Editorial I
La ilusión del 4G
Con su negligencia y falta de capacidad para captar inversiones, el Gobierno ha sumido en un atraso inédito la historia tecnológica de nuestro país
El 4G-LTE, la nueva generación de telefonía móvil, es apenas una ilusión en la Argentina, un país que supo liderar la incorporación de las comunicaciones móviles en América latina a finales de la década del 80. Aunque dos de las tres operadoras móviles del país comenzaron el despliegue de la red e hicieron presentaciones comerciales (una tercera dijo que recién hará anuncios al respecto a mediados de año), nadie espera que la imprescindible adopción de la nueva tecnología avance rápido. Es más, el ritmo que ese proceso siga estará determinado por la escasez de dólares y los elevados precios de los nuevos teléfonos con 4G, entre otras razones.
Aunque comenzó a desplegarse hace algunos años, el 4G ya es el nuevo estándar en la telefonía móvil mundial: hoy hay 500 millones de usuarios de la tecnología, y 12 millones de ellos están en América latina. Su ventaja fundamental es la posibilidad de conectarse a Internet de alta velocidad, lo que permite una experiencia de usuario similar a la que hasta ahora sólo se tenía con conexiones a redes fijas. Pero, además, en el caso argentino, permitirá aliviar las colapsadas redes 3G y, consecuentemente, mejorará las comunicaciones de voz, cuyas deficiencias generan reclamos constantes de los usuarios, además de recurrentes "apagones". Por lo pronto, de los más de 40 millones de líneas activas existentes en la Argentina, no más de 400.000 funcionan con teléfonos compatibles con la tecnología 4G. Si se contabilizan los iPhone -cuyo ingreso al país es absurdamente ilegal-, podrían arañar los 500.000. Ese modesto parque dispone de algunas pequeñas lagunas de conectividad en un puñado de ciudades.
El 4G-LTE es apenas una ilusión porque el gobierno nacional, que no tuvo durante la última década ni siquiera una mínima estrategia de desarrollo de las telecomunicaciones, demoró al menos tres años la asignación del espectro radioeléctrico para la nueva tecnología. Recién en noviembre pasado, y con un mero afán recaudador, la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Norberto Berner, dirigente de la agrupación La Cámpora, subastó esas frecuencias y logró ofertas por 2200 millones de dólares, de los cuales ya ingresó más de la mitad. El país fue casi el último de América del Sur en dar ese paso.
Del espectro puesto a la venta, algunas frecuencias fueron asignadas, pero aún no fueron adjudicadas porque están "sucias" (es decir, hay emisiones ilegales) y porque las operadoras consideran que el desembolso de dólares ya fue suficiente y privilegian la inversión en la construcción de la nueva red. Eso también se complica por la sequía de divisas para comprar en el exterior el equipamiento necesario para el despliegue. Por el mismo motivo, se demora el ingreso de los nuevos teléfonos -como los vistos recientemente en el Mobile World Congress de Barcelona-, que además tienen que ser ensamblados en Tierra del Fuego, algo que ya había profundizado la brecha tecnológica respecto de países limítrofes.
Aquella licitación se diseñó de manera que ingresara al mercado un cuarto operador, que sumara competencia para mejorar los servicios y ajustar los precios. En ese lugar quedó la empresa Arlink, firma propiedad del ex superministro menemista José Luis Manzano y su socio Daniel Vila, que ganó el espectro necesario para poner en marcha la cuarta red de telefonía móvil. Pasados ya varios meses de aquella novedad, nada se sabe de Arlink, que no fue adjudicada con el espectro ni pagó la suma prevista en los pliegos.
Sin dudas, esa irregularidad pone un freno más a la instalación en nuestro país de la tecnología móvil que ya, como hemos dicho, es estándar en el mundo, que empieza a explorar la conectividad 5G como siguiente generación tecnológica.
Como si esto fuera poco, paralelamente con aquella subasta, el gobierno de Cristina Kirchner sorprendió al presentar una nueva y, paradójicamente, arcaica ley de telecomunicaciones que derogó el marco regulatorio sobre el que se había basado la licitación, lo que agregó más incertidumbre a un sector que, por su exigente ritmo de inversión, requiere reglas claras y de largo plazo. Aún peor: esa norma, aprobada a las apuradas como otras tantas leyes y cuestionada prácticamente desde todos los actores de la industria (incluidas las cámaras y los sindicatos kirchneristas), aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo.
Un pronóstico reciente elaborado por Cisco empresa dedicada al diseño y a la construcción de redes- anticipó que en 2019 la cantidad de conexiones móviles sobre tecnología 4G-LTE será de apenas el 10% en la Argentina.
Un gobierno negligente, que no comprende la importancia que las telecomunicaciones tienen para el desarrollo de un país y que no supo establecer las más mínimas condiciones para la inversión en infraestructura es el principal causante de este atraso, inédito para la historia tecnológica del país. Pero la sociedad en su conjunto, extremadamente pasiva e incapaz de exigir avances, no está libre de una cuota de responsabilidad
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