual se requiere estar afiliado al respectivo sindicato con personería gremial para ser delegado en representación de los trabajadores y ser elegido en comicios convocados por esa misma entidad. La Constitución nacional consagra, en el artículo 14 bis, el principio de la libertad sindical, reafirmado en muchas oportunidades por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nuestro país integra. Pese a eso, rige en la Argentina desde hace décadas un régimen de afiliación sindical coercitivo, monopólico y de raíz fascista en función del cual el Estado otorga la llamada personería gremial a un solo sindicato por rama de actividad. Si se siguiera fielmente el principio tomado por nuestra Ley Fundamental, cualquier trabajador en relación de dependencia podría asociarse como mejor le convenga para la representación de sus intereses específicos. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, recogidos por el texto constitucional, confieren a la libertad de asociación gremial un rango superior entre los derechos de la persona. Insólitamente, ninguno de los gobiernos democráticamente elegidos desde 1983 hasta hoy ha bregado seriamente para terminar con este sistema de virtual monopolio sindical. Cabe recordar que en sus últimas asambleas la OIT exhortó a las autoridades nacionales a dar los pasos indispensables en materia legislativa para desmontar el actual sistema legal corporativo, que sólo reconoce a un sindicato por rama y a una única central obrera. En tal sentido, debe tenerse presente que el gobierno kirchnerista ha perdido la oportunidad de demostrar su respeto por el pluralismo sindical, que algunas veces proclamó, al demorar inexplicablemente el reconocimiento de la personería gremial a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y convalidar el monopolio de la tradicional CGT, liderada por Hugo Moyano. Por cierto, los nulos avances registrados en materia de libertad sindical no son responsabilidad exclusiva del actual gobierno. Si bien durante la gestión de Raúl Alfonsín se impulsó, sin suerte en el Congreso, un proyecto de ley para incluir a las minorías en la conducción de las entidades sindicales y para que hubiera más de un gremio por actividad, en 1988 ese mismo gobierno negoció con el sindicalismo peronista la ley de asociaciones sindicales que consolidó el monopolio gremial y que ahora ha sido objetada por el Poder Judicial. La libertad sindical ha sido, durante todos estos años, la cenicienta de las libertades públicas en la Argentina, al convalidarse un régimen monopólico para la representación y defensa de los intereses laborales que ha terminado confundiendo al sindicato con un partido político y debilitando la democracia. Es destacable que la Corte haya revalorizado un principio como el de la libertad sindical, por muchos años ignorado por sucesivos gobiernos, pese a demandas que hasta la OIT le formuló al país en reiteradas ocasiones. Y vale subrayar este fallo del alto tribunal, que se suma a otros recientes, tales como los vinculados con el restablecimiento de la movilidad de las jubilaciones o con los límites a la delegación de atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo, por cuanto exhibe un respeto por las instituciones que no se advierte a menudo en el poder político.
Joaquín Morales Solá | Ver perfil Un mundo lleno de malas noticias Joaquín Morales Solá Domingo 16 de noviembre de 2008 EL Fondo Monetario se fortalecerá en el futuro y, seguramente, también cambiará. La Argentina no entra en los planes actuales ni futuros del organismo. Palabras de Dominique Strauss-Kahn. El Banco Mundial confeccionó una lista con sus países prioritarios en América latina. La Argentina no figura en un lote de cinco naciones latinoamericanas. Documento oficial del organismo. Nadie llamó a Cristina Kirchner para coordinar posiciones en la reunión cimera de Washington sobre la crisis financiera internacional. Por el contrario, la Presidenta tuvo escollos insalvables para concretar reuniones bilaterales con los principales líderes mundiales que viajaron a Washington, salvo la perseverante excepción de Lula. Dirigentes internacionales importantes, que conversaron en tiempos recientes con los gobernantes argentinos, se sorprendieron por el grado de desinformación e ideologización de los Kirchner. La Argentina tardará mucho en recuperar la confianza , pronosticó un altivo diplomático extranjero. El problema no es la economía, aunque también lo sea, porque el mundo está lleno de esos conflictos. El problema central es que cualquiera cree cualquier cosa sobre lo que el gobierno argentino podría hacer, hasta un eventual nuevo default. Afuera, muchos creen que la Argentina camina hacia ahí, segura. Hay cosas que no se perdonan en momentos de convulsión universal. Una de ellas es, sin duda, que un país haya decidido echarle más leña al fuego en lugar de ayudar a sofocar el incendio. Es lo que los Kirchner hicieron cuando estatizaron los fondos de pensión y hundieron durante varios días a mercados bursátiles del exterior. Hay, además, una ausencia de instituciones cuando la agencia de recaudación impositiva convierte a los bancos en delatores de un servicio de inteligencia del Estado. En eso consistió una circular de la AFIP enviada a siete bancos para que le informen sobre las operaciones de depósitos, de plazo fijo y de apertura de cajas de seguridad. La AFIP se ha convertido en el brazo armado de Guillermo Moreno. Es obligación del Estado tener información sobre el dinero que circula, pero no puede hacer de esa información una herramienta de extorsión. Más importante que todo eso es la audacia de hamacarse en la cornisa. El sistema financiero argentino ha demostrado estar más sólido que lo que se creía: aguantó hasta ahora todas las balaceras a las que lo sometió el Gobierno desde que se asustó con la crisis financiera internacional. Se asustó con razón: el gobierno de los Kirchner deberá modificar políticas y relaciones en los próximos tiempos (con el Fondo Monetario, con Europa y con los Estados Unidos) o deberá enfrentar una fuerte recesión y el consecuente desempleo. Los tiempos de encendidas oraciones aislacionistas han concluido junto con la bonanza de la economía. ¿Podrán los Kirchner reconstruir las instituciones? Hay una formación política que actúa contra toda posibilidad de cambio. En un solo párrafo, Néstor Kirchner mostró la radiografía de su concepción republicana. Respondió a los periodistas que él no opinaba sobre las decisiones de la Corte Suprema porque es respetuoso de la división de poderes y porque tiene el cargo de presidente del justicialismo. El ciudadano Néstor Kirchner, y ahora es sólo eso, puede opinar sobre las resoluciones de la Justicia. Y el Partido Justicialista no forma parte, que se sepa al menos, de los poderes del Estado. Kirchner no quiso hablar sobre la decisión de la Corte de declarar la libertad sindical porque simplemente la noticia lo hirió. El tribunal no sólo declaró inconstitucional un artículo de la ley sindical. También lo corrió al Gobierno por donde más le duele: le recordó que estaba desconociendo varios tratados internacionales sobre derechos humanos y sociales incorporados a la Constitución en 1994. Hugo Moyano y Luis Barrionuevo son hijos también de una determinada formación. Para ellos, la conspiración forma parte de la vida y no sólo de la política. Creen que algún kirchnerista anduvo detrás del fallo de la Corte. En rigor, fue un dictamen de un secretario del tribunal, el de asuntos laborales, que todos los jueces firmaron sin hablar previamente entre ellos. Sólo Carmen Argibay no emitió opinión. El propio procurador general, Esteban Righi, se pronunció en el sentido que lo hizo la Corte, pero respaldado en razones jurídicas más coyunturales, no en la definitiva inconstitucionalidad. La Corte no ignoraba lo que estaba haciendo, pero prefirió hacerlo cuanto antes porque temió que una postergación de la resolución la sometiera a intensas presiones políticas y sociales. Punto. No hubo nada más que eso. Ningún gobernador ni legislador peronista objetó la decisión de los máximos jueces. Dos magistrados que firmaron la sentencia, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, han militado en el peronismo, pero también han evolucionado hacia la comprensión de un sistema político y social más plural. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, trató de morigerar el impacto cuando dijo que el tribunal había resuelto nada más que sobre los gremios estatales. No es cierto. El ar-tículo declarado inconstitucional se refiere a todos los sindicatos. El Gobierno deberá ahora modificar la ley sindical. Ya hay movimientos en ese sentido de parte de senadores netamente kirchneristas. Serán seguramente mezquinos con la diversidad porque temen la reacción de los grandes gremios, a pesar de que Kirchner le dio a Moyano la administración de los monumentales recursos de las obras sociales. Pero eso, el control de abundante dinero, es una de las dos condiciones indispensables para la conservación de la estructura sindical; la otra condición es el sindicato único, que acaba de tumbar la Corte Suprema. Sea como fuere, lo cierto es que el máximo tribunal mostró al trasluz la obsolescencia de un sistema construido hace ya 60 años. Para peor, en el año próximo habrá elecciones y los gremios siempre han hecho su contribución, a favor o en contra. Esto terminará a los tiros , dramatizó un diputado peronista cuando imaginó el tratamiento de una nueva ley sindical. Los sondeos oficiales para el año electoral no son buenos. Podría perder entre siete y nueve senadores del total de 15 peronistas que renovarán mandato. El oficialismo perdería, así, la mayoría absoluta de la Cámara Alta. En la Cámara de Diputados las cosas podrían ser más graves: ahí se renueva la mitad de la Cámara y se elegirán diputados en todas las provincias. En cambio, el Senado renovará sólo un tercio y comprenderá sólo a ocho provincias. La oposición, a su vez, comienza a moverse en una dirección más sensata. El radicalismo y Elisa Carrió parecen haber entendido que no pueden repetir la experiencia de una extrema fragmentación. Los dos se reunirán con el socialismo dentro de diez días para avanzar en un acuerdo electoral. Un peronismo no kirchnerista empieza a despuntar en la concluyente Buenos Aires. Felipe Solá, Francisco de Narváez y Eduardo Duhalde urden una propuesta distinta de los Kirchner. Solá se irá mañana del bloque oficialista para integrar un interbloque de 20 diputados peronistas no kirchneristas. Primer paso. Sindicatos, oposición y peronismo ya no serán como fueron para los Kirchner. La hostilidad política que asedia al matrimonio gobernante es más amplia que la de un mundo ciertamente desconfiado y glacial. La Nacion
Tras el fallo por la libertad sindical, la Corte no respondió los embates políticos Por Adrián Ventura Especial para lanacion.com Martes 18 de noviembre de 2008 La Corte Suprema prefirió no contestar la amenaza que hizo el diputado Héctor Recalde sobre la posibilidad de iniciar un juicio político a los ministros del alto tribunal, quienes la semana última dictaron un fallo en contra del monopolio sindical. El tribunal hizo bien: la amenaza de Recalde duró poco y el legislador, en menos de 24 horas, se desdijo. La semana última, el máximo tribunal, en el caso ATE, resquebrajó el monopolio sindical y decidió que, para ser delegado de los trabajadores en una empresa, no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial. Durante el habitual acuerdo de ministros de los martes, los jueces conversaron sobre el impacto que produjo el fallo sobre el sector político, el gremialismo y los empresarios. Sin embargo, los jueces le restaron toda importancia al malestar que la sentencia produjo en esos ámbitos. Algún alto funcionario del tribunal estimó que es hora que los popes del sindicalismo se den cuenta de que no pueden seguir atados a estructuras y modos sindicales de los años cuarenta. Por otra parte, la embestida que había largado Recalde contra la Corte duró poco y el mismo diputado dijo que jamás se le ocurriría promoverlo. En realidad, la amenaza no tuvo eco alguno entre sus colegas de la Cámara baja, algunos de los cuales ya presentaron varios proyectos de ley a favor de mayor libertad sindical.
El escenario Avanza una reforma de las obras sociales Carlos Pagni Para LA NACION Lunes 24 de noviembre de 2008 Mientras los presagios de una inquietante crisis social aparecen aquí y allá, Néstor Kirchner se dispone a pactar con la CGT de Hugo Moyano varias medidas que desalienten la fuga de afiliados de las obras sociales a las empresas de medicina prepaga. En las próximas semanas, entonces, Kirchner reforzará la cautividad de los trabajadores en el sistema sindical de salud. Al mismo tiempo que se negocia este acuerdo con la CGT, en varias oficinas del Gobierno se estudian otras reformas para que la Superintendencia de Salud reemplace a las obras sociales en la contratación de prestaciones e insumos. Esas medidas no servirán a un entendimiento. Al contrario, serán materia de negociación y, si se concretan, de guerra. Porque al insinuar una progresiva estatización del sistema, amenazan el poder de los gremios con un recorte superior al que efectuó el fallo de la Corte Suprema en favor de la libertad sindical. Sería un error desvincular un programa de otro. Kirchner parece estar ensayando una estrategia de azúcar y rebenque para relacionarse con los gremios durante la crisis. Las restricciones que se impondrán ?probablemente a comienzos del mes próximo? a la desregulación del sistema de obras sociales fueron motivo hace 15 días de una reunión de Graciela Ocaña con Armando Cavalieri, secretario de Acción Social de la CGT. Cavalieri dejó sobre el escritorio de la ministra de Salud el viejo inventario de reproches al régimen por el cual los afiliados pueden transferir su aporte a obras sociales cuyo único servicio es ofrecer los planes de cobertura de compañías privadas. Ocaña se comprometió a eliminar el defecto central que denuncian los gremios: como esas transferencias no tienen límites, las prepagas terminan capturando a los contribuyentes más valiosos del sistema, que son los mejor remunerados y los más sanos. En la jerga sanitaria esa operación se conoce como "descreme" y supone, para los defensores del régimen sindical, una quiebra en el principio de solidaridad, ya que en las obras sociales sólo permanecen los empleados de menores aportes. Ese argumento de los gremialistas suele ser, a la vez, recusado: la solidaridad es mínima porque rige sólo en los límites de un gremio y, aun así, no asegura servicios de la misma calidad en todo el país. Es decir, es sólo una coartada para evitar la competencia, en detrimento de la calidad. Dilemas Ocaña suele sostener que estos dilemas sólo se superarían con un cambio radical del modelo de administración de la salud. Mientras tanto, sus colaboradores estudian las pretensiones sindicales. Una consiste en obligar a quienes se incorporan al mercado laboral a mantenerse en la obra social de su actividad durante un año. Otra sería suspender los pases por un tiempo, para después habilitarlos, en un período breve, sólo una vez al año. Los que cambien deberían dejar una parte de su aporte en la entidad de la que migran. Las comisiones que cobran las obras sociales que sirven de puente hacia una prepaga no podrían superar los gastos administrativos. Y no podrían incrementar su padrón de afiliados en más del 20%. Este pacto de Kirchner con los gremios inspira tenebrosas fantasías en los ejecutivos privados. Guillermo Moreno ya habría dado la pista de una embestida del oficialismo la semana pasada, cuando le dijo al accionista de una prepaga líder: "Pórtense bien con los precios porque después de las AFJP vienen ustedes". Con las medidas que estudia Ocaña los sindicalistas acaso encuentren un alivio para el daño que les provocó la Corte. Pero también cabe sospechar que las concesiones de Kirchner sean una gigantesca dosis de anestesia para que resulte menos traumática la cirugía que también se prepara en varias dependencias del Gobierno. Ocaña ya mostró el bisturí a los sindicatos. Después de reemplazar a Héctor Capaccioli por Juan Rinaldi en la Superintendencia, y de tomar allí el control de las principales gerencias, anticipó que depurará los padrones de las obras sociales. Esos listados incluyen a trabajadores que hace años dejaron de serlo por el desempleo, la jubilación y, aun, la muerte. En febrero de 2004, por ejemplo, computaban 14.279.407 afiliados pero la AFIP recaudaba por sólo 7.150.885. Así se justifican expedientes fantasma, elaborados para extraer recursos del sistema sin contraprestación, como en el caso de las droguerías. La cantidad de beneficiarios determina el costo de casi todos los contratos de las obras sociales. Esa normalización no sería la reforma más agresiva para Moyano. A las órdenes del titular del PAMI, Luciano Di Césare, un equipo estudia un sistema unificado de compras. El jefe de asesores de la ministra, Ignacio Katz, también trabaja para concentrar la adquisición de drogas oncológicas y servicios de diálisis. Por su parte, el gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia, Gustavo Santero, entró en contacto con fabricantes de prótesis para elaborar un nomenclador que estandarice esas compras. Estos movimientos estimulan un interrogante: ¿por qué detenerse en drogas, prótesis y diálisis? ¿Por qué no centralizar con protocolos transparentes y licitaciones universales el acceso a todos los insumos? Si el Gobierno fuera en esa dirección, pondría en riesgo el poder que obtienen los sindicatos de ser los principales contratistas en el mercado de la salud. La existencia de las obras sociales pendería de un hilo: si el Estado, desde la Superintendencia, elige al proveedor, determina el producto y decide el precio, ¿qué razón de ser tendría el enorme aparato administrativo que controlan los gremios? Hay gerentes del sistema de obras sociales -algunos vinculados a Cavalieri- que ya fueron asaltados por estas dudas. El avance sobre las AFJP y el fallo de la Corte compusieron un cóctel que llevó a gremialistas a sospechar si Kirchner no habrá puesto la mira sobre los más de 15.000 millones de pesos que ellos administran cada año como prestadores de salud. Sobresaltado por esta pesadilla, el titular de una federación de servicios se preguntó ante LA NACION: "La recaudación ya está en manos del Estado, a través de la AFIP. ¿Y si un día nos dicen que los fondos no se reparten más porque el Gobierno se hará cargo de todo?". La crisis con que amenaza la recesión será decisiva para un sindicalismo ajeno a cualquier renovación. Para algunos la tormenta podría terminar con todo un plantel de gremialistas, igual que en 2001 pasó a retiro a una colección completa de políticos. Las reformas que se estudian agigantan esa incógnita. Ahora hay que preguntarse si Kirchner actuará para que esa amenaza se despeje o si, en cambio, sacará provecho de ella para embestir contra la única corporación a la que todavía no le ha faltado el respeto. La Nacion
Entrevista con Luis Barrionuevo "Un sindicato no es un convento de carmelitas" Enfrentado con el kirchnerismo, el dirigente gastronómico se despacha a gusto en un diálogo imperdible: dice que los Kirchner van a ir presos y asegura que logrará desplazar a Hugo Moyano de la conducción de la CGT Por Ricardo Carpena Domingo 30 de noviembre de 2008 Se advierte a los lectores impresionables que la siguiente nota contiene muchas escenas de barrionuevismo explícito. En este momento termina el horario de protección al lector y la permanencia ante el diario (y ante el dirigente políticamente más incorrecto de la Argentina) queda bajo la absoluta responsabilidad de los lectores. * * * Se podría entender que un reportaje a Luis Barrionuevo comience con semejantes prevenciones. Después de todo, es el que se incineró en las llamas de su confesión de que nadie en la Argentina, empezando por él, había hecho la plata trabajando. O que había que dejar de robar dos años para salir adelante. El líder del gremio gastronómico que trabajó sólo dos años de mozo. El dueño de la patota sindical. El que se definía como "recontraalcahuete" de Carlos Menem y que durante su gobierno manejaba, desde el ente que regulaba las obras sociales, una caja de 30 millones de dólares mensuales. Fue, también, el poder detrás de varias intervenciones en el PAMI. El mandamás de Chacarita Juniors y de sus temidos barrabravas. El amigo del Coti Nosiglia y de Bernardo Neustadt. El que quedó asociado con la quema de urnas en las elecciones de Catamarca, en 2003. El que, por esos disturbios, estuvo a punto de perder su banca de senador nacional, pero que finalmente fue salvado por el PJ y una frepasista. El actual diputado nacional y jefe de una fracción disidente del sindicalismo que agrupa a unos cincuenta gremios, la CGT Azul y Blanco, enemiga a muerte de Hugo Moyano. En la entrevista de una hora y 40 minutos con Enfoques, en su oficina del sindicato gastronómico, en Avenida de Mayo al 900, el polémico Barrionuevo negó sistemáticamente su relación con cualquier hecho violento en que se lo haya involucrado: "Trato de hacerme respetar, pero no soy violento", dijo. No obstante, admitió que "hay violencia hasta en la Ucedé y un sindicato no es un convento de las carmelitas". Además, afirmó que alienta la renovación sindical, pero bromeó con que nunca piensa en irse del gremio porque tendría que "volver a agarrar la bandeja" y advirtió: "Esta es mi vida. Que me ganen las elecciones". Crítico como nunca, anticipó que "en no mucho tiempo" intentará desplazar a Moyano de la conducción de la CGT y, sobre todo, se mostró implacable en su ataque contra los Kirchner, sobre quienes vaticinó que "van a ir presos" porque, dijo, "no hay presidente que haya delinquido y robado tanto como en este gobierno". -¿Por qué no le gusta Cristina Kirchner? -Me defraudó. La veía una mujer vehemente, inteligente, a pesar de que nunca tuvo experiencia en la gestión. Siempre fue una legisladora mediática. A esta altura, llegando al año de gestión, diría que es un fracaso total porque ella no es la Presidenta. Sigue siendo presidente su esposo. Ya en enero dije en Mar del Plata que se venía una inflación del 30 por ciento y que era lamentable que no hubiera asumido con un gabinete nuevo. -¿Qué pretende Néstor Kirchner? -(Piensa) El enemigo público número uno que tuvo y que tiene Cristina se llama Néstor Kirchner. Le dejó un gabinete totalmente sospechado de corrupción... Creo que van a ir todos en cana. Después le dejó los conflictos de la corrupción, de la inflación, de la prensa. Le ha dejado una herencia difícil de domesticar. Es que los Kirchner son comos los chicos: no tienen noción del peligro. Por eso están cada vez más solos. Lo que tenemos hoy es un gobierno sin crédito político. -¿Este gobierno es peronista? -(Piensa) Para mí, nunca lo fue. Fui el primer peronista al que vino a buscar Kirchner para llevárselo puesto. Me quisieron echar del Senado acusándome de que había quemado las urnas en Catamarca. Nunca se pudo probar... -Pero usted es autor de algunas frases que parecieron una invitación a quemar las urnas: "Si no se ponen las boletas del justicialismo nos llevamos las urnas a las unidades básicas y votamos allí", por ejemplo. -Es cierto, son frases que se dicen en la campaña, en la calentura. Lo que pasa es que no es fácil hacer oposición a un gobierno en una provincia como Catamarca, donde hay pobreza total y donde se manejan con muchas prebendas. -Como peronista ortodoxo, ¿le preocupa que haya algunos montoneros tan cerca del poder? -Pero algunos son de pacotilla, hay que ver quiénes son montoneros. Algunos mienten. Nunca tuve problemas de raza, de credo. Soy apostólico, cristiano... y peronista. Allá ellos. -¿Y no hay nada que le guste de este gobierno? - Antes teníamos un Kirchner que, no lo voy a negar, era un tipo que laburaba. Por supuesto dentro de lo que era su unicato. El error de Kirchner es no haber tenido un gabinete: tuvo empleados. A partir de allí él se equivocó creyendo que era el superministro de todos los ministerios. No conozco ningún gobierno en el que se haya delinquido y se haya robado tanto como en éste. Ningún presidente que haya tenido amigos, entre comillas, en las empresas más importantes que dominan el juego, el agua, el gas, los bancos, la electricidad, las obras públicas... -Pero usted habla como si no hubiera existido el gobierno de Carlos Menem, envuelto en muchos escándalos de corrupción y con muchos funcionarios procesados... - Hubo hechos de corrupción y están siendo juzgados... -¿Ahora hay más? - Totalmente. Del gobierno de Menem hay un montón de funcionarios procesados y que estuvieron en cana. Y de este Gobierno van a ir unos cuantos. En la cárcel va a haber una "pingüinería". La hipocresía de los Kirchner llevó al hartazgo por esto de que por izquierda defienden los derechos humanos y por derecha malversan fondos. -¿Y qué piensa de Moyano? - También me defraudó. No se olviden de que soy el que impulsó la conducción de Moyano al frente de la CGT. Necesitábamos una CGT fuerte porque sabía que los Kirchner iban a venir por nosotros, los sindicalistas. Pero lamentablemente hubo un manejo unipersonal de Moyano, que empieza a adueñarse de afiliados de otras organizaciones sindicales. Un gravísimo error. Como cuando acuerda el tope salarial del 16,5% en 2007 y del 19,5 en 2008, que fue en desmedro del salario de los trabajadores. Hoy vas a pedir que te reabran las paritarias y te dicen: "¡Ni loco!". -¿Cree que Moyano es más fiel a los Kirchner que a los trabajadores? - Moyano se está dando cuenta de que él cometió errores que perjudican la lucha por reivindicaciones salariales que él emprendió en su momento. Pero cuando se hace socio de los Kirchner deja de lado eso y lo que hace es ponerse al servicio del Gobierno. Lo que pasa es que ahora él conoció el poder y no lo compartió con la CGT. No tuvo suficiente capacidad e inteligencia para compartir. Eso lo llevó a ser hoy secretario general de la CGT por casualidad. No va a pasar mucho tiempo hasta que barajaremos y demos de nuevo y así tendremos una nueva conducción de la CGT, que no será de Moyano ni de Barrionuevo. -Me parece que hay un paralelismo entre ambos. Usted fue el Moyano de Menem, defendiendo el modelo a rajatabla, disfrutando el poder... - No, no, para nada [molesto]... No disfruté de las mieles del poder de Menem. Al año y medio me fui del gobierno y en mi gestión en la Ansal [ N. de la R.: que administraba la plata de las obras sociales] compartí con todo el movimiento obrero. Normalicé todas las obras sociales. Todas. Y sin pedir un mango de coima a ningún sindicato. Por eso camino con la frente alta. -Pero usted también avaló las privatizaciones, su gremio participó del negocio de las AFJP... - El tema privatizaciones no lo avalé. Quienes asumieron esa responsabilidad fueron los propios gremios del Estado... -Usted no era una voz crítica, acompañó las políticas de Menem... - ¡Pero cómo no las voy a acompañar si prácticamente yo soy el que hice a Menem! Lo que pasa es que al año y medio tuve problemas y me pelée con algunos funcionarios. Fundamentalmente con Cavallo [Domingo]. Con él nunca compartí nada. Lo mismo que con Kirchner: había un problema de piel y sabía que nos llevaba al hundimiento total. Varios gremios formamos parte de algunas AFJP, pero nosotros vendimos nuestra parte porque sabíamos que iba al fracaso. Estoy de acuerdo con que se eliminen las AFJP, pero no con que la plata la administre Kirchner. Si tenés superávit, hay que darle la plata al jubilado. A Kirchner no le daría ni una moneda para que me la cuide. Si todavía no trajo al país los fondos de Santa Cruz... -¿Qué le parece el reciente fallo de la Corte Suprema en contra del monopolio sindical? - No va a tener ningún efecto práctico. Además, si se aplica es perjudicial para el empleador. -¿Por el grado de atomización que generará en el sindicalismo? - Claro, van a aparecer muchos delegados sin ningún tipo de agremiación, inorgánicos. Le pongo un ejemplo: Aerolíneas tiene 10.000 trabajadores y siete gremios. Arreglás el conflicto con seis y no con los pilotos, y no tenés aviones. Lo mismo le pasa a Macri con los docentes. Esto lleva a una anarquía total. -También puede interpretarse que lleva a una mayor libertad sindical, en contra del aparato tradicional... - Nooo... Mirá, acá vamos a elecciones cada cuatro años. Cuando aparece alguien con capacidad dentro del gremio, yo lo aliento, lo instruyo, porque uno los tiene que preparar. Tenemos cursos de capacitación de nuestros dirigentes en la Universidad Católica... -Precisamente, usted declaró alguna vez que capacitaba para que surgieran líderes nuevos, pero que cada vez que había elecciones lo volvían a elegir. Si cree en serio en la renovación, ¿no debería dejar de presentarse como candidato? - Es que tendría que volver a agarrar la bandeja y ya tengo várices [risas]... -No quiere ceder nada... - No, ésta es mi vida, mi prioridad número 1. Ahora, si me ganan las elecciones... -¿Por qué los sindicalistas no tienen buena imagen? ¿Por qué se enriquecen y tienen un nivel de vida tan distinto del que tienen los trabajadores? - Cada uno es cada uno y sabrá cómo se las arregla. Mi vida es pública. Camino igual, voy a los mismos lugares... Mi vida es blanca, no es oculta, es transparente, mi familia es transparente. Yo rindo cuentas donde tengo que rendir cuentas, inclusive ante la sociedad. Pero yo llego acá a las diez de la mañana y me voy a las diez de la noche, laburo sábados y domingos también... Si vos no vivís bien... ¿Me entendés? -¿Qué es vivir bien? - Que vivas bien, que tengas todo lo que necesitas en cuanto a tu atención, a tu salud, turismo, tus vacaciones... Yo no viajo al exterior. Hace casi 40 años que voy a Mar del Plata y viajo desde hace varios años en febrero a Punta del Este al cumpleaños de Aldo Elías... ¿En qué querés andar si no es en coche? Acá los coches los modernizo cada dos años. Si no, no los valorizo. Si tengo plata para hacerlo... Además, el dirigente hoy tiene que estar tecnológicamente informatizado... Estoy anotado ante la DGI, ante la AFIP, donde quieras... A ver: si yo me peleo con el Presidente tengo que estar dispuesto a que me investiguen... -¿Y tuvo inspecciones de la AFIP? -Sí, me la mandó Cavallo. Durante seis años la tuve acá... -¿Y Kirchner? -No, pero vienen de vez en cuando. -Sus críticos dicen que usted nunca trabajó de mozo... - Que digan lo que quieran [molesto]. Mi vida no fue fácil. Yo trabajé de lavacopas en Catamarca, en una confitería muy tradicional que ya cerró. A los 14 años vine a Buenos Aires. Laburaba de cadete en una ferretería alemana, cerca de la 9 de Julio. También estuve en la construcción, en textiles, en el Mercado del Abasto... Después fui dos años mozo en la confitería San Martín, en San Martín. Y conserje en un hotel alojamiento de Tres de Febrero... -¿Qué hace en su tiempo libre? - Juego al golf dos días por semana. Me lo hizo conocer un vecino de Mar del Plata. Me invitó al acantilado y me volví loco cuando vi semejante cancha. La primera vez que le pegué a la bocha la hice volar y eso me emocionó. -¿Le gusta leer, escuchar música? - No, odio leer. Yo leo y a la segunda o tercera hoja ya estoy viéndole el final. Eso me quita el entusiasmo. Con las películas me pasa lo mismo. Música, sí, me gusta el tango y el folklore. -¿Y le gustan los caballos de carrera? Porque decían que tiene un stud con ocho caballos de carrera. - No, nunca lo tuve. Sí fui un jugador empedernido. Me gustaba el casino, iba al hipódromo y me quedaba desde la primera hasta la última carrera. Cuando conocí a Menem, allá por 1986, dejé todo. -¿Cómo es su relación con la violencia? Porque parece estar siempre asociado con hechos violentos. Las urnas quemadas de Catamarca, las patotas sindicales, los barrabravas... - No, yo trato de hacerme respetar. No soy violento, para nada. Nunca les levanté la mano a mis hijos. En Chacarita fui el único que logró erradicar la violencia. Por eso Grondona [Julio, presidente de la AFA] se portó muy mal. Se prendió en la joda de Alberto Fernández y de Kirchner de querer meterme en cana. Algún día la van a pagar. Metieron en cana a Capriotti [Armando, ex vicepresidente de Chacarita], que es más bueno que el agua. Estuvo sesenta días en Devoto. No me olvido. Así como Bergés [Mariano, ex juez] tuvo que renunciar a la Justicia por las maldades que hizo. -Vuelvo a decirle: en los sindicatos es bastante común que haya episodios violentos... - Pero si acá hay violencia hasta en la Ucedé, en todos los partidos políticos... Un sindicato no es un convento de las Carmelitas. De cualquier manera, son hechos muy esporádicos. No es lo mismo que antes. Ustedes acá no vieron guardaespaldas. Antes había 10, 15. Yo no uso. Agarro mi cochecito solo y ando solo... -¿Sabe manejar armas? - No, ¿para qué las voy a usar? No quiero que me pase como a Piumato. [Julio, dirigente judicial, que se disparó accidentalmente en un testículo durante una protesta callejera] -¿Qué representa el poder para usted? ¿Es importante? - Siempre jugué a lo máximo. Pude haber ostentado poder en el gobierno de Menem. ¡Quién me podía haber discutido algo a mí, si tuve un rol preponderante! Pero no supe aprovechar el poder en esa época. -Aunque lo tuvo... - Nunca tuve conciencia de eso... ¿Sabés qué es el poder? Poder es realmente cuando te atienden el teléfono y te resuelven los problemas. © LA NACION Mano a mano
Recién al final, molesto con la insistencia sobre por qué hay tan poca renovación sindical, Luis Barrionuevo perdió cierta compostura que había mantenido en la charla y dijo, con su peor cara: "¿Y por qué hay tan poca renovación de los periodistas?". De todas formas, antes había contestado a todo sin perder la amabilidad. A su manera, claro está: a veces negó lo innegable, lo que figura hasta en los manuales de historia. Y fueron reiterados sus intentos de quedar como un discípulo de Gandhi, un inclaudicable defensor de la democracia, un transparente dirigente sindical. ¿Qué debe hacer uno en esos casos? ¿Aceptarlo en silencio? ¿Repreguntar hasta el cansancio, hasta convertirse casi en el protagonista del diálogo? Lo obvio: en muchos casos, lo mejor es dejar hablar. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Luis Barrionuevo sigue siendo el mismo de siempre. Se nota que le duele no haber llegado a la gobernación de Catamarca. Elogia a Duhalde y admite que trabaja para que el PJ, que él dice representar, vuelva al poder en 2011. Y es tan políticamente incorrecto que confiesa lo inconfesable: odia leer. Parece un Mr. Hyde que perdió su Dr. Jeckyll. La Nacion
Cierran una megacausa contra jefes sindicales Estaban acusados de desviar un préstamo de US$ 285 millones Martes 2 de diciembre de 200 Gabriel Sued LA NACION Dos meses antes de que la Corte Suprema fallara en favor de la libertad sindical, y se pusiera así en pie de guerra con los más grandes gremios del país, los principales dirigentes del sector habían recibido una buena noticia de la Justicia: la Cámara de Casación Penal dio el primer paso para cerrar una megacausa que involucra a más de 350 jefes sindicales y al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En el juicio por el desvío, entre 1996 y 2000, de un crédito del Banco Mundial (BM) por 285 millones de dólares, destinado a modernizar y sanear las obras sociales sindicales, una resolución del 9 de septiembre, que hasta ahora había pasado inadvertida, declaró la prescripción y dispuso el sobreseimiento de una decena de dirigentes del gremio telefónico, y dejó el camino allanado para la absolución del resto de los imputados. Entre los acusados, que ya estaban llamados a declaración indagatoria, se encuentran Juan José Zanola (bancarios), Armando Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martínez (construcción), Antonio Cassia (petroleros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerónimo Venegas (rurales), Diógenes Salazar (telefónicos), Dante Camaño (gastronómicos) y Jorge Horacio Menem (correos). Aunque sin fecha fijada, Tomada también estaba citado a declarar como sospechoso por ser dueño de una empresa receptora de parte de esos fondos. Los interrogatorios, ordenados en abril del año pasado por el juez federal Norberto Oyarbide a pedido del entonces fiscal Carlos Stornelli, habían sido suspendidos hasta que se resolvieran los planteos de prescripción y de nulidad presentados por las defensas de los gremialistas. Los pedidos de prescripción fueron rechazados en primera instancia por Oyarbide, que consideró que lo que estaba en investigación era un caso de peculado, un delito que contempla un plazo de prescripción de diez años, equivalente a la pena máxima prevista para ese crimen. Su decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal, en noviembre del año pasado. Apelación Pero los sindicalistas apelaron, por medio de un recurso extraordinario, y la Sala III de la Cámara de Casación les dio la razón, con el argumento de que la figura de peculado había sido introducida sólo para evitar la prescripción. El fallo dispone el sobreseimiento de nueve dirigentes de Ostel, la obra social de los telefónicos. Ellos son Salazar, Luis de la Fuente, Claudio Garau, Jorge Passion, Eleodoro Cerdán, Mario Russo, Gustavo Baraza, Alberto Bigliardi y María Medina. En el juzgado indicaron a LA NACION que por ahora la medida sólo alcanza a esos acusados porque fueron los primeros cuyos recursos llegaron a la Casación. Pero adelantaron que el criterio que fijó el tribunal penal deberá aplicarse en forma idéntica a los planteos presentados por las defensas del resto de los imputados en la causa. La causa se inició en agosto de 2002, con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, que alertó sobre supuestos movimientos millonarios de dinero en cuentas bancarias sindicales del empresario Gustavo Aondi, con supuestos vínculos con Lingeri. El letrado acusó a los dirigentes gremiales de desviar parte de los fondos del préstamos del BM, destinados a la reconversión y mejora de las obras sociales sindicales, mediante el pago de deudas, reformas edilicias y cursos de capacitación del personal. El crédito había sido otorgado en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía. Stornelli La causa quedó delegada en la fiscalía de Stornelli, que tras analizar los resultados de un exhaustivo peritaje, en diciembre de 2006, pidió que se citara a declarar a 350 imputados, entre sindicalistas, funcionarios y empresarios. De acuerdo con la acusación de la fiscalía, una buena parte del crédito del BM había sido desviada, por medio de la contratación de empresas fantasma que, se sospecha, estaban dirigidas por amigos o familiares de los sindicalistas, que contaban con la complicidad de los funcionarios estatales encargados de controlar el destino de los fondos. Tomada, entonces abogado de la CGT, era dueño de una de las firmas bajo sospecha. En el fallo de la Casación, los jueces Angela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi sostuvieron que el delito sobre el que debían resolver los planteos para el cierre de la causa era el de defraudación, que tiene un plazo máximo de prescripción de seis años. Con pequeñas diferencias, los tres magistrados coincidieron en que el plazo debía comenzar a contarse desde marzo de 2000 y que la causa había prescripto en marzo de 2006, dado que no había habido ningún acto previo que interrumpiera la prescripción. El 19 del mes pasado, los jueces rechazaron la apelación de la fiscalía y el fallo quedó firme. Claves Préstamo. En 1996, el banco Mundial otorgó un préstamo de US$ 285 millones para sanear las obras sociales sindicales. Irregularidades. Según denunció ante la Justicia el abogado Ricardo Monner Sans, los gremios desviaron los fondos del préstamo, por medio de la contratación de empresas fantasma o amigas. Investigación. Por pedido del entonces fiscal Carlos Stornelli, en diciembre de 2006 el juez Norberto Oyarbide citó a declarar a varios de los más importantes sindicalistas del país. Implicados. Entre los acusados estaban los sindicalistas Juan José Zanola, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Gerónimo Venegas y Gerardo Martínez. También Carlos Tomada, actual ministro de Trabajo. Prescripción. La Cámara de Casación declaró la prescripción en favor de nueve imputados. El juzgado aplicará el mismo criterio para resolver la situación del resto de los acusados.
Califican de "grave" la caída de la megacausa contra jefes sindicales Monner Sans, denunciante del caso contra más de 350 gremialistas, criticó el fallo de Casación que cerró una investigación por desviación de fondos para obras sociales; "si alguien no tiene nada que ocultar, no debería escudarse en el Código Penal para evitar rendir cuentas", dijo a lanacion.com Martes 2 de diciembre de 2008 Por Lucrecia Bullrich De la Redacción de lanacion.com lbullrich@lanacion.com.ar Indignación e impotencia. Las sensaciones conviven en el tono y el relato de Ricardo Monner Sans, el abogado que hace menos de una semana vio como se caía a pedazos una investigación judicial iniciada por una denuncia suya: la Cámara de Casación Penal dictó un fallo que se convirtió en el primer paso para cerrar una megacausa que involucra a más de 350 jefes sindicales y al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El abogado no sólo cuestionó técnicamente el criterio de la Cámara para disponer la prescripción del caso y disponer el sobreseimiento de una decena de dirigentes del gremio telefónico, que abrió el camino para que el resto de los imputados corran la misma suerte. También criticó el mensaje que, no dudó, subyace en la decisión judicial de la que LA NACION da cuenta en su edición de hoy. "Cuando alguien no tiene nada que ocultar, no necesita escudarse en una ubicuidad del Código Penal para zafarse de la rendición de cuentas de cifras monstruosas originalmente recibidas para mejorar la capacidad de operación de las obras sociales. Es grave que la Justicia haya salvado a los Gordos", disparó Monner Sans en diálogo con lanacion.com. La causa. Se refirió así al eje de la causa que su denuncia permitió impulsar y que hoy, 12 años después, quedó en la nada: una investigación por el desvío, entre 1996 y 2000, de un crédito del Banco Mundial (BM), otorgado durante el gobierno de Carlos Menem, por 285 millones de dólares, destinado a modernizar y sanear las obras sociales sindicales. En la causa estaban acusados, y ya tenían fecha para presentarse ante la Justicia para ser indagados, Juan José Zanola (bancarios), Armando Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martínez (construcción), Antonio Cassia (petroleros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerónimo Venegas (rurales), Diógenes Salazar (telefónicos), Dante Camaño (gastronómicos) y Jorge Horacio Menem (correos), entre otros jefes sindicales. Aunque sin fecha fijada, Tomada también estaba citado a declarar como sospechoso por ser dueño de una empresa receptora de parte de esos fondos. También estaba acusado Tomada, que, aunque sin fecha fijada, estaba citado a declarar como sospechoso por ser dueño de una empresa receptora de parte de los fondos. La prescripción en la mira. Sin medias tintas, Monner Sans cuestionó que los jueces de Casación hayan dictado la prescripción. "Lamento mucho que alguien tenga que recurrir a la prescripción para tratar de salvarse de reproche penal. Y más aún, cuando se trata de fondos de afiliados de entidades concebidas para solucionar problemas de salud", planteó. Concretamente, los jueces de Casación dieron curso a pedidos de prescripción que habían sido rechazados en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado había considerado que lo que estaba en investigación era un caso de peculado, un delito que contempla un plazo de prescripción de diez años, equivalente a la pena máxima prevista para ese crimen. Esa decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal, en noviembre del año pasado. Pero los sindicalistas apelaron, por medio de un recurso extraordinario y la Sala III de la Cámara de Casación les dio la razón, con el argumento de que la figura de peculado había sido introducida sólo para evitar la prescripción y que lo que correspondía era encuadrar las irregularidades investigadas en el delito de estafa, que prevé una pena máxima de seis años. Calificación y penas. Justamente, uno de los ejes de la argumentación de Monner Sans, radica en este cambio de criterio. "Sigo sosteniendo que estamos ante el delito de peculado y no de administración infiel, contemplado en el artículo 173 del Código Penal", sostuvo. El eje de la diferencia es la pena máxima de prisión prevista en cada caso, que es a su vez, la cantidad de años en la que se considera prescripta la acción penal. Si la conducta de los sindicalistas investigados hubiese seguido siendo evaluada bajo la figura de peculado, ese período sería de 10 años y, considerando que la causa se inició en 2002, la prescripción no sería aún posible. Al cambiar la Cámara la calificación al delito de defraudación, el plazo de prescripción se redujo a seis años. Pocas chances. Por otra parte, Monner Sans advirtió que la decisión de Casación "se da de bruces" con el fallo de la Corte Suprema que dictó la libertad sindical. "Estamos ante andariveles distintos, en un caso el derecho penal y en el otro la libertad sindical, pero, desde el punto de vista filosófico se podría decir que la puerta que abrió la Corte debería achicar estos manejos innobles por parte de los directivos de gremios de obras sociales". Enseguida, graficó su reflexión: "Si va a haber más gente habilitada para representar a los trabajadores y peleando contra el establishment ellos mismos deberían ser controlantes para evitar este tipo de irregularidades. Si hubiera habido más sindicalistas no comprometidos con el aparato tal vez esto no hubiera pasado", arriesgo. Pesimista Monner Sans admitió que ante el fallo de la Cámara de Casación Penal, que contiene una sentencia firme, los caminos de apelación posibles son pocos. "El fiscal de Casación podría intentar un recurso ante la Corte. Quisiera seguir siendo optimista y pensar que esto es posible, pero es cada vez más difícil", admitió. En el mismo sentido, apuntó que, como denunciante, sus recursos para cuestionar el fallo son nulos. "Mientras siga en pie el artículo 204 del Código Procesal Penal que no permite que los denunciantes seamos parte de las acciones con la misma calidad que los fiscales tenemos que resignarnos a no jugar el partido en la cancha y sólo mirar desde la tribuna". Para Monner Sans el status quo en torno a esta disposición tiene una explicación simple. "Ningún gobierno lo toca porque no le conviene. Las consecuencias podrían ser tremendas", concluyó. El artículo citado por el abogado establece que "el sumario será público para las partes y sus defensores" y que "será siempre secreto para los extraños". La Nacion
El análisis Fruto de la impunidad y la protección oficial Claudio A. Jacquelin LA NACION Jueves 4 de diciembre de 2008 Una ráfaga de ilusión democrática se hizo sentir hace dos semanas cuando un fallo de la Corte consideró inconstitucional el unicato gremial y defendió la libertad sindical. Fue sólo una ráfaga. La realidad más cruda del sindicalismo dominante, apoyado por el Gobierno y al mismo tiempo soporte fundamental del kirchnerismo, clausuró de inmediato, con un portazo violento, toda ilusión de que el viento de la transparencia empezara a renovar el viciado aire de los despachos del poder gremial. Como para que no quedaran dudas, ayer en Rosario un grupo de gremialistas aliados al líder de la CGT, Hugo Moyano, confirmó que no serán un fallo judicial ni una ley los que pongan fin a una larga tradición de violencia y muerte para adueñarse y defender el poder gremial. La impunidad, la protección política y la complicidad administrativa, alimentadas por gobiernos de las más diversas inclinaciones ideológicas, ya sean militares o civiles, peronistas de derecha, neoliberales o "progresistas", han dado vida y alimentado un cuerpo que ya parece indestructible. La realidad muestra que para acceder a la conducción de un sindicato hay que sortear más exigencias que para llegar a la presidencia de la Nación si no se cuenta con la bendición de quien posee el poder de turno. Un poder que hasta es capaz de poner al frente de un gremio a quien no se haya desempeñado jamás o sólo algunos meses en la actividad que representará, e impedirle el acceso a golpes o chicanas administrativas y judiciales a un trabajador que acredita una larga trayectoria en el sector. Desde Lorenzo Miguel hasta Luis Barrionuevo sobran los ejemplos. No es difícil entonces entender por qué pueden llegar a matar algunos sindicalistas en estos tiempos. No es por ideología. Tampoco por pasión política. Sólo es una cuestión de poder y el poder en este ámbito se vincula, casi siempre, con el dinero. Los gremios manejan cientos de millones de pesos. Demasiado dinero que permite tener una vida muy confortable, como de la que disfrutan, impúdicamente, muchos de los dirigentes más conspicuos, pero no sus representados, y, también, dinero para hacer política y seguir alimentando su poder. No es casual que en la mayoría de las mortales disputas sindicales de los últimos tiempos hayan estado involucrados barrabravas de equipos de fútbol. Las peleas internas en este ámbito se desatan por causas demasiado parecidas a las sindicales y no es precisamente por el amor a una camiseta. Salpicados de sangre Los alrededores de Hugo Moyano han quedado indisimulablemente salpicados por sangre, violencia y muerte en los últimos años. La batalla a tiros protagonizada por sus huestes en el traslado de los restos de Perón y el asesinato del tesorero del gremio, en la misma ciudad donde ayer otros aliados suyos, del sindicato de los lecheros, mataron a un militante rival, son los hitos de esa saga. En este mismo tiempo, Moyano logró construir un poder casi sin precedente y les arrebató afiliados a otros gremios mediante el apriete, la extorsión o el sugestivo convencimiento a rivales suyos y, sobre todo, autoridades gubernamentales. Hace 13 días el líder cegetista reasumió por enésima vez al frente de su gremio y a la celebración asistió Néstor Kirchner, el hombre que marca las políticas y la orientación del Gobierno que, formalmente, conduce su esposa. Ni el ex presidente ni la Presidenta condenaron nunca públicamente ninguna de las acciones de Moyano y sus seguidores, ni siquiera las que en algunas ocasiones han afectado o complicado a su Gobierno. No parece difícil comprender, entonces, por qué la violencia sigue siendo la vía por la que se dirimen las disputas por el poder sindical y por qué parece casi imposible imaginar que algo cambie. Aunque la Corte dicte fallos que traten de transparentar y democratizar ese poder. La Nacion

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