Desde 2007 el Congreso no trata las normas que dicta el Ejecutivo
Viernes 22 de abril de 2011
Gustavo Ybarra
LA NACION
La presidenta Cristina Kirchner tendrá vía libre para gobernar por decreto durante los próximos meses ante la virtual parálisis en que ingresó el Congreso a raíz de la campaña electoral y por la inactividad de la comisión bicameral encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia.
Este escenario cobra relevancia luego de la polémica decisión del Poder Ejecutivo de modificar por decreto la ley de estatización de las AFJP para incrementar la participación oficial en los directorios de las empresas en las que el Estado tiene parte accionaria por medio de la Anses.
Las estadísticas son claras y hacen pensar que el decreto presidencial seguirá siendo una constante del gobierno kirchnerista. Sucede que desde agosto de 2007, cuando el ahora gobernador de Chaco, Jorge Capitanich (FpV), era senador y presidía esa comisión bicameral, los dictámenes de control de los decretos nunca más volvieron a discutirse en el recinto de alguna de las cámaras parlamentarias.
La situación empeoró con el cambio de la conformación del Congreso en diciembre de 2009. Producto del avance opositor en ambas cámaras, la comisión quedó empatada en ocho miembros por lado como consecuencia de un fallo judicial que avaló un reclamo del oficialismo.
Esto se tradujo en una casi nula actividad de la bicameral, ya que sólo se celebraron cuatro reuniones y en un número aun menor de dictámenes. Apenas dos DNU recibieron despacho de esta comisión y fueron por partida doble: hubo uno en favor y el otro en contra. Estos dictámenes, además, nunca llegaron a discutirse en el recinto de alguna de las dos alas que componen el Congreso.
"Estamos ante una política de Estado bien definida, que tiene que ver con avalar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y la intención de legislar a espaldas del Congreso", denunció el senador Luis Petcoff Naidenoff (UCR-Formosa), secretario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, tal su nombre oficial.
Para el senador radical, la causa principal de la carencia de control legislativo de los DNU está en la ley que reglamentó el trámite parlamentario de esos instrumentos. La norma fue sancionada en 2006 con el impulso de Cristina Kirchner, cuando era senadora justicialista e impuso, a contramano de lo que sostenía cuando era opositora en épocas del menemismo, el sistema de sanción ficta. En otras palabras, si un decreto de necesidad y urgencia no es rechazado explícitamente por las dos cámaras legislativas, mantiene su validez.
Desde el oficialismo, rechazan las quejas de la oposición. "El rol de control de los DNU lo tiene el Congreso, y evidentemente los controla porque el silencio les da validez", afirmó la diputada Diana Conti (FpV-Buenos Aires), quien ocupa la otra secretaría de la comisión bicameral que, como consecuencia de la paridad de fuerzas con la oposición, lleva más de un año sin elegir a su presidente y vicepresidente.
Si bien la cantidad de decretos de necesidad y urgencia emitidos por la Presidenta es escasa en comparación con otros jefes del Estado -apenas una docena en algo más de tres años-, es el contenido altamente polémico de esas decisiones lo que irrita a la oposición.
Así, el primer DNU que firmó Cristina Kirchner fue en septiembre de 2008, e implicó la ampliación del presupuesto en $ 36.000 millones. La práctica se repite todos los años desde entonces.
Además, en diciembre de 2009 apeló a un DNU para usar más de US$ 4000 millones de reservas del Banco Central de la República Argentina para el pago de deuda pública. El decreto fue derogado, pero inmediatamente reemplazado por otro de similar tenor en marzo siguiente.
"Nunca hemos rehuido el debate", afirma a La Nacion el jefe del bloque oficialista del Senado y miembro de la bicameral, Miguel Pichetto (Río Negro). Para el legislador oficialista, si los DNU no llegan a discutirse en el recinto es porque "a la oposición no le interesa tratar temas que sabe que va a perder" a la hora de la votación.
Sin voluntad
La senadora Laura Montero (UCR-Mendoza), cercana al vicepresidente Julio Cobos, rechazó de plano la imputación de Pichetto. "No hay voluntad del oficialismo para permitir el funcionamiento de la comisión", aseguró. En ese sentido, la legisladora cobista dijo que impulsará en la próxima sesión la discusión de los DNU que permanecen sin tratamiento parlamentario. La apuesta es complicada, ya que la oposición no tiene número para imponer su agenda.
Esta situación produce desazón e impotencia en el arco antikirchnerista, como lo demuestra el jefe del bloque de diputados de Pro, Federico Pinedo (Capital). "El oficialismo impide que se cumpla con la función de control de los DNU, por lo que la única forma de controlarlos es con la Justicia", sentenció, en diálogo con La Nacion.
Pero Pinedo tampoco confía en el papel del Poder Judicial, del que dijo que hasta ahora no ha sido muy efectivo para responder a los reclamos contra el uso de decretos de necesidad y urgencia sin cumplir con los requisitos constitucionales por parte del Poder Ejecutivo.
"La Corte se lavó la manos", se quejó. "Mientras la Justicia no cumpla con su deber, los argentinos seguirán sin tener protección contra los abusos del Poder Ejecutivo", concluyó Pinedo.
UNA COMISION POLEMICANicolás Fernández
Senador del FPV Santa Cruz
Este senador de Santa Cruz es uno de los pocos legisladores de suma confianza de Cristina Kirchner en el Senado.
Miguel Pichetto
Jefe de bloque de senadores del FPV
"Desde el oficialismo nunca rehuimos el debate en la comisión bicameral de control de decretos", dijo el senador.
Beatríz Rojkes de Alperovich
Senadora del FPV
Es vocal de la comisión bicameral de control de decretos y defiende a rajatabla al kirchnerismo.
Diana Conti
Diputada FPV
"El control de los decretos lo tiene el Congreso y los controla porque el silencio les da validez", expresó.
Luis Petcoff Naidenoff
Senador de la UCR
"Estamos ante una política que tiene que ver con avalar la discrecionalidad", se quejó.
OTROS MIEMBROSRamón Mestre
Senador UCRAdolfo Rodríguez Saá
Senador PFLiliana Negre de Alonso
Senadora PJMarcelo Guinle
Senador FPVJorge Landau
Diputado FPVLuis Cigogna
Diputado FPVJuan Tunnessi
Diputado UCRRubén Lanceta
Diputado UCREnrique Thomas
Diputado PFMarcela Rodríguez
Diputada CCAgustin Rossi
Diputado FPV
La Nación
Un error que se paga caro
Adrián Ventura
LA NACION
Viernes 22 de abril de 2011
Hay errores que se pagan caros. La reforma de 1994 incorporó los DNU en la Constitución. Fue una idea de la UCR, que creía que de ese modo limitaría el uso que el entonces presidente Carlos Menem hacía de ese instrumento. Fue una ingenuidad. Todos los presidentes continuaron abusando de esa atribución. Ahora, el país paga caros esos errores.
El DNU le permite al presidente tomar una decisión salteando al Congreso. En otras palabras, un mandatario, en el secreto de su despacho y rodeado de algunos pocos colaboradores, toma una medida que sorprende al país y pretende convertirla en fuente de verdad indiscutida.
Por eso, son muy pocos los países del mundo donde se admite tal tipo de decretos, que, si bien pueden dar soluciones a algunas circunstancias extremas (por ejemplo, la necesidad de cambiar, de urgencia, el signo monetario o devaluar), también son fuente de inseguridad jurídica.
A contramano de la experiencia internacional, los DNU fueron admitidos por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, donde se escribieron las circunstancias excepcionales que habilitan su dictado.
Pero, claro está, los presidentes no se detienen frente a las palabras escritas. Y Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner dictaron, cada uno, decenas de esos decretos. La presidenta Cristina Kirchner abusó de otra manera: dictó unos pocos DNU, pero con muy fuerte impacto en los campos económico y empresarial.
Pero el problema, en la Argentina, es mucho más grave aún. El hiperpresidencialismo, la debilidad de la oposición -en ocasiones, también su complicidad, para evitar asumir el costo político de decisiones impopulares-, una tendencia al populismo y la poca vocación del Congreso y de los jueces por controlar al Ejecutivo hacen que los DNU queden sin control posible.
En efecto, la Comisión Bicameral está empatada y empantanada, gracias a que la Justicia no permitió que la oposición conservara supremacía numérica en este órgano de control. Pero, en el recinto, los legisladores tampoco mostraron mucho fervor por controlar el uso de esa herramienta.
Y si el Congreso fue ineficaz, la Justicia lo fue más aún. En 1998, la Corte dictó un fallo (caso Verrocchi) que fue repetido en 2010 (caso Consumidores Argentinos). En ambos casos, el tribunal, con distinta composición, señaló la obligación del Ejecutivo de respetar los límites. La Corte y los jueces inferiores siempre controlaron los DNU, pero lo hicieron muchos años después de haber sido dictados. Nadie controla al presidente en funciones.
La Nación
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