Los Panama Papers demoran el anuncio de un nuevo blanqueo, con el que buscan captar US$ 50.000 millones
El Ministerio de Economía y la AFIP ya estudian las características de este plan, que excluirá a personas denunciadas ante la Justicia y cuya instrumentación dependerá de la dinámica de las recientes denuncias en contra del presidente y otras figuras públicas
La difusión de los Panamá Papers provocó la demora del lanzamiento del blanqueo de capitales que estudian el Ministerio de Economía y la AFIP, que busca captar US$ 50.000 millones e incluirá diferentes costos según la inversión que realice el contribuyente.
Altos funcionarios las organizaciones que conducen Alfonso Prat-Gay y Alberto Abad,respectivamente, ya comenzaron a reunirse para analizar este esquema, pero esta semana decidieron "esperar hasta que aclare" debido a la denuncia en contra del presidente Mauricio Macri por sus sociedades off shore.
Según pudo saber LA NACION en fuentes oficiales, la idea es no "contaminar" lo que consideran un esquema importante para lograr inversiones, con la álgida coyuntura generada por las denuncias, que también alcanzan a otras figuras del ámbito público y privado.
Alfonso Prat Gay y Alberto Abad.Foto:Archivo/Emiliano Lasalvia
Uno de los ejes claves que se considera es excluir a todas las personas denunciadas ante la Justicia por lavado de dinero o corrupción, a diferencia de los blanqueos anteriores, donde solo se impedía sumarse a aquellas con sentencia firme. Además, se repetirá la prohibición para los funcionarios públicos -y ex funcionarios hasta cierto período- y familiares directos.
En principio, se plantea, como dijo Abad, que el costo de entrada al régimen sea "costoso", con una alícuota general del 15%, aunque habrá que ver si la misma se rebaja en el proyecto que en algún momento se girará al Congreso Nacional.
Luego, habrá alícuotas decrecientes de acuerdo al tipo de inversión: si el dinero se deja afuera del país o si se ingresa, si se aplica a la compra de inmuebles y, en el caso más económico, para adquirir títulos públicos.
A diferencia del blanqueo anterior, la intención es que se puedan blanquear fondos tanto en moneda extranjera como en pesos.
El ambicioso objetivo planteado en las primeras conversaciones de esta "mesa chica" es lograr que ingresen unos US$ 50.000 millones, frente a los escasos US$ 2595 millones obtenidos en más de dos años de vigencia del plan que permitía la compra de los Certificados de Depósito para la Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade).
El "premio" que obtendrían aquellos que blanqueen es pagar menos anticipos impositivos, explicaron las fuentes al tanto del anteproyecto.
Dos claves para que el nuevo blanqueo sea exitoso
Hay dos claves para que, a diferencia del anterior, el nuevo blanqueo sea exitoso: que se "aquieten las aguas" por los Panama Papers y que el plan se inserte en un clima de confianza general hacia la política económica, de modo de que no solo mejore la recaudación fiscal, sino que, sobre todo, aumenten las perspectivas de inversión sacando "plata del colchón", estimada por encima de los 200.000 millones de dólares.
El socio de impuestos de PWC Argentina, Andrés Edelstein, dijo a LA NACION que las denuncias de la última semana "atentan contra la discusión de implementar un blanqueo, que siempre es percibido como algo ligado a los que evaden". Sin embargo, aclaró que "hay necesidades de inversiones y una gran cantidad de activos no declarados a los que, además, hay que darle a una solución antes del inicio del intercambio automático de información previsto para 2017", por el convenio multilateral firmado con el auspicio de la OCDE.
Edelstein consideró que el blanqueo "debería ser muy amplio, para que la gente pueda traer los fondos o no, en un menú con costos diferentes. Además, si se eligiera emitir un bono, debería ser similar a otro título público para no estigmatizar a los inversores, como ocurrió con el Cedin o el Baade".
También consideró importante incluir "la prohibición para que no se adhieran funcionarios o ex públicos por un cierto período y su familia cercana, además de excluir para fondos originados en lavado de dinero o terrorismo".
Lucio Giaimo, socio del departamento de Impuestos y Legales de KPMG Argentina, recordó que "la posibilidad de que se dicte un plan de regularización tributaria es algo de lo que se viene hablando desde la asunción del nuevo gobierno y, como la decisión de implementar un régimen de esas características es eminentemente política, la difusión de las operaciones de Panamá seguramente será tenida en cuenta a la hora de evaluar este tema".
El tributarista señaló que, para tener éxito, "un plan de regularización tributaria debería prever la condonación de todo tipo de sanciones y penalidades incluso las establecidas en los regímenes penales tributario y cambiario, así como la posibilidad de cancelar la deuda en un plan de pagos que contenga una tasa de financiamiento conveniente, tal como ha sucedido en diversas oportunidades en el pasado".
Jorge Gebhardt, socio del estudio Aguirre, Saravia & Gebhardt, dijo que, más allá de las filtraciones de esta semana, "lanzar un blanqueo ahora sería apresurado cuando recién hay una idea de la confianza que se está buscando lograr, que está sujeta a muchos avatares, por lo que sería mejor esperar las elecciones del año próximo". En este sentido, opinó que "si lo sancionan en agosto próximo y en marzo próximo las encuestas no le dan bien al gobierno para los comicios legislativos, ¿quién va a querer blanquear?".
Para lograr que sea exitoso, opinó que en términos técnicos "el Gobierno debería darle un tratamiento mejor al que trae divisas que al que las deja afuera y habría que aclarar que no se gravarán con bienes personales los bienes repatriados, o hacerlo al 0,5%, con una tasa única".
A diferencia de sus colegas, Darío Rajmilovich, socio del estudio que lleva su nombre, afirmó que la difusión de los Panama Papers "debería acelerar el blanqueo, porque es otro argumento para darle una nueva oportunidad a quien debe blanquear".
Dinero sucio y dinero negro
En cuanto a su instrumentación, consideró que "debería ser de base amplia: que se pueda declarar sin necesidad de repatriar el bien. Y desde el punto de vista internacional, debe estar cuidado que el origen de los fondos sea legítimo, como ocurrió en las experiencias de Brasil y Chile, entre otros países".
En tanto, un tributarista que habló en off the record indicó que "un régimen de exteriorización de bienes es oportuno, previo a que entren en vigencia los intercambios automáticos de información, dado que la Ocde sugiere que los países que se adhieran a estos intercambios les permitan regularizar a sus contribuyentes sus activos no declarados". Además, consideró que "al país le vendría bien esa exteriorización para recaudar en el futuro más impuestos y para promover actividades económicas, dada la fuga de capitales de la última década generada por la falta de seguridad jurídica y confianza en el gobierno anterior".
Sin embargo -aclaró- "es importante distinguir entre dinero sucio y negro para que el régimen no sea aprovechado por quienes realizaron actos de corrupción o delitos graves".
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