El fallo de la Cámara vinculó todas las causas entre los Kirchner y Lázaro
Si bien se refería sólo a la ruta del dinero K, elaboró un hilo conductor de cómo fueron los negocios entre la ex presidenta y el empresario; podría impactar en las otras investigaciones
Tenía que resolver si confirmaba el procesamiento de Lázaro Báez por millones de dólares lavados en "La Rosadita", pero esta semana la Cámara Federal aprovechó esa apelación para dejar plasmada su versión de una historia mucho más amplia. La que cuenta cómo un empleado bancario, gracias a su relación con los Kirchner, recibió "cuantiosos" contratos de obra pública, se enriqueció hasta conseguir una fortuna "colosal", giró millones al exterior y compró cantidad de inmuebles. Todo mientras inyectaba fondos en el patrimonio del entonces matrimonio presidencial.
La Cámara dice que esto hay que investigarlo, pero usa fórmulas como "es de la lógica más elemental", o "es del más elemental sentido común", cuando afirma que la verdadera hipótesis que hay perseguir detrás del lavado de dinero es ésta y no otra: un "acuerdo de voluntades" con "división de roles" que ligó a Báez y a los Kirchner.
El fallo va más allá del caso Báez y atraviesa las principales causas que investigan a los Kirchner.
"La cuestión está a la vista", dijeron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, que culparon al juez Sebastián Casanello de haber abordado sólo aspectos "parciales" y "menores" en lo que va de su investigación. Confirmaron, no obstante, lo que tenían para confirmar: el procesamiento de Báez que reconocía como delito precedente un fraude al fisco con facturas falsas y como hecho central, las maniobras de "La Rosadita".
Pero redireccionaron la causa de Casanello hacia un camino que trazó Leonardo Fariña, procesado y presunto "arrepentido" del caso Báez, cuando dijo que el kirchnerismo usaba la obra pública para hacer caja. Por esa declaración de Fariña, de abril de este año, el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Cristina Kirchner en este expediente. Después, el propio Báez había dicho que la obra pública era el objeto real de la causa en su contra, como parte de su estrategia defensiva de apuntar hacia la ex presidenta y otros empresarios.
A tal punto el fallo de la Cámara interpreta esta historia como un todo, que advierte que es probable que termine armándose un "mega-proceso" con todas las causas que hoy investigan los distintos tramos. Pero no manda a hacerlo ya.
Nadie duda de que la del jueves no fue una sentencia dirigida sólo a Casanello. Funcionarios judiciales que intervienen en los distintos expedientes dijeron a la nacion que leían el fallo como un claro mensaje con muchos destinatarios: apúrense para reunir las pruebas de todo esto que ya está a la vista.
Hagan sólo "muestreo de casos" -les dijeron los camaristas-, concéntrense en lo más "demostrativo", abandonen los "rigores formales", eviten los "peritajes contables que buscan cubrir extensos períodos de tiempo" porque demoran demasiado.
Aunque la aceleración que Comodoro Py imprimió a las causas es evidente, hoy todavía no hay fallos que sostengan lo que los camaristas parecen dar casi por hecho: adjudicaciones dirigidas, sobreprecios y pago de retornos a los Kirchner escondidos como alquileres.
En el caso Hotesur, que investiga si Báez le pagó a los Kirchner por habitaciones de hotel que nunca se usaron, hay un gran peritaje en marcha.
En una decisión previa de la otra sala de la Cámara, Hotesur había quedado ya acumulada a la vieja megacausa de la "asociación ilícita" de los Kirchner que se abrió en 2008 por una denuncia de Elisa Carrió.
El fiscal Gerardo Pollicita tiene delegada hoy la investigación. Está avanzando sobre un puñado de rutas concretas adjudicadas al grupo Báez. Es ese el camino por el que podría llegar dentro de no mucho tiempo a pedir la indagatoria de Cristina Kirchner, vaticinan en los tribunales.
Esta semana, la ex presidenta se quejó del fallo de la Cámara. Dijo que Irurzun y Farah se habían erigido en sus "acusadores", pretendiendo imponerle a Casanello que la investigara por hechos que ya investigan otros juzgados.
En rigor, la Cámara no es clara. Le dice a Casanello que "confirme o descarte la relación" entre adjudicación de obra pública y lavado. Pero le dice que no debe "ampliar" el objeto de su causa sino "abordar" cuestiones que, según los camaristas, ya tiene por informes periodísticos, presentaciones de Carrió, Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer y Mariana Zubic, y la auditoría de Vialidad Nacional que dice que Santa Cruz fue la segunda provincia que más obras recibió durante el kirchnerismo y que el 78% fue para empresas de Báez.
Además, le encomiendan organizar un sistema de reuniones periódicas entre los "equipos" de investigadores de las distintas causas para compartir información y sugerir líneas a los jueces, pero asegurando el "control" o "participación" de las defensas.
En Tribunales, los más legalistas dicen que es impracticable; que una alternativa podría ser que se reunieran las fiscalías. En el juzgado de Casanello sólo contestan que es un fallo "heterodoxo" y que están estudiando cómo cumplirlo.
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