Parrilli: El mismo funcionario que asegura que la nueva central de inteligencia no espiará a ciudadanos ni a empresas avaló los últimos 12 años de aprietes y persecuciones

Jueves 16 de julio de 2015 | Publicado en edición impresa

Editorial I

¿Por qué creerle a Parrilli?

El mismo funcionario que asegura que la nueva central de inteligencia no espiará a ciudadanos ni a empresas avaló los últimos 12 años de aprietes y persecuciones

 director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, no dudó en criticar a quienes sospechan de los verdaderos alcances de la denominada Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, por la que se tipifican como atentados contra el orden constitucional las corridas cambiarias, el desabastecimiento y los golpes de mercado. Según Parrilli, esas sospechas responden a una interpretación tendenciosa, que busca desvirtuar el hecho, a su juicio trascendente, de que con la nueva norma y la oficialización de la creación de la AFI habrá "una férrea conducción político institucional y no política partidaria de las tareas de inteligencia que se lleven adelante".

La pregunta es ¿por qué habría que creerle ahora a Parrilli que mejorará el servicio de inteligencia estatal cuando, como consecuencia de sus propios dichos, queda clara la admisión del aberrante uso político partidario que de él han hecho los gobiernos nacionales kirchneristas a los que suscribe desde 2003 en su carácter de funcionario de altísima jerarquía? ¿Acaso no sabía Parrilli quiénes eran los firmantes de los innumerables cheques en blanco otorgados al ahora demonizado ex espía Jaime Stiuso?

Como secretario general de la Presidencia desde que Néstor Kirchner asumió, hace 12 años, ¿desconocía Parrilli los carpetazos y las falsas denuncias que desde la ex SIDE y después desde su sucesora, la SI, se lanzaban sobre jueces, empresarios, obispos, periodistas y dirigentes políticos de la oposición y hasta del propio oficialismo, entre otros tantos ciudadanos, con el fin de desacreditarlos, extorsionarlos y acallarlos?

¿Fue ajeno a la turbia relación que mantenían muchos magistrados con los espías del Estado? ¿Acaso levantó su voz para alertar sobre los peligros que significaba concentrar en manos del general César Milani una extendida, compleja y paralela maquinaria de espionaje militar?

¿No cuenta con el beneplácito de Parrilli la designación en la AFI de decenas de empleados sin idoneidad, cuyo único "mérito curricular" es pertenecer a agrupaciones juveniles afines al kirchnerismo?

Es difícil creerle al director de la AFI, quien como diputado nacional, en 1992, fue el miembro informante por el oficialismo de la privatización de YPF, a la que definía como "una bocanada de aire puro que fortalecerá al presidente Menem".

Hay que hacer un esfuerzo muy grande para confiar en que "no hay ninguna intención subalterna" detrás de la nueva doctrina de inteligencia, como le dijo hace dos días a la Unión Industrial Argentina (UIA). Máxime, cuando horas antes de que se conociera el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de las operaciones de contado con liquidación, el fiscal antilavado, Carlos Gonella, había admitido sin pudor que se utilizaría a la nueva central de inteligencia del Estado para evitar las compras de dólares que se realizan a través de ese tipo de transacciones.

Sin embargo, el decreto por el que se aprueba esa nueva doctrina, que Parrilli insiste en que no estará destinada a afectar ni la actividad económica ni financiera ni la seguridad jurídica, deja definiciones de fondo libradas a la interpretación discrecional de quien aplique la ley. Es la misma arbitrariedad que se percibe respecto de las leyes antiterrorista y de abastecimiento, objetada en la Justicia.

Por ejemplo, ¿cómo se aplicará la nueva doctrina de inteligencia para perseguir y castigar el presunto desabastecimiento generado porque quien produce no consigue los insumos necesarios a raíz de las trabas a las importaciones? ¿Cómo se determinaría el origen de una eventual corrida cambiaria? ¿Hasta dónde llegará la discrecionalidad de quienes tendrán en sus manos definir si lo que se está ejecutando es un golpe de mercado y no una reacción esperable frente a medidas económicas desproporcionadas, confiscatorias o ilegales, o una respuesta previsible frente al torpe accionar al que nos tiene acostumbrados el Gobierno?

Como si todo ello no fuera suficiente para acrecentar las dudas, el diario Perfil publicó una información difundida por WikiLeaks consistente en una serie de correos electrónicos que indican que la AFI hizo averiguaciones para adquirir un software capaz de acceder a dispositivos como celulares y computadoras con el fin de escuchar mensajes o controlar equipos desde una unidad remota.

Ante la enorme incertidumbre que plantea el nuevo modelo de inteligencia, Parrilli ha explicado que todas las acciones de control impulsadas desde el Estado se concretarán por la vía judicial, con un magistrado a cargo de los procedimientos. Lógicamente, no se esperaba lo contrario. Por eso mismo, suena absurdo tener que admitir que el Gobierno actuará dentro del marco legal sin intenciones subalternas. Salvo, claro está, que sea ésa la gran novedad en un sistema donde siempre ha ocurrido lo contrario.

Cabe anotar, por otro lado, y no es un dato menor, que por el mismo decreto se confirmó el traspaso de la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó. Esa medida fue duramente cuestionada por amplios sectores de la Justicia y de la oposición política en virtud del fuerte alineamiento que esa funcionaria mantiene con el gobierno nacional. Para ello, se ha creado el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) y se ha designado para manejarlo a Cristina Caamaño, secretaria de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré como ministra del área, y una funcionaria de máxima confianza de Gils Carbó.

Si el Gobierno ha sido el principal responsable de la tarea de sembrar desconfianza personal, económica, política y jurídica en el país, ¿por qué habríamos de creerle ahora a Parrilli que el kirchnerismo está dispuesto a cambiar cuando le faltan menos de cinco meses de gestión? ¿O es que el sistema de inteligencia estatal era tan ilegal y burdo que se temió que todos los aprietes, persecuciones y silenciamientos fueran puestos a la luz al asumir un nuevo gobierno, fuera del signo que fuere?

"Espionaje delivery", "espías cuentapropistas", "descontrol en el sistema de escuchas" son los términos que manejan hoy varios de los principales funcionarios de gobierno para justificar la nueva doctrina de inteligencia, que definen como "un cuerpo tendiente a sentar las bases de un profundo proceso de reforma y modernización del sistema de inteligencia".

Sin embargo, si juzgamos por los antecedentes, no podemos creerle a Parrilli

http://www.lanacion.com.ar/1810741-por-que-creerle-a-parrilli