Abusos de funcionarios públicos

Deciden si abren un juicio político contra Parrilli
El Consejo de la Magistratura porteño deberá resolver si impone una sanción a la jueza o convoca a un jurado de enjuiciamiento que podría decidir su remoción

Martes 20 de octubre de 2009

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires resolverá hoy si abre el camino al juicio político contra la jueza porteña Rosa Elsa Parrilli, quien insultó y discriminó a dos empleadas de tránsito.

Fuentes judiciales informaron que los integrantes de la Comisión se reunirán a las 14 en la sede del organismo, en avenida Alem 684. Las posibilidades entre las que debe decidir la Comisión son si abren la acusación contra la jueza, rechazan la denuncia en su contra al considerar que no hay mal desempeño u optan por una sanción disciplinaria.

Cualquier determinación que tome la Comisión no será definitiva ya que la decisión final deberá ser tratada por el plenario de nueve miembros del Consejo.

Mauricio Devoto, presidente del Consejo de la Magistratura porteña, descartó hoy en diálogo con en canal Todo Noticias que se desestime la denuncia.

Tras evitar pronunciarse de manera anticipada a la desición de la Comisión, el magistrado indicó que "se evaluará si se impone una sanción a la jueza o se convoca a un jury de enjuiciamiento que podrá decidir su remoción".

Devoto aclaró que el Consejo no puede disponer de la suspensión directamente, sino enviar a juicio político a Parrilli, a cargo de un Jurado de Enjuiciamiento. En ese caso la magistrada podría ser destituida de su cargo por mal desempeño y no volver a desempeñarse en la Justicia.

La Comisión está integrada por los consejeros Gabriel Vega, Liliana Blasi y María Teresa Moya, quienes quedaron en condiciones de resolver la denuncia contra Parrilli luego de que el jueves pasado la jueza hiciera su descargo por escrito ante el Consejo.

"Es una situacion grave y anómala para la Justicia. Como funcionarios públicos tenemos que ser la gente más capacitada y tenemos que tener prudencia", agregó Devoto.

Parrilli, titular del juzgado penal, contravencional y de faltas 28 de la ciudad, pidió disculpas por llamar "tontitas" y discriminar por "morochas" a dos empleadas y alegó que las agresiones se debieron a problemas de salud.

Además de la denuncia en el Consejo, la jueza es investigada en la justicia penal, donde el fiscal Angel Carestia pidió que vaya a juicio por los delitos de amenazas y discriminación.

Parrilli había pedido suspender el juicio y en su lugar pagarle 5 mil pesos a cada una de las empleadas de tránsito agredidas, Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe, hacer tareas comunitarias y entregar su registro de conducir por un año.

El 15 de septiembre pasado la jueza fue grabada por una cámara en la playa de infractores ubicada en 9 de Julio y Sarmiento mientras insultaba a dos empleadas.

La magistrado llegó hasta ese lugar para retirar su vehículo, que había sido trasladado hasta allí por mal estacionamiento.

"Todas morochas, ni una rubia contratan", gritó la jueza a las empleadas, a quienes calificó de "tontitas" y amenazó con encarcelarlas, mientras se jactó de que nunca pagaba las multas. Parrilli fue denunciada penalmente y ante el Consejo de la Magistratura por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

La Nacion




La Corte falló en contra de Santa Cruz
Ordenó a la provincia que restablezca en su cargo al ex procurador general Eduardo Sosa, que fue destituido hace quince años por una maniobra del entonces gobernador Néstor Kirchner

Martes 20 de octubre de 2009

Por Adrián Ventura
Especial para lanacion.com

La Corte Suprema ordenó a la provincia de Santa Cruz que restablezca en su cargo al ex procurador general de ese distrito, Eduardo Sosa, que fue destituido hace quince años por una maniobra del entonces mandatario provincial Néstor Kirchner.

El fallo intenta poner fin a un asunto delicado, que Kirchner y la justicia provincial siempre se negaron a solucionar, a tal punto que la provincia desoyó muchos fallos de la Corte nacional ?el último, dictado hace siete años? que ordenaba reponer a Sosa en sus funciones.

La Corte obligó a la provincia a que cumpla con el fallo en un plazo de 30 días.

Sosa se desempeñaba como procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz; cargo que ocupó hasta el año 1995. Ese año fue dictada la ley provincial Nº 2.404. Mediante aquella norma, que disimuló algún entuerto personal entre los Kirchner y el funcionario, se dispuso el desdoblamiento de las funciones de Sosa en dos cargos: el de Agente Fiscal y el de Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces. Pero ninguno le fue adjudicado a Sosa.

De este modo, Sosa fue destituido sin la celebración del jurado de enjuiciamiento, conforme lo exige la Constitución de la provincia, violándose su inamovilidad en el cargo. Desde entonces, inició un largo peregrinar judicial, con el patrocinio del constitucionalista Daniel Sabsay, que ahora parece estar llegando a su fin.

El fallo es considerado como una señal que la Corte le formula a Kirchner, el hombre detrás de Cristina Kirchner en el gobierno nacional, en el sentido de que no se tolerará cualquier tipo de atropello institucional.

La Nacion