Domingo 26 de abril de 2015 | Publicado en edición impresa
Al margen de la semana
El otro corralito
Por Néstor O. Scibona | LA NACION
Al margen de la semana
El otro corralito
Por Néstor O. Scibona | LA NACION
de agosto de 2013 existe un corralito que no lleva ese nombre, pero que, según cifras oficiales, encierra a más de un millón de asalariados que cobraban un sueldo bruto igual o superior a 15.000 pesos mensuales y desde entonces están forzados a pagar cada vez más impuesto a las ganancias. Ello a pesar de que destinen el excedente a cubrir gastos de alquileres, expensas, colegios, atención médica, refacciones hogareñas, uso del auto, peajes, estacionamiento u otros rubros que han venido subiendo lo mismo o más que la inflación y mal podrían considerarse réditos sujetos a impuesto.
Aunque dentro de ese corralito hay otro grupo aún más perjudicado (los trabajadores independientes que deben pagarlo por encima de un mínimo casi tres veces inferior a aquella cifra), la situación del primero mantiene en ascuas las paritarias de los principales gremios del sector privado. Y, por lo tanto, torna más incierta la política salarial del gobierno de Cristina Kirchner en este año electoral.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, lo dijo con todas las letras durante un seminario organizado días atrás por la empresa Arizmendi. Cuando habló de la paritaria mercantil explicó que "aunque los sueldos de los empleados no estén alcanzados por Ganancias, ningún dirigente pide menos de 30% para no quedar descolocado frente a otros que reclaman porcentajes más altos para compensar el impuesto". Por eso urgió definiciones oficiales. En actividades intensivas en personal como el comercio, buena parte de los ajustes salariales terminan trasladándose a los precios.
No muy diferente es la situación de la Unión Obrera Metalúrgica, donde una distancia superior a ocho puntos separa el reclamo sindical (32% en dos tramos, más tres adicionales fijos de $ 1000) del ofrecimiento de las cámaras empresarias (24% fraccionado en tres) y mantiene empantanadas las negociaciones. Antonio Caló, titular de la UOM y de la CGT oficialista, buscó destrabarlas anunciando un paro por 36 horas que luego suspendió a instancias del Ministerio de Trabajo. El argumento oficial fue que debía esperarse el regreso al país de la Presidenta y Axel Kicillof del viaje a Rusia, pero no se habló de Ganancias. Como puede advertirse, la negociación aquí es tripartita por ser un caso testigo. Mañana habrá otra ronda, pero ni empresarios ni sindicalistas están apurados en firmar. Unos y otros temen encontrarse con alguna sorpresa que los deje pagando. Por ejemplo, un porcentaje que comience con 2 para el título de los diarios y "letra chica" que suba los costos; o bien pagos no remunerativos que afecten los ingresos de las obras sociales.
Hasta ahora, uno de los pocos convenios homologados por Trabajo fue el de empleados de estaciones de servicio, con un ajuste de 28% (20% en abril y 8% en julio), más el compromiso tácito de cuatro pagos de $ 750 que se incorporarían al básico de $ 10.142 en enero de 2016. Pero también incluye un aporte empresario a la obra social del gremio de $ 1000 por trabajador ($ 500 en mayo y $ 500 en agosto).
Si se tratara de una ruleta, hasta el año pasado la mayoría de los reclamos salariales podía encuadrarse dentro de la tercera docena (25% al 36%), aun cuando significaron una pérdida real de poder adquisitivo. Pero en 2015 ya no alcanza. Las distorsiones que provoca el "corralito" de Ganancias hacen que los pedidos sobrepasen el 45% en varios gremios con mayoría de trabajadores alcanzados por el impuesto.
No siempre se los presenta de esa manera. Por caso, los bancarios reclaman un ajuste de 33% y que las entidades compensen el impacto impositivo sobre el salario de bolsillo, como ocurre en algunos bancos públicos. Aunque ya amenazó con paros parciales, el gremio todavía no formalizó el pedido. En cambio, los petroleros patagónicos ya acordaron tres pagos de $ 6000 hasta junio (más $ 3000 por medio aguinaldo), que significan un ajuste de 13% a cuenta de la paritaria anual. Pero se abonarán como adicionales por "viandas, gastos de alquiler y horas de viaje", que fueron exceptuados de la base imponible de Ganancias por una ley de 2006.
Más complicada es la negociación de los gremios donde el pago de sueldos depende mayormente de subsidios del Estado, como ferroviarios o colectiveros. De ahí que, tras el contundente paro general del 31 de marzo, soliciten ahora una incierta audiencia con CFK. En cambio, el gremio de Luz y Fuerza se apresta a reclamar a las deficitarias empresas eléctricas un aumento de 52%, tras haber obtenido un bono de $ 4000 en enero y febrero. En 2014 había acordado un ajuste de 32% en tramos. Pero en la letra chica se incluyó un extra por "veteranía" (de 2,14% por año de antigüedad), que elevó ese porcentaje a 45/50% y los sueldos promedio a $ 27.000/29.000 mensuales para jornadas de 6 horas (incluyendo una para "aseo personal").
En cambio, en sectores afectados por la caída de la actividad como el automotor, el sindicato de mecánicos aún no planteó una cifra, pero se estima que estará más cerca del 20% que del 30% para preservar las fuentes de trabajo.
Para el gobierno de CFK esta dispersión de reclamos y salarios en el sector privado también significa un dilema. Preferiría homologar aumentos cercanos al 30% para empujar el consumo interno, pero fraccionados para que el impacto sobre costos y precios no se haga notar antes de las elecciones. Y no muy superiores para evitar mayores expectativas inflacionarias, aunque ello implique el riesgo de conflictos laborales en plena época electoral.
Mientras tanto, buscará la forma de flexibilizar el "corralito" de Ganancias antes de las PASO, pero sin abrirlo demasiado. Según versiones no confirmadas, pero creíbles, una opción sería que el Congreso vote entre junio y julio una ley para abrir las achatadas escalas del impuesto y aliviar la presión tributaria sobre los que ya pagan, pero sin ajustar el mínimo no imponible. Sin embargo, esta variante no resuelve la inequidad que introdujo el decreto presidencial de agosto de 2013, que hace que hoy queden fuera del corralito algunos trabajadores y dentro otros, incluso en una misma empresa y con salarios no muy diferentes.
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