Gobierno de Kirchner: Inseguridad Juridica

Aníbal Fernández: "Techint ha motivado y creado una confusión"
El jefe de Gabinete criticó la decisión de la empresa de impedir el ingreso de tres directores del Estado; Boudou lo calificó como un "ataque brutal contra la ley"
Domingo 17 de abril de 2011


El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió hoy la publicación del decreto que aumenta la injerencia del Gobierno en compañías privadas al asegurar que el Estado tiene "todo el derecho" a tener acciones en dichas empresas y consideró que la firma Techint "ha motivado y creado una confusión" en torno a este asunto, al no permitir que se elijan directores en representación del Estado.

La polémica estalló luego de la publicación del decreto 441, que dispone la eliminación del límite que tenía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para ejercer sus derechos accionarios en 32 compañías. Así, el Gobierno resolvió ampliar su injerencia en las que ya tenía una participación accionaria y que heredó luego de la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

En declaraciones a radio Mitre, Fernández rechazó los cuestionamientos expresados por Techint y defendió la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que declaró "irregulares e ineficaces a los efectos de todas las decisiones" adoptadas en la asamblea de Siderar celebrada anteayer, en la que Techint impidió que ingresaran tres directores por la Anses.

"El Gobierno lo que hace es cuidar el dinero de los argentinos. Lo que [Techint] objeta no tiene ningún sentido. Pretenden exhibir la modificación de la norma como un cambio en las reglas de juego, ¿De qué reglas del juego me hablan si de lo que estamos hablando es de analizar las políticas que se están llevando a la práctica y eventualmente opinar sobre ellas en minoría?", señaló el funcionario y añadió: "¿Cuál es la historia? ¿Qué cambió? ¿No quieren que miremos los papeles? Ah, entonces sí. Si lo que están haciendo es escondiendo los papeles, entonces se metieron en un lío o los metimos en un lío involuntariamente".

"Ataque brutal". En tanto, el ministro de Economía, Amado Boudou, tildó como un "ataque brutal contra la ley" la actitud de Techint y advirtió: "Vamos a emplear todo el cuerpo legal que nos sea permitido para defender nuestros derechos".

"Lo que hizo Techint ha sido un fuerte ataque a la ley, al derecho de propiedad y a la Ley de Sociedades", definió Boudou, y acotó que "esto ha sido totalmente irracional".

El ministro alegó que "es ridículo que cuando uno es propietario del 26 por ciento de una empresa no pueda tener representación en su directorio".

En una entrevista con el diario Tiempo Argentino, el titular de la cartera económica reclamó que el Estado sea tratado como un "propietario con los mismos derechos ante la ley que los demás".

El ministro indicó que en más de diez empresas hay directores en representación del Estado y destacó que "no existen comentarios adversos al desempeño" de esos directivos.

"La Anses quiere lo mismo para las empresas que el resto de los accionistas: que gane dinero, que le vaya bien, que crezca. No hay conflicto ni en el flujo ni en el stock", aseveró.


La Nación





Una nueva amenaza para las empresas
Adrián Ventura
Jueves 14 de abril de 2011 

El decreto por el cual la presidenta Cristina Kirchner acaba de autorizar el desembarco de un mayor número de directores estatales en empresas privadas es inconstitucional y algunas firmas están consultando a sus abogados.

Hasta el martes, el Estado, aun cuando fuese titular de un 20 o 30 por ciento de las acciones de ciertas empresas, sólo participaba con el 5 por ciento del derecho a voto. Ayer, el DNU 441 suprimió ese límite y habilitó una virtual invasión de funcionarios afines a la Casa Rosada en los directorios empresarios.

El decreto, que genera mucha preocupación en las empresas, se convirtió así en un caballo de Troya. En efecto, cuando en los 90 el Congreso (ley 24.241) habilitó a los fondos de pensión a invertir el dinero de los jubilados en acciones de empresas, nadie imaginó que el Estado podría filtrarse por esta hendija. Tampoco el Congreso suprimió ese límite cuando, en 2008, derogó el régimen de las AFJP y la Anses se apropió de los fondos de los jubilados y de las acciones.

"Cuando las empresas privadas se financiaron con las AFJP, asumían que el Estado sólo podía nombrar un director. Ahora, el Gobierno alteró unilateralmente las reglas del contrato. Este final era imprevisible para las empresas privadas, que no se hubiesen financiado con los fondos jubilatorios", explica el constitucionalista Alberto García Lema, ex procurador del Tesoro de la Nación.

Al margen de lo jurídico, este decreto genera dudas en lo político, porque el Gobierno parece haber encontrado un camino que le permite tener injerencia en las principales decisiones empresariales, sin necesidad de recurrir a estridentes nacionalizaciones. Y, también, en lo económico, porque habrá que ver en qué medida una empresa con fuerte participación estatal es más productiva que una firma privada. En todo caso, será un tema discutible.

Pero desde el punto de vista jurídico, "tampoco hay ningún motivo de urgencia para que se haya dictado un DNU; si había que modificar una ley, pudo haberlo discutido el Congreso, que está en sesiones", coincide el constitucionalista Gregorio Badeni.

Por este atajo, el Gobierno busca convertir empresas privadas, que se rigen por el derecho privado societario -como continuará ocurriendo-, en empresas encadenadas al Estado y sobre las cuales el Poder Ejecutivo, a través de sus directores, tendrá una muy fuerte injerencia en la toma de decisiones.

Habrá, finalmente, otro factor de riesgo: es posible que el Estado, en aquellas empresas en las que tenga un porcentaje cercano al 30 por ciento, busque conquistar a otros pequeños accionistas para desplazar al grupo societario que actualmente controle la firma. Se empezará a transitar otro camino.




Voracidad y poder para violar la ley
Carlos Pagni
LA NACION
Jueves 14 de abril de 2011

Las políticas populistas suelen envolverse en argumentos que, a primera vista, tienen la sensatez del sentido común. Por ejemplo: los funcionarios justificaron ayer el avance del Estado en los directorios de empresas donde tiene participación la Anses diciendo que se pretende defender el patrimonio de los trabajadores, que fue invertido en esas compañías. Salvo que se sea un explotador despiadado, la consigna suena, en principio, inobjetable. Es una pena que, a medida que se la examina, lo que parecía una verdad evidente comience a mostrar un signo inverso. Es decir: cabe temer que los intereses que se dice resguardar sean los que correrán mayor peligro.

Una incógnita preliminar es si los fondos previsionales están mejor o peor asegurados en empresas cuyo gobierno está sometido a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Cristina Kirchner volvió a modificar una ley a través de un decreto, sin que quede clara la necesidad ni la urgencia para hacerlo. (Salvo que la asamblea anual de Siderar, del grupo Techint, está citada para mañana, y el kirchnerismo pretende imponer allí al militante de La Cámpora Axel Kicillof.)

Ese DNU es más controvertido porque elimina una cláusula sin la cual la estatización de las AFJP tal vez no habría sido aprobada: la que establece que, cualquiera que fuera su posición accionaria, el Estado no tendría derecho a una representación superior al 5% en la conducción de las empresas. La "defensa de los intereses de los trabajadores" -o, si se prefiere, la premura por designar a Kicillof- es invocada, entonces, como un pretexto para violar la ley.

Es obvio que ni siquiera un fin tan noble como la preservación del patrimonio de los contribuyentes a la Anses debería ser superior a las normas. Pero no es tan seguro que, en adelante, los intereses de los trabajadores estarán mejor custodiados. El kirchnerismo se ha cansado de demostrar que ese objetivo no lo desvela. Por ejemplo: la Anses, que podría comprar bonos argentinos en el mercado a una tasa del 10%, le presta dinero al Tesoro al 6 o 7 por ciento. La misma negligencia se ilustra con anécdotas menos relevantes. ¿Es verdad que, en una década, ese organismo llevó su planta de personal de 8000 a 16.000 agentes? ¿Qué relación guarda esa expansión con el clientelismo oficial? ¿Existe allí una política de viáticos e "inversiones" ligada al proselitismo? ¿Qué rol juega La Cámpora en esas prácticas?

Para aceptar que la expansión oficial sobre las empresas redundará en beneficio de los trabajadores y de los jubilados, habría que demostrar que los representantes del Estado defenderán esos intereses aun cuando se enfrenten a las preferencias del Gobierno. Por ejemplo: los delegados de la Casa Rosada en una distribuidora eléctrica o gasífera, ¿pedirán aumentos de tarifas para que mejore la ecuación de la empresa y, en consecuencia, la de sus accionistas? En esa encrucijada, ¿velarán por los activos de "los abuelos" o cumplirán las instrucciones de Olivos? Esta pregunta se la están formulando quienes invirtieron en acciones de esas compañías, apostando a que serían conducidas con la pretensión de volverlas más rentables y no de someterlas a las urgencias de la política. Para ayudarlos con la respuesta, ahí está Guillermo Moreno, con sus guantes de boxeo, enriqueciendo las deliberaciones de Papel Prensa.

No son interrogantes teóricos o preventivos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses ha destinado miles de millones de pesos a proyectos de generación energética a gas –en un país que tiene cada vez menos gas– o a usinas nucleares obsoletas. A pesar de que en el sitio web de ese organismo (www.anses.gob.ar/FGS/inversion_proyectos.php) se prometen dictámenes de universidades nacionales sobre la razonabilidad de esas inversiones, jamás fueron publicados. Es válido preguntarse si realmente se hicieron.

La primera trampa conceptual es, entonces, que la expansión del poder del Estado en los directorios afecta sólo el interés de las grandes empresas. Como si, en este caso, ese interés fuera contradictorio con el de sus accionistas, entre ellos, los contribuyentes a la seguridad social. Por supuesto, la mayor influencia de los representantes de la Anses puede determinar también el deterioro de las compañías. La Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina alertaron ayer sobre ese peligro. Nada que objetar, salvo la falta de visión de largo plazo que caracterizó a muchos hombres de negocios cuando se estatizó el sistema previsional: en esa decisión está la raíz de esta expansión sobre la esfera privada.

Una curiosidad que presentaba ayer el paisaje empresarial es que hay algún dueño de compañía que, sin llegar a festejarlo, acepta el decretazo. "Teniendo al Gobierno dentro de la empresa, podremos protegernos mejor de su arbitrariedad", dijo uno.

La voracidad produce, a veces, la ceguera. El Gobierno analiza la posibilidad de modificar la ley de sociedades para ampliar las atribuciones de los directores que representan al Estado en las empresas, con el argumento de que son los depositarios del "interés general". En ese concepto está mejor expresado que nunca que el espíritu de esta reforma es, más que defender los intereses de los jubilados, plegar a las grandes empresas a las directrices políticas del oficialismo.

Sería un error, sin embargo, ignorar que detrás del nuevo avance de Cristina Kirchner sobre el Congreso se esconde una lucha de poder. La CGT de Hugo Moyano salió a escena para recordarlo. Exigió ayer que los directores de la Anses en las empresas salgan de sus filas. Es lo que venía sucediendo como resultado de las gestiones de algunos sindicatos, hasta que la Presidenta prefirió el semillero de La Cámpora. La retracción de Julio De Vido dentro del Gabinete no es ajena a este giro.

El conflicto de los gremialistas con la "juventud maravillosa" que rodea a la señora de Kirchner no es nuevo. Salió a luz por primera vez cuando se supo que en la detención de Gerónimo Venegas tuvo que ver un almuerzo de otro neocamporista, el secretario de Justicia Julián Alvarez, con el juez Norberto Oyarbide. Ahora el camionero suma otro reclamo a su amenazante manifestación del próximo 29 en la avenida 9 de Julio.

La dirigencia partidaria, mientras tanto, permaneció ayer casi ajena a esta discusión. La indiferencia, acaso, esté originada en que buena parte de ella comparte el supuesto de la iniciativa oficial: entre las empresas y el bienestar general existe una contradicción intrínseca. Ese axioma cubre hoy casi toda la cultura política argentina.

Imposible asistir a esta disputa y no recordar a Fernando Henrique Cardoso, que hace poco más de un año, en referencia a su país, dijo: "Estado, sindicatos y movimientos sociales se funden en los altos hornos de los fondos de pensión para engendrar, gracias a la desmoralización de los partidos, un populismo autoritario". Cardoso acuñó un neologismo para designar ese fenómeno brasileño. Lo llamó "subperonismo".

La Nación

Biolcati: "Hay una inseguridad jurídica tremenda que hace imposible cualquier tipo de inversión"
En consonancia con lo declarado ayer por el enviado de Obama, el presidente de la SRA cuestionó la política económica del Gobierno; "Nos están llevando al aislamiento y a la parálisis", acusó


Jueves 17 de diciembre de 2009

Amante de las declaraciones altisonantes, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, lanzó fuertes críticas contra las políticas económicas del Gobierno y, tal como lo había hecho ayer el enviado de Barack Obama para la región, advirtió sobre una "tremenda" inseguridad jurídica en el país.

"Hoy en día hay una inseguridad jurídica tremenda que hace imposible cualquier tipo de inversión", acusó Biolcati, en referencia a los dichos del norteamericano Arturo Valenzuela.

"Nos están llevando al aislamiento y a la parálisis económica en la política comercial de la Argentina. Vamos hacia una parálisis total", sentenció el titular de SRA.

Sus palabras llegaron horas después del inesperado choque con Estados Unidos por el mismo problema. Valenzuela, nuevo jefe de la diplomacia norteamericana para América latina, dijo al terminar su visita de presentación en Buenos Aires que hay inquietud entre muchos empresarios por la falta de seguridad jurídica en el país.

Biolcati, además, insistió en adjudicarle la responsabilidad de la inseguridad al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

"La mitad del tiempo jugó al diputado testimonial y la otra mitad a sacarse foto con la Presidenta. Así, crea una inseguridad tremenda", dijo Biolcati. Y lanzó: "La responsabilidad política de la inseguridad no puede asignarse a la la policía", en referencia a las denuncias realizadas ayer por el ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli.

La semana pasada Biolcati pidió "descabezar" al gobernador bonaerense en medio del acto organizado por el campo en el Rosedal. Sus dichos despertaron críticas desde todo el arco político, inclusive desde la propia Comisión de Enlace agropecuario.

"No es cierto" El juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, replicó esta mañana las declaraciones de Valenzuela y advirtió que "no es cierto" que haya inseguridad jurídica en el país.

"Creo que no es tanto como ellos dicen; no es cierto", sostuvo Fayt en declaraciones formuladas a la prensa.

La Nacion