obsesión del kirchnerismo por reforzar su coraza judicial está convirtiendo los seis meses que quedan del último de los tres mandatos sucesivos del matrimonio Kirchner en una carrera desenfrenada con el fin de garantizarse impunidad después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio presidencial y Cristina Kirchner, sus dos hijos y varios funcionarios y ex funcionarios continúen siendo investigados en presuntos casos de corrupción.
Estamos ante una nueva y feroz arremetida contra la Justicia. Haciendo uso de su temporal fuerza numérica en el Congreso, mediante procedimientos reglamentarios algunas veces dudosos y en muchos casos ilegales, y desoyendo duras y fundadas críticas de expertos de las disciplinas más variadas, el kirchnerismo ha logrado imponer leyes a su antojo. En el caso del régimen de subrogancias para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, la norma sancionada la semana pasada permite nombrar jueces sin pasar por el debido proceso de selección. Ha creado así una especie de magistrados interinos, suplentes pero sin apuro, ya que podrán mantenerse largamente en sus cargos. No resulta llamativo entonces, como ya viene ocurriendo desde hace muchos años, que el Gobierno busque llenar esos nuevos puestos con candidatos que le garanticen impunidad frente a las numerosas causas en las que se lo investiga por la comisión de una amplia gama de graves delitos.
Una vez más, el Poder Ejecutivo ha logrado que los legisladores que le responden legislen para satisfacer su propia "necesidad y urgencia". Hace poco más de una semana, cuando el nuevo mecanismo de subrogancias era aún un proyecto, la presidenta Cristina Kirchner firmó una serie de 40 decretos para designar jueces, conjueces y fiscales. Varios de esos cargos fueron ocupados por ex funcionarios del Poder Ejecutivo, militantes de la agrupación La Cámpora y familiares de magistrados en ejercicio. Incluso, algunos de los nombres elegidos para ocuparlos no surgieron de los primeros lugares de las nóminas de quienes se presentaron y aprobaron los concursos. Sin ir más lejos, la jueza en lo contencioso administrativo federal María José Sarmiento frenó el juramento de varios fiscales nacionales designados por la Presidenta, en respuesta a una medida cautelar planteada por Ignacio Rodríguez Varela, ex secretario del duramente hostigado fiscal José María Campagnoli. Rodríguez Varela, quien denunció haber sido víctima de discriminación, fue ternado 35 veces para ser juez. En varias de esas oportunidades, quedó en primer lugar en los concursos, pero ni la jefa del Estado ni antes su esposo enviaron su pliego al Senado y prefirieron reemplazarlo por postulantes con menor puntaje, pero allegados al Gobierno. Rodríguez Varela entiende que lo discriminan no sólo por prejuicios ideológicos, por portación de apellido, al haber sido su padre ministro de Justicia del gobierno de Jorge Videla, sino también por su trabajo, que lo llevó a enfrentarse con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Sobre la designación de fiscales, es de hacer notar también un reciente trabajo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que constató problemas con el diseño de los exámenes, el lento avance de los procedimientos y la falta de un comité evaluador imparcial de las impugnaciones, entre otros aspectos que tiñen de oscuridad esos nombramientos de los que, en una enorme proporción, resultan beneficiados candidatos del Gobierno.
Entre los decretos presidenciales mencionados figura el que designó como juez federal de primera instancia en lo criminal y correccional número 1 de San Martín a Emiliano Canicoba, hijo del magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral. Este último, muy cercano al oficialismo, es hoy uno de los principales nexos entre los tribunales de Comodoro Py y el Poder Ejecutivo. Y, como se recordará, fue uno de los primeros en descalificar públicamente la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en la que se acusaba a la Presidenta, al canciller y a otros funcionarios por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.
Por cierto, esa cuarentena de decretos fue el más reciente de los arrebatos del Poder Ejecutivo por seguir minando la Justicia independiente. Pero muy difícilmente sea el último. De hecho, si se repasa la cantidad de cargos en los fueros federal y nacional en todo el país, de un millar aproximado de puestos más de la mitad de quienes los ocupan juraron durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Una reciente investigación periodística dio cuenta de que en los 12 años de las administraciones nacionales del matrimonio Kirchner, fueron nombrados 525 magistrados, la mayoría durante las dos gestiones de la actual mandataria. Sin embargo, las designaciones no se limitan a jueces. Sólo entre 2012 y 2015 obtuvieron acuerdo del Senado 95 fiscales, 62 defensores y 91 conjueces.
En reiteradas oportunidades, desde estas columnas, hemos cuestionado la gran cantidad de juzgados que permanecen vacantes, buena parte de ellos por las propias dilaciones del oficialismo para poder coparlos con su gente. Insistimos: no se critica aquí que se cubran los cargos, sino que se lo esté haciendo de manera irregular, tendenciosa y con el claro objetivo de garantizar fallos favorables a las necesidades del poder en retirada.
La ley de subrogancias ha sido el camino que ha encontrado el Gobierno para, una vez más, hacer caso omiso de un rechazo planteado por la Corte Suprema. En abril pasado, el más alto tribunal del país emitió una acordada por la que declaró nula la lista de conjueces que quiso imponer el Poder Ejecutivo, por no haber contado esos candidatos con el acuerdo de los dos tercios de los miembros del Senado, tal como exige la Constitución nacional. En virtud de que el oficialismo parlamentario se encuentra impedido actualmente de obtener esa proporción, ha resuelto zanjar la discusión en su favor, mediante la sanción de la polémica ley de regulación de las subrogancias, para la que no ha necesitado de una mayoría especial.
Por otra parte, la flamante legislación ha eliminado la exigencia de que un juez deba transcurrir tres años en el cargo como condición para concursar para otro tribunal. Según denunció la oposición, esa norma tiene nombre y apellido: Sebastián Casanello, magistrado de estrecha relación con el oficialismo y a quien la Sala II de la Cámara Federal tuvo que ordenar que indagara al pseudoempresario Lázaro Báez en una de las causas que lo tienen como protagonista por presunto lavado de dinero.
Como si eso no bastase, el kirchnerismo también logró la semana pasada sancionar el paquete de proyectos de implementación del Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por el acusatorio, dando mayor poder a los fiscales por sobre los jueces. Por su parte, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal le otorgó mayores facultades a la Procuración, habilitando a Gils Carbó a extender aún más su poder mediante el nombramiento de más de 1600 nuevos funcionarios. Y ya es sabida la nula independencia de esta funcionaria respecto del Poder Ejecutivo.
Para completar este cuadro de situación, se ha dado sanción también a la creación de una Cámara Federal de Apelaciones en la pequeña localidad santacruceña de comandante Luis Piedrabuena, con el propósito de que las causas que tramitan en los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego ya no tengan que ir en apelación a la provincia de Chubut, sino al distrito donde los Kirchner han creado su mayor búnker de protección judicial. Entre esas causas figuran las denuncias contra Lázaro Báez y hasta el caso Hotesur, que tanto complica a la familia presidencial, que ha hecho lo imposible -aunque sin éxito por el momento- para quitarle la investigación al juez federal Claudio Bonadio.
Como hemos dicho, todo este obsceno asalto a la Justicia, que incluye las incesantes hostilidades contra la Corte Suprema, viene a consolidar la estrategia oficial para crear un sistema que deje impunes a los funcionarios acusados de corrupción y para legalizar el avance indiscriminado del Estado por sobre las libertades individuales. Y, muy especial y lamentablemente, para que se diluyan las sanciones al crimen organizado y al narcotráfico.
Es necesario que, como sociedad, tomemos conciencia de las nefastas consecuencias que nos depararán estos atropellos. El gobierno que asuma en diciembre se enfrentará al desafío de ponderar cada cambio realizado y de propiciar las correcciones que hagan falta. El nuevo Congreso que definan las urnas deberá hacer lo suyo, con independencia de cualquier tipo de perniciosa influencia política y con una oposición decidida a denunciar, pero también a dar debate. La Justicia, en tanto, deberá plantarse con firmeza frente a los intentos de cooptación, ejerciendo sin titubeos ni postergaciones el indispensable control de constitucionalidad.
La Argentina está frente a una gravísima encrucijada, pues sin una Justicia independiente no será posible poner límites a un poder cada vez más autoritario. Urge anoticiarnos de todo lo que está en juego si queremos producir un cambio que nos permita recuperar nuestras maltrechas instituciones republicanas. Luego de haber fracasado en intentos anteriores, el kirchnerismo procura ahora dejar montado un Poder Judicial adicto y a la medida de sus necesidades judiciales, que son muchas y muy graves. Una vez más, demuestra que todo lo mide en función de su conveniencia y nunca de lo que el país necesita.
http://www.lanacion.com.ar/1801795-se-acentua-el-asalto-a-la-justicia
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