Editorial I
Santa Cruz: laboratorio de un poder autoritario
Lamentablemente para la democracia republicana, los Kirchner trasladaron al plano nacional casi todas las aberraciones que cometieron en el distrito patagónico
s ojos de la familia Kirchner y de sus principales aliados, testaferros y socios miran hacia Santa Cruz, el feudo que les garantiza un último búnker de blindaje judicial y político conseguido a fuerza de cooptaciones, aprietes y censuras instauradas desde 1991, cuando Néstor Kirchner asumió el primero de tres mandatos como gobernador de esa provincia, y perfeccionadas obscenamente durante su gestión y las de su esposa como presidentes de la Nación.
Lamentablemente para la democracia republicana, Santa Cruz ha sido el laboratorio que los Kirchner se propusieron trasladar con bastante éxito al plano nacional. Las columnas vertebrales de su largo reinado provincial fueron la destrucción de la división de poderes, la colonización de la Justicia y del empleo público, el manejo discrecional de fondos para beneficiarse y beneficiar a empresarios amigos y la clausura de cualquier atisbo de libertad de expresión mediante el brutal silenciamiento y persecución al periodismo independiente. Un ejemplo de esto pudo ser comprobado por LA NACION en enero de 2003, cuando una periodista, enviada especialmente a Río Gallegos para describir la provincia del entonces candidato presidencial Néstor Kirchner, se topó con agentes de inteligencia de la gobernación santacruceña que seguían todos sus pasos y vigilaban con quiénes se entrevistaba.
El único ensayo del laboratorio austral que no pudieron extender al orden nacional -aunque lo intentaron- fue la reforma política que le permitió a Néstor Kirchner perpetuarse en el poder mediante la reelección indefinida como gobernador.
Santa Cruz, una provincia rica en petróleo y atractiva para el turismo de alto poder adquisitivo, fue arrasada institucional y económicamente. En más de dos décadas de gobierno kirchnerista, sigue atada a la suerte de la actividad petrolera, cuyas abultadas regalías no se han visto reflejadas en las localidades de enclave. La industria está devastada y los campos, destruidos.
La obra pública de alto impacto, en tanto, sufre la cartelización de los empresarios amigos del poder. Basta recordar que, en marzo de 2006, el gobernador Sergio Acevedo, hoy alejado del kirchnerismo, debió renunciar frente a las presiones del gobierno nacional para que beneficiara con concesiones de obras públicas a empresarios amigos del gobierno nacional.
Desde el oficialismo se dice constantemente que Santa Cruz es la provincia donde más se invirtió por persona. Habría que recordarles a sus funcionarios que se trata de uno de los distritos con densidad demográfica más pequeña (un habitante por kilómetro cuadrado, según el último censo nacional) y que, salvo los grandes hoteles construidos sobre predios comprados a precio vil por la familia Kirchner y las obras a cargo de sus amigos, la población en general padece los efectos de una gestión provincial y nacional decadentes.
Baste como ejemplo burdo de esta situación el último gran anuncio para Santa Cruz por parte del gobierno nacional: la terminación de la demorada construcción de una central a carbón en Río Turbio, que costó 700 millones de dólares, pero que funcionará a gas porque no cuenta precisamente con carbón, su insumo básico.
La construcción reñida con la ley de las represas Kirchner-Cepernic es otro peligroso legado que el gobierno nacional les ha hecho a los santacruceños, comprometiendo a las próximas autoridades a hacerse cargo de una obra faraónica de oscuro origen, financiamiento e impacto ambiental.
No es cierto entonces que esa provincia patagónica sea el mejor "lugar en el mundo" en lo económico, político y social que Cristina Kirchner y su familia encontrarán después del 10 de diciembre. Sí lo será en materia judicial: el kirchnerismo tiene allí su último escudo tras el cual intentar protegerse y buscar salir indemne de las graves y numerosas denuncias por corrupción que pesan sobre él.
Un dato revelador de ese estado de cosas es el reciente dictamen de Gerardo Giordano, fiscal ante la Cámara Penal de Santa Cruz, avanzando en el sobreseimiento definitivo del pseudoempresario Lázaro Báez, del propio Néstor Kirchner y del gobernador Daniel Peralta en una causa sobre presunta cartelización, sobreprecios y corrupción en la obra pública provincial, entre 2003 y 2013. Ese dictamen tiene carácter vinculante e irá a parar a manos de la jueza que entiende en la causa, Valeria López Leston, hija de Josefa Kirchner, una prima hermana del ex presidente de la Nación. La causa había recaído en la justicia de Santa Cruz más de dos años atrás, luego de que la justicia federal se declarara incompetente. La citada magistrada aclaró que podría dejar sentada alguna disidencia por escrito, pero lo cierto es que se llegará a un sobreseimiento sin que en el expediente se haya dictado ni una sola medida de prueba.
Con anterioridad, Cristóbal López, quien junto con Báez es uno de los empresarios más escandalosamente favorecidos por el matrimonio Kirchner, también procuró asegurarse la impunidad del feudo judicial patagónico: pidió que se tramite en un juzgado federal de Bariloche, Río Negro, la causa Hotesur, que compromete a Máximo y Florencia Kirchner y a la propia Presidenta. Esa investigación por presunto lavado de dinero, hoy a cargo del juez Claudio Bonadio, y a la cual hay que agregar los escandalosos negocios incompatibles con la función pública, es la que más desvela al kirchnerismo, pero está muy lejos de ser la única
http://www.lanacion.com.ar/1799593-santa-cruz-laboratorio-de-un-poder-autoritario
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